En el segundo día de sustentación se abordaron temas clave como la atención a la niñez y adolescencia migrante, el acceso a servicios de salud, la educación con énfasis en la educación inicial, la atención a casos de violencia sexual y los procesos de desinstitucionalización de algunos servicios dirigidos a niñas, niños y adolescentes.
El Instituto como parte de la delegación colombiana resaltó tres modalidades de trabajo orientadas a la prevención de vulneraciones de derechos: la primera es «Somos Familia, Somos Comunidad», conformada por 624 equipos que han acompañado a más de 25.000 familias para fortalecer entornos protectores y prevenir la apertura de Procesos Administrativos de Restablecimiento de Derechos; la segunda modalidad mantiene el mismo propósito, pero con enfoque étnico, y ha llegado a más de 800 comunidades en el país; y la tercera es «Presencia», una estrategia dirigida a niñas, niños y adolescentes en riesgo de violencias, que trabaja con sus familias para fortalecer la salud mental y los vínculos protectores.
También se destacó la estrategia «Atrapasueños», una iniciativa intersectorial orientada al fortalecimiento de habilidades, talentos y vocaciones de niñas, niños y adolescentes, con el fin de contribuir a la construcción de proyectos de vida. A la fecha, esta estrategia ha beneficiado a más de 524.000 participantes en todo el país.
En relación con la prevención de la explotación sexual comercial de niñas, niños y adolescentes, se señaló que este continúa siendo un reto para el país, dado que las cifras oficiales no evidencian una disminución significativa: en 2018 se registraron 1.573 casos y en 2024 la cifra ascendió a 1.612. En este sentido, la delegación del Estado colombiano manifestó la dispocisión para acoger las recomendaciones y el acompañamiento del CDN, a partir de buenas prácticas y experiencias internacionales. Asimismo, explicó que se ha fortalecido la arquitectura institucional mediante la creación de un comité interinstitucional para la prevención y erradicación de este delito, el impulso de acciones territoriales y la destinación de recursos específicos.
Otro tema relevante fueron los avances en la reducción de la pobreza monetaria que pasó del 43,1 % en 2020 al 31,8 % en 2024. De igual forma, la pobreza extrema disminuyó del 17,3 % al 11,7 %, y el índice de pobreza multidimensional se redujo del 18,1 % al 11,5 %, con mayores avances en las zonas rurales.
El Estado colombiano avanza en la construcción de una medición multidimensional de la pobreza en la niñez, un índice que permitirá captar de manera más precisa las condiciones sociales y culturales asociadas al acceso a salud, educación, arte y cultura, así como otros factores que inciden en el desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes en Colombia.
La participación del Estado colombiano ante el Comité de los Derechos del Niño reafirma el compromiso del país con la garantía, protección y promoción de los derechos de la niñez y la adolescencia, a partir del trabajo articulado de entidades como el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, el Departamento Nacional de Planeación (DNP), la Procuraduría General de la Nación, la Fiscalía General de la Nación, el Ministerio de Justicia y del Derecho, la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos y DIH, la Cancillería y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Este esfuerzo interinstitucional continuará orientado al fortalecimiento de políticas públicas basadas en la prevención, la participación y la articulación territorial, para asegurar mejores condiciones de vida y desarrollo integral para las niñas, niños y adolescentes en Colombia.
