El diplomado, desarrollado entre el 26 de junio y el 27 de agosto, tuvo una intensidad de 80 horas académicas y contó con la participación de 67 funcionarios, funcionarias y contratistas. Entre ellos, supervisores de contratos de las áreas de Primera Infancia y Protección, coordinadores de los ocho centros zonales y equipos técnicos jurídicos y financieros de la regional.
Los estudiantes recibieron certificación por parte de la ESAP en derechos humanos, control social y veeduría ciudadana. Durante la formación, la ESAP orientó módulos sobre contratación estatal y manejo de SECOP II, mientras desde el Bienestar Familiar aportamos contenidos sobre la naturaleza del contrato de aportes, la guía de supervisión e interventoría, el seguimiento financiero, el uso de herramientas tecnológicas y los procesos sancionatorios-recurrentes.
Los equipos jurídico, financiero, de asistencia técnica, planeación y sistemas de la Regional, compartimos, con profesionales de la ESAP, experiencia y conocimiento, fortaleciendo el proceso formativo.
«Estoy convencida de que el conocimiento adquirido se verá reflejado en un trabajo más seguro, eficiente y responsable», señaló la directora (e), Mónica Roa Rojas, agradeciendo a los participantes y a la Dirección de Contratación por su apoyo.
Destacamos el compromiso de la ESAP al abrir este espacio académico y reconocemos la dedicación de los estudiantes, quienes asumieron el reto con disciplina a pesar de sus múltiples responsabilidades laborales.
Desde la dirección regional reiteramos la importancia de promover procesos de formación y articulación institucional, entendiendo que el fortalecimiento académico de los equipos es clave para garantizar una gestión pública sólida, transparente y orientada al bienestar de la niñez y las familias.
Como parte de este esfuerzo, el próximo 3 de septiembre se instalará la primera Mesa de Trabajo Interinstitucional para la prevención y mitigación de la violencia contra niñas, niños y adolescentes, y personas gestantes y lactantes, con la participación de la Universidad CESMAG, la Fiscalía Seccional Nariño, la ESAP y la Gobernación de Nariño.
