En el espacio, que contó con panelistas de Save the Children, UNICEF Colombia, el Departamento Nacional de Planeación y la Contraloría, Cáceres explicó que la situación presupuestal de la niñez y la adolescencia responde a la manera como el Estado ha funcionado durante décadas y que, por eso, se hace necesaria una reestructuración en la que durante estos cuatro años se registraron avances considerables.
«Si nos paramos sobre el pilar de la deuda y de los servicios, los recursos nunca serán suficientes para el aparato estatal porque eso significa ir metiendo cada vez más a esa bolsa de servicios que son contratados con externos. Es decir, la mirada está enfocada en un servicio y no en garantizar los derechos de la niñez», manifestó la directora de Bienestar Familiar.
Al respecto, el presidente Gustavo Petro se ocupó de dos grandes derechos fundamentales: la educación y la salud. Cáceres indicó que, para cumplirlos en términos presupuestales, es necesario un enfoque más territorial que poblacional; es decir, que cada territorio tenga una inversión diferenciada de acuerdo con lo que requiere: «Lo que necesita un niño del Amazonas no es lo mismo que necesita uno de Bogotá».
Sin embargo, aclaró que está bien mantener el enfoque poblacional sobre la niñez, pero también se necesita fortalecer el trabajo con el territorio, la familia y la comunidad. «La mirada territorial usada desde la población nos daría un factor diferencial en términos de qué necesitan los niños. Los recursos no son solamente para la niñez, sino para un sistema comunitario de cuidado donde la comunidad entra a trabajar por la garantía de los derechos».
De igual manera, la líder de Bienestar Familiar habló de la importancia de la articulación del Estado frente a las problemáticas de la niñez y de la necesidad de la integralidad de los recursos. «Armar un modelo integrado de presupuestos donde, si lo que estamos combatiendo es una enfermedad, sumemos esfuerzos y no nos desentendamos. Hay que entender que hay cosas que, aunque la competencia no sea directa, sí hay una incumbencia total del Estado», explicó.
En conclusión, cerrar las brechas en la garantía de los derechos de la niñez exige fortalecer el trabajo articulado con las comunidades; comprender la inversión en la niñez como una obligación del Estado y no como un negocio; avanzar hacia un modelo integral de presupuestos que promueva la corresponsabilidad institucional, y adoptar un enfoque territorial que atienda las necesidades de cada niña y niño de acuerdo con su territorio. Estas son algunas de las apuestas que propone la directora de la Entidad frente al estudio presentado.
