Bogotá, D. C.

Durante su intervención, la directora Cáceres enfatizó en que la legislación es un punto de partida, pero no es suficiente para transformar una cultura arraigada. En este sentido, el Bienestar Familiar ha impulsado un enfoque integral basado en datos del Observatorio de la Niñez, que han permitido caracterizar las dinámicas del matrimonio infantil en Colombia. Este análisis incluye variables como la edad, los tipos de uniones, las afectaciones específicas a niñas campesinas e indígenas, así como los índices de embarazo adolescente, insumos fundamentales para la construcción del plan nacional de intervención.

La ley pone en el centro de su propósito la garantía de los derechos de las niñas y adolescentes, promoviendo su autonomía, el derecho a una vida libre de violencias y presiones, a ser escuchadas y a decidir sobre su propio futuro.

El evento fue organizado por Girls Not Brides, con el respaldo de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y UNICEF, como parte del seguimiento a los compromisos surgidos de la Conferencia Ministerial Mundial para Poner Fin a la Violencia contra Niñas, Niños y Adolescentes, celebrada en Bogotá los días 7 y 8 de noviembre de 2024. El objetivo del diálogo digital fue reforzar las alianzas, los compromisos y la inversión internacional para erradicar el matrimonio infantil.
 
 

Entre enero de 2023 y mayo de 2025, el Bienestar Familiar atendió 69 casos de menores de edad víctimas de trata mediante Procesos Administrativos de Restablecimiento de Derechos (PARD). El 90 % corresponde a explotación sexual, afectando principalmente a niñas y adolescentes mujeres (88 %). Norte de Santander (28 %), Bogotá (14 %) y Antioquia (13 %) concentran el mayor número de casos.



La entidad desarrolla acciones preventivas y de atención especializada en todo el país. Con los grupos interdisciplinarios BINAS en 15 territorios priorizados, se fortalece el trabajo de los equipos técnicos y autoridades con enfoque diferencial y de género. Además, en coordinación con Migración Colombia, Aeronáutica Civil y Policía Nacional, se instalaron Canales Únicos de Reporte en aeropuertos como El Dorado (Bogotá) y Matecaña (Pereira), capacitando a más de 69 funcionarios para identificar riesgos y activar rutas de protección.



En julio se realizaron jornadas de sensibilización en El Dorado con más de 150 niñas, niños, adolescentes y familias, alertando sobre riesgos de trata en contextos de movilidad humana.



Actualmente, el Bienestar Familiar impulsa #VocesQuePrevienen para hacer frente a las violencias que afectan a la niñez, incluidas aquellas en entornos digitales. Esta labor se articula con Atrapasueños que lleva acciones pedagógicas y comunitarias a los territorios con enfoque de derechos, diferencial, de género, interseccional y de curso de vida.


Bienestar Familiar invita a la ciudadanía a estar alerta frente a posibles casos de trata y explotación sexual comercial de niñas, niños y adolescentes, y hace un llamado a denunciarlos en la Línea 141 o la línea gratuita nacional 01 8000 91 8080.
 

Por lo anterior, es preciso señalar que fue puesto a disposición del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en tanto el adolescente no contaba con redes familiares en la ciudad y por tanto la autoridad administrativa determinó remitirlo al Centro de Emergencia para establecer las acciones necesarias para el restablecimiento de sus derechos.

Es preciso aclarar que estos centros de emergencia, así como los centros de protección no son medidas de privación de libertad, por lo tanto, su permanencia en el centro no corresponde a una imposición obligatoria sino a un proceso de atención.  Aun así, existen protocolos regulares de salida y de acompañamiento institucional para garantizar que siempre cuenten con adultos responsables que puedan acompañarlos. El joven adolescente prescindió de estos protocolos y no contó con voluntad de permanencia en el centro de emergencia.

Una vez se reporta la situación, se activa la búsqueda del adolescente, en articulación con las autoridades competentes para dar continuidad al proceso de restablecimiento de derechos. Estos protocolos se mantienen activos de manera permanente en colaboración con diferentes autoridades en todo el país.

La entidad reitera que los procesos de restablecimiento de derechos son llevados por autoridades administrativas profesionales, autónomas y responsables,  cuyos equipos defensoriales determinan las actuaciones necesarias para el restablecimiento de derechos los niños, niñas y adolescentes en el marco de la implementación del Código de Infancia y adolescencia (Ley 1098 de 2006) y toda información relacionada con sus procesos tiene una reserva legal.

Bienestar familiar hace un llamado a los medios de comunicación y a los periodistas a ejercer su labor con responsabilidad, recordando que la protección integral de niñas, niños y adolescentes debe prevalecer sobre cualquier interés informativo. Esto implica abstenerse de difundir información que pueda vulnerar su intimidad, dignidad o derechos fundamentales.
 

En la actividad participaron Perú y Bolivia y, por Colombia, organizaciones de los departamentos de Norte de Santander y Nariño, con una diversidad de experiencias relevantes. Bienestar Familiar resaltó la labor que se ha realizado gracias a la alianza con la OIM y el respaldo de Canadá. 


Una acción que se destacó fue la actualización de la ruta de atención que tiene la entidad para niñas, niños y adolescentes víctimas de la trata de personas con énfasis en contextos digitales. La renovación tuvo una visión territorial y la validación de quienes se encargan de aplicarla en esas zonas. 


Beatrice López, directora de Infancia de Bienestar Familiar, manifestó que Colombia se ha tomado en serio garantizar los derechos de la niñez y se ha apalancado con aliados como la OIM, la Embajada de Canadá y todas las entidades del orden nacional para erradicar la trata de personas con todos sus fines y especialmente el de la explotación sexual comercial de niñas niños y adolescentes. 


Fernando Medina, jefe de Misión de la OIM en Colombia, dijo que la organización que representa ratifica el compromiso de seguir trabajando de manera conjunta y decidida contra ese crimen. Agregó que ese flagelo se aprovecha de los sueños y necesidades de millones de personas en todo el mundo, incluida la población migrante. 


La representante de la Embajada de Canadá, Catalina Sierra, dijo que hay que responder de manera creativa porque los que están cometiendo este tipo de delitos son de avanzada, tienen estrategias novedosas que captan muy fácilmente a las niñas, niños y adolescentes, por ese es necesario adelantarse con ideas creativas para protegerlos. 

Con estas acciones concretas para prevenir y enfrentar la trata de personas y la explotación sexual comercial en entornos digitales, se avanza en la construcción de entornos más seguros y protectores. Este esfuerzo colectivo representa un paso firme hacia la garantía integral de los derechos de la infancia y la adolescencia, reafirmando el compromiso del Estado colombiano y sus aliados internacionales con su bienestar, dignidad y desarrollo.

La nueva unidad, ubicada en el Centro de Atención Especializado Hogar Masculino de Bogotá, permitirá brindar atención integral en salud a más de 240 adolescentes y jóvenes que se encuentran cumpliendo sanciones privativas, con servicios de medicina general, odontología, nutrición, psicología, psiquiatría y laboratorio clínico.

«Para el Bienestar Familiar es gratificante consolidar estos espacios, pensados y creados con un trabajo articulado y con acciones concretas que fortalecen y garantizan el bienestar de la adolescencia y la juventud», afirmó Janeth Alemán, directora (e) de la Regional Bogotá.

Este centro de salud representa un avance significativo en la garantía de derechos de los adolescentes y jóvenes vinculados al Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes (SRPA), y responde al enfoque de corresponsabilidad entre el Estado, la familia y la sociedad.

«Con esta unidad de salud extramural reafirmamos que la garantía de derechos de los adolescentes y jóvenes que están cumpliendo una sanción privativa de la libertad debe ser un hecho. Garantizar el derecho a la salud de ellos y ellas debe ser una prioridad y, nuestros esfuerzos para que así sea, un compromiso incesante a fin de que la atención sea humanizada e integral», manifestó la directora de Protección del Bienestar Familiar, Adriana Tierradentro.

(Fin/ga)
 

El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) rechaza los hechos ocurridos el pasado 17 de julio en el municipio de López de Micay, Cauca, que involucra la retención de personas civiles, entre ellas funcionarios y contratistas de la Gobernación del departamento. 


Nos solidarizamos con el defensor de familia, Fulvio Bambague, servidor de la Dirección Regional Cauca, cuya familia se ha visto directamente afectada por esta situación. 


Como entidad comprometida con la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, y con el bienestar de las familias en todo el territorio nacional, reiteramos que ninguna persona debe ser sometida a actos que vulneren su libertad o integridad. 


Hacemos un llamado al respeto por los derechos fundamentales de todas las personas retenidas y solicitamos su pronta liberación. 


Desde el Bienestar Familiar acompañamos a nuestro compañero y a su familia en este momento difícil, y permanecemos atentos a la evolución de los hechos, con la esperanza de un pronto retorno a la tranquilidad para todas las comunidades del municipio. 
 

En la más reciente ceremonia de graduación, nueve jóvenes del Centro de Atención Especializada (CAE) El Redentor recibieron su diploma como resultado del programa de educación formal que se desarrolla en los nueve CAE del SRPA en Bogotá. Nuestro propósito es fortalecer los proyectos de vida de los adolescentes mediante una educación integral, inclusiva y transformadora.

La formación media se ofrece en modalidad flexible por ciclos, gracias a la articulación con la Secretaría de Educación del Distrito que, a través de la Institución Educativa Distrital (IED) Guillermo Cano Isaza, lidera el acompañamiento pedagógico y académico de las personas adolescentes vinculadas al proceso.

Además, los y las adolescentes del CAE El Redentor participan en procesos de formación técnica y vocacional en áreas como ebanistería, artes plásticas, música, panadería, confección, barbería y mecánica de motos. Estas actividades, orientadas según sus intereses y perfiles, promueven el desarrollo de habilidades para la vida y el trabajo, y contribuyen a resignificar sus trayectorias personales.

A través de estas estrategias pedagógicas, diferenciales y especializadas reafirmamos nuestro compromiso con la inclusión social y el fortalecimiento de los vínculos familiares como pilares para avanzar en procesos restaurativos reales y sostenibles que permitan a la adolescencia construir nuevas oportunidades de vida.
 

En el marco del encuentro de la Alianza Global para poner Fin a la Violencia contra la Niñez, realizado en México, Colombia presentó una serie de experiencias de trabajo articulado orientadas a la protección de niñas, niños y adolescentes migrantes. La participación colombiana destacó por su enfoque técnico, basado en aprendizajes regionales, para responder de manera coordinada ante los desafíos migratorios. 


Una de las experiencias destacadas fue el Proceso de Quito, plataforma técnica intergubernamental que inició en 2018 con el acompañamiento de OIM y ACNUR. Este espacio ha permitido avanzar en la gestión de flujos migratorios, identificando cuántas personas migran, cómo lo hacen y qué condiciones enfrentan durante su tránsito. Como parte de este proceso, se definieron siete líneas estratégicas de trabajo regionales: 


El intercambio de información sobre flujos migratorios, clave para conocer por dónde transitan y cuántos niños y niñas viajan, si están acompañados o no, y hacia qué país se dirigen; la regularización de migrantes venezolanos y el fortalecimiento de los sistemas de refugio; el acceso a salud, educación y asistencia humanitaria, con énfasis en la niñez y adolescencia; La lucha contra el tráfico de migrantes y la trata de personas, enfrentando las redes que lucran con la movilidad humana; la prevención de la xenofobia y la discriminación; la garantía de derechos humanos de las personas en movilidad y el trabajo articulado con la cooperación internacional. 


Colombia también compartió otras acciones bilaterales de articulación regional. Con Panamá se suscribió un memorando de entendimiento, en cuya materialización se realizaron inspecciones conjuntas en pueblos fronterizos para establecer rutas comunes de atención a la niñez migrante. Con Chile, igualmente fue suscrito un memorando de entendimiento y se avanzó en procesos de reunificación y retorno seguro. Y con Venezuela, la firma del memorando de entendimiento en 2023 permitió reactivar la reunificación familiar de niñas y niños separados de sus cuidadores, evitando adopciones irregulares y facilitando retornos acompañados, con el apoyo de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID). 

Durante el encuentro, Colombia también presentó el modelo «Tejiendo Caminos», desarrollado con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Gobierno de Japón. Esta estrategia de atención psicosocial a familias migrantes se orienta a prevenir la violencia y la xenofobia, y acompaña procesos de tránsito y retorno seguro. El modelo está alineado con el Plan Nacional de Desarrollo, que impulsa la transformación del sistema de cuidado en regiones con alta presencia migrante. 


En el contexto de estas experiencias de cooperación regional, Colombia anunció la creación de la Mesa Nacional de Niñez y Adolescencia Migrante, un espacio de articulación intersectorial que responde al volumen creciente de la migración infantil. Esta mesa busca coordinar a los sectores del gobierno responsables de la atención a la niñez migrante y, al mismo tiempo, garantizar que se escuchen sus voces y necesidades. Se trata de una herramienta de coordinación que se ensambla con los procesos regionales ya existentes y que Colombia pone al servicio como modelo replicable. 


«La situación de la niñez migrante nos exige actuar juntos. No se trata solo de gestionar cifras, sino de proteger vidas con humanidad y corresponsabilidad regional. Es un Compromiso País, es un compromiso con la niñez», afirmó Astrid Cáceres, directora del Bienestar Familiar. 


Con estas intervenciones, Colombia reiteró su compromiso con el trabajo conjunto entre países para prevenir y atender las violencias contra niñas y niños migrantes, destacando que los desafíos actuales solo pueden abordarse desde una respuesta regional articulada, sostenida y con enfoque basado en derechos.

Con el objetivo de prevenir muertes por desnutrición infantil y fortalecer las capacidades comunitarias para la detección temprana de riesgos nutricionales, Bienestar Familiar recibió 36.200 cintas de medición del perímetro braquial, por parte de Jerónimo Martins Colombia – Tiendas ARA. 


La cinta métrica permite medir el riesgo de mortalidad por desnutrición por medio de la circunferencia del brazo de forma sencilla y eficaz, de manera que se puedan activar oportunamente las rutas de atención en salud. Su uso está al alcance de cualquier persona que reciba un entrenamiento básico, por eso se denomina una medida de vigilancia epidemiológica comunitaria. 


La entrega de estos insumos fortalece las acciones del Compromiso País, estrategia del Gobierno Nacional que articula esfuerzos del Estado, el sector privado y las comunidades para garantizar los derechos de la primera infancia, cerrar brechas históricas y proteger la vida en los territorios. 


Bienestar Familiar liderará la distribución del material a través de su red de atención, en articulación con madres comunitarias quienes desempeñan un rol central en la promoción del desarrollo integral de la niñez en contextos vulnerables. 


Este nuevo recurso reafirma el valor de la corresponsabilidad entre el Estado y el sector privado en la garantía de derechos para la niñez colombiana.

Colombia expuso ante la Alianza Global de Países Pioneros para Erradicar la Violencia contra los Niños los avances de la estrategia «Llegar a tiempo, llegar juntos», un Compromiso País orientado a actuar de manera oportuna para prevenir las violencias contra niñas, niños y adolescentes, y garantizar una respuesta unificada como Estado y sociedad cuando estas suceden. La presentación fue realizada por la directora del Bienestar Familiar, Astrid Cáceres, quien destacó el impacto de esta estrategia construida a partir de la articulación entre Gobierno, sociedad civil y comunidades. 


Uno de los logros más destacados fue la reducción del 52 % en la mortalidad infantil por desnutrición en zonas priorizadas como La Guajira, gracias a un modelo conjunto entre el Bienestar Familiar y el sector Salud. Dicho modelo permite intervenir desde diferentes niveles: hospitalización, recuperación nutricional comunitaria y vigilancia alimentaria directa en territorio. 


Cáceres anunció además que Colombia ya firmó la ley que prohíbe el matrimonio infantil, la cual entrará en implementación activa en 2025. Este avance legislativo se suma a otras acciones desarrolladas bajo un enfoque transectorial, es decir, con la actuación coordinada y simultánea de las entidades del Estado como un solo cuerpo operativo en los territorios. 


Se destacó también el modelo Tejiendo Interculturalidad que involucra a 600 comunidades indígenas declaradas en vía de extinción por la Corte Constitucional, en el fortalecimiento de sus propios sistemas de cuidado infantil. En estas comunidades se integran prácticas culturales como el tejido simbólico para el seguimiento de derechos, junto con la presencia de instituciones estatales. 


Como parte de la acción en terreno, se han implementado 26 casas integradas de atención a víctimas, en las que operan bajo un mismo techo entidades como Fiscalía, Bienestar Familiar, sector Salud y protección. A esto se suman las 27 casas Atrapasueños, espacios preventivos con oferta educativa, psicosocial y artística apoyados por ministerios como Ciencia y Deporte. Además, Colombia avanza en la creación de un sistema nacional de alertas tempranas con apoyo tecnológico para prevenir violencias en el ámbito local. 
 

En zonas fronterizas como Leticia, donde convergen Colombia, Perú y Brasil, se consolidó una mesa de coordinación trinacional para responder a la trata de niños y niñas indígenas. Esta articulación entre Policía y autoridades locales busca cerrar vacíos institucionales en una región donde las fronteras legales no coinciden con la realidad social y cultural del territorio. 


«El Gobierno del Cambio tiene claro que a la niñez se le cuida de manera decidida, articulada y con presencia real en el territorio. Este compromiso país nos exige que lleguemos unidos.  A la víctima le importa que llegue el Estado. Y que llegue como uno solo», expresó la directora Astrid Cáceres durante su intervención.