Regional

Este encuentro permitió avanzar en el diálogo entre las instituciones y los representantes de las víctimas, y las discusiones estuvieron orientadas hacia la construcción de políticas más justas y centradas en la protección de los derechos de la niñez y la adolescencia.

Durante la jornada, el Bienestar Familiar acompañó a los delegados de la Mesa Nacional, brindando asistencia técnica para fortalecer su liderazgo y su capacidad de gestión en los territorios. A través de este trabajo se busca garantizar que las voces de las niñas, niños y adolescentes víctimas sean escuchadas y que sus necesidades específicas sean tenidas en cuenta en la implementación de programas y acciones de atención integral.

El trabajo articulado entre las entidades del Estado, los representantes de las víctimas y las organizaciones sociales constituye un paso fundamental para avanzar hacia una reparación efectiva, basada en la participación, el reconocimiento y la dignidad. Esta labor conjunta contribuye a consolidar una sociedad más incluyente, donde los derechos de las familias y las comunidades afectadas por la violencia sean plenamente garantizados.

De esta manera Bienestar Familiar Casanare reitera el compromiso con la protección y el bienestar de la niñez y la adolescencia, promoviendo espacios donde las víctimas puedan incidir en las decisiones que transforman sus vidas, trabajando con convicción para que cada niña, niño y adolescente crezca protegido, con oportunidades y esperanza.  

 

#ConDignidadCumplimos

(Fin/lcv/)

El evento, realizado en La Mojana sucreña, reunió a productores de los municipios de Guaranda, Majagual, Sucre-Sucre y San Marcos, junto con operadores de servicios del ICBF y entidades como la Gobernación de Sucre y la DIAN. Este espacio fue clave para fortalecer el vínculo entre los productores locales y las instituciones, facilitando el acceso a información técnica y normativa necesaria para participar en procesos de contratación pública.

«Este encuentro fue muy satisfactorio. Me reuní con la DIAN, resolví dudas y amplié mis conocimientos. Muchas organizaciones desconocen temas como la factura electrónica. Nosotros, como pequeños productores, sí podemos venderle al Estado lo que cultivamos», afirmó Marina González Benítez, integrante de la Asociación de Familias Agropecuarias y Piscicultores del San Jorge (Asofafan) en San Marcos, y vicepresidenta municipal de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC).

Por su parte, Celinda Cáceres Guzmán, miembro de la Asociación de Pequeños Productores Agropecuarios de la vereda Puerto Pastrana en Majagual (Asopropasma), destacó que, aunque su organización aún no cumple con todos los requisitos para concretar acuerdos comerciales, el Encuentro fue una oportunidad valiosa para adquirir conocimientos. «Somos 17 familias que cultivamos arroz, yuca, plátano y criamos gallinas ponedoras. Este espacio nos orienta para empezar a venderle al Estado», señaló.

Durante el evento también se expusieron los retos que enfrentan los operadores del ICBF al momento de adquirir productos de pequeños productores. Desde la Asociación Gestora y Asesora para el Desarrollo Social Comunitario (Asendemos), entidad que ya suministra alimentos al Instituto, se destacó que muchos de estos productores no cumplen con requisitos como el registro Invima, lo cual limita su participación en los procesos de compra.

Frente a esta situación, Ramiro Rojas Guerra, coordinador pedagógico de Asendemos, recogiendo el sentir de las comunidades campesinas, hizo un llamado a revisar y modificar las normas de contratación. Asimismo, propuso flexibilizar los requisitos con el propósito de facilitar la participación de proveedores locales en los procesos de compras públicas.

Este Encuentro reafirma el compromiso del Bienestar Familiar con el fortalecimiento de la economía local y la promoción de la seguridad alimentaria a través de la inclusión de pequeños productores en la cadena de abastecimiento institucional.

El aula se llenó de colores y palabras que se entrelazaron como piezas de un gran rompecabezas, culminando en la creación colectiva de un mural que representa a la comunidad como centro de la construcción de paz territorial. 

Durante el proceso, las niñas y los niños también reconocieron las violencias cotidianas que ocurren en la escuela, por lo que se comprometieron con acciones concretas como «respetar a los demás», «no decir groserías», «no pelear» y «mantener limpia la escuela». De esta manera, desde su propia voz, dieron valor a las prácticas que fortalecen la convivencia escolar.

Bienestar Familiar continúa acompañando a las instituciones educativas del Catatumbo en su consolidación como entornos protectores para las niñas, niños y adolescentes. Esta actividad contó con el apoyo de la Casa de la Cultura de El Tarra y el programa «Jóvenes en Paz» del Ministerio de Igualdad y Equidad.

En este asentamiento habitan más de 2.000 personas de la etnia wayuu, muchas de las cuales enfrentan serias dificultades para acceder a derechos fundamentales debido a las condiciones del territorio. En esta oportunidad, Bienestar Familiar focalizó su atención en niñas, niños y madres gestantes en situación de vulnerabilidad, con el propósito de contribuir a la prevención de la desnutrición y garantizar el bienestar integral. 

De manera articulada se trabajó con el sector salud, en la identificación de posibles casos de riesgo y activación de rutas de atención para generar respuestas oportunas y efectivas, en defensa del derecho a la salud y la vida de la niñez.

May Belliny Badillo Brito, directora regional encargada de Bienestar Familiar en La Guajira, reiteró el compromiso de la entidad con las comunidades más vulnerables del departamento e hizo un llamado a la corresponsabilidad ciudadana: «Si conocen casos de niñas o niños en riesgo de desnutrición, por favor comuníquense a la línea de WhatsApp 317 436 7714. Un mensaje puede salvar una vida».

La jornada, orientada al fortalecimiento del acceso a derechos fundamentales contó con articulación del Sistema Nacional de Bienestar Familiar, fue liderada por la Secretaría de Salud Departamental y también participaron la Fundación Ancla Colombia, la Fuerza Aeroespacial Colombiana, el Ejército Nacional y otros aliados estratégicos.

Los municipios donde se desarrollará esta iniciativa son: Neiva, Santa María, Palermo, Campoalegre, Baraya, Tello, Guadalupe, Suaza, La Plata, La Argentina, Paicol, Gigante, Pitalito y San Agustín. El programa tendrá un enfoque especial en las zonas rurales, donde se busca fortalecer el acceso a oportunidades pedagógicas, recreativas y culturales.

Un total de 22 organizaciones sociales, aliadas del Bienestar Familiar en la protección de los sueños de la niñez, liderarán las Experiencias Comunitarias en sus respectivos territorios. A través del arte, la cultura, el deporte, la recreación, la comunicación y las narrativas, se promoverán los derechos de niñas, niños y adolescentes, al tiempo que se previenen los riesgos presentes en sus entornos.

Las familias y comunidades serán protagonistas esenciales de este proceso, reafirmando su rol como cuidadores y facilitadores de espacios seguros, afectivos y protectores. Estas experiencias permitirán tejer redes de cuidado colectivo y acompañamiento, contribuyendo al crecimiento de una Generación para la Paz que disfrute y ejerza plenamente sus derechos.

Experiencias Comunitarias representa un compromiso real con la transformación social desde lo comunitario, priorizando la escucha, la participación y el protagonismo de niñas, niños y adolescentes como agentes de cambio en sus territorios.

¡Con dignidad, cumplimos!

En articulación con la Comisión Nacional Intersectorial de Migraciones (CNIM), Bienestar Familiar presentó los principales retos y propuestas de abordaje a las problemáticas que enfrentan niñas, niños y adolescentes en situación de movilidad humana. Entre los temas destacados se encuentran la vulnerabilidad extrema en el tránsito migratorio inverso, las afectaciones psicosociales y de salud mental no atendida, la desescolarización, las barreras para el acceso educativo, el hacinamiento, la exclusión en condiciones de vivienda y la necesidad de fortalecer la articulación institucional y las respuestas integrales.

Durante la sesión, se compartieron acciones y alternativas como la identificación de aliados estratégicos, tiempos de ejecución y mecanismos de fortalecimiento interinstitucional, en el marco del compromiso por garantizar la atención integral y la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes migrantes.

Asimismo, la jornada permitió avanzar en la construcción del Plan de Acción Departamental en Asuntos Migratorios, un instrumento con enfoque diferencial y territorial de derechos que busca fortalecer la gobernanza migratoria en el departamento y mejorar la respuesta articulada de las instituciones.

En este espacio participaron también la Gobernación de Antioquia, los ministerios del Interior, Educación, Salud y Relaciones Exteriores; las alcaldías municipales; agencias de cooperación internacional como ACNUR, OIM, UNICEF, Save the Children, NRC y HIAS; así como organizaciones de base comunitaria y observatorios sociales.

Bienestar Familiar reafirma su compromiso con el trabajo articulado entre entidades públicas, organismos internacionales y actores territoriales, para avanzar hacia una migración con dignidad, y garantizar la protección integral y efectiva de los derechos de niñas, niños y adolescentes en todo el territorio nacional. 

Con dignidad, cumplimos.

El eje central de la jornada fue el encuentro realizado en Jamundí (Valle del Cauca), desde donde la directora general envió un mensaje unificado que destacó que el matrimonio infantil y las uniones tempranas son formas de violencia que vulneran gravemente los derechos de las niñas, quienes tienen derecho a decidir sobre su vida, su cuerpo y su futuro.

A través de esta estrategia, Bienestar Familiar promueve en todo el país el mensaje: «las niñas no se casan, no se venden, no se intercambian; las niñas estudian, sueñan y lideran», impulsando una cultura de respeto, autonomía y protección integral de la infancia.

En articulación con esta agenda nacional, la Regional Nariño de Bienestar Familiar presentó un balance de las principales vulneraciones de derechos que afectan a las niñas del departamento, con base en las cifras del Sistema de Información Misional (SIM) correspondientes a la vigencia 2025.

El informe reporta 1.016 denuncias por presuntas vulneraciones de derechos en niñas, siendo las más frecuentes los conflictos por alimentos, la violencia física, psicológica y sexual, y los problemas asociados a la convivencia familiar y escolar. Estas cifras evidencian la persistencia de factores de riesgo que comprometen el bienestar, la seguridad y el desarrollo integral de las niñas.

El análisis también reveló que el 53,4 % de los casos (543 denuncias) está relacionado con uniones tempranas y matrimonios infantiles, situaciones que reflejan condiciones de vulnerabilidad económica, social y cultural, y que requieren acciones sostenidas de prevención, educación y acompañamiento familiar.

De igual forma, el informe identificó casos vinculados al conflicto armado (1,67 %), que incluyen situaciones de orfandad, amenazas contra la vida y riesgo de reclutamiento por parte de grupos armados. Aunque representan un porcentaje menor, estas vulneraciones demandan una respuesta oportuna y articulada entre las instituciones que integran el Sistema Nacional de Bienestar Familiar.

Bienestar Familiar reiteró su compromiso con la garantía y restitución de los derechos de las niñas, fortaleciendo entornos protectores, promoviendo el acceso a oportunidades de desarrollo integral y trabajando por la erradicación de todas las formas de violencia, abuso y discriminación.

En el Día Internacional de la Niña, la entidad hizo un llamado a las instituciones del Estado, las familias y la sociedad en su conjunto a redoblar esfuerzos para que cada niña crezca en

condiciones de igualdad, seguridad y dignidad, con pleno ejercicio de sus derechos y una participación activa en la construcción de un país más justo y en paz.

¡Con dignidad, cumplimos!

Durante su intervención, Ingrid Cubides Puentes, directora regional (e), destacó que la entidad actualmente atiende a más de 60.000 niñas, niños y adolescentes a través de todas las modalidades de atención, asegurando el acceso a entornos protectores y de calidad. Asimismo, subrayó que la entidad invierte más de 270 mil millones de pesos en el territorio, destinados a fortalecer la atención integral, las estrategias de prevención de vulneraciones y el acompañamiento a las comunidades rurales, indígenas y población con discapacidad.

El encuentro permitió socializar la oferta de servicios del Bienestar Familiar en los 116 municipios del departamento, reafirmando el compromiso con la transparencia en la gestión pública y la articulación con las entidades del Sistema Nacional de Bienestar Familiar (SNBF) para fortalecer la corresponsabilidad en la protección integral de la niñez y la adolescencia.

«Cuidar y proteger a nuestras niñas, niños y adolescentes requiere un compromiso compartido entre familia, comunidad, Estado y sociedad. Desde el Bienestar Familiar continuaremos trabajando con las entidades territoriales para garantizar que ningún niño o niña en Cundinamarca se quede sin oportunidades», señaló la directora regional (e).

El Comité Departamental de Política Social se consolida como un espacio interinstitucional clave para articular estrategias de prevención, atención y promoción de derechos, orientadas a construir territorios protectores, incluyentes y con mayor bienestar para las familias.