Nacional

A lo largo de esta colaboración, se ha avanzado significativamente en el fortalecimiento del gobierno propio del pueblo wayuu. El trabajo conjunto entre el ICBF y la ONIC ha permitido fomentar una atención integral que respeta las prácticas culturales y los conocimientos ancestrales del pueblo wayuu, garantizando que los servicios brindados sean pertinentes y adecuados a las necesidades de las comunidades en los municipios de Riohacha, Manaure, Uribia y Maicao, priorizados en la Sentencia T 302 de 2017.

Uno de los principales logros ha sido el acompañamiento técnico a las unidades de atención, que incluyó la capacitación del talento humano y el fortalecimiento de las capacidades locales en los procesos de control social. Durante casi un año, se realizaron más de 400 encuentros con las comunidades, atendidas por 152 Unidades Ejecutoras, lo que permitió reforzar las estructuras organizativas y administrativas de estas unidades, además de mejorar la transparencia, la rendición de cuentas y la participación comunitaria en la implementación de los programas.

El evento incluyó un conversatorio titulado "Retos y aprendizajes para la guía de atención integral para el pueblo wayuu", en el que se discutieron los avances y desafíos de la implementación de la atención integral. Este espacio permitió a los actores del piloto compartir sus experiencias y sugerir mejoras en los ambientes educativos y protectores. Panelistas como la líder pedagoga María Banbrieque, la madre comunitaria Lesbia Lindao y la autoridad transnacional Leída Cambar, entre otros, destacaron la importancia de este proceso para el bienestar de las familias.

Además, durante el evento, se presentaron algunos proyectos autosostenibles impulsados por el piloto, con un énfasis especial en las artesanías creadas por las mujeres wayuu. Estos proyectos evidencian el empoderamiento económico y cultural de la comunidad.

El Bienestar Familiar sigue trabajando junto a las comunidades wayuu para garantizar su bienestar integral, respetando su cultura y promoviendo su autonomía en la gestión de los procesos sociales y de atención en sus territorios ancestrales.

Con el articulado alrededor de 60,000 madres comunitarias tendrán empleos formales. Esto significa contratos de trabajo con todos los beneficios laborales, como el pago de seguridad social, licencias por maternidad y paternidad, y medidas para garantizar su seguridad y salud en el trabajo.

Además, las madres comunitarias serán empleadas, directamente, por el ICBF, sin intermediarios. Brindándoles más estabilidad como trabajadoras formales de una entidad pública. 

"Las madres comunitarias, trabajadores de hogares infantiles y madres sustitutas son fundamentales para el cuidado de nuestros niños y niñas. Con esta reforma, estamos reconociendo y valorando su increíble labor, dándoles las garantías laborales que siempre han merecido", afirmó Astrid Cáceres, directora general del ICBF.

Cabe anotar que este proyecto fue presentado por el presidente Gustavo Petro, quien está cumpliendo con una de las promesas de campaña que fue la formalización laboral de las madres comunitarias.

El articulado que se discute en el Congreso tiene varios temas que benefician a los colombianos, de los cuales se resaltan algunos como, se  generarán, al menos 91 mil empleos anuales desde su implementación. 

Es la primera reforma que tiene en cuenta a las mujeres que sufren violencia intrafamiliar , creando espacios para que las mujeres puedan asistir a las audiencias y procesos administrativos, médicos y/o judiciales cuando son víctimas de violencia de genero.

Las y los trabajadoras rurales contarán con la posibilidad de suscripción de contratos de trabajo agropecuario para tareas propias y exclusivas de dicha actividad en la cadena de producción primaria.

También reconoce la licencia de maternidad y paternidad en parejas adoptantes del mismo sexo y bajo las mismas condiciones previstas para las otras familias.

Las personas en condición de discapacidad podrán ser vinculadas efectivamente a relaciones laborales estables, entre lo propuesto se encuentra la obligación de contratación en escala y de acuerdo al tamaño de la empresa.

Una de las alianzas se firmará con el Hospital de Nazareth en la Alta Guajira en el corregimiento de Siapana perteneciente al municipio de Uribia, donde en el 2024 gracias a la atención del Bienestar Familiar, las muertes por desnutrición se redujeron en un 50%. Este convenio busca garantizar la atención para 1.500 menores de 5 años que requieran los servicios directamente en el hogar y 20 niños y niñas dentro del Centro de Recuperación Nutricional que estén con desnutrición o en riesgo.

La inversión en este convenio será de 7.900 millones de pesos representados en la atención de los niños y niñas, no solo dentro del Centro de Recuperación Nutricional Comunitario, también en el seguimiento nutricional por parte de un equipo interdisciplinario.

Otro de los convenios se firmará con el hospital Nuestra señora de los Remedios, en Riohacha, La Guajira, para la atención de 20 niños menores de 5 años que se encuentren en riesgo o con desnutrición aguda y 600 en atención en su hogar: para esta alianza el ICBF destinará inicialmente 3.600 millones de pesos que, al finalizar el año, se espera supere los 5 mil millones de pesos.

Según el director de Nutrición de Bienestar Familiar, Salvador Rincón, estas alianzas tienen tres pasos claves: “El primero es en la institución de salud, donde se atiende de urgencia la desnutrición; el segundo es cuando el niño o la niña es dado de alta y lo recibimos en el Centro de Recuperación Nutricional Comunitario; y el tercero es cuando se recupera y es llevado a su hogar para continuar el proceso bajo la supervisión de los profesionales en nutrición por seis meses o más si el niño o la niña lo requiere”.

Bienestar Familiar sigue uniendo esfuerzos para lograr la meta de reducir las muertes por desnutrición en Colombia.
 
 
Fin/mjm/eeb)
 

El propósito de la visita fue exponer de primera mano la metodología de trabajo del Bienestar Familiar y generar espacios de diálogo con las comunidades. 

Además, la delegación visitó la Unidad Local, habilitada en 2023 para atender el alto flujo de población migrante en la región y aunque ha bajado el tránsito de personas en los últimos meses ha mantenido sus operaciones, fortaleciendo su enfoque de atención y continúa trabajando en articulación con el hospital del municipio, la Personería, la Defensoría del Pueblo y otras autoridades. Su objetivo principal es abordar diversas problemáticas que afectan a niñas, niños y adolescentes, garantizando la protección de sus derechos. 

Según Diana Rivera, jefe de la Oficina de Cooperación y Convenios del Bienestar Familiar, este tipo de visitas no solo permiten socializar las acciones que se adelantan en Colombia, sino también conocer las estrategias implementadas en países como Chile para la protección de la niñez y la adolescencia. "Esto facilita la unificación de acciones para atender a niños, niñas y adolescentes que se encuentren en cualquiera de los dos países", afirmó. 

Por su parte, Gustavo Marín Castro, director regional del Servicio de Protección Especializada en la región Arica y Parinacota de Chile, destacó la importancia del intercambio interinstitucional para llevar buenas prácticas a su país, "esto nos permite fortalecer el trabajo conjunto en el Cono Sur para el desarrollo de nuestras familias, niñas, niños y adolescentes, considerando las particularidades de cada contexto y el impacto de la migración en Chile y Colombia". 
 
El intercambio busca fortalecer las capacidades de ambos países en la protección de los derechos de la niñez, adolescencia y sus familias, promoviendo un enfoque integral y colaborativo en la región.

“Hemos acordado que sea esta red la que impulsa un trabajo a través de experiencias entre el Gobierno Nacional y entidades de la sociedad civil para que podamos compartir los conocimientos en materia de infancia de tal manera que nos va a permitir tener una estructura de información territorializada disponible para las entidades que construyen conocimiento sobre la niñez del país. Esta red la construimos para reflejar de mejor manera las necesidades que tienen nuestros niños en una lógica de gestión de conocimientos”, dijo Julián Moreno Parra, director del Sistema Nacional de Bienestar Familiar (SNBF).
 
El funcionario agregó que a futuro se pretende, “lograr que el país cuente con una estructura de información que va a estar disponible en los portales de las entidades que tienen a su cargo estos datos para la toma de decisiones de forma estatal, esto nos puede permitir a futuro una estructura de datos y sistemas de información para reflejar de mejor manera la situación de los niños en el país”.
 
En ese sentido, Luz helena Trujillo, Líder del Grupo de Analítica Institucional del ICBF, indicó que esta iniciativa permitirá “articular y gestionar conocimiento que mejoren la información para la toma de decisiones en materia de política pública, debemos llegar con mejores herramientas tecnológicas y capturar información en territorio, identificar las problemáticas hablando con la comunidad pero también capturando datos exactos para tomar buenas decisiones”.
 
La jornada que fue liderada por el SNBF y Unicef, contó con la presencia de delegados de Niñez Ya, Fondo Acción y más de 20 organizaciones gubernamentales y de la sociedad civil, quienes presentaron los retos y perspectivas de la recopilación y análisis de datos, que permitirán a los encargados de la construcción de políticas públicas enfocarlas para garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes.

El (CAF), que ahora está al servicio de la comunidad, integrará a diversas instituciones para trabajar de manera articulada en la atención a las víctimas y en la recepción de denuncias. Este esfuerzo colectivo y coordinado tiene como objetivo fortalecer la seguridad, brindar protección y asegurar un acceso efectivo a la justicia, promoviendo la restauración de los derechos de las víctimas. En este espacio, las víctimas no solo encontrarán justicia, sino también un acompañamiento integral que garantice su bienestar y reparación. 
 
De esta manera, El Centro de Atención de la Fiscalía (CAF) en Puerto Tejada contará con un equipo interdisciplinario conformado por un fiscal y su asistente, os investigadores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI]) dos receptores de denuncias, un facilitador de peticiones y quejas un médico forense del Instituto Nacional  de Medicina Legal para valoración clínica, un mediador de la Policía NacionalCauca para brindar orientación en casos de convivencia ciudadana y Código de Policía, supervisor de derechos humanos de la Gobernación del Cauca, un representante de víctimas de la Defensoría del Pueblo. Además, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) dispondrá de un equipo de atención psicosocial para brindar acompañamiento integral a las víctimas garantizando el acceso a la justicia, la protección de derechos y la estabilidad en la región. Este enfoque integral no solo atenderá las necesidades inmediatas de las víctimas, sino que también fortalecerá los mecanismos de justicia y contribuirá a la construcción de un entorno más seguro y justo para los habitantes.
 
El ICBF reitera su compromiso de seguir trabajando de manera articulada con las entidades del Estado para fortalecer la gobernanza, la equidad y la presencia institucional en todo el territorio nacional. Asimismo, el Instituto reafirma su labor en la protección de los derechos de las comunidades más vulnerables, promoviendo una atención integral que contribuya a la construcción de una sociedad más justa y equitativa.
 
 
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Es fundamental destacar que la Bienestarina es un alimento de alto valor nutricional que contribuye significativamente al desarrollo y crecimiento infantil, al tiempo que ayuda a prevenir los síntomas de la desnutrición. Por lo tanto, la distribución de estas ayudas tendrá un impacto considerable, especialmente en las zonas más vulnerables de la región.
 
En esta misión, también se enviaron tres equipos de profesionales de las Unidades Móviles del ICBF, quienes se desplazan por tierra para ofrecer acompañamiento integral a las familias, incluyendo la realización de seguimiento nutricional y brindando apoyo psicosocial. Este equipo llevará herramientas y orientación para mejorar la salud mediante acciones de prevención y el bienestar de los niños y sus familias.
 
Salvador Rincón, director de nutrición del ICBF, expresó: "Siguiendo las instrucciones de nuestra directora general, Astrid Cáceres, y con el apoyo de nuestras instituciones aliadas, estamos comprometidos con erradicar la desnutrición en La Guajira. Esta misión es sólo un paso más para asegurar que cada niño tenga acceso a una nutrición adecuada y un futuro mejor."
 
Las ayudas fueron transportadas por el buque ARC Golfo de Urabá, partiendo desde Riohacha hacia Bahía Honda y Puerto López en la Alta Guajira. Esta misión es posible gracias a la colaboración entre la Gobernación de La Guajira, el Programa Mundial de Alimentos, el Ejército Nacional, Cruz Roja Colombiana, la Unidad de Gestión del Riesgo, la Armada Nacional y la Defensa Civil Colombiana, quienes trabajan de la mano para llevar más de 130 toneladas de ayuda humanitaria a las familias de la región.
 
(Fin/scs/eeb)
 

Durante el recorrido la funcionaria señaló que, en este sector se atiende a más de 900 familias, “donde prevenimos la desnutrición y fortalecemos la cultura wayuu”.

En esa región el ICBF implementa un modelo propio integral dirigido a la población wayuu, brindando apoyo en áreas esenciales como la nutrición, la salud y la educación y el fortalecimiento comunitario.

En el encuentro con las autoridades del territorio, lideresas y líderes, la subdirectora también destacó la importancia de trabajar de la mano con las comunidades para preservar esta cultura y exaltó el rol de la mujer wayuu en el desarrollo y crecimiento no solo de las niñas y los niños, también del territorio.

En la visita también se adelantó un encuentro con 200 personas de talento humano, incluidas agentes educativas, para fortalecer la soberanía alimentaria en La Guajira. El ICBF está comprometido con la población wayuu y su continua labor para mejorar las condiciones de vida de las familias, fortalecer sus tradiciones y garantizar que los niños crezcan en un entorno saludable y llenos de oportunidades.

Con el propósito de garantizar la seguridad e integridad de los adolescentes y jóvenes del Centro de Atención Especializada y restablecer sus derechos, el Bienestar Familiar convocó inmediatamente una mesa de seguridad con la participación de la Policía Nacional, Alcaldía Distrital y demás entidades competentes, y se estableció como prioridad ubicar a los adolescentes.

Igualmente, el ICBF avanza en el proceso de sensibilización a las familias de los adolescentes y jóvenes para que sean actores de las acciones de prevención y de mitigación de riesgos.

De la misma manera, la entidad instauró la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General de la Nación, ente competente para la investigación de los hechos criminales que determinaron esta situación.

El ICBF rechaza contundentemente esta acción y reafirma su compromiso con la protección de la adolescencia y la juventud,  continúa trabajando articuladamente con las autoridades para fortalecer las medidas de seguridad en los Centros de Atención Especializada y adelantar acciones restaurativas.

Finalmente, el ICBF hace un llamado a los medios de comunicación para que tengan en cuenta lo dispuesto en el artículo 47 del Código de Infancia y Adolescencia resaltando la corresponsabilidad de la familia, la sociedad y el Estado en la protección de los niños, niñas y adolescentes, en aras de proteger su integridad y la garantía de sus derechos.
 
(Fin/lap/ebb)

En la sesión convocada por la Consejera Presidencial para las Regiones, Dra. Luz María Múnera Medina, el Dr. Javier plazas, Viceministro para las Poblaciones y Territorios Excluidos y la Superación de la Pobreza, del Ministerio de Igualdad, hizo referencia al cumplimiento del ICBF con las acciones previstas en el Plan Estructural de Acción, que incluye medidas para enfrentar la desnutrición y mejorar la atención a los menores de edad en los cuatro municipios priorizados de La Guajira (Uribia, Manaure, Maicao y Riohacha). 
 
El Bienestar Familiar ha logrado identificar y activar rutas de atención para niños y niñas en riesgo de desnutrición junto al fortalecimiento de los Centros de Recuperación Nutricional (CRN) del departamento. Además, se ha creado una Comisión Asesora Científica que busca fortalecer las estrategias de atención y garantizar que las soluciones implementadas sean efectivas y adecuadas para la población wayuu.
 
Otro avance significativo es el desarrollo de la Guía para la implementación de un modelo de atención integral que respeta y promueve la pervivencia cultural y social de la comunidad wayuu. Este modelo se está construyendo a partir del diálogo directo con las comunidades, lo que permite una mejor comprensión de sus necesidades y garantiza una atención que sea culturalmente pertinente. 
 
En la sesión, la consejera para las regiones resaltó el avance en los Territorios de Respuesta Integral (TRI), un modelo que ha sido clave para la planificación y ejecución de acciones intersectoriales. Los TRI permiten una mayor coherencia y eficacia en las intervenciones, además de ofrecer una comprensión más precisa de las necesidades y desafíos específicos de cada territorio, los mismos que se han convertido en unidades básicas de información y gestión, han sido acogidos y adaptados por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) en el desarrollo del marco geográfico del Sistema de Información Wayuu.
 
En cuanto al cumplimiento de los derechos fundamentales de la población wayuu, se destacó que el avance en los cinco derechos clave —soberanía alimentaria, agua, salud, movilidad e información— es del 72,8%, con una inversión de 443 mil millones de pesos. Este esfuerzo ha permitido mejorar el acceso de la comunidad a servicios básicos esenciales y avanzar en la superación de las brechas que históricamente han afectado a la población.
 
Finalmente, la sesión abordó los nuevos Autos emitidos por la Corte Constitucional, que forman parte del seguimiento al cumplimiento de la sentencia. En particular, se hizo énfasis en el auto 118 de 2025, que refuerza la obligación de garantizar la claridad y la rendición de cuentas en todos los procesos relacionados con la atención a la población wayuu. La consejera presidencial anunció que enviará a todas las entidades involucradas los 91 Autos emitidos hasta la fecha, para asegurar que el seguimiento a la sentencia continue siendo efectivo y transparente.
 
(Fin/scs/eeb)