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La Unidad Móvil del ICBF, conformada por antropólogo, nutricionista, psicólogo y trabajador social, se desplazó hasta el albergue Granja Experimental La Bella en la capital de Risaralda, donde se encuentran 10 familias integradas por 22 menores de edad y 16 adultos.

Como parte del acompañamiento del ICBF, se encontró que cuatro menores de edad padecían afectaciones graves en su salud tales como infecciones cutáneas, cuadros febriles y enfermedades diarreicas, por lo que fueron trasladados al Hospital Kennedy de La capital de Risaralda.

Finalmente, el ICBF aseguró que mantendrá la atención a las niñas y niños de la comunidad mientras se supera la condición que los obligó a salir de su región.

“La mayoría de familias recicladoras en el mercado de Riohacha provienen del asentamiento Villa del Sur, donde haremos intervención integral y de choque con cerca de 1.000 familias, el 70% venezolanas, que viven en condiciones de pobreza. A partir de este jueves, nuestras Unidades de Búsqueda Activa (UBA), conformadas por nutricionistas, trabajadores sociales, auxiliares de enfermería y gestores comunitarios, iniciarán visitas a esa comunidad", dijo la Directora General del ICBF.

Las UBA iniciarán la caracterización de estas familias visitándolas casa por casa, haciendo valoraciones y tamizaje nutricional. Intervendrán a los niños menores de 5 años que tengan algún riesgo de desnutrición, los cuales serán remitidos al sector salud en caso de que sea requerido. Igualmente, se realizará una caracterización de la población para identificar necesidades de intervención en términos de mitigación de riesgos en niñez y adolescencia, así como de cuantificación de déficit en la cobertura de servicios de Primera Infancia.

Actualmente, el ICBF tiene una Unidad Comunitaria de Atención (UCA) en este asentamiento que atiende a 140 niños menores de cinco años. Esta unidad es operada por indígenas Wayúu bajo el operador Coindesoem. Sin embargo, los líderes de esa comunidad aseguran que requieren más cupos. Por lo tanto, desde el ICBF se estudiará la posibilidad de ampliar la cobertura en aproximadamente 300 cupos.

“Vamos a remitir a las niñas y niños menores de cinco años que encontremos en riesgo de desnutrición a nuestro programa de prevención ‘1.000 días para cambiar el mundo’, así como a las madres gestantes que tengan riesgo o se encuentren con bajo peso”, sostuvo Juliana Pungiluppi. 

Por su parte, el Alcalde de Riohacha, Juan Carlos Suaza, se comprometió a acondicionar el encerramiento del punto de acopio ubicado en la plaza del mercado, así como a proveer un piso rígido, rampas, iluminación y la señalización de este punto de acopio. Así mismo, realizará la contratación del servicio de vigilancia por 24 horas del día.

Una vez estén todas estas mejoras locativas en el punto de acopio, el Gerente de Interaseo, Mauricio Muriel, se comprometió con la provisión de una caja estacionaria adicional para la recolección de los residuos en el marco de su estrategia de responsabilidad social empresarial.

También se logró un compromiso de las autoridades para trabajar con los locales del mercado sobre el buen manejo de los desechos que producen y particularmente de la separación en la fuente. Incluso, se aplicarán comparendos ambientales para quienes arrojen los desechos en lugares diferentes a los dispuestos por la empresa de aseo.

Finalmente, los asistentes a la reunión coincidieron en la necesidad de estudiar medidas de reconversión de los recicladores para cambiar sus carros de tracción animal y para lograr un acompañamiento que les permita asociarse con el fin de mejorar sus prácticas de recolección, clasificación y uso de las Estaciones de Clasificación y Aprovechamiento (ECA) de residuos sólidos. Esto les permitirá mejorar sus ingresos y, particularmente, no incluir a sus hijos menores de edad en estas labores.

Durante el fin de semana Equipos Móviles de Protección Integral (EMPI) del ICBF desarrollaron jornadas de sensibilización sobre el trabajo infantil con las personas que se encontraban en estos lugares, así como pedagogía sobre las formas adecuadas de disposición de desechos. 

En Maicao, a dos menores de edad se les abrió Procesos de Restablecimiento de Derechos y en Riohacha una adolescente de 16 años en estado de embarazo fue trasladada por el equipo EMPI del ICBF a un centro médico como parte de la ruta de atención establecida para estos casos.

El equipo de la Regional Guajira del ICBF, dirigido por el pediatra Abdul Dasuki, hizo presencia el viernes en Maicao y constató con los vecinos que la empresa de recolección de basuras ‘Aseo Técnico’ ha venido prestando un servicio deficiente: recoge parcialmente las basuras y no dispone de suficientes contenedores.

Ante la situación, y para evitar que la operación de recolección y disposición de residuos pueda poner en riesgo la integridad y la salud de los menores de edad, los funcionarios del ICBF se pusieron en contacto con la empresa, la cual se comprometió a realizar cuatro rondas diarias para prevenir la acumulación de residuos y la manipulación por parte de particulares (especialmente la comunidad indígena Wayúu). Además, estarán adelantando rondas de vigilancia y control para evitar que niñas, niños, adolescentes y sus familias se acerquen al lugar.

Este tipo de jornadas de prevención las adelantan de manera permanente los profesionales del ICBF en todo el país a través de sus 42 EMPI, cada uno conformado por un psicólogo, un trabajador social y un nutricionista, con el fin de evitar que se pongan en riesgo los derechos de los menores de edad.

Finalmente, el ICBF se reunirá con las autoridades municipales y departamentales de La Guajira para buscar alternativas que permitan, de manera articulada, prevenir y mitigar situaciones que puedan poner en riesgo la salud de los menores de edad, particularmente del pueblo Wayúu.

A la reunión fueron convocados el Gobernador de La Guajira, los alcaldes de Riohacha y Maicao, así como sus secretarios de Gobierno y Salud, los personeros municipales, la Procuraduría Regional de La Guajira y las empresas prestadoras del servicio de aseo.

Vale destacar que, ante estas alertas y con el ánimo de seguir la tendencia decreciente en el indicador de notificaciones de muertes por desnutrición en el departamento de La Guajira (que en los primeros ocho meses del año disminuyó 60%), el ICBF decidió ampliar en 150 cupos la cobertura de su programa ‘1000 días para cambiar al mundo’ en el municipio de Maicao.

Luego de la visita de una comitiva de alto nivel, integrada por la Directora del ICBF, Juliana Pungiluppi; la Alta Consejera para la Niñez, Carolina Salgado; el Director de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior, Manuel Aljure, y representantes del Ministerio de Vivienda, el Gobierno Nacional se comprometió a acelerar la implementación del plan de acción para el desarrollo integral del pueblo Amorúa que vive en Puerto Carreño. 

Por solicitud del Presidente de la República, Iván Duque, se hará un seguimiento permanente a la implementación de dicho plan con especial énfasis en la proteccion de los derechos de los niños, niñas y adolescentes del pueblo Amorúa, dijo la Directora del ICBF.

"Nos comprometimos con acciones concretas como: (i) la activación de Equipos Móviles de Protección Integral (EMPI) cerca al relleno sanitario de Puerto Carreño y en los circuitos de recolección para alejar a niños, niñas y adolescentes de este tipo desechos; (ii) la expansión del programa de prevención de la desnutrición '1000 días para cambiar el mundo' en 150 cupos con cobertura focalizada en los 6 resguardos indígenas; y (iii) el establecimiento de un Espacio Amigable para que los padres puedan dejar a sus niños en un lugar seguro mientras adelantan sus diligencias durante el día. Además, el ICBF se comprometió a fortalecer su oferta de Protección (Hogares Sustitutos y Hogar de Paso).

Para evitar el acceso de las familias y de los niños al relleno, se reforzará la seguridad con presencia de la Policía Nacional. Por su parte, el operador se comprometió a informar a la Policía de Infancia y Adolescencia y al ICBF cuando identifique niños y niñas en zonas aledañas al relleno sanitario o en la ruta de recolección de residuos.

El Ministerio del Interior convocará una reunión de seguimiento al Plan de Acción vigente en las próximas semanas. En dicha reunión se hará énfasis en aterrizar los compromisos del Gobierno de tal forma que se puedan materializar en propuestas concretas que solucionen los problemas de seguridad alimentaria del pueblo Amorúa. 

Desde el ICBF y la Consejería Presidencial para la Niñez y la Adolescencia se gestionará una jornada de identificación exclusiva para la población Amorúa con la Registraduría y se solicitará al Departamento para la Prosperidad Social que se acelere el inicio el programa de seguridad alimentaria IRACA contemplado en 2 resguardos Amorúa. Se anunció la visita, para el próximo 9 y 10 de octubre, de una comitiva de Cancillería y la Gerencia de Frontera con representantes de la cooperación internacional para identificar potenciales áreas y proyectos. 

“Colombia ha dado ejemplo al mundo de solidaridad y fraternidad con la acogida de millones de venezolanos. Esa decisión ha implicado enormes retos para Colombia particularmente con las comunidades indígenas de frontera. Por eso seguiremos trabajando articuladamente para evitar que escenas como las del relleno de Puerto Carreño se vuelvan a presentar", puntualizó la Directora General del ICBF.

“No debemos olvidar que un embarazo antes de los 14 años de edad es el resultado de una violencia sexual y constituye un delito. En el marco de la Gran Alianza contra la Violencia hacia Niños, Niñas y Adolescentes estamos conformando un Grupo Intersectorial Especializado con la Policía, el sector Justicia, Medicina Legal, el Ministerio de Salud y el ICBF. El principal objetivo de este grupo es cerrarle las filas a la impunidad. Y uno de los principales objetivos será lograr que desde todos los sectores, particularmente salud, se reporten los casos de embarazos de menores de 14 años para que la Fiscalía pueda investigar a los abusadores", dijo Directora General. 

En 2018, según las estadísticas vitales del DANE, se reportó el nacimiento de 5.362 bebés de niñas menores de 14 años. El Plan de Desarrollo establece que la tasa de fecundidad en menores de 18 años se reduzca de 17,4% a 15,2%. 

“No hay tiempo que perder, debemos llegar a un acuerdo para que saquemos adelante un CONPES que nos permita apalancar recursos y tener mecanismos de seguimiento, metas e indicadores, sobre todo para cerrar brechas en las zonas rurales del país”, señaló la Directora del ICBF, a la par que destacó algunas iniciativas de gobiernos locales desarrolladas en Manizales, Medellín, Bogotá y Cali donde, por medio de acciones pedagógicas, culturales, simbólicas y políticas, se ha logrado la reducción del embarazo en adolescentes.

En la ceremonia de clausura el maestro, Álvaro Restrepo, Director de la Fundación Colegio del Cuerpo, presentó una puesta en escena con un grupo de 120 niños, niñas, adolescentes y jóvenes de 3 centros de Protección del ICBF, entre ellos, el Centro de Atención Especializada El Redentor. El proyecto, denominado Educando con Danza, hace parte de las iniciativas del Instituto para promover auto reconocimiento, auto protección y cuidado, en el marco de su rehabilitación y superación del trauma.

El espacio contará con un equipo de Defensoría de Familia del ICBF, un equipo de Comisaría de Familia de Medellín, y sicólogos y trabajadores sociales de la Fundación FAN, expertos en atención en crisis y resignificación de las víctimas de abuso sexual. Estos equipos estarán en articulación permanente con el equipo médico del Hospital y con todo el equipo investigativo de la Fiscalía, especialmente del CAIVAS, que opera a pocos metros del Centro Cuidemos para Sanar.

“En este espacio niñas, niños, adolescentes violentadas sexualmente contarán no sólo con atención humanizada, sino que también tendrán a su disposición toda la oferta del Estado para salir adelante. La Defensoría de Familia del ICBF se asegurará del restablecimiento de los derechos, y de acompañarlos en la ruta judicial; también valorará las necesidades integrales de las familias y se encargará de activar el Sistema Nacional de Bienestar Familiar (SNBF) para abordarlas", dijo la Directora General. 

La Fiscalía apoyará toda la investigación de los casos para una efectiva judicialización; la Fundación FAN y la Secretaría de Integración Social también brindarán acompañamiento psicosocial. Se espera en los próximos meses concretar la adición de un médico legista. 

El espacio cuenta con espacios diseñados expresamente para la atención en crisis y para el proceso de resignificación de las víctimas. Se contempla que en los próximos meses se instale una Cámara de Gesell para que las entrevistas de los sicólogos con los niños víctimas puedan ser grabadas y tenidas en cuenta por las autoridades competentes en procesos probatorios, bajo estrictos protocolos de objetividad y confidencialidad.

"Esta sinergia y concurrencia será clave para mejorar los indicadores de judicialización en el país, uno de los principales objetivos de la Alianza Nacional contra la Violencia hacia las Niñas, Niños y Adolescentes”, dijo la Directora General de ICBF.

El Instituto adelantará alianzas con el sector público y privado en diferentes regiones del país para replicar esta práctica de atención con la ayuda de los hospitales y de los mandatorios locales, con el fin de disminuir las cifras de violencia contra los menores de edad. 

Entre enero y agosto del 2019, el ICBF abrió 9.098 Procesos Administrativos de Restablecimiento de Derechos (PARD) por violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes en el país, es decir, que en promedio el ICBF atendió 37 casos cada día. En Antioquia, en ese mismo periodo, se abrieron 370 procesos.

Por mandato del Presidente de la República, Iván Duque, el ICBF capitalizará su presencia institucional en el territorio colombiano para convertir a las poblaciones y comunidades en entornos protectores y en embajadores de la paz con legalidad. 

Así lo destacó la Directora General del ICBF, Juliana Pungiluppi, quien aseguró que “no vamos a volver a cometer el mismo error del pasado; tenemos muchas alertas y vamos a actuar ya. Los grupos armados no pueden rearmarse ni alimentar las economías ilegales a costa de nuestros niños".

Actualmente, el ICBF brinda atención especializada a 230 menores de edad desvinculados de grupos armados ilegales, los cuales han sido puestos bajo protección de la Entidad luego de ser rescatados en operaciones militares o que ingresaron al programa de forma voluntaria.

Tras el anuncio de las disidencias de las FARC de retomar las acciones bélicas, y de las instrucciones que han dado a sus filas de engrosar en 3.500 su número de efectivos en los próximos dos años, resulta preocupante este historial y eleva las alertas de utilización y reclutamiento de menores de 18 años para sus actividades ilícitas. Vale recordar que de los 6.732 niños, niñas y adolescentes que han ingresado desde 1.999 al programa de atención especializado del ICBF, el 58% (3.879) fueron desvinculados de las FARC.

Del total de niñas, niños y adolescentes que han recibido atención de parte del ICBF, el 25% ha regresado con sus familias, previa valoración de que su familia es garante. 

De la misma forma, entre enero y agosto de 2019, la Defensoría del Pueblo ha emitido y realizado seguimiento a 94 alertas tempranas, advirtiendo situaciones de utilización y reclutamiento de niños, niñas y adolescentes, con mayor incidencia en Antioquia, Nariño, Chocó, Meta, Bolívar, Tolima, Córdoba, Cundinamarca, Valle del Cauca, Casanare y Putumayo.

Es importante ser enfáticos en que el uso, utilización y reclutamiento de cualquier menor de 18 años por grupos armados es un delito a la luz de la normativa colombiana y un crimen según el Derecho Internacional Humanitario.

“Los daños irreparables que produce la exposición de niños, niñas y adolescentes a la guerra incluyen trastornos emocionales como depresión, ansiedad, trastornos de sueño y miedo generalizado. Privar a los niños de los espacios vitales de la niñez produce alteraciones en su desarrollo integral y se generan afectaciones en la construcción de vínculos de cuidado mutuo, lo que termina propiciando daños que son transmitidos de generación en generación”, agregó Juliana Pungiluppi.

El 14 de agosto el Presidente Duque lanzó la Alianza Nacional contra la Violencia hacia Niños, Niñas y Adolescentes. Ese día, anunció que erradicar la violencia para dar cumplimiento al ODS 16.2 es una prioridad de su gobierno. Para ello no sólo se formulará la primera política pública integral basada en evidencia, sino también se convocará a una movilización social que complemente iniciativas del Estado y acabe con la normalización.

"En el marco de esta Alianza se incluye la violencia del conflicto armado como una violencia a erradicar. La prevención del reclutamiento y el tratamiento de quienes han sido víctimas es uno de los objetivos de la política pública en formulación", dijo la Directora.  

La metodología de los denominados Planes de Consolidación de Redes para la Protección de la Niñez será definida con apoyo de la cooperación internacional; priorizaremos los territorios de las Zonas Futuro como Pacífico Nariñense, Bajo Cauca, Catatumbo, Sur de Córdoba, Arauca, Chiribiquete y Parques Nacionales Naturales como zona especial. 

“Para la puesta en marcha de estos planes, el ICBF aportará: 1) su oferta convencional, es decir programas de prevención que buscan promover talentos, habilidades y proyecto de vida de los jóvenes (a través de arte, cultura, deporte); 2) acompañamiento y asistencia técnica a los gobiernos locales para que identifiquen necesidades y coordinen actores; 3) identificación y consolidación de redes y referentes locales protectores; y 4) canalización de requerimientos a otras entidades y gestión de oferta en el marco de la Comisión Intersectorial para la Prevención del Reclutamiento y la Utilización de Niños, Niñas y Adolescentes (CIPRUNNA)”, puntualizó la Directora General del ICBF.

En el marco de la CIPRUNNA, bajo la coordinación de la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos y los Asuntos Internacionales, se dará seguimiento a estos planes de fortalecimiento de entornos protectores y de consolidación de redes para la protección de la niñez. 

Luego de los Acuerdos de La Habana, algunos donantes redujeron sus programas en este frente, pero ante esta crisis emergente, “hacemos un llamado a la cooperación internacional a redireccionar sus aportes de cooperación técnica y financiera para apoyar acciones que impidan que niñas, niños y adolescentes sean utilizados y reclutados por parte de los grupos armados ilegales", dijo la Directora. 

En el marco de las Zonas Futuro, el ICBF pondrá la protección de los niños en el centro; a partir de ejercicios de lecturas de realidades, se identificarán necesidades. El ICBF será quien active el brazo social del Estado en pro de la protección de los niños, niñas y adolescentes. El Plan de Desarrollo incluye las metas e indicadores de estas zonas de inversión prioritarias.

"El Gobierno del Presidente Iván Duque, en el marco de su política de Paz con Legalidad, seguirá orientando esfuerzos para asegurar el éxito de la reincorporación, pero a su vez será implacable con la reincidencia", puntualizó la Directora.

Así lo destacó la Directora General del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), Juliana Pungiluppi, durante la instalación, con el Viceministro de Salud, Iván González, de la octava versión de la Semana Andina de Prevención del Embarazo Adolescente, evento que se celebra simultáneamente en 6 países de la región (Chile, Ecuador, Perú, Venezuela, Colombia y Bolivia) para poner en el radar esta problemática, destacar avances y trazar y acelerar agendas de trabajo en cada país.

En esta ocasión, Colombia concentrará las discusiones en dos aspectos fundamentales: en primer lugar, identificar una herramienta de seguimiento al marco de política existente que asegure recursos y defina metas claras y acciones intersectoriales, sobre todo en el contexto rural; y segundo, en cuáles fueron los determinantes de éxito en 4 ciudades capitales (Manizales, Medellín, Cali y Bogotá). Los buenos resultados en estas ciudades fueron claves para que la tasa de fecundidad en adolescentes de 15 a 19 años descendiera de 75 nacimientos en el año 2015 a 61 nacimientos en el año 2017.
 
"Esta reducción, aunque moderada, demuestra que los adolescentes están teniendo mayores herramientas para la toma de decisiones sobre el ejercicio de su sexualidad. Esto ha sido resultado del compromiso del Gobierno Nacional, gobiernos territoriales, sociedad civil y aliados de la Cooperación Internacional para implementar políticas públicas y programas que han recogido las voces de los adolescentes; que han ofrecido información responsable y oportuna eliminando barreras de acceso a métodos anticonceptivos y asesoría en servicios de salud sexual y reproductiva; que han promovido con los adolescentes y sus familias el ejercicio de sus derechos y han brindado escenarios para el desarrollo de intereses y vocaciones en la consolidación de sus proyectos de vida", dijo la Directora General del ICBF.
 
El compromiso del Gobierno es reducir para 2022, de 17,4% a 15,2% el porcentaje de adolescentes entre 15 y 19 años que son madres o están embarazadas, y pasar de una tasa específica de fecundidad en este rango de edad de 61 a 56 nacimientos por cada 1.000 adolescentes mujeres.
 
En las zonas urbanas el 15,1% de las adolescentes son madres o están embarazadas, en las zonas rurales alcanza el 24,8%; en las mujeres con solo educación primaria alcanza el 41.8% mientras que en las mujeres con educación superior solo llega al 8%.
 
A pesar de que el fenómeno del embarazo adolescente muestra una reducción, no se puede bajar la guardia en su prevención dado el impacto en la vida de las jóvenes madres: el 66% de las madres adolescentes ​no querían serlo en esa etapa de la vida​; el 44,6% de las madres menores de 15 años tuvieron hijos con hombres 6 años mayores que ellas; el 19,5% con 10 años más; y el 4,6% con hombres que le superan en más de 20 años. Es decir, que ​más de la mitad de los embarazos en la adolescencia no ocurren entre pares adolescentes sino en el marco de relaciones inequitativas. Por otra parte, 9 de cada 10 niñas que quedaron en embarazo ​abandonaron sus estudios​, llevándolas a ingresar a trabajos informales y mal remunerados perpetuando y feminizando el círculo de pobreza.
 
De acuerdo con el Forensis 2018 del Instituto Nacional de Medicina Legal, el año anterior 5.713 niñas entre los 10 y 14 años quedaron en embarazo producto de la violencia sexual.
 
"La prevención del embarazo en la adolescencia es una estrategia de política social fundamental para el país. Los costos económicos, sociales y de desarrollo humano asociados a un embarazo a temprana edad son muy altos, con implicaciones en la vida de las niñas, niños y adolescentes madres y padres, sus hijos, familias y en la sociedad, en general”, puntualizó Juliana Pungiluppi.
 
El ICBF avanza en los ajustes normativos y desarrollos de política para eliminar las prácticas nocivas, especialmente uniones tempranas y matrimonio infantil, y en la judicialización y endurecimiento de penas para los abusadores y violadores de las niñas y niños.

Durante dos semanas 3.000 personas, entre transportadores, comerciantes, sector hotelero, turistas y habitantes de las poblaciones de incidencia en los departamentos de Cundinamarca, Tolima, Caldas y Antioquia, fueron sensibilizados para que contaran con información sobre cómo se presenta el delito, el perfil de las víctimas, mecanismos de identificación, denuncia y reporte.

"Los menores de edad, algunos entre los 12 y 14 años, son contactados en puntos como estaciones de servicio, en hoteles de paso y puntos de parada de camiones en la carretera. Estas conductas no son siempre percibidas como un problema por parte de la población local. Esto se debe, entre otras, a estereotipos de género y desconocimiento sobre la explotación sexual", sostuvo la Directora del ICBF.

Junto al viceministro de Trabajo, Carlos Alberto Baena, la Directora del ICBF se subió a las tractomulas, buses y camiones que transitan por este corredor vial para sensibilizar a los conductores sobre el delito de la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes que puede ser castigada hasta con 25 años de cárcel según el tipo penal que aplique.

Entre enero y agosto el ICBF atendió a 3.816 víctimas de violencia sexual en los departamentos del corredor vial Bogotá-Medellín. De ese total, 77 casos fueron por explotación sexual comercial  (Bogotá 38 casos, Antioquia 21, Caldas 11, Cundinamarca 5 y Tolima 2).

Estas jornadas de sensibilización cuentan con el apoyo de entidades como el Ministerio de Trabajo, la Policía Nacional, la Fiscalía General de la Nación, Procuraduría General de la Nación, y Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Desde la sociedad civil de fundaciones como Renacer y de la cooperación internacional, como UNICEF.

Finalmente, Juliana Pungiluppi dijo que "que estas jornadas y movilizaciones con los habitantes sirven no sólo para confirmar, tristemente, que el delito se está presentando, que está altamente normalizado, pero sobre todo, para identificar lugares donde podemos desplegar nuestros Equipos Móviles de Protección Integral (EMPI); en esta tarea tendremos que trabajar de manera interinstitucional, y de ninguna manera descuidar el foco en prevención”. 

“El factor migratorio nos pone retos enormes por la vulnerabilidad de las niñas venezolanas, sobre todo las que vienen no acompañadas. Es una situación muy delicada. El mensaje es que nadie, de ninguna manera, debe aprovecharse de su situación de indefensión", puntualizó la Directora de ICBF.

“El convenio permitirá que todos los niños, niñas y adolescentes bajo Protección del ICBF y vinculados al Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes (SRPA) regularicen su situación militar de manera prioritaria; también podremos difundir mensajes de sensibilización a través de las emisoras y plataformas digitales del Ejército. Esta iniciativa también va a impulsar que los jóvenes con declaratoria de adoptabilidad puedan acceder a becas completas para cursar la carrera militar", señaló la Directora General del ICBF, Juliana Pungiluppi.
 
Por su parte, el Comandante del Ejército Nacional, General Nicacio Martínez, señaló que las dos instituciones tienen propósitos comunes que coinciden en la importancia de realizar acciones conjuntas para generar espacios educativos, talleres, charlas y campañas donde las familias militares, niños, niñas y adolescentes, reciban herramientas para la prevención de la violencia intrafamiliar.
 
El convenio también permite desarrollar procesos de formación y capacitación en promoción y prevención de violencias contra niños, niñas y adolescentes con énfasis en violencia sexual, embarazo adolescente, trabajo infantil, violencia intrafamiliar o la Explotación Sexual Comercial de Niñas, Niños y Adolescentes (ESCNNA). También en prevención del reclutamiento forzado, el consumo de sustancias psicoactivas y la socialización de rutas de atención en los casos de vulneración de derechos.
 
La Directora del ICBF destacó que actualmente el Instituto atiende a 230 niños, niñas y adolescentes desvinculados de los grupos armados ilegales en un programa especializado que ha permitido el restablecimiento de sus derechos a la salud, educación, alimentación, entre otros. Desde 1999, ICBF ha atendido 6.732 menores de edad desvinculados.
 
Mientras en 2017 cada mes ingresaban cerca de 24 menores de edad al programa de desvinculados del ICBF, para el 2018 esta cifra bajó a 16 ingresos mensuales y para 2019 se reporta un promedio mensual de 15 ingresos.
 
En los primeros ocho meses de este año, 125 menores de edad han ingresado al Programa de Atención Especializado para el Restablecimiento de Derechos a Niños, Niñas y Adolescentes Víctimas de Reclutamiento Ilícito que se desvinculan de grupos armados organizados al margen de la ley.
 
"Si bien trabajamos articuladamente con el Ejército Nacional en la prevención del reclutamiento se hace necesario la participación de todos los sectores para el desarrollo regional y la consolidación territorial", dijo Juliana Pungiluppi.
 
"De tiempo atrás, las dos entidades han realizado acciones en pro de los derechos de los niños, las niñas, los adolescentes y las familias, pero estas se hacían de manera espontánea, sin un plan de acción que fijara metas, responsables y resultados esperados en un tiempo. Con este convenio se da una planeación y articulación organizada, con metas sistemáticas, que reflejan el esfuerzo del Estado", agregó la Directora.