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El anuncio lo hizo la Directora General del ICBF, Juliana Pungiluppi, en el marco del Taller Construyendo País realizado en Cali, donde reiteró que “con este programa fortalecido, el ICBF beneficiará en 2019 a 35.145 niños y niñas menores de 5 años con riesgo de desnutrición aguda y a mujeres gestantes con bajo peso de las zonas rurales y rurales dispersas del territorio nacional”.
 
Esto significa un incremento del 72% frente a 2018 cuando se atendieron 20.480 usuarios. Vale destacar el aumento en la proporción de mujeres gestantes del 15% al 58% del total de beneficiarios del programa, que incidirá directamente en la prevención del retraso en talla de los niños.
 
Los primeros mil días de vida son la gran ventana de oportunidad para el desarrollo de los niños. En esta etapa ocurre el 90% de la formación del cerebro y se favorece su capacidad cognitiva. “Al extender nuestro programa hasta los primeros cinco años de edad logramos prevenir la desnutrición aguda durante toda la Primera Infancia, al tiempo que se fortalecen las habilidades de cuidado para garantizar entornos protectores”, sostuvo la Directora General del ICBF.
 
Con el rediseño de la modalidad 1.000 Días para Cambiar el Mundo, que también beneficiará a los niños que egresen de los 14 Centros de Recuperación Nutricional del ICBF, el Gobierno del Presidente Iván Duque sigue mejorando las condiciones nutricionales de la niñez colombiana y garantizando una mayor equidad.

La modalidad Mil Días para Cambiar el Mundo cuenta con tres componentes: complementación alimentaria, hábitos de vida saludables y fortalecimiento familiar como entorno protector. También se entrega una ración familiar que aporta el 70% de las recomendaciones nutricionales. A los niños con riesgo de desnutrición aguda se les brinda un alimento especializado que permite su recuperación nutricional.
 
El ICBF llegará a través de este programa a 394 municipios de 30 departamentos de todo el país, atendiendo 3.834 usuarios en La Guajira, 3.195 en Chocó, 2.343 en Bolívar, 2.343 en Meta,  1.917 en Nariño, y 1.4191 en Cauca, Cesar y Magdalena.

También serán beneficiados los departamentos de Antioquia, Córdoba y Sucre cada uno con 1.278 usuarios; Caquetá, Putumayo, Santander, Tolima y Valle con 1.065, y 852 usuarios en Amazonas, Boyacá, Norte de Santander y Vichada, respectivamente. Los departamentos de Atlántico, Risaralda y Vaupés tendrán cada uno 639 usuarios; Arauca, Caldas, Guainía, Guaviare y Huila con 426 cada uno, mientras que Casanare y Cundinamarca contarán con 213 cupos cada uno.

Este programa complementa las iniciativas del Plan Ni1+ del ICBF que, en lo corrido de 2019, ha permitido la disminución en 24% de las notificaciones de casos de mortalidad de niños por causas asociadas a la desnutrición en el país, según la cifras del Instituto Nacional de Salud. El impacto de este Plan resulta significativo si se tiene en cuenta que al finalizar el año 2018 se presentó un incremento del 37% con respecto a las notificaciones del año 2017.

Este tránsito se da teniendo en cuenta que la discapacidad por sí sola no es considerada una amenaza o vulneración y, por lo tanto, no requiere una medida de restablecimiento de derechos, requisito para la atención en los externados donde venían siendo atendidos.
 
La mayoría de estos procesos tiene su origen en una situación de inobservancia de derechos. No obstante, con la entrada en vigencia de la Ley 1878 de 2018, esto dejó de ser un motivo para abrir Procesos Administrativos de Restablecimiento de Derechos (PARD).
 
Los menores de edad con discapacidad a los que se les cerraron sus procesos (PARD), si bien pudieron haber superado su situación de vulneración de derechos o amenazas que motivaron su apertura, mantienen una situación común: presentan barreras de acceso a oferta de cuidado por parte del Estado.
 
Desde el ICBF, como rector del Sistema Nacional de Bienestar Familiar (SNBF) se han liderado diálogos para abordar integralmente y estructuralmente esta situación, con una activa participación de la Alta Consejería para la Discapacidad y la Vicepresidencia de la República. Entre otros, se ha dado seguimiento a la formulación de la Política Pública de Educación Inclusiva (en el marco de la Ley 1618 y del Decreto 1421 de 2107).
 
Todos los esfuerzos deberán apuntar a facilitar la vinculación a toda la oferta institucional y al diseño e implementación de la Ruta Integral de Atención a la Población con Discapacidad, haciendo corresponsables de su protección integral a entidades que conforman el Sistema Nacional de Cuidados (SINACU) y el Sistema Nacional de Discapacidad, así como a la familia, a la sociedad y al Estado.
 
En el corto plazo se ha dispuesto que los 4.900 niños, niñas y adolescentes con discapacidad sean atendidos por los mismos 83 operadores. Las directrices y lineamientos de esta nueva modalidad se estarán comunicando a los beneficiarios durante las próximas semanas.
 
"Con este programa el ICBF confirma su compromiso con la inclusión de la niñez con discapacidad. En menos de 5 meses diseñamos y pusimos en marcha un programa para evitar traumatismos en las familias. Les pedimos paciencia a las familias en el periodo de transición. Pero vamos a sacar esto adelante con los operadores. Sus hijos estarán en las mejores manos", dijo la Directora General, Juliana Pungiluppi.
 

"Confiamos en la celeridad de las investigaciones por parte de las autoridades, para que se determinen las causas de la muerte de Marlon, quien llevaba 11 días desaparecido, y se establezca si se trata de un homicidio para que los responsables reciban la máxima condena", sostuvo la Directora General del ICBF.

De igual forma, recordó que "esta misma semana presentamos la Alianza Nacional contra la Violencia hacia las Niñas, Niños y Adolescentes para que nos unamos como sociedad ante esta pandemia”.

“Desde el Gobierno formularemos una política pública robusta, pero esta debe ir de la mano de una gran movilización social y transformación cultural que incluye que todos seamos corresponsables en la protección de sus derechos y que evitemos que estén expuestos a riesgos que pongan en peligro su integridad y su vida”, puntualizó Juliana Pungiluppi.

“La equidad comienza por mejorar las condiciones para que la niñez tenga plenas oportunidades para su desarrollo, por eso son el centro de la agenda de equidad en nuestro Plan Nacional de Desarrollo y para impulsarla es urgente que todos los sectores de la sociedad nos movilicemos para generar un consenso social de cero tolerancia frente a la violencia”, sostuvo el Jefe de Estado.
 
Por su parte, la Directora del ICBF señaló que “la Alianza Nacional contra la Violencia hacia las Niñas, Niños y Adolescentes contempla dos ejes fundamentales: por un lado la formulación de la política pública de manera participativa y, a la vez, la movilización de toda la sociedad en la transformación cultural que nos lleve a generar un consenso de cero-tolerancia con la violencia”.
 
“En estos meses de diagnóstico hemos contado con un gran instrumento metodológico que nos ha permitido identificar unas falencias y oportunidades de mejora críticas: el Modelo INSPIRE de la Alianza Global para Erradicar la Violencia. Dicho Modelo contempla siete áreas: la aplicación y vigilancia del cumplimiento de leyes, la intervención en normas y valores, la generación de entornos seguros, el apoyo a padres, madres y cuidadores, las estrategias para generación de ingresos y fortalecimiento económico, la optimización de los servicios de respuesta y apoyo y la educación y aptitudes para la vida”, señaló Juliana Pungiluppi.
 
Durante la presentación de la Alianza, la Directora del ICBF explicó que Colombia requiere de un cambio cultural, ya que la violencia contra la niñez y la adolescencia se ha convertido en una acción natural y aceptada en la sociedad y que todos pueden y deben aportar para brindar protección a las nuevas generaciones de manera coordinada.

En los próximos meses se formulará una política pública para erradicar la violencia contra los niños, niñas y adolescentes que permita complementar iniciativas del orden nacional y territorial, facilitando la concurrencia de recursos. Dicha política apuntará a facilitar e incentivar inversión social privada para complementar los recursos públicos. 

Y es que la violencia contra las niñas, niños y adolescentes no da tregua. En los primeros seis meses del año, el ICBF abrió un total de 9.569 Procesos Administrativos de Restablecimiento de Derechos (PARD) por violencia sexual y maltrato, lo que significa que cada día el ICBF abre 53 PARD en favor de menores de edad que fueron víctimas de violencia.

Para enfrentarla de manera concreta, la Alianza Nacional comprende 4 grandes acciones para la erradicación de la violencia contra niñas, niños y adolescentes: 1) la creación de un Grupo Intersectorial Especializado para disminuir la impunidad en los casos de violencia; 2) la contratación de un estudio robusto sobre las normas sociales que perpetúan la violencia financiado por UNICEF; 3) el lanzamiento de programas de acompañamiento familiar para fortalecer habilidades parentales; y 4) el lanzamiento de una iniciativa de Analítica conjunta que permita una gestión estratégica de datos y optimizar la información de los sistemas y bases de datos de Policía, Fiscalía, ICBF y otras entidades para el perfilamiento de organizaciones criminales y abusadores de menores de edad.
 
Finalmente, la Directora del ICBF insistió en que “la erradicación de la violencia contra niñas, niños y adolescentes no da espera. Es urgente y nos necesita unidos como sociedad para enfrentarla. A las futuras generaciones les dejaremos lo que construyamos desde hoy. Si frenamos este ciclo de violencia, ese será nuestro legado. Todo el cambio empieza por mí, empieza por ustedes. A nuestras niñas, niños y adolescentes, todo lo que hacemos les queda”.

“Con el nuevo CRN de la capital de Norte de Santander, ya son cuatro nuevos CRN inaugurados por este Gobierno en menos de seis meses, lo que demuestra un compromiso claro con nuestra niñez. La intervención nutricional oportuna permite aumentar la capacidad intelectual de la población infantil, lo cual nos permite ir cerrando brechas sociales y avanzar hacia un país con mayor equidad”, destacó el mandatario.

Por su parte, la Directora (e) del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), María Mercedes Liévano, resaltó que junto al Ministerio de Salud y el Instituto Nacional de Salud, se trabaja de manera articulada para lograr acercar al país a la meta de Cero Hambre, uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

“Hemos diseñado el Plan contra la Desnutrición Ni1+ y el Centro de Recuperación que entregamos a la comunidad en Cúcuta, es una muestra de esos avances. En este CRN, que tiene disponibles 15 cupos mensuales, se llevarán a cabo acciones de acompañamiento y seguimiento nutricional para los niños, pedagogía a las familias para fortalecer sus conocimientos de hábitos de vida saludable y reforzar los lazos afectivos, a través de un equipo interdisciplinario”, aseguró.

Los nuevos CRN de Cúcuta (Norte de Santander), Pueblo Rico (Risaralda), Puerto Carreño (Vichada) y Pueblo Bello (Cesar), se suman a los 10 Centros de Recuperación Nutricional que operan en el país bajo esta modalidad de atención intramural, que complementa la atención del sector salud, para lograr la plena recuperación del estado nutricional de los niños y niñas.

Norte de Santander es uno de los 7 departamentos priorizados en el Plan Ni1+ del ICBF dado el alto flujo de población migrante y la notificación de casos de muertes por causas asociadas a desnutrición aguda moderada y severa en el año 2018, que llegó a los 20 casos, de los cuales 10 correspondieron a niños extranjeros. Durante los primeros meses del año se han reportado 16 casos, 6 de ellos extranjeros.

Finalmente, la Directora General encargada del ICBF destacó que se ha disminuido en 24,4% las notificaciones de muertes de niños y niñas por causas asociadas a la desnutrición con respecto al mismo periodo del año anterior. “Ese es un importante resultado de la Alianza por la Nutrición de la Primera Dama y del Plan Ni1+ del ICBF, en el cual se destaca la reducción del 59,3% en La Guajira y del 28,6% en Chocó, entre los siete departamentos priorizados”, puntualizó.

La medida de carácter temporal y excepcional, consiste en reconocer la nacionalidad a los hijos e hijas de padres venezolanos nacidos en Colombia a partir del 19 de agosto de 2015, que se encuentran en riesgo de apatridia. La medida es por un término de dos años o hasta cuando cesen las circunstancias que impidan que puedan acceder a la nacionalidad venezolana.
 
“Negar la nacionalidad a un niño o niña en riesgo de apatridia, es una forma de discriminación que nos correspondía subsanar como Estado. Es un hecho notable que desde el Gobierno del Presidente Iván Duque se vayan a aplicar por primera vez las garantías para prevenir y resolver esta situación. Hoy estamos ratificando ante Colombia y la comunidad internacional que los derechos de los niños, niñas y adolescentes no conocen fronteras y prevalecen sobre los de los demás. Nos enorgullece enormemente haber acompañado y apoyado la formulación de esta iniciativa. Desde el ICBF seguiremos comprometidos con el cuidado y la protección integral de la niñez venezolana, sin importar su nacionalidad, tal y como lo hemos venido haciendo desde el inicio de la crisis migratoria que data de 2015”, sostuvo la Directora (e) del ICBF, María Mercedes Liévano.
 
El ICBF ha atendido y flexibilizado sus servicios de manera progresiva, es así como en 2015 dispuso de 3.219 cupos para la atención de niñas, niños y adolescentes migrantes de Venezuela y en 2019 se han cubierto 69.910 cupos.
 
De los 69.910 niños, niñas y adolescentes migrantes venezolanos atendidos en los primeros 6 meses del 2019, el 99% son beneficiarios de los servicios de Primera Infancia y el restante de otros programas de Prevención y Protección. Así mismo, a través de la oferta institucional dirigida a mujeres gestantes y madres en periodo de lactancia, se han beneficiado 4.058 venezolanas.
 
Adicionalmente, el Instituto trabaja en alianza con los municipios más impactados por el flujo migratorio mixto, en conjunto con las agencias de cooperación y la sociedad civil.
 
Considerando la importancia de la medida tomada por el Estado Colombiano, el ICBF asume el compromiso de comunicarla a las familias de los niños y niñas migrantes que se encuentran bajo sus servicios, incluir el proceso definido por la Registraduría Nacional dentro de las jornadas de capacitación a todos sus funcionarios y participar activamente en una campaña masiva para socializar la medida a la población migrante, la sociedad colombiana y la comunidad internacional.
 

Para la Directora del ICBF esta tendencia se debe revertir para que el Plan de Lucha contra la Desnutrición Ni1+ sea un éxito. Así lo advirtió en el marco de la Lactatón 2019: Todos por la lactancia, realizada en Bogotá que contó con la participación de la Primera Dama de la Nación, María Juliana Ruiz; la Consejera para la Niñez y la Adolescencia, Carolina Salgado; el viceministro de Salud, Iván Darío González y la Directora Ejecutiva de la Fundación Éxito, Paula Escobar Gutiérrez.

“Al amamantar a sus hijos los están protegiendo contra diversas enfermedades y la desnutrición crónica. Estos micronutrientes y macronutrientes se reflejarán en su salud toda la vida, disminuyendo el riesgo de obesidad”, explicó la Directora del ICBF.

Desde el Instituto se realizan acciones concretas en educación y promoción de lactancia materna que beneficia a 600.000 madres y sus hijos, a través de las diferentes modalidades de Primera Infancia y Nutrición. 

La Lactatón 2019 se desarrolló en simultánea en 86 municipios de 19 departamentos y contó con la participación de 21.000 madres con sus bebés.

En el marco del foro ‘Desafíos del Estado colombiano en la lucha contra la trata de personas’, la Directora de Protección, Juliana Cortés, señaló que la trata de personas es una vulneración grave a los derechos de los niños, niñas y adolescentes, que les impide desarrollar su vida y crecer sanamente y construir su plan de vida.

"El ICBF ha realizado jornadas de sensibilización y de prevención de la explotación sexual comercial y de la trata de personas que han beneficiado a 4.434 niños, niñas y adolescentes en 13 departamentos, 900 de ellos en las zonas de frontera con Venezuela. A ellos se suman 4.020 padres, madres y cuidadores y 900 docentes y agentes educativos", destacó Juliana Cortés.

Por otro lado, con el apoyo del Plan de Acción Global para Prevenir y Combatir la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes (GLO.ACT), el ICBF desarrolló una guía técnica para las Autoridades Administrativas que fortalecen sus capacidades y así garantizar la atención integral de calidad a niños, niñas y adolescentes víctimas de trata de personas. 

En lo que resta de 2019 se realizarán jornadas de prevención de trata de personas y explotación sexual comercial en 25 municipios de Amazonas, Antioquia, Bolívar, Chocó, Huila, La Guajira, Magdalena, Norte de Santander y Putumayo en los que se beneficiarán 3.600 niños, niñas y adolescentes en alto riesgo.

“Históricamente el delito de trata de personas ha estado invisibilizado debido a la falta de información y de conocimiento. El llamado es a no naturalizar este fenómeno, comprometernos como sociedad a prevenir, denunciar y a construir entornos protectores desde las familias”, dijo Juliana Cortés.

El ICBF invita a tejer redes de solidaridad que prevengan la explotación de los niños, niñas y adolescentes y así, en equipo, erradicar la trata de personas. 

Al identificar un caso de vulneración por trata de niños, niñas y adolescentes el ICBF abre Procesos Administrativos de Restablecimiento de Derechos (PARD) tomando medidas adecuadas para cada caso y brindando atenciones especializadas para superar los derechos vulnerados y fortalecer a las familias.

"El delito de trata de personas es una de las peores formas de violación de los derechos a la libertad, autonomía e integridad. Es muy importante construir entornos protectores que fortalezcan la efectiva garantía de los derechos de niños, niñas y adolescentes como sujetos de derechos y de protección especial”, concluyó la Directora de Protección del ICBF.

De otra parte, el Instituto acompaña a la Comisaría de Familia del municipio de San Martín en el restablecimiento de derechos de otra niña que vivía en la misma casa de la menor de edad fallecida, quien fue ubicada en un Hogar de Paso como una medida de Protección.

El ICBF rechaza el asesinato de la menor de edad y confía en la celeridad de las investigaciones por parte de autoridades competentes para esclarecer estos hechos.

En su participación, la Subdirectora General del ICBF destacó la sinergia lograda con el Ministerio y el ente territorial para acelerar la culminación de la infraestructura, y por su parte el Ministro de Vivienda resaltó el importante rol que cumple el ICBF en la materialización de la operación del Centro. 

“Con la puesta en funcionamiento de este CDI, nos sumamos a la iniciativa del Gobierno Nacional de reconstruir Mocoa. Desde el Gobierno del Presidente Iván Duque estamos comprometidos con el desarrollo integral de la Primera Infancia. A través de este Centro, acompañaremos a los niños y las niñas de Villa Aurora a consolidar habilidades, aprendizajes y aptitudes necesarios para desempeñarse exitosamente en la vida. Así construimos equidad”, afirmó la Subdirectora del ICBF. 

Este CDI es uno de los más grandes que se han entregado en el último año. Allí, los niños y niñas de Mocoa serán atendidos integralmente por agentes educativos, psicólogos, nutricionistas y trabajadores sociales, quienes a través de actividades pedagógicas promueven y potencian su desarrollo integral. 

Además, los menores de edad recibirán una alimentación conforme a las recomendaciones de ingesta de energía y nutrientes acorde a su edad, garantizándoles el 70% del requerimiento nutricional diario. 

Para su construcción, el Ministerio de Vivienda invirtió más de 4.300 millones de pesos. Por su parte, el ICBF, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y la Fundación CEMEX invirtieron más de 400 millones de pesos en la dotación. Así mismo, el ICBF invertirá más de 900 millones de pesos anuales para garantizar su funcionamiento.