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Durante la presentación de la campaña, Juliana Pungiluppi explicó que, “por una parte, entornos violentos incrementan el riesgo de que los padres utilicen el castigo físico y, por otra, los niños que son expuestos al castigo físico tienen un mayor riesgo de presentar un desarrollo cerebral atípico, menor desarrollo cognitivo y problemas en desarrollo socioemocional, salud mental y de agresión, al igual que menores niveles de prosocialidad. Esto los hace más vulnerables o propensos a ser impulsivos y manejar inadecuadamente sus emociones (por razones neuronales) y, potencialmente, a incurrir en comportamientos riesgosos como el consumo de sustancias psicoactivas o cometer actos delictivos.

Esta campaña, que se soporta en una revisión minuciosa de estudios nacionales e internacionales, busca contribuir a identificar los comportamientos violentos que como sociedad se han normalizado contra los niños, niñas y adolescentes, y brinda herramientas para enfrentarlos.

La presentación de la campaña la hizo la Directora General del ICBF, Juliana Pungiluppi, acompañada de los delegados de 21 países que asisten, en la capital de Bolívar, al XXII Congreso Panamericano del Instituto Interamericano del Niño, la Niña y Adolescentes (IIN), adscrito a la Organización de los Estados Americanos (OEA).

Si bien existe un consenso global para redoblar esfuerzos para acabar todas las formas de violencia contra la niñez y adolescencia, Juliana Pungiluppi llamó la atención sobre dos circunstancias: primero, que las diferentes formas de violencia están ocultas y poco denunciadas, y segundo, que las vulneraciones ocurren, en su mayoría, en los entornos que deberían ser protectores como el hogar, la comunidad y los establecimientos educativos.
 
De otro lado, se evidenció que la principal razón para que las víctimas o personas cercanas a una víctima no reporten el caso es que no creyeron que la violencia contra niñas, niños y adolescentes fuera un problema. Quienes sí lo consideraban manifestaban temor a tener problemas si se atrevían a denunciar o porque sintieron que la victimización que sufrieron fue culpa suya.

“La suma de estos factores es conocida como naturalización o normalización de las violencias contra niñas, niños y adolescentes, y ha sido identificado como uno de los principales obstáculos para prevenir e intervenir en contra de todas las formas de violencia”, señaló la Directora del ICBF.
 
"Colombia requiere de un cambio cultural para acabar con la violencia hacia nuestra niñez y podemos empezar por desnaturalizar este fenómeno. Todos como sociedad somos corresponsables y es nuestra obligación prevenirla", resaltó Juliana Pungiluppi.

El ICBF ha enfocado sus esfuerzos en crear estrategias, campañas y apoyar normativas para que se inicie el cambio que el país requiere. La primera de ellas es la Alianza Nacional contra la Violencia hacia las Niñas, Niños y Adolescentes que se basa en 2 ejes fundamentales: por un lado, la formulación de la política pública de manera participativa y, a la vez, la movilización de toda la sociedad en la transformación cultural que nos lleve a generar un consenso de cero-tolerancia con la violencia.

La Directora del ICBF destacó que desde el Gobierno Nacional, en cabeza del Presidente Iván Duque, los temas de la niñez son el centro de la agenda de equidad en el Plan Nacional de Desarrollo y para impulsarla es urgente que todos los sectores de la sociedad se movilicen para generar un consenso social de cero tolerancia frente a la violencia. Ademas, tiene una meta precisa de reducir la tasa de violencia contra la niñez en un 14,3% para el año 2.022.

Y qué mejor manera de prevenirla que dejar de considerarla como algo normal. "Como sociedad seguimos naturalizado el ciclo de  la violencia perpetrada por los adultos y la seguimos transmitiendo a nuestros hijos. Es hora de iniciar el cambio y de aceptar que ni siquiera la palmadita sirve porque no es una práctica legítima de crianza, que además desencadena otras formas de violencia contra nuestros niños", reiteró la Directora del ICBF.

La campaña de movilización social es parte fundamental de las acciones transformadoras que lidera el ICBF en el marco de la Alianza como son la creación de un Grupo Intersectorial Especializado para coordinar los esfuerzos de varias entidades con el objetivo de aumentar la detección y el enjuiciamiento de los delitos contra los niños, niñas y adolescentes, y de esta manera reducir la impunidad.

Así mismo, el fortalecimiento de las familias, las escuelas, las comunidades y los medios digitales como entornos protectores, así como el desarrollo de capacidades institucionales para identificar y prevenir casos de violencia; la inteligencia artificial mediante la cual se adelantan ejercicios de analítica a bases de datos institucionales que reportan situaciones de violencia, para mejorar el manejo y uso de datos, crear modelos predictivos, y de esta manera hacer una mejor priorización geográfica de las  intervenciones del Instituto, tomar decisiones basadas en la evidencia y mejorar los tiempos de respuesta en la atención al ciudadano. 

Finalmente, se destaca la atención integral con énfasis en la superación del trauma y para ello, el ICBF está implementando un modelo que incorpora metodologías basadas en la evidencia para darle un nuevo significado a las experiencias traumáticas de los niños, niñas y adolescentes y así brindar una mejor atención a quienes ya han sido víctimas de violencia. Este modelo está orientado a resultados que permiten establecer métricas de éxito e implementar la efectividad y la calidad.

El Foro se desarrolla de manera paralela al XXII Congreso Panamericano del Niño, la Niña y Adolescentes, un espacio que reúne a las máximas autoridades de los países de las Americas en temas y políticas de niñez y adolescencia. 

A Cartagena llegarán delegaciones de niños de países como: Barbados, Canadá, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay. La mayoría, entre los 12 y 18 años, se ganaron su puesto en dichas delegaciones por su liderazgo y capacidad de debate.

En julio, los niños, niñas y adolescentes de cada país participante realizaron tres foros virtuales preparatorios, donde intercambiaron y debatieron el documento sobre las recomendaciones del Foro Panamericano I (2010) y II (2014). Estos encuentros sirvieron como espacio de reflexión sobre la vigencia de estas recomendaciones, se formularon nuevas y expresaron los compromisos que están dispuestos a asumir como representantes de la niñez y la adolescencia en este Tercer Foro.

En el Foro de Cartagena discutirán los temas e irán reportando sus conclusiones cada día a las delegaciones de los países que asisten al Congreso. El segundo día del Foro tendrán una actividad cultural que incluye conocer el Buque Gloria de la Armada colombiana.

Este año el Congreso contará con dos funcionarios del más alto nivel de la Organización de las Naciones Unidas. Se trata de Luis Pedernera, Presidente del Comité de los Derechos del Niño, y de Najat Maalla M'jid, Representante Especial del Secretario General sobre Violencia contra la Niñez. También estará Esmeralda Arosemena, Presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. 

En la sesión de apertura participarán la Primera Dama de la Nación, María Juliana Ruiz; el Alto Consejero para Derechos Humanos y Asuntos Internacionales, Francisco Barbosa, y la Directora General del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), Juliana Pungiluppi, quien será la Presidenta del Congreso. 

Durante el evento, la Directora del ICBF hará énfasis en el liderazgo de Colombia en los temas de niñez destacando iniciativas como el reconocimiento de la nacionalidad a los 24.000 niños venezolanos en riesgo de apatridia, el lanzamiento de la Alianza Nacional contra la Violencia hacia Niñas, Niños y Adolescentes, y los protocolos para niñez (migrante) no acompañada. También se dará a conocer la nueva Línea de Política de Prevención de Reclutamiento y el Proyecto de Ley para prohibir el castigo físico.

El lunes, organizaciones de la sociedad civil tendrán una sesión especial donde compilarán recomendaciones a los Estados. Se espera la participación de los directores regionales de organizaciones influyentes como Save the Children, Plan, Solidaridad Internacional y Child Rights Connect. 

Durante los 3 días del Congreso, los representantes de los países discutirán, entre otros temas, los avances y retos en materia de sistemas de protección, violencia intra-familiar e institucional y la infancia vista por la misma infancia.

El martes en la noche, durante el evento cultural del Congreso, el ICBF lanzará la campaña de transformación social de la Alianza contra la Violencia hacia Niñas, Niños y Adolescentes, denominada ‘Todo lo que hacemos, les queda’, con la que busca crear conciencia sobre la necesidad de un mejor relacionamiento entre los padres y los hijos, a través de más diálogo, disciplina positiva y autorregulación.

Paralelo al Congreso se realiza el Tercer Foro Panamericano de Niñas, Niños y Adolescentes, un espacio donde las delegaciones de adolescentes de los países asistentes expresarán sus opiniones y reflexiones sobre temas que los conciernen y afectan, con el fin de que compartan sus experiencias dentro de sus países con sus pares en la región, y puedan ir canalizando sus sentimientos a las delegaciones asistentes al Foro.

La delegación de Colombia hará énfasis, con ocasión de la celebración de los 30 años de la Convención de los Derechos del Niño, en la necesidad de fortalecer al IIN como un organismo más proactivo que le dé valor agregado a los países en iniciativas de colaboración, seguimiento, y/o intercambio regional, en materia de protección a la niñez.

“El trabajo articulado es la clave para eliminar la esclavitud moderna que constituye la explotación sexual comercial contra niños, niñas y adolescentes.  Es una mezcla letal de crimen, vicio, rentas y placer a costa de los sueños y derechos de los más frágiles e impotentes. Por eso, las penas deben ser aún más severas cuando los victimarios son familiares y cuidadores", señaló la Directora del ICBF.

El operativo permitió la captura de 9 personas, 2 de las cuales se encontraban privadas de la libertad en centros carcelarios y quienes recibirán nuevas imputaciones; otro de los capturados es un hombre de nacionalidad estadounidense. 

En la entrega de resultados del operativo, Juliana Pungiluppi recordó que en el marco de la Alianza Nacional contra la Violencia hacia Niñas, Niños y Adolescentes, que lidera el ICBF, se creó el Grupo Intersectorial Especializado que busca fortalecer el trabajo articulado en casos de violencia contra los menores de edad para eliminar la impunidad.

"Este operativo se pudo dar por una institucionalidad muy sólida, representada en el Grupo Especial contra Delitos Asociados a la ESCNNA de la Fiscalía en Medellín, y en la Unidad de Análisis de Delitos Sexuales de la Secretaría de Seguridad de Medellín, reforzados por los CAIVAS que operan en el área metropolitana de la capital antioqueña. Esta especialización no es la norma en el país, pero con el Grupo y la política pública de violencia contra los niños, niñas y adolescentes lo queremos lograr", dijo la Directora.

Entre enero y septiembre del 2019, el ICBF abrió 248 Procesos Administrativos de Restablecimiento de Derechos por ESCNNA, 220 casos (89 %) corresponde a niñas y adolescentes, en su mayoría entre los 12 y 17 años. Como parte de estos procesos, el ICBF les ofrece a los menores de edad víctimas de ESCNNA tratamientos para la superación del trauma.

Las regiones que más registraron casos en lo corrido del año son: Bogotá (47), Bolívar (28), Antioquia (23), Valle del Cauca (18) y Magdalena (13).

La Corte Suprema de Justicia, la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo, organizaciones como Save the Children, Unicef, la Alianza por la Niñez, la Universidad de La Sabana y la Javeriana, asociaciones médicas y pediátricas, investigadores, entre otros, respaldaron el proyecto de ley que han venido impulsando la Alianza por la Niñez y el ICBF.
 
La Directora General del ICBF, Juliana Pungiluppi, explicó que existe una amplia evidencia científica que sustenta la necesidad de este cambio normativo para prohibir el uso del castigo físico como método de crianza y que es necesario eliminar la ambigüedad de la sanción “moderada” explícita en el Código Civil y con ello “será más fácil aplicar la normatividad vigente en el Código Penal, recientemente reforzada a partir de la Ley 1959 de 2019, cuando se trate de delitos como violencia y maltrato físico y sicológico que actualmente contempla penas de entre 8 y 16 años por tratarse de menores de edad. El objetivo es tener una cultura de cero tolerancia con la violencia”.

Varios estudios científicos dejan en evidencia como el castigo físico y humillante afecta a los niños, niñas y adolescentes y no es útil como herramienta en la crianza pues no modula el comportamiento, desdibuja el vínculo de afecto y rompe lazos de apego.

En general, los efectos se sienten en todo el ciclo de vida: está asociado a problemas de salud mental, baja autoestima, y mayor predisposición a consumo problemático de sustancias sicoactivas. 

En Colombia el tema también ha sido examinado. Dos estudios en los que participó Jorge Cuartas, investigador de la Universidad de Harvard y experto en el tema de violencia en la niñez, analizaron a más de 7.000 niños colombianos entre 0 y 16 años e identificaron el efecto negativo del castigo físico en el desarrollo cognitivo. Uno de los estudios encontró que niños castigados físicamente a la edad de 2 años tienen un desarrollo cognitivo menor para cuando cumplen 4 años, con una diferencia que es equivalente a 4 meses de desarrollo.

Otro estudio de la Universidad de Harvard también concluyó que los padres que viven en zonas más afectadas por el conflicto armado tienen un mayor riesgo de utilizar el castigo físico; la evidencia sugiere que ambientes violentos incrementan el riesgo de uso del castigo físico, pero a su vez que la exposición al castigo físico aumenta el riesgo de un desarrollo atípico que puede generar la violencia y fomentar más ambientes violentos.

Juliana Pungiluppi aclaró que el proyecto de ley tiene un carácter pedagógico que busca una transformación cultural y hace parte de las iniciativas pensadas en el marco de la Alianza Nacional contra la Violencia hacia las Niñas, Niños y Adolescentes, que lidera el Instituto.

La Directora del ICBF también señaló que no se deben contemplar sanciones adicionales a las ya existentes en contra de los agresores. “La prohibición no es punitiva en ningún país y la Convención de Derechos del Niño al igual que la evidencia científica disponible son categóricas en recomendar que la ley no sea punitiva; no se quiere estrés adicional que genere efectos nocivos", recalcó.

Vale recordar que en la legislación colombiana el maltrato físico o psicológico a cualquier persona del núcleo familiar contempla penas de prisión entre 4 y 8 años; estas penas pueden aumentar en un 50% cuando la conducta es cometida contra un menor de edad. 

Entre enero y agosto del 2019, el ICBF restableció los derechos de 5.594 niños, niñas y adolescentes víctimas de maltrato físico (956), psicológico (379) y por negligencia (4.255). Los datos muestran que en promedio los procesos para restablecer los derechos en las diferentes edades son similares. De 0 a 5 años (1.861) casos, entre los 6 y 11 años (1.915) casos y entre 12 y 17 años (1.791).

Con este proceso, el ICBF garantizará la transparencia y la pluralidad en la selección de los operadores que prestarán los servicios en las cuatro modalidades de atención para la Primera Infancia (Institucional, Familiar, Comunitario y Propia e Intercultural). La convocatoria se desarrollará en una plataforma tecnológica diseñada exclusivamente para ello, en la cual estará disponible toda la información necesaria para hacerle seguimiento al proceso.
 
Podrán postularse aquellas entidades sin ánimo de lucro que hayan sido constituidas de acuerdo con la ley: fundaciones, asociaciones, corporaciones, cajas de compensación familiar, Organizaciones No Gubernamentales (ONG), asociaciones de madres comunitarias, entre otras, que cuenten con personería jurídica vigente otorgada por el ICBF.

Con este nuevo Banco Nacional de Oferentes de Primera Infancia, el ICBF da un salto con respecto al Banco de Oferentes anterior en 3 puntos fundamentales: 1) se exigirá experiencia en la prestación de servicios de educación inicial; 2) los operadores deberán presentar una propuesta pedagógica ajustada a lo establecido por el Ministerio de Educación; y 3) se exigirá cada año un balance contable. 

El Banco Nacional de Oferentes será dinámico, es decir, que habrá oportunidad para que nuevos oferentes ingresen, así como razones para que sean retirados aquellos operadores que hayan sido sancionados y/o que no cumplan con los requisitos de actualización de información. Dada la prioridad que tiene el Gobierno del Presidente Iván Duque en la lucha contra la mortalidad infantil asociada a la desnutrición, el tener un sancionatorio por muertes de niños será un motivo para que el operador sea retirado.

El Banco hace parte de una estrategia liderada desde la Dirección General del ICBF que apunta a cualificar el proceso de selección de operadores en todas las direcciones misionales de la entidad. Ello incluye la revisión del Manual de Contratación de cara a incluir criterios de selección objetiva. En esta administración por ejemplo, se desarrolló por primera vez un Indicador de Desempeño (IDEAS) para tener en cuenta a la hora de tomar decisiones sobre renovación de contratos. 
 
Con este nuevo Banco, el ICBF le apuesta a cumplir la meta consignada en el Plan Nacional de Desarrollo de atender a 1,5 millones de niñas y niños en educación inicial en el marco de la atención integral, y con ello garantizar mayor equidad, uno de los principales objetivos del Gobierno Nacional.

El proceso de valoración y evaluación de propuestas contará con el acompañamiento de la Procuraduría General de la Nación, por solicitud del ICBF. 

Los interesados en participar en el proceso de conformación del Banco Nacional de Oferentes de Primera Infancia, pueden acceder a la información del proceso haciendo clic *aquí*, ingresando directamente al link: https://bancooferente.icbf.gov.co/sipa/portal/ListaInvitaciones o a través de SECOOP I:
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-4-9960828

La Unidad Móvil del ICBF, conformada por antropólogo, nutricionista, psicólogo y trabajador social, se desplazó hasta el albergue Granja Experimental La Bella en la capital de Risaralda, donde se encuentran 10 familias integradas por 22 menores de edad y 16 adultos.

Como parte del acompañamiento del ICBF, se encontró que cuatro menores de edad padecían afectaciones graves en su salud tales como infecciones cutáneas, cuadros febriles y enfermedades diarreicas, por lo que fueron trasladados al Hospital Kennedy de La capital de Risaralda.

Finalmente, el ICBF aseguró que mantendrá la atención a las niñas y niños de la comunidad mientras se supera la condición que los obligó a salir de su región.

“La mayoría de familias recicladoras en el mercado de Riohacha provienen del asentamiento Villa del Sur, donde haremos intervención integral y de choque con cerca de 1.000 familias, el 70% venezolanas, que viven en condiciones de pobreza. A partir de este jueves, nuestras Unidades de Búsqueda Activa (UBA), conformadas por nutricionistas, trabajadores sociales, auxiliares de enfermería y gestores comunitarios, iniciarán visitas a esa comunidad", dijo la Directora General del ICBF.

Las UBA iniciarán la caracterización de estas familias visitándolas casa por casa, haciendo valoraciones y tamizaje nutricional. Intervendrán a los niños menores de 5 años que tengan algún riesgo de desnutrición, los cuales serán remitidos al sector salud en caso de que sea requerido. Igualmente, se realizará una caracterización de la población para identificar necesidades de intervención en términos de mitigación de riesgos en niñez y adolescencia, así como de cuantificación de déficit en la cobertura de servicios de Primera Infancia.

Actualmente, el ICBF tiene una Unidad Comunitaria de Atención (UCA) en este asentamiento que atiende a 140 niños menores de cinco años. Esta unidad es operada por indígenas Wayúu bajo el operador Coindesoem. Sin embargo, los líderes de esa comunidad aseguran que requieren más cupos. Por lo tanto, desde el ICBF se estudiará la posibilidad de ampliar la cobertura en aproximadamente 300 cupos.

“Vamos a remitir a las niñas y niños menores de cinco años que encontremos en riesgo de desnutrición a nuestro programa de prevención ‘1.000 días para cambiar el mundo’, así como a las madres gestantes que tengan riesgo o se encuentren con bajo peso”, sostuvo Juliana Pungiluppi. 

Por su parte, el Alcalde de Riohacha, Juan Carlos Suaza, se comprometió a acondicionar el encerramiento del punto de acopio ubicado en la plaza del mercado, así como a proveer un piso rígido, rampas, iluminación y la señalización de este punto de acopio. Así mismo, realizará la contratación del servicio de vigilancia por 24 horas del día.

Una vez estén todas estas mejoras locativas en el punto de acopio, el Gerente de Interaseo, Mauricio Muriel, se comprometió con la provisión de una caja estacionaria adicional para la recolección de los residuos en el marco de su estrategia de responsabilidad social empresarial.

También se logró un compromiso de las autoridades para trabajar con los locales del mercado sobre el buen manejo de los desechos que producen y particularmente de la separación en la fuente. Incluso, se aplicarán comparendos ambientales para quienes arrojen los desechos en lugares diferentes a los dispuestos por la empresa de aseo.

Finalmente, los asistentes a la reunión coincidieron en la necesidad de estudiar medidas de reconversión de los recicladores para cambiar sus carros de tracción animal y para lograr un acompañamiento que les permita asociarse con el fin de mejorar sus prácticas de recolección, clasificación y uso de las Estaciones de Clasificación y Aprovechamiento (ECA) de residuos sólidos. Esto les permitirá mejorar sus ingresos y, particularmente, no incluir a sus hijos menores de edad en estas labores.

Durante el fin de semana Equipos Móviles de Protección Integral (EMPI) del ICBF desarrollaron jornadas de sensibilización sobre el trabajo infantil con las personas que se encontraban en estos lugares, así como pedagogía sobre las formas adecuadas de disposición de desechos. 

En Maicao, a dos menores de edad se les abrió Procesos de Restablecimiento de Derechos y en Riohacha una adolescente de 16 años en estado de embarazo fue trasladada por el equipo EMPI del ICBF a un centro médico como parte de la ruta de atención establecida para estos casos.

El equipo de la Regional Guajira del ICBF, dirigido por el pediatra Abdul Dasuki, hizo presencia el viernes en Maicao y constató con los vecinos que la empresa de recolección de basuras ‘Aseo Técnico’ ha venido prestando un servicio deficiente: recoge parcialmente las basuras y no dispone de suficientes contenedores.

Ante la situación, y para evitar que la operación de recolección y disposición de residuos pueda poner en riesgo la integridad y la salud de los menores de edad, los funcionarios del ICBF se pusieron en contacto con la empresa, la cual se comprometió a realizar cuatro rondas diarias para prevenir la acumulación de residuos y la manipulación por parte de particulares (especialmente la comunidad indígena Wayúu). Además, estarán adelantando rondas de vigilancia y control para evitar que niñas, niños, adolescentes y sus familias se acerquen al lugar.

Este tipo de jornadas de prevención las adelantan de manera permanente los profesionales del ICBF en todo el país a través de sus 42 EMPI, cada uno conformado por un psicólogo, un trabajador social y un nutricionista, con el fin de evitar que se pongan en riesgo los derechos de los menores de edad.

Finalmente, el ICBF se reunirá con las autoridades municipales y departamentales de La Guajira para buscar alternativas que permitan, de manera articulada, prevenir y mitigar situaciones que puedan poner en riesgo la salud de los menores de edad, particularmente del pueblo Wayúu.

A la reunión fueron convocados el Gobernador de La Guajira, los alcaldes de Riohacha y Maicao, así como sus secretarios de Gobierno y Salud, los personeros municipales, la Procuraduría Regional de La Guajira y las empresas prestadoras del servicio de aseo.

Vale destacar que, ante estas alertas y con el ánimo de seguir la tendencia decreciente en el indicador de notificaciones de muertes por desnutrición en el departamento de La Guajira (que en los primeros ocho meses del año disminuyó 60%), el ICBF decidió ampliar en 150 cupos la cobertura de su programa ‘1000 días para cambiar al mundo’ en el municipio de Maicao.

Luego de la visita de una comitiva de alto nivel, integrada por la Directora del ICBF, Juliana Pungiluppi; la Alta Consejera para la Niñez, Carolina Salgado; el Director de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior, Manuel Aljure, y representantes del Ministerio de Vivienda, el Gobierno Nacional se comprometió a acelerar la implementación del plan de acción para el desarrollo integral del pueblo Amorúa que vive en Puerto Carreño. 

Por solicitud del Presidente de la República, Iván Duque, se hará un seguimiento permanente a la implementación de dicho plan con especial énfasis en la proteccion de los derechos de los niños, niñas y adolescentes del pueblo Amorúa, dijo la Directora del ICBF.

"Nos comprometimos con acciones concretas como: (i) la activación de Equipos Móviles de Protección Integral (EMPI) cerca al relleno sanitario de Puerto Carreño y en los circuitos de recolección para alejar a niños, niñas y adolescentes de este tipo desechos; (ii) la expansión del programa de prevención de la desnutrición '1000 días para cambiar el mundo' en 150 cupos con cobertura focalizada en los 6 resguardos indígenas; y (iii) el establecimiento de un Espacio Amigable para que los padres puedan dejar a sus niños en un lugar seguro mientras adelantan sus diligencias durante el día. Además, el ICBF se comprometió a fortalecer su oferta de Protección (Hogares Sustitutos y Hogar de Paso).

Para evitar el acceso de las familias y de los niños al relleno, se reforzará la seguridad con presencia de la Policía Nacional. Por su parte, el operador se comprometió a informar a la Policía de Infancia y Adolescencia y al ICBF cuando identifique niños y niñas en zonas aledañas al relleno sanitario o en la ruta de recolección de residuos.

El Ministerio del Interior convocará una reunión de seguimiento al Plan de Acción vigente en las próximas semanas. En dicha reunión se hará énfasis en aterrizar los compromisos del Gobierno de tal forma que se puedan materializar en propuestas concretas que solucionen los problemas de seguridad alimentaria del pueblo Amorúa. 

Desde el ICBF y la Consejería Presidencial para la Niñez y la Adolescencia se gestionará una jornada de identificación exclusiva para la población Amorúa con la Registraduría y se solicitará al Departamento para la Prosperidad Social que se acelere el inicio el programa de seguridad alimentaria IRACA contemplado en 2 resguardos Amorúa. Se anunció la visita, para el próximo 9 y 10 de octubre, de una comitiva de Cancillería y la Gerencia de Frontera con representantes de la cooperación internacional para identificar potenciales áreas y proyectos. 

“Colombia ha dado ejemplo al mundo de solidaridad y fraternidad con la acogida de millones de venezolanos. Esa decisión ha implicado enormes retos para Colombia particularmente con las comunidades indígenas de frontera. Por eso seguiremos trabajando articuladamente para evitar que escenas como las del relleno de Puerto Carreño se vuelvan a presentar", puntualizó la Directora General del ICBF.