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La Directora General destacó la presencia de todos los directores regionales y sus equipos para trabajar por la visión del ICBF que estará enfocada en permitirles a los menores de edad y sus familias desarrollarse en igualdad de oportunidades y gozar plenamente de sus derechos. En esta línea, la Directora señaló que “una de las principales tareas que tenemos es descongestionar todos los procesos que tienen los defensores de familia en el marco de la Ley 1098 de 2006”.

Por su parte, la subdirectora General del ICBF, María Mercedes Liévano, estableció que la fuerza de trabajo del Instituto debe estar encaminada en fortalecer “el desarrollo y la protección integral de los niños, niñas y adolescentes con el ánimo de generar condiciones de equidad e igualdad y lograr una transformación social en todo el país”.

En el desarrollo de la jornada, los directores regionales presentaron a sus equipos de trabajo y aprovecharon la oportunidad para manifestar los temas coyunturales que se están viviendo en cada uno de sus territorios en la actualidad. Luego, se realizó con los 33 coordinadores regionales de planeación un taller participativo que estuvo a cargo de la directora de Planeación y Control de Gestión del ICBF, Ana Cecilia Tamayo.

Finalmente, las direcciones misionales del Instituto, la Subdirección General y el Sistema Nacional de Bienestar Familiar (SNBF) conformaron grupos de trabajo para retroalimentar las tareas que se están desarrollando en cada una de las regionales del ICBF para orientar nuevas estrategias que fortalezcan los procesos de planeación y seguimiento a la gestión institucional con miras a ampliar la cobertura con calidad en los programas y modalidades de atención integral a los niños, niñas, adolescentes y familias colombianas.

“Desde el momento que se presentó la emergencia, las Unidades Móviles del Instituto han apoyado la atención a 144 familias afectadas, que se ubicaron en el albergue operado por la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo (UNGR)", destacó la Directora del Sistema Nacional de Bienestar Familiar (SNBF), Aura Lucía Lloreda.

"De las 729 personas que se encontraban en el albergue, el ICBF brindó atención a 28 mujeres gestantes y a 40 mujeres en período de lactancia. Así mismo, se entregaron 1.800 unidades de Bienestarina Líquida. Desde el SNBF, logramos remitir a 47 menores de edad a centros de salud", destacó la Directora del SNBF.

Con el liderazgo de la UNGR, encargada de la instalación y operación del albergue, el ICBF junto a la Alcaldía de Uribia y la Secretaría de Salud Departamental de La Guajira, el Estado pudo brindar a los damnificados la atención oportuna, integral, pertinente y permanente.

"Debemos destacar que todas las familias damnificadas que se encontraban en el albergue ya retornaron a sus hogares. Sin embargo, las Unidades Móviles del ICBF continuarán apoyando a las familias de los barrios que resultaron afectados, hasta tanto las autoridades den por superada la emergencia, y se hará el seguimiento a los niños remitidos al sector salud", puntualizó la Directora del SNBF.

Así lo pudo evidenciar la Directora General del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), Juliana Pungiluppi, durante la noche de ayer y la madrugada de hoy en un recorrido por las calles del centro de Riohacha, donde conversó con varios venezolanos que duermen permanente en andenes. Muchos de ellos son niños y niñas expuestos a diferentes peligros.

Por éso, se ha requerido la articulación de programas, proyectos, estrategias y acciones intersectoriales que contribuyan a mitigar los impactos negativos de la compleja situación.

El ICBF amplió la cobertura para atender la población migrante proveniente de Venezuela y ha advertido que pasó de atender 3.219 casos de menores de edad venezolanos en 2015, a 51.188 en 2018.

“Hemos realizado grandes esfuerzos desde el Instituto para que todo niño, niña o adolescente inmigrante que se encuentre en nuestro territorio tenga todos sus derechos garantizados”, indicó la Directora General del ICBF.

Igualmente resaltó que, “como rectores del Sistema Nacional de Bienestar Familiar (SNBF), articulamos labores para que todas las entidades estatales seamos corresponsables con esta situación”.

De los menores de edad venezolanos que son atendidos por el ICBF, se destaca que la mayoría (49.258 niños y niñas menores de cinco años) se benefician de los programas de Primera Infancia.

Adicionalmente, con los programas de niñez y adolescencia el ICBF atiende a 884 menores de edad; con programas de Familias y Comunidades, a 782, y con las estrategias de Nutrición, a 264.

En La Guajira, el ICBF ha beneficiado a 6.696 niños, niñas, adolescentes y familias venezolanas. Los municipios con mayor atención son Riohacha, Fonseca, Maicao, Manaure y Dibulla.

Entre enero y agosto la violencia más frecuente contra las niñas fue el abuso sexual, con 7.884 casos, es decir, el 85% del total de violencia sexual contra la niñez.

Las menores de edad entre los 12 y 17 años son las mayores víctimas de abuso sexual, con el 54%. Les siguen las niñas de 6 a 12 años, que representan el 32%, y de cero a cinco años, con el 14%.

En el Día Internacional de la Niña, la Directora General del ICBF, Juliana Pungiluppi, al referirse a estas cifras, aseguró que “vamos a implementar una estrategia integral y técnica, en la que contamos con la corresponsabilidad de otras entidades del Estado para luchar contra la violencia en menores de edad, teniendo una consideración especial con las niñas, ya que son las más afectadas”.

El maltrato por negligencia –físico y psicológico– es otra forma de violencia que afecta por igual tanto a niños como a niñas. En lo que va corrido del año se han presentado 3.667 casos en niñas y 3.634 en niños.

Bogotá es la zona del país con más casos de violencia sexual y maltrato contra las niñas, con 2.542. Luego están Valle del Cauca (1.360), Atlántico (686), Cundinamarca (682), Nariño (534), Magdalena (481), Huila (450), Bolívar (444), Antioquia (442), Córdoba (409), Meta (324), Cesar (319), Boyacá (270), Caldas (260), Tolima (255), Sucre (235), Cauca (241), La Guajira (213), Caquetá (203), Risaralda (189), Quindío (186), Casanare (153), Norte de Santander (152), Santander (151), Putumayo (109), Chocó (86), Amazonas (46), Arauca (60), Guaviare (27), Guainía (17), San Andrés (10) Vaupés (9) y Vichada (6).

De acuerdo con los datos del ICBF, otro tipo de vulneración está relacionado con los casos de las menores de edad embarazadas o en periodo de lactancia que se encuentran bajo Protección del Instituto. Las edades de cinco de ellas oscilan entre los 9 y 11 años de edad y otras 325 entre los 12 y 17 años.

“Invito a los niños, niñas y adolescentes, y a sus familias, además de cuidadores y profesores, a que conozcan los derechos de la niñez y las vulneraciones de que eventualmente pueden ser víctimas, para así generar espacios de diálogo y de confianza en la familia”, indicó la directora del ICBF.

Según dijo, “en el Instituto vamos a potenciar los programas y estrategias para la promoción de derechos y prevenir las vulneraciones. Solo cuando lleguemos al pleno respeto por niñas, niños y adolescentes podremos aspirar a ser una sociedad verdaderamente desarrollada”.

Finalmente, la Directora del ICBF invitó a los ciudadanos a denunciar a la línea 141 cualquier situación que pueda poner en riesgo la integridad y la vida de las niñas, niños y adolescentes.

Luego de reiterar su rechazo al maltrato registrado contra varios jóvenes por parte de miembros de la Policía el pasado 28 de septiembre, Juliana Pungiluppi aseguró que bajo ninguna circunstancia este tipo de actos, que atentan contra los derechos humanos, pueden volver a ocurrir.

“Vamos a apoyar todas las investigaciones que adelante la Fiscalía y la Procuraduría. Además, internamente ya iniciamos nuestras investigaciones y si encontramos que el operador del Centro de Atención Especializada no aplicó los protocolos de manera debida procederemos a la aplicación de las sanciones respectivas”, resaltó la Directora General del ICBF. 

Juliana Pungiluppi recorrió varios lugares del Centro de Atención para conversar con los jóvenes y escuchar sus quejas. Ellos manifestaron una situación dolorosa al estar privados de la libertad. En concepto de la Directora General, es hora de realizar cambios urgentes en el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes. 

En la visita sorpresa, la Directora General evidenció las afectaciones de la infraestructura del Centro de Atención como consecuencia del amotinamiento del pasado 28 de septiembre, particularmente en las áreas administrativas y la enfermería.

El equipo que acompañó a la Directora también constató las deficientes condiciones de infraestructura que no permiten que se preste un servicio adecuado por parte del operador.

Ante ese panorama, Juliana Pungiluppi anunció cambios, entre ellos el fortalecimiento de la seguridad al ingreso y en los alrededores de este Centro. Para ello, la Directora General les pidió a la Policía Nacional y la Secretaría de Seguridad de Bogotá coadyuvar para que se preste mayor seguridad en la periferia del lugar.

También propuso como medida a largo plazo, cerrar el Centro de Atención Especializada porque en su concepto, considera que “la infraestructura no es la adecuada para garantizar los procesos de resocialización de los jóvenes". 

En El Redentor existen proyectos de alfabetización, formación para el trabajo y buen uso del tiempo libre, pero no todos los jóvenes hacen parte de estos programas, “necesitamos recuperar a estos jóvenes y vamos a fortalecer el trabajo que allí se realiza para apoyarlos en la construcción de sus proyectos de vida”, enfatizó Juliana Pungiluppi.

El ICBF espera que la Policía de Bogotá aclare la presunta participación de miembros de la fuerza pública en las agresiones contra de los jóvenes del SRPA, como se observa en el video, y exige sanciones ejemplarizantes para quienes resulten responsables por las agresiones a los jóvenes.

De la misma forma, el ICBF adelanta las respectivas indagaciones con las entidades operadoras de sus servicios para establecer si se registró alguna falla en los protocolos establecidos por el Instituto para la atención de situaciones especiales con los jóvenes del SRPA.

La Directora General del ICBF se reunió con todo el equipo interdisciplinario que ha venido acompañando a la familia desde el sábado de la semana pasada, encabezados por la Defensora de Familia, Martha Acuña, y dispuso dejar acompañamiento psicosocial permanente a la familia, en especial a los hermanos de Génesis, Andrés Felipe y Benjamín Rúa.

La madre de Génesis le solicitó a la Directora del ICBF que el crimen de su hija no quede impune y agradeció todo el acompañamiento del Instituto durante este doloroso episodio de su vida. 

La Directora General le reiteró a Jeymy el compromiso del Gobierno de endurecer las penas contra quienes atenten contra la vida  e integridad de los niños, niñas y adolescentes, y de manera particular le informó sobre la iniciativa de cadena perpetua para abusadores sexuales de menores de edad. 

"Fue un encuentro muy emotivo. Oír a Benjamín, el padre, contando sobre cómo el mismo sábado la había llevado a jugar fútbol, que era su gran pasión. Y escuchar la consternación de Jeymy frente al hecho de que al asesino lo veían todos los días pues vivía al frente de la tía, donde habían dejado a Génesis ese día", dijo la Directora.

"Este aterrador caso nos confirma que la mayoría de los abusadores sexuales de nuestros niños, niñas y adolescentes están en sus entornos más cercanos, en sus propias casas y barrios", agregó

En los primeros ocho meses del año, en Magdalena el ICBF ha venido atendiendo 389 casos de niños, niñas y adolescentes víctimas de abuso sexual. Tristemente, es el departamento del país, entre los que tienen una  población superior al millón de habitantes, con la tasa de abusos sexuales más alta: 30 casos por cada 100.000 habitantes, seguida de Cesar y Huila con 29 y Bogotá con 27, respectivamente.

“Hoy estamos con el corazón en la mano acompañando a esta familia en este momento tan difícil, el abuso y el asesinato de esta niña nos impulsa a seguir trabajando de manera decidida con el Presidente de la República, Iván Duque, para que se endurezcan las penas contra quienes atenten contra nuestros niños, niñas y adolescentes”, reiteró   la Directora General del ICBF. 

Finalmente, la Directora General del ICBF, Juliana Pungiluppi, resaltó que el Estado y la sociedad son corresponsables en la atención, cuidado y protección de la niñez e invitó a todos los colombianos a continuar denunciando las situaciones que vulneren los derechos de la infancia y la adolescencia en la Línea 141 del ICBF.

Durante la audiencia de garantías de los derechos de la niñez en los 102 pueblos indígenas de Colombia, la Subdirectora General señaló que “el Estado colombiano ha liderado la puesta en marcha de modalidades propias e interculturales en la oferta social, educativa y de salud, orientadas a fomentar la pervivencia cultural de los pueblos indígenas”.

Igualmente, resaltó que en Colombia durante los últimos tres años se han atendido a 478.121 niños menores de cinco años de 95 pueblos indígenas. En este campo se destaca la construcción colectiva de la Audioteca Agua Viento y Verdor, que busca preservar su cultura por medio de los cantos en su lengua nativa.

Finalmente, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en Boulder, Colorado, el Gobierno colombiano reiteró su disposición de seguir adelantando acciones diferenciales para mitigar las afectaciones del desplazamiento en la población afrodescendiente, con especial énfasis en la atención a los niños, niñas y adolescentes.

En los primeros 8 meses de 2018, el ICBF abrió 9.102 procesos administrativos para restablecer los derechos de los niños, niñas y adolescentes víctimas de abuso sexual. Esto resulta preocupante pues los casos van en aumento en comparación con el año anterior. Entre enero y agosto de este año, el ICBF ha venido atendiendo un promedio de 38 casos diarios de abuso sexual contra menores de edad, muy superior a los 31 casos que en promedio atendió cada día durante 2017.

Bogotá, con 2.245 procesos, es la región del país con el mayor número de casos de abuso sexual, seguida por el Valle del Cauca (946), Atlántico (569), Cundinamarca (553), Magdalena (389), Huila (350), Bolívar (314), Cesar (312), Córdoba (304), Antioquia (297), Nariño (229), Cauca (223), Boyacá (222), Tolima (209), Caldas (204), Quindío (196), Sucre (185), Caquetá (179), Meta (154), Risaralda (151), La Guajira (143), Santander (140), Casanare (139), Norte de Santander (109), Putumayo (87), Chocó (84), Arauca (58), Amazonas (43), Guaviare (27), Guainía (17), Vaupés (9), San Andrés (8) y Vichada (7).

“La legislación colombiana contempla penas de hasta 60 años de prisión para los responsables de abuso sexual en contra de la niñez. El artículo 199 de la Ley 1098 de 2016, establece la pérdida de beneficios jurídicos para estos casos. A pesar de ello, hay casos en los cuales las sanciones se aplican con penas irrisorias”, dijo la Directora General. 

Para el ICBF es necesario contar con sanciones ejemplarizantes para los delincuentes que cometan crímenes atroces contra los menores de edad. “La cadena perpetua, si bien no es la única acción, permitiría alejar definitivamente a los violadores de nuestra niñez”, reiteró. 
Ahora bien, para que el endurecimiento de las penas contra los violadores de menores de edad sea efectivo y se logre reducir de manera significativa la impunidad, el ICBF considera necesario fortalecer el aparato judicial.

De otro lado, la Directora General del ICBF destacó la importancia de la corresponsabilidad por parte de las instituciones y de la sociedad, e invitó a continuar denunciando a través de la línea 141 y todos los canales puestos a disposición de la ciudadanía, para poder brindar atención de manera oportuna. Por este medio, el Instituto ha registrado un aumento significativo de denuncias de abuso sexual entre enero y septiembre de este año (69%), llegando hasta los 2.089 casos. 

Resulta preocupante que la mayoría de los casos de abuso sexual se presenta en los entornos más cercanos a los niños. Según datos de Medicina Legal, los mayores victimarios están dentro de la familia con el 46,2% de los reportes, mientras que el 22%, son personas cercanas.

“La apuesta del ICBF en los próximos años será fortalecer todos sus programas para que las familias se consoliden como las primeras garantes de los derechos de la niñez y sus verdaderos entornos protectores. Vamos a liderar el trabajo de prevención y garantía de los derechos para romper el ciclo de vulneración en aquellos casos que el Instituto haya intervenido para restablecer los derechos de un menor de edad”, puntualizó al Directora General del ICBF.

“Desde el momento en que conocimos el caso, un equipo interdisciplinario de la Regional Magdalena, se desplazó al hogar de la menor de edad, para brindar apoyo psicosocial, principalmente a los hermanitos de la niña (12 y 16 años de edad) y a su familia en general”, aseguró Juliana Pungiluppi, Directora General del ICBF.

“En el ICBF expresamos nuestro total rechazo e indignación frente a este repudiable hecho y condenamos cualquier acto de violencia física y psicológica que atente contra la integridad de nuestros niños, niñas y adolescentes”, sostuvo la Directora General.

El equipo psicosocial del Centro Zonal Fundación del ICBF continuará brindando apoyo a los niños y a las familias que conforman la comunidad donde se registraron los hechos.

El ICBF confía en que al culpable del asesinato la justicia le imponga la máxima pena y hace un llamado a toda la sociedad para ser corresponsables de la protección de la niñez y a denunciar, a la línea 141, cualquier situación que ponga en riesgo la integridad y la vida de los niños, niñas o adolescentes.

El ICBF en Magdalena trabaja de la mano con 74 instituciones educativas del departamento, con familias, cuidadores y los menores de edad, a través de estrategias como Familias con Bienestar y Construyendo Juntos Entornos Protectores.

En el país, dichas estrategias llegan este año a cerca de 123.000 familias, específicamente en Fundación se atienden 193 familias con el fin de sensibilizar sobre el cuidado y la protección de los niños, niñas y adolescentes en todos los entornos.

Adicionalmente, cerca de 240.000 niños, niñas y adolescentes ha sido beneficiados directamente en otras estrategias que buscan orientarlos sobre el conocimiento de sus derechos y de las rutas de atención en caso de que sean vulnerados.