Montería

Ante la emergencia invernal que afecta a varios municipios del departamento de Córdoba, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) desplegó 17 equipos de unidades móviles, integrados por 70 profesionales, para fortalecer la protección y el restablecimiento de derechos de niñas, niños, adolescentes y sus familias.

Desde el pasado 3 de febrero, los equipos –conformados por talento humano proveniente de Córdoba y de departamentos como Sucre, Atlántico, La Guajira, Antioquia, Quindío, Caldas y Cesar– iniciaron presencia en territorio, realizando acompañamiento integral en alojamientos temporales y espacios de acogida habilitados para las familias afectadas.

A la fecha, el Bienestar Familiar ha acompañado 111 alojamientos temporales en 13 municipios del departamento: 17 en Montería, 30 en Tierralta, 12 en San Bernardo del Viento, 10 en Puerto Libertador, 9 en San Pelayo, 7 en Valencia, 7 en Lorica, 4 en Canalete, 4 en Montelíbano, 4 en Cereté, 4 en La Apartada, 1 en San Carlos y 1 en Buenavista.

En estos espacios se encuentran alojados aproximadamente 4.941 niñas, niños y adolescentes, quienes reciben acompañamiento psicosocial, intervención en crisis cuando se requiere, verificación del estado de sus derechos y activación inmediata de rutas de protección ante posibles situaciones de amenaza o vulneración.

Un pilar fundamental de la respuesta ha sido la estrategia Atrapasueños, que opera a través de las modalidades de Casa Atrapasueños y Espacios Comunitarios. Actualmente, esta iniciativa beneficia a 402 niñas, niños y adolescentes, ofreciéndoles entornos seguros para tramitar la emergencia mediante el arte, el juego y la cultura.

Además, el servicio de Atención Itinerante se desplazó a las zonas rurales y de difícil acceso para atender a niñas, niños y adolescentes con discapacidad afectados por las lluvias, reduciendo el impacto emocional derivado del desplazamiento y la pérdida de enseres.

De igual manera, en el componente nutricional, la entidad ha distribuido 121.526 unidades de Bienestarina Líquida (de 200 ml cada una) y 2.373 unidades de Bienestarina Más en polvo (bolsas de 900 gramos), reforzando la seguridad alimentaria de la población más vulnerable. Además, con un enfoque preventivo, se entregaron raciones de emergencia en localidades como Montelíbano y Puerto Libertador, donde las condiciones de acceso son complejas.

En materia de protección, se activaron 9 Procesos Administrativos de Restablecimiento de Derechos (PARD) para proteger a quienes se encontraban en situaciones de riesgo inminente durante la inundación.

Asimismo, el Bienestar Familiar lidera la articulación con la Oficina de Cooperación Internacional y el sector privado para la entrega de kits de aseo, ropa y elementos de descanso; y mantiene la coordinación con organismos como UNICEF y OCHA para ampliar la capacidad de respuesta en los sectores rurales del departamento.

Con este despliegue integral en los 13 municipios afectados, el Bienestar Familiar reafirma que su compromiso con la protección, el restablecimiento de derechos y la atención integral de la niñez y la adolescencia frente a cualquier adversidad climática.

Su designación representa un hito para la entidad, al ser una de las madres comunitarias que ascendió al nivel asesor nacional antes de asumir este liderazgo regional, en línea con la política del Gobierno del Cambio orientada a dignificar la labor de las cuidadoras y consolidar un modelo de atención pública que reconoce la experiencia territorial como eje fundamental para la garantía de derechos.

Licenciada en Educación Preescolar y Especialista en Atención Integral a la Primera Infancia, su formación académica respalda una trayectoria de 28 en el trabajo social y comunitario, con sólidos conocimientos técnicos y pedagógicos y especial énfasis en la atención integral a la niñez.

Su labor ha impactado directamente a comunidades vulnerables y familias víctimas del conflicto armado, particularmente en zonas como el barrio Obrero, en el Urabá. Fue coordinadora de los operadores de Primera Infancia en diferentes municipios del Golfo de Urabá como Apartadó, Turbo, Chigorodó, Carepa, Mutatá, entre otros. Esta sensibilidad social le permitió ser seleccionada entre las 16 madres comunitarias que integraron el equipo asesor de la Dirección General del ICBF. 

Dignificación laboral y fin de la tercerización

La llegada de Almario a la dirección regional ocurre en un contexto de transformación institucional sin precedentes. Bajo el liderazgo de la directora General, Astrid Eliana Cáceres, el Bienestar Familiar ha vinculado a más de 2.000 madres comunitarias como trabajadoras oficiales de planta en todo el país.

Este proceso, amparado en el Decreto 1398 y la Ley 2466 de 2025, busca eliminar la vinculación tercerizada y garantizar la estabilidad económica a quienes cuidan a la niñez. «Estamos logrando que el Bienestar Familiar sea una entidad que garantiza derechos con profesionales de planta», afirmó Cáceres.

Un enfoque de paz y reconocimiento étnico

La gestión de la nueva directora en Córdoba estará enfocada a fortalecer la articulación interinstitucional y consolidar la educación inicial como eje estratégico para la garantía de derechos. Su liderazgo se enmarca en una visión de la «paz total», en la que el cuidado y la protección de la niñez, de la generación que ahora crece, son fundamentales para la reconstrucción del tejido social en el departamento.

En reconocimiento a su trayectoria y compromiso social, Ibeth Almario fue nominada en 2023 por la fundación Color por Colombia y el periódico El Espectador al premio «Afrocolombianos del año», distinción que resalta su papel como referente de inclusión y visibiliza el aporte fundamental de las comunidades afrodescendientes en la construcción la política pública y el desarrollo de la nación. 

Con este nombramiento, el Bienestar Familiar priorizará el diálogo permanente y directo con las comunidades y reafirma su compromiso con un enfoque restaurativo, humano y territorial, que reconoce la experiencia comunitaria como base en la toma de decisiones institucionales, para la construcción de oportunidades, la inclusión social y el fortalecimiento del tejido familiar en el departamento.