La conversación surgió en el marco del análisis sobre el traslado del Centro de Internamiento Preventivo (CIP) hacia las instalaciones del Centro de Atención Especializada (CAE) Villa Luz. Allí, las y los asistentes coincidieron en que la infraestructura debe pensarse para responder a las necesidades de la justicia restaurativa y no limitarse a un enfoque sancionatorio.
Uno de los puntos críticos expuestos fue la dificultad que enfrentan adolescentes y jóvenes del SRPA para acceder a programas del SENA, como el Fondo Emprender. Las restricciones jurídicas y operativas hacen que queden por fuera de convocatorias que podrían ser decisivas en la construcción de sus proyectos de vida. Por ahora, el SENA avanza en procesos de formación y orientación socio-ocupacional en alianza con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y otras entidades estatales, con el objetivo de facilitar la reintegración social y laboral de esta población una vez cumpla sus medidas.
La discusión dejó abierta la inquietud sobre ¿cómo superar estas barreras legales y adaptar el derecho a las necesidades de jóvenes del SRPA? Se advirtió que la rigidez normativa impide aplicar prácticas restaurativas de manera plena y genera un vacío sobre cómo los adolescentes pueden proyectar su futuro si no son reconocidos como sujetos de derecho dentro del sistema.
En este contexto, se recordó que durante 2025 no fue posible brindar apoyo económico para emprendimientos, aunque sí se avanzó en formación. Por ello, se planteó que el SENA asesore al Comité del SRPA en la correcta formulación de propuestas, de modo que los jóvenes puedan acceder a capital semilla y dar el primer paso hacia sus propios proyectos productivos.
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