Bogotá, D. C.

• Revisión del Plan de Desarrollo del municipio.
• Entrevistas o conversaciones con actores estratégicos de participación infantil y adolescente del territorio, y con personas que participan en la Mesa de Infancia, Adolescencia y Familia o en el Consejo Municipal de Política Social que conozcan o hagan parte de los procesos participativos de los menores de edad.
• Encuentros de presentación y sensibilización con el alcalde, el gobernador o con autoridades del territorio que logren despertar la empatía y el apoyo de los procesos de participación de niñas, niños y adolescentes.
• Sensibilización a la autoridad del territorio respecto a la importancia de la participación infantil y adolescente para, de esta forma, lograr su apoyo a la iniciativa.
• Conformación de un equipo municipal e integración con la Mesa de Infancia, Adolescencia y Familia. 

• Busca la concurrencia de niñas, niños y adolescentes interesados y motivados en hacer parte de la Mesa de Participación municipal.
• Deberá ser acorde a la capacidad operativa, técnica y de articulación que disponga el territorio.
• Garantiza la equidad de género, presencia y representación de grupos étnicos y de representación tanto de la zona urbana como de la rural y de las diferentes características socioeconómicas existentes en el territorio. 

• Requiere del liderazgo y acompañamiento decidido de la Mesa de Infancia, Adolescencia y Familia del municipio. Esta, a su vez, desde una gestión administrativa, técnica y financiera asegura las condiciones mínimas que garanticen el encuentro, formación, desarrollo de talleres y el impulso a las iniciativas de la Mesa de Participación de Niñas, Niños y Adolescentes, así como su participación en las agendas de la gestión pública y en otros asuntos que correspondan a sus intereses.

• Permite dar respuesta a preguntas como ¿cómo se logra cohesionar el grupo?, ¿de qué manera se pueden establecer lazos de trabajo y confianza con los adultos de las autoridades territoriales, padres de familia y de la Mesa de Infancia, Adolescencia y Familia?, y ¿cómo se puede avanzar hacia la consolidación de una iniciativa que asegure el trabajo permanente de la Mesa de Participación y qué garantice procesos de participación significativa?

1. Se fortalece el conocimiento de los precandidatos (ciudadanos interesados en postularse como gobernantes a alcaldías y gobernaciones) en su relación con la importancia de realizar acciones para la primera infancia, infancia, adolescencia y fortalecimiento familiar.   

2. Se sensibiliza a los candidatos oficiales sobre la responsabilidad compartida frente a la protección integral y la prevención de las vulneraciones de derechos en la niñez, adolescencia y familias en los territorios.

3. Se realiza un empalme con los mandatarios electos con el propósito de garantizar la continuidad de los avances y el sostenimiento de las buenas prácticas que benefician a la niñez, adolescencia y familias del país.   

4. Se fortalecen las capacidades de inclusión de los temas de primera infancia, infancia, adolescencia y familias en los planes de desarrollo territoriales, para este caso en el periodo 2020 - 2023, con los gobernantes en ejercicio. 

• Garantizar la protección integral.
• Gestionar políticas públicas de infancia y adolescencia en todos los ámbitos.
• Lograr que la infancia y la adolescencia sean una prioridad social, política, técnica y financiera.
• Fortalecer el ejercicio de la participación y movilización social, y evaluar y hacer seguimiento de la realización de los derechos de la niñez, adolescencia y familias.

1. Mejora las acciones públicas. Toda acción del Estado que incorpore la visión de las niñas, niños y adolescentes será más legítima y pertinente.

2. Fortalece el ejercicio de otros derechos, como el desarrollo de la autonomía, la protección, el ejercicio de la exigibilidad de la salud y la educación, entre otros.

3. Potencia el desarrollo individual y territorial -algo que a su vez fortalece la democracia-, pues favorece la capacidad de reflexión personal y colectiva, estimula el reconocimiento y mejora la capacidad para interesarse y actuar en asuntos públicos, es decir, contribuye al desarrollo de la ciudadanía.

Esta concepción ha permitido que se oriente la atención integral a la primera infancia y su relación con la forma de comprender a las niñas y niños en este ciclo vital, su desarrollo y el papel que cumple el Estado en los diferentes entornos donde transcurren sus vidas. Por eso la política «De Cero a Siempre» cambió la forma de atender a la primera infancia y ubicó al menor de edad de 0 a 6 años en el centro de sus acciones para generar cambios en su vida y promover su desarrollo integral.

En este escenario también vale la pena destacar la Política Nacional de Infancia y Adolescencia que tiene como finalidad contribuir al desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes y del compromiso del Estado en generar las condiciones sociales, humanas y materiales que se requieran para favorecerlo. Esta misión se logra a través del reconocimiento de los menores de edad como sujetos prevalentes de derechos sobre quienes recaen las acciones estatales para lograr su realización como seres humanos.
 
En esta lógica, las políticas públicas que implementa el Estado para beneficiar a las niñas, niños y adolescentes se construyen a partir de las necesidades que tienen los menores de edad. Por eso, su formulación se define teniendo en cuenta aspectos de tipo social y humano.
 
Por otra parte, para lograr el reconocimiento de los menores de edad como sujetos de derechos, el Estado es responsable de definir las políticas públicas destinadas para ellos con un enfoque que se deriva de la concepción del ser humano integral y holístico, y cuya finalidad esencial es la de proteger los derechos, indispensables para el desarrollo integral de cada individuo.
 
Vale la pena resaltar que en la construcción de las políticas públicas que benefician a las niñas, niños y adolescentes está incluido el concepto de «autonomía» en tres niveles: autonomía funcional del individuo en sus capacidades cognitivas, motoras, sensoriales y relacionales, entre otras; autonomía social y económica que implica la capacidad del individuo de interactuar de manera positiva y constructiva con la oferta institucional para forjar su proyecto de vida; y la autonomía política como sujeto.
 
Finalmente, para la construcción de las políticas públicas se tienen en cuenta los derechos que comprenden los principios universales, el reconocimiento del compromiso estatal de la garantía y el carácter integral de los seres humanos en lo individual y colectivo, atendiendo a sus capacidades de desarrollo. Allí, tanto la niñez como la adolescencia deben ser reconocidas con la promoción de su desarrollo integral y la prevención de la vulneración de sus derechos de la que hace parte la garantía y su restablecimiento.