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Esta reunificación familiar fue posible gracias al esfuerzo y compromiso de la Dirección de Protección, la autoridad administrativa, su equipo técnico interdisciplinario y el equipo de la Subdirección General, que después de un arduo trabajo para la búsqueda familiar, lograron que los niños se reencontraran con sus familias antes de la Navidad.
 
Esto recuerda que, hace tan solo unos días, se conmemoró el primer año de la suscripción del Memorando de Entendimiento entre Colombia y Venezuela para el retorno seguro y la reunificación familiar de niñas, niños y adolescentes bajo los sistemas de protección de ambos países.
 
Durante este año, el ICBF como entidad encargada de velar por la protección integral de los derechos de la niñez y la adolescencia ha hecho un esfuerzo por dinamizar el memorando; así, a través de la subvención otorgada por AECID, el apoyo de APC Colombia y la Fundación Redprodepaz, se obtuvieron los recursos para el financiamiento del programa “Familias Unidas Reunificadas”, que busca apoyar más reunificaciones como esta.
 
Con esto ratificamos que cuando se trata de la garantía de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, las fronteras nunca deberían ser un obstáculo.

El asesinato de niñas, niños y adolescentes que huyen de los grupos armados ilegales que los han reclutado es de la mayor gravedad. Se trata de una práctica cruel que escapa a cualquier racionalidad política o militar y que evidencia la degradación de la confrontación armada en el departamento del Cauca.
 
A los grupos armados que operan en el departamento, Bienestar Familiar les exige que entreguen a la mayor brevedad la ubicación exacta de fosas comunes en las que se hayan dispuesto cuerpos de niñas, niños y adolescentes, para que puedan ser exhumados y entregados de manera digna a sus familiares, aliviando así su incertidumbre y su sufrimiento.
 
Igualmente, les exige el reintegro inmediato de todas las niñas, niños y adolescentes que se encuentren en su poder, en consonancia con la carta abierta emitida en noviembre pasado por la XXXI Comisión Intersectorial para la prevención del reclutamiento, la utilización y la violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes (CIPRUNNA).
A los grupos armados organizados y grupos delictivos organizados que operan en todo el territorio nacional, les hacemos responsables por la vida de cada uno de los niños y niñas que se han llevado. El reclutamiento de menores de 18 años es un delito que trasciende todas las normas del derecho internacional humanitario.
 
Las familias y comunidades de los territorios más vulnerables del país no pueden seguir condenadas a perder a las niñas, niños y adolescentes en la guerra, ni a vivir en medio del dolor, la pérdida y la desesperanza.
 
El Estado y la sociedad debemos continuar actuando de manera articulada para generar entornos protectores y mejorar la calidad de vida de las familias y comunidades en todo el país.
 
Bienestar Familiar continuará trabajando para garantizar que en el Cauca y en Colombia crezca la generación para la paz.

A través de la campaña ¿Cuál es tu compromiso? Bienestar Familiar hace un llamado a iluminar los días de esta población con juegos didácticos y de mesa, libros, instrumentos musicales o deportivos, ropa nueva o cualquier otro objeto que fomente el aprendizaje, la creatividad y la diversión. Las personas que los recibirán tienen entre los 0 y 29 años de edad.
 
Adriana Tierradentro, directora encargada de Protección del ICBF, dijo que además del aporte de lo material también la invitación es para que el compromiso incluya generar entornos protectores y seguros, que haya prevención a cualquier tipo de violencia contra las niñas, niños y adolescentes.
 
Por su parte, Diana Rivera, jefe de la Oficina de Cooperación y Convenios, hizo un llamado a la empresa privada e instituciones para que se sumen a la campaña. Agregó que los elementos se pueden llevar en Bogotá a los centros comerciales Gran Estación, Metrópolis y Plaza Central, donde se han dispuesto de urnas para la recolección. Igualmente, a la Sede de la Dirección General, las 33 direcciones regionales y los 216 centros zonales del ICBF en todo el país, en donde serán organizadas y distribuidas con cuidado y cariño para quienes más lo necesitan.
 
Direcciones del ICBF Clic aquí

 
Para más información sobre cómo participar en esta iniciativa, se pueden comunicar con la dirección regional, centro zonal más cercano o visitar la página web Clic aquí

 
Por último, Adriana Tierradentro, dijo que la pólvora es lo más riesgoso que puede haber para cualquier ser humano, porque genera daños irreparables, por eso la recomendación de Bienestar Familiar es que no se permita a las niñas, niños o adolescentes manipular o estar cerca de la pólvora.
 
 
 
 
 

“Con presencia de pueblos étnicos de Colombia y de Perú desarrollamos este espacio para impulsar la construcción de un gran tejido comunitario de cuidado por nuestra infancia, para garantizar sus derechos, donde todos esos conocimientos ancestrales sean guía en nuestro quehacer como Bienestar Familiar, así como para hablar de autoridad a autoridad sobre cómo nos armonizamos para garantizar un buen vivir para toda nuestra infancia”; indicó la directora de Familias y Comunidades del ICBF, Haidy Isabel Duque Cuesta.

La comunidad de aprendizaje intercultural Conversaciones Mayores se desarrolló articuladamente entre las direcciones de Familias y Comunidades, Protección, Primera Infancia y Nutrición, en tres espacios complementarios.

Uno fue el Encuentro taller con sabias y sabios ancestrales, que giró en torno a los valores y prácticas comunitarias fundamentales para el cuidado; otro el Encuentro de Guardias Indígenas, Cimarronas, Raizales y Campesinas, en el que se tejió la palabra sobre la protección desde el territorio, a la vez que se firmó la Declaración para el cuidado y armonización con los niños y niñas; y, por último, la Conversación Mayor entre Sabios y Guardias, como un espacio de reconocimiento, exaltación e impulso a la autoridad y capacidad de cuidado de las guardias.

En palabras del Taita Jesús Chindoy Jansasoy, del pueblo kametsá biyá de Sibundoy en Putumayo, “durante estos tres días hablamos sobre cómo las comunidades debemos volver al origen, replantear muchos pensamiento escuchando toda la tradición oral, la espiritualidad, los valores comunitarios, como la complementariedad, en vez de la competencia la reciprocidad, que es la responsabilidad que tenemos desde niños, desde jóvenes, de adultos, de mayores, desde sabedores para ser garantes del buen cuidado que debemos tener con nuestros niños y adolescentes”.
 

En lo corrido que va del mes de diciembre, el Instituto Nacional de Salud (INS) ha reportado 32 casos de menores de 18 años, un caso más que el registrado el año pasado en la misma fecha. Al respecto, Bienestar Familiar ha iniciado 16 procedimientos de verificación de derechos, se han fijado dos amonestaciones con curso pedagógico a papás, mamás y cuidadores responsables de los niños, niñas y adolescentes lesionados.    

Igualmente, las autoridades administrativas y sus equipos abrieron dos procesos administrativos de restablecimiento de derechos (PARD) y se han remitido nueve casos a las comisarías de familia por competencia territorial, es decir, porque en los municipios donde se registraron no hay centros zonales del ICBF.  

Al respecto, la directora encargada de Protección, Adriana Tierradentro,  reiteró el llamado “a la corresponsabilidad que compartimos como familia, sociedad y Estado para crear entornos protectores y de cuidado, con una postura de cero tolerancia hacia el uso de pólvora por parte de niños, niñas y adolescentes.” 

Antioquia, Norte de Santander, Córdoba y Valle del Cauca son los departamentos que presentan aumentos significativos de casos de lesionados durante actividades relacionadas con la manipulación, transporte, almacenamiento, fabricación, comercialización y uso de pólvora durante el inicio de las festividades decembrinas. 

En ese sentido, se insta a evitar el contacto con estos artefactos, disfrutar las festividades y recordar que, si un niño resulta lesionado con pólvora, se debe acudir de manera inmediata a los centros de salud para que no se agrave su estado. Mientras recibe atención médica evite el uso de remedios caseros.

La jornada fue encabezada por la directora general del ICBF, Astrid Eliana Cáceres, y el director de comunicaciones y responsabilidad social corporativa de Jerónimo Martins Colombia – Tiendas Ara, Juan Camilo Dueñas. Ambos destacaron la importancia de la alianza para asegurar la seguridad alimentaria en las poblaciones más vulnerables del país.

“Hemos entregado más de 8.000 bonos a madres comunitarias en el país y seguiremos haciéndolo. Los bonos son de gran ayuda, pero los kits también son fundamentales ya que contienen elementos que, junto con la pedagogía proporcionada, permiten detectar a tiempo los signos de la desnutrición”, afirmó la directora de Bienestar Familiar.

Por su parte, Dueñas manifestó que “para nosotros es un honor trabajar junto al ICBF en pro de la niñez y el futuro de Colombia. Agradecemos profundamente a las madres comunitarias, quienes realizan una labor invaluable al cuidar lo más valioso que tiene el país”.

Es importante destacar que a través de la alianza entre el ICBF y Tiendas Ara se entregarán 11.872 bonos redimibles por alimentos a 2968 madres y padres comunitarios, así como 1500 kits lúdicos, fortaleciendo el componente nutricional de las familias más necesitadas de las comunidades atendidas en los territorios del país.

En el marco de este convenio, también se resalta la participación de UNICEF que ha aportado las citas métricas incluidas en los kits lúdicos, desempeñando un papel clave en la prevención de la desnutrición en los niños y niñas de la región.

En el marco del cumplimiento de la Sentencia T-302 de 2017, el Sistema Nacional de Bienestar Familiar abanderó la instalación de la Comisión Asesora Científica (CAC) en La Guajira, una iniciativa fundamental para abordar el estudio de las causas de desnutrición infantil que afecta a las comunidades indígenas Wayuu. Este esfuerzo responde al requerimiento de la Corte Constitucional, en el marco de superar el estado de cosas inconstitucionales que vulnera los derechos fundamentales de niños, niñas y adolescentes de este territorio.
 
Astrid Eliana Cáceres, directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) expresó: “agradecemos profundamente el respaldo técnico brindado por UNICEF en la Comisión Asesora Científica de La Guajira. Su colaboración ha sido fundamental para avanzar en nuestras metas de bienestar y desarrollo integral de la niñez en esta región."
 
La CAC se constituye como un órgano técnico y científico que integra los saberes de los pueblos wayuu y afrodescendientes de La Guajira y la investigación académica, con el propósito de desarrollar y generar recomendaciones que aporten al estudio de las causas estructurales de desnutrición en el departamento. Este espacio fue creado mediante la Resolución 7391 de 2023 de Bienestar Familiar, como parte de los acuerdos establecidos en el plan provisional delAuto 1290 (Sentencia T302/2017) y con la Comisión Consultiva Departamental de Comunidades Negras y Afrocolombianas.
 
Durante el evento, Carmen Laura Paz Reverol, PhD en Antropología y reconocida investigadora del Pueblo Wayuu, destacó la importancia de articular la ciencia con los conocimientos ancestrales para generar soluciones efectivas y sostenibles. “Es fundamental que nuestras comunidades no solo sean objeto de estudio, sino participantes activos en la construcción de políticas que aseguren el bienestar de las niñas y niños,” afirmó. Además, enfatizó que la CAC es un ejemplo de cómo la participación de las comunidades étnicas y la academia pueden trabajar en conjunto para transformar realidades complejas.
 
La CAC tiene como misión estudiar los determinantes sociales, culturales y ambientales de la desnutrición en La Guajira, para proponer acciones de corto, mediano y largo plazo. El enfoque diferencial, la inclusión de subcomisiones étnicas y la integración de diversos saberes permitirán avanzar hacia soluciones más integrales y efectivas.
 
Con un cronograma de trabajo definido, los próximos pasos de la Comisión será generar informes técnicos que sirvan de insumos para la formulación de políticas públicas y acciones inmediatas que mitiguen la crisis. Además, se realizarán foros para fortalecer la capacidad local de respuesta y la apropiación comunitaria de los resultados.

“No hemos entregado 15 mil millones de pesos al hospital de Maicao, ni le hemos hecho transferencia alguna, Bienestar Familiar paga por niño atendido, por mercado entregado, los recursos están a salvo”, reiteró de manera enfática la funcionaria al señalar que sí se han firmado convenios tanto con el hospital como con la Caja de Compensación Familiar de La Guajira (Comfaguajira) para la ejecución de una Estrategia Integrada de Atención y Prevención de la Desnutrición.
 
A renglón seguido, Astrid Cáceres destacó que a la fecha se han logrado focalizar más de 8.200 niños y niñas que han sido tamizados y pesados, así como distribuidos alimentos y más de 2.500 niños y niñas recuperados a través de los programas y convenios estratégicos realizados en La Guajira.
 
“Ninguno de los convenios está liquidado, ni se han hecho transferencias que no estén acordes con lo que han entregado en términos de cumplimiento de lo establecido”, dijo Astrid Cáceres.
 
Desde Riohacha, la directora general del ICBF insistió en dar un parte de tranquilidad a las comunidades y señaló que: “seguimos en La Guajira trabajando no solo con ellos, sino con muchos aliados y con la operación de tres Centros de Recuperación Nutricional, las Unidades de Búsqueda Activa y la entrega de mercados y complementos nutricionales, acciones que han sido tan efectivas para lograr una reducción de la desnutrición en el departamento”.

El colaborador era psicólogo de profesión y vivía en el territorio, dedicado al acompañamiento y la salud mental de las niñas, niños y las familias de la comunidad de San José del Guaviare.

Cabe anotar que el pasado miércoles la directora general de Bienestar Familiar, Astrid Cáceres, tomó la decisión de retirar los equipos de la institución del departamento mientras no existan las condiciones de seguridad para adelantar las labores.

“Lamentamos muchísimo estos hechos, mantendremos los vínculos con la comunidad, pero mientras los actores armados estén dominando los sitios los equipos no vuelven a las veredas, ese es un costo que tienen los hechos para el departamento”, dijo la funcionaria.
 
Agregó que “está decisión es dolorosa porque todas esas familias quedan sin atención en el marco de un conflicto armado en el que no deben estar involucrados. Nuestros profesionales hacen una tarea bellísima tienen una capacidad enorme para llegar a las veredas y trabajar con las comunidades por eso tampoco pueden estar expuestos a este tipo de cosas”.
 
El ICBF se solidariza con las familias de las víctimas quienes infortunadamente resultaron afectadas. Además, exige de forma vehemente a los actores armados el cumplimiento del Derecho Internacional Humanitario, y la Convención de los Derechos del Niño, así como el respeto a la población civil.

En la firma del Protocolo, la directora general de Bienestar Familiar, Astrid Cáceres, afirmó que “ahora tenemos dos nuevos escenarios: San Andrés y la zona de jurisdicción internacional en vuelos de conexión, donde los menores de edad no acompañados quedan en espera, por eso la firma de este protocolo constituye el compromiso de trabajar para que a los niños, niñas y adolescentes se les garantice su acompañamiento”.

El documento establece unos procedimientos para estos casos, de igual manera se busca que los funcionarios de los terminales internacionales colombianos identifiquen alertas relacionadas con amenazas, vulneración o inobservancia de los derechos fundamentales de niñas, niños y adolescentes que viajan. 
 
El protocolo también define las acciones específicas que deben tomar los involucrados para garantizar la protección de los menores de edad cuando se presuma que sus derechos están siendo vulnerados o amenazados. 
 
Es importante señalar que los casos de niñas, niños y adolescentes no acompañados se presentan en todo el territorio nacional y se han identificado en diversos escenarios como aeropuertos, terminales de transporte, carreteras y ciudades. 

En respuesta a este fenómeno, Bienestar Familiar estableció en 2023 como motivo de ingreso a protección: Niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados.

Según el reporte oficial, entre el 1 de diciembre de 2023 y el 31 de octubre de 2024 se han registrado 166 casos de menores de edad no acompañados, provenientes de Venezuela, Perú, Guinea, Guyana, así como de nacionalidad colombiana, predominantemente con edades entre los 12 y 17 años. 
 
Este protocolo representa un paso decisivo para asegurar el cumplimiento de los derechos de todas las niñas, niños y adolescentes que se encuentran en territorio colombiano, reafirmando el compromiso de las entidades con su protección y bienestar.