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Las declaraciones fueron expresadas durante un evento organizado por el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), en el cual se abordó la problemática de la mutilación genital femenina junto a representantes de diversos sectores de la sociedad, organizaciones indígenas y agencias internacionales.

Amanda Tascón, presidenta de la Confederación Nacional de la Nación Emberá, señaló que dentro de las comunidades existe una creciente conciencia sobre la importancia de visibilizar esta problemática. Explicó que, aunque las cifras parecen mostrar un aumento en los casos, esto se debe en parte a una mayor denuncia y reconocimiento del problema, aunque aún persisten subregistros.

Según Luis Mora, representante del UNFPA en Colombia, más de 230 millones de mujeres y niñas en más de 30 países han sido víctimas de la mutilación genital femenina. Destacó que se les considera supervivientes, ya que muchas otras han perdido la vida como consecuencia de esta práctica. Además, advirtió que, si no se toman medidas urgentes, para 2030 otras 27 millones de niñas podrían verse afectadas.

Para finalizar, Astrid Cáceres afirmó que tanto el matrimonio infantil como la mutilación genital femenina son formas de violencia de género. Enfatizó que el gran desafío para erradicar estas prácticas es impulsar un diálogo constructivo dentro de las comunidades, en el que se reflexione sobre las consecuencias de restringir el control de las mujeres sobre sus cuerpos, sus vidas y su derecho a tomar decisiones.

El último reporte, consolidado del Bienestar Familiar, indica que solo en Cúcuta, Norte de Santander, se han atendido a 3.324 personas, 1.102 familias y 2.084 niños, niñas y adolescentes; de los cuales 6 presentaban un cuadro de desnutrición aguda y 35 riesgo de desnutrición. En dicho lugar se ha hecho entrega de 41.913 unidades de Bienestarina líquida y 2.778 de bienestarina en polvo. 

Mientras tanto en Ocaña, Norte de Santander, han sido atendidas 1.310 personas, 388 familias y 638 niños, niñas y adolescentes. Además se ha prestado el servicio a 35 madres lactantes y 12 mujeres gestantes. En ese sentido Bienestar Familiar ha hecho entrega de 3.892 unidades de bienestarina líquida y 1.537 bolsas de bienestarina en polvo.

Por último, en la ciudad de Tibú se han atendido a 1.419 personas, 376 familias y 528 niños, niñas y adolescentes; además a 10 madres lactantes y 17 mujeres gestantes. En dicha ciudad se ha hehco entrega de 1.284 unidades de bienestarina líquida y 342 bolsas de Bienestarina en polvo. 

Este trabajo ha sido posible gracias a la entrega y dedicación de los miembro s de la entidad que se encuentran en territorio. La entidad agradece el trabajo de los cientos de profesionales, psicólogos, nutricionistas, trabajadores sociales, antropólogos, y otros perfiles, junto con el equipo técnico y directivo que han hecho posble brindar la atención a quienes más lo necesitan en medio de la emergencia.

En cuanto al resto de los servicios con los cuales se atiende la primera infancia, se está terminando el proceso de contratación, encontrándose en etapa de alistamiento para su pronta apertura.

La directora de Primera Infancia, María Mónica Martínez, aseguró que, a más tardar el 15 de febrero de 2025, todas las niñas y niños beneficiarios del ICBF tendrán garantizado su derecho a la educación inicial.

Además, hizo un llamado a madres, padres y acudientes para que realicen la matrícula de los niños y niñas a través del siguiente enlace www.prematricula.icbf.gov.co/ y formalicen el proceso entregando los documentos en las unidades de servicio. Para quienes requieran acompañamiento, pueden acercarse a cualquier punto de Bienestar Familiar o unidad de atención.

Al respecto, la directora general de Bienestar Familiar, Astrid Cáceres, explicó que “el conflicto armado no puedo arrebatar los sueños y el futuro de la generación de la paz. Continuamos en el territorio acercándonos y ayudándolos a que retomen sus vidas alejados de la guerra, protegidos, sin miedo y en paz”, dijo.

Además, Cáceres reiteró su compromiso para brindarles las herramientas necesarias para que “salgan adelante y puedan contribuir a la construcción de una sociedad más justa y reconciliada. Como lo dije anteriormente este es un momento crítico, pero es la oportunidad para que la historia de los niños del Catatumbo sea diferente”, aseveró. 

El programa de atención especializada para el restablecimiento de derechos a niños, niñas y adolescentes víctimas de reclutamiento, está dirigido a niños, niñas y adolescentes que se han desvinculado de grupos armados al margen de la ley siendo menores de edad, cuyo objetivo es contribuir con la protección a través de medidas de restablecimiento de derechos y contribución a la reparación integral.

Tras el proceso de registro en Migración Colombia, las funcionarias del Bienestar Familiar, en cabeza de tres autoridades administrativas, adelantaron el acompañamiento psicosocial así como el apoyo en la gestión y trámite de acciones para garantizar la protección de los niños, niñas y adolescentes. 

Así mismo, Bienestar Familiar en articulación con la Cruz Roja dispuso de equipos especializados que brindaron alimentación, atendieron sus necesidades inmediatas y ofrecieron orientación sobre los programas de apoyo disponibles para su regreso al país. 

Las acciones adelantadas por el ICBF están orientadas a garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes, especialmente en situaciones de vulnerabilidad.

Desde el inicio de esta grave crisis humanitaria, el equipo regional y nacional de Bienestar Familiar, en cabeza de su directora general, Astrid Cáceres, se ha desplegado en distintos municipios de la región para atender a las niñas, niños y adolescentes desplazados. Ellos y ellas se han visto obligados a enfrentar las dolorosas consecuencias de la guerra, como la suspensión del inicio de clases, la desintegración familiar, la exposición a nuevos riesgos, el miedo y la ruptura de la cotidianidad. 

En esta coyuntura, Bienestar Familiar continúa haciendo ingentes esfuerzos para que las niñas, niños y adolescentes reciban alimentos suficientes y adecuados. El equipo de nutricionistas de la institución trabaja de manera permanente para gestionar y orientar la preparación de alimentos. Por tierra y aire se han transportado 69.156 unidades líquidas y 10.200 bolsas en polvo de Bienestarina,  buscando llegar no solo a los albergues de los centros urbanos, sino también a las zonas rurales dispersas donde se encuentran confinadas las comunidades. 

La permanente articulación con la institucionalidad regional y nacional, así como con la sociedad civil del departamento de Norte de Santander y la cooperación internacional, ha permitido la puesta en disposición de elementos necesarios para las familias en medio de la crisis. Entre ellos, pañales, biberones, kits para mujeres gestantes y utensilios de cocina.  

Cerca de 120 profesionales, la mayoría de los cuales integran 18 Unidades Móviles, se encargan diariamente de visitar los albergues de Ocaña, Cúcuta, Tibú, Hacarí y Ábrego, con el objetivo de realizar acciones inmediatas de primeros auxilios psicosociales, prevención de violencia sexual, promoción de derechos, apoyo en la organización de los albergues ytamizaje nutricional, además de actividades lúdico-pedagógicas.

Estos equipos interdisciplinares han atendido, desde el inicio de la emergencia, 2.789 personas, de las cuales 1.641 son niñas, niños y adolescentes; 38 son mujeres gestantes; 86 son madres lactantes; 20 son niños en riesgo de desnutrición; y 5 son niños con desnutrición aguda. Con el objetivo de garantizar derechos, han realizado 132 remisiones a otras instituciones para la atención en salud y educación.

En medio de la suspensión de las clases presenciales, los profesionales de Bienestar Familiar también han promovidoen los albergues el buen uso del tiempo libre. En Ocaña, realizaron una charla sobre el cuidado de la madre tierra y una siembra; en el albergue de Firmantes de Paz, actividades artísticas; en Tibú, un campeonato de fútbol y varios talleres de tejido de chinchorros y atarrayas.  
Las Defensorías de Familia y los profesionales de la Dirección de Protección también trabajan incansablemente para restablecer los derechos de las y los adolescentes que, durante la emergencia, se han desvinculado de los grupos armados ilegales que se enfrentan por el control de la región. Bienestar Familiar reitera que el reclutamiento forzado de niñas, niños y adolescentes es un grave crimen, que debe ser rechazado por toda la sociedad. 

Las niñas, niños y adolescentes del Catatumbo cuentan y seguirán contando con Bienestar Familiar, durante y después de esta emergencia. La paz es un derecho de las comunidades campesinas e indígenas que habitan, construyen y sueñan este territorio.

En ese sentido, la resolución delega la responsabilidad de otorgar y reconocer las personerías jurídicas únicamente a la Oficina de Aseguramiento a la Calidad de Bienestar Familiar; y delega en la misma la renovación de las licencias de funcionamiento para los servicios que lo requieran de conformidad con los documentos técnicos que defina el ICBF.
 
Así mismo, le otorga facultades especiales al ICBF para ejecutar medidas urgentes y especiales, en caso de ser requeridas, para intervenir o interrumpir la prestación de los servicios de manera provisional e inmediata ante la presunta vulneración, amenaza o inobservancia de los derechos de las niñas, niños adolescentes y jóvenes, en el marco de la prestación del servicio. 
 
Igualmente, se precisa el proceso administrativo sancionatorio y se rediseñan las faltas de conformidad con la normatividad vigente, como por ejemplo el incumplimiento de los lineamientos técnicos sobre aquellos que vulneren, amenacen o inobserven los derechos de la niñez; y aquellos que omitan el deber de verificar el Registro de Inhabilidades por Delitos Sexuales y contraten con personas inhabilitadas (Ley 2375 de 2024). Por otro lado, se hace vinculante el Registro Único de Oferentes.
 
Cabe anotar que el cumplimiento a cabalidad de la nueva resolución contribuye a la garantía de los derechos de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes en todo el territorio, tal como lo indica la misionalidad de la institución. Si desea conocer más sobre esta Resolución la encontrará en el link: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.icbf.gov.co/system/files/6300_-_establece_regimen_para_el_ejercicio_de_las_funciones_de_inspeccion_vigilancia_y_control_a_cargo_del_icbf.pdf

De acuerdo con el reporte presentado durante la reunión de la Sala de Crisis del ICBF, mecanismo activado con la firma del Decreto 1372 de 2024, se enviaron 16 toneladas de Bienestarina Más, cuya presentación es en bolsas de 900 gramos, y 9.5 toneladas de Bienestarina líquida, en presentación de 200 mililitros.

Adicionalmente, ya son 72 profesionales entre psicólogos, nutricionistas, trabajadores sociales y antropólogos, entre otros perfiles, los integrantes de las 15 unidades móviles asignadas por Bienestar Familiar, que hacen presencia en Ocaña, Tibú y Cúcuta para hacer seguimiento y acompañar a la población.  

Las Unidades móviles tienen como misión orientar y canalizar las familias para el censo, brindar primeros auxilios psicosociales, apoyar en la entrega de ayudas humanitarias, entre otras.

“Nuestra misión es la de proteger y acompañar a estas niñas y niños que resultan afectados por un enfrentamiento en el que nada tienen que ver. Los negocios armados, las luchas criminales no pueden seguir truncando los sueños del futuro de nuestro país, necesitamos todos unirnos para que esta sea la generación de la paz”, indicó la directora general del ICBF, Astrid Cáceres, quien se encuentra liderando el trabajo de la entidad en el territorio.

Hasta el momento se registran más de 14 mil desplazados que se ubican en  albergues temporales ubicados en Ocaña, Tibú y Cúcuta. La mayoría de afectados provienen de 14 municipios entre ellos Tibú, Hacarí, El Tarra, San Calixto y Teorama.

Desde que inició la emergencia, además de la directora general de Bienestar Familiar, en los territorios hacen presencia las directoras misionales de Adolescencia, Naya Gutiérrez Pinzón, y Familia y Comunidades, Juana Hersilia Moya Díaz; el subdirector del Sistema Nacional de Bienestar Familiar, Rodrigo Elías Daza Vega y la directora regional del ICBF en Norte de Santander, Lorena Quinteto Pacheco.

Cada unidad móvil conformada por cuatro profesionales con perfil de psicólogos, trabajadores sociales, nutricionistas, antropólogos, sociólogos, pedagogos o promotores comunitarios, tienen la labor de 
brindar acompañamiento psicosocial, constatar el estado de garantía de derechos de los niños, niñas y adolescentes, activando las rutas de atención y de protección que correspondan. 

Los equipos interdisciplinarios del ICBF, provenientes de Antioquia, Cesar, Boyacá, Cundinamarca, Bogotá y del mismo Norte de Santander, son los  encargados de atender a las familias que se encuentran en los municipios de Ocaña y Cúcuta.
 
Adicionalmente, realizan la caracterización de las familias con menores de edad, identifican a las niñas, niños y adolescentes no acompañados para activar la ruta con las defensorías de familia con el fin de garantizar sus derechos.

Así mismo, contribuyen en la atención humanitaria de la población víctima como niñas, niños, adolescentes, mujeres gestantes y madres en periodo de lactancia
mediante los primeros auxilios psicosociales y  la entrega de alimentos de alto valor nutricional como Bienestarina líquida y en polvo.

“Lo que siento es que es un momento crítico del país, nosotros no vinimos para irnos, nosotros y los demás funcionarios, vamos a seguir en el territorio para acompañar a cada una de estas personas afectadas”, insistió la directora del ICBF.

“Estamos ante una afectación en el conflicto armado que puede marcar la historia de vida de los niños del Catatumbo”, aseguró la funcionaria al insistir que  “como Bienestar Familiar hemos desplegado varias de nuestras unidades móviles en el territorio y estamos encontrando algo sin precedentes y de cómo el conflicto armado puede afectar a los niños y niñas; estamos hablando de más de 1800 niños solo en Ocaña, de un grupo grande que se encuentra en Acarí, Teorama y Cúcuta”.

Así mismo, insistió en que “estamos aquí porque esta generación de niños necesita ayuda, y es el interés superior de ellos el que debe llamarnos al Estado a acercarnos, a cortar el circuito de guerra que se está viviendo en la región. Ayer nuestros equipos psicosociales nos dijeron que habían tenido que atender cerca de 19 niños en un solo día, estamos moviendo todo lo que tenemos para atender a esas familias y estos niños y niñas que no debieran vivir estas circunstancias”, puntualizó Astrid Cáceres.