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Durante su intervención, la funcionaria reiteró la necesidad de articular esfuerzos bajo un enfoque integral que garantice entornos protectores, repare los daños causados por la violencia y brinde oportunidades reales a niñas, niños, adolescentes y comunidades vulneradas. En ese sentido, destacó cuatro líneas de acción prioritarias:

• Prevención del reclutamiento forzado, mediante unidades móviles y las Casas Atrapasueños.
 
• Acompañamiento psicosocial con intervenciones directas en zonas priorizadas.
 
• Protección integral, enfocada en la defensa de los derechos de la infancia y la adolescencia.
 
• Reconstrucción de proyectos de vida a través de talleres comunitarios y actividades que promueven la resiliencia.

Cáceres agregó que superar el conflicto exige la presencia constante del Estado en el territorio, el fortalecimiento de la cohesión social y el reconocimiento de la niñez como motor de la paz. En este marco, programas como Semillas de Vida han promovido la identidad cultural del pueblo Nasa y reforzado los lazos familiares y comunitarios para prevenir riesgos y consolidar procesos de reconciliación.

Tras el debate, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, anunció nuevas medidas para reforzar el control territorial y recuperar la tranquilidad en la región. Estas incluyen intervenciones estratégicas en zonas críticas, la prevención del reclutamiento forzado y la sustitución voluntaria de cultivos ilícitos por proyectos agrícolas, legales y sostenibles (café, cacao, plátano y agroforestería).

En el encuentro participaron, además de la directora del Bienestar Familiar y el ministro de Defensa, el gobernador del Cauca, Octavio Guzmán, el alcalde de Popayán, Juan Carlos Muñoz, la senadora Aída Quilcué, representantes de la ONU, la Defensoría del Pueblo, el CRIC, el embajador de la Unión Europea y líderes de distintas organizaciones. Todos coincidieron en la urgencia de trabajar de manera conjunta para garantizar el bienestar, la seguridad y el desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes del Cauca.
 
(Fin/cmm/eeb)

“Hoy agradecemos a la Defensora del Pueblo, llevamos una agenda de trabajo de varios meses, y estamos haciendo un seguimiento a los compromisos. Estamos avanzando en esa tarea conjunta de defender los derechos de los niños y las niñas”, dijo la directora General del Bienestar Familiar.
 
Frente al tema de migración la directora de Bienestar Familiar precisó que durante la sesión de trabajo, “tratamos el tema de los niños y niñas que llegan deportados, las situaciones que viven, también tratamos el fenómeno de la migración inversa. Vamos a estar de manera transversal en lo que implica la ruta de migración en América y la reunificación familiar de niños, niñas y adolescentes de Venezuela”.
 
A su turno, la Defensora del Pueblo indicó que durante el encuentro también se trató el tema de reclutamiento forzado, “donde particularmente compartimos información sobre las preocupaciones que tenemos de las dinámicas de reclutamiento. Queremos trabajar articuladamente en materia de análisis y mapeo. Además, buscamos fortalecer las rutas de prevención y restablecimiento y articular los procesos de formación de nuestros funcionarios y los funcionarios del ICBF para dar mejor respuesta”.
 
Ambas funcionarias acordaron que se sostendrán diferentes sesiones de trabajo para fortalecer el abordaje de otros temas que están en la agenda de las dos entidades para garantizar los derechos de las niñas, niños y adolescentes en todo el territorio.
 

La directora general del ICBF, Astrid Cáceres, lideró un recorrido por los espacios donde se desarrolla la atención a la primera infancia, incluyendo la estrategia de educación inicial campesina. En cada encuentro, madres comunitarias, docentes, padres de familia, operadores y autoridades locales compartieron sus experiencias, preocupaciones y propuestas, abriendo paso a un diálogo cercano y constructivo.

A partir de este ejercicio colectivo, se acordaron acciones para mejorar la infraestructura de los Centros de Desarrollo Infantil (CDI) y fortalecer la atención que reciben niñas y niños en este territorio.

En la Institución Educativa Técnica Miguel Zapata, se anunció la implementación de una Unidad de Tejido Familiar y Comunitario, que acompañará a más de 120 familias a través de procesos enfocados en la convivencia armónica, la prevención de violencias y la educación, reafirmando que el trabajo con las comunidades es clave para garantizar entornos protectores.

Además, se definieron estrategias concretas orientadas a fortalecer el entorno de protección para la niñez. Entre ellas, se incluyó la adecuación de espacios en los Centros de Desarrollo Infantil (CDI), el impulso a iniciativas comunitarias de prevención y el acompañamiento a familias en procesos que fortalezcan el tejido social desde sus propias dinámicas y saberes.

Con estas acciones, el ICBF reafirmó su compromiso con la protección integral de la niñez y el acompañamiento a las comunidades que, desde sus territorios, siguen resistiendo, cuidando la vida y sembrando paz.

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En Camino de Enraizamiento participan de la atención diferencial centrada en prácticas culturales propias 749 personas: de manera directa niñas, niños y adolescentes indígenas (100), de manera indirecta  500 integrantes de sus comunidades de origen, además involucra a 139 autoridades indígenas de los pueblos Nasa, Yanakuna, Kokonuko, Totoroez, Misak, Eperaara Siapidara, Polindara, Ampiule, Kishú, Embera e Inga, y  10 miembros de la Consejería Mayor del CRIC.

La directora general del ICBF, Astrid Cáceres Cárdenas, señaló que, "este acuerdo tiene un significado profundo, porque representa un avance en la atención de las afectaciones a la niñez, tanto por reclutamiento como por amenazas. Es un trabajo construido por las mismas comunidades, con nuestro acompañamiento,  esto refleja el compromiso que como Instituto tenemos en transformarnos para responder a las expectativas de los pueblos indígenas y avanzar hacia un Estado que garantice plenamente los derechos de la niñez".

Por su parte, Rosalba Velasco, consejera mayor del CRIC, reconoce que la firma de la propuesta implica un compromiso y una responsabilidad compartida entre el Estado y las autoridades indígenas para garantizar los derechos de las niñas, niños y adolescentes indígenas que regresan a sus territorios tras su desvinculación de un grupo armado.

Finalmente,  al dar continuidad juntos  al ‘Camino de Enraizamiento’, el ICBF y el CRIC reforzarán el compromiso  para proteger colectivamente a la niñez y adolescencia indígena, asegurando un entorno que facilite el desarrollo integral y el fortalecimiento interno basado en los principios fundamentales de Unidad, Cultura y Autonomía, indispensables para garantizar que crezca la generación para la Vida y La Paz.

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Durante el encuentro, el Bienestar Familiar presentó el telar “Recuerdos de mi vereda”, una creación colectiva realizada por madres e hijos desplazados por el conflicto armado en el Catatumbo. Esta obra simbólica refleja las vivencias, memorias y vínculos con el territorio de quienes fueron forzados a dejarlo todo atrás.

“Estamos aquí con este telar, construido junto a mujeres y niños víctimas del desplazamiento más reciente en el Catatumbo. Pero no es el único territorio en el que estamos presentes: también acompañamos a comunidades desplazadas en el sur del país, en Tibú, Ocaña, Cúcuta y el Chocó. Nuestra labor está con todas las víctimas del desplazamiento”, afirmó Cáceres.

La directora subrayó que es responsabilidad de toda la sociedad cerrar el capítulo de la guerra: “Tejemos junto a quienes han vivido el conflicto para abrirle espacio a la paz. Queremos reconstruir el tejido social y permitir que las personas regresen a sus tierras con dignidad y esperanza”.

Para la directora, reconocer el conflicto y a quienes lo han sufrido es clave para avanzar y que “la mejor forma de rendir homenaje a las víctimas es aceptar que hemos vivido una, que aún persiste en algunos lugares, y que estas personas son el corazón de una generación que apuesta por la paz. Con sus hijos e hijas, más de 150 mil en todo el país, trabajamos día a día para construir escuelas protectoras y territorios de reconciliación”.

Es de señalar que el telar es un ejercicio de memoria viva, hecho puntada a puntada con historias, emociones y esperanzas. Surgió del diálogo entre quienes han perdido y siguen soñando, y busca preservar lo único que no puede ser arrebatado: el recuerdo del territorio.

Para la directora general desde el ICBF, el compromiso es claro “seguir acompañando a las víctimas del conflicto y sembrar, junto a ellas, las raíces de una Colombia en paz”.
 

Durante su intervención compartió tres ideas fundamentales: la primera, que todos los enfoques del presupuesto nacional deben tener un componente de niñez; la segunda, que los datos generados por las entidades deben ser analizados diferencialmente y en sus respectivas dimensiones; y la tercera, que en la política de niñez no puede existir el lucro y debe estar enfocada en garantizar los derechos de las niñas, niños y adolescentes. 

“Todo el presupuesto nacional, tiene que tener el trazador presupuestal de que los niños y las niñas son los primordiales, que no se ven afectados por un solo factor. Cualquier meta del Plan de Desarrollo debe impactar sus vidas, ellos no viven solos, viven con una familia que, si no tiene garantías laborales, acceso a la salud u otras condiciones, la niñez termina siendo el eslabón más débil de la garantía de derechos”, indicó la funcionaria.  

En ese sentido, hizo un llamado para que se analizara el boletín “Datos para el cambio, situación de violencias contra las niñas, niños y adolescentes”, cuyo objetivo es informar sobre las situaciones que afectan a la niñez en Colombia con base en información estadística de fuentes oficiales, lo que es una herramienta útil para orientar decisiones y priorizar las acciones para garantía de derechos. 

"Este es un informe muy completo que consolida todos los datos, no los universaliza, porque es correcto tanto el dato del Ministerio de Salud como el del ICBF, ambos deben ser analizados. Yo estoy convencida de que la generalización no permite la toma de decisiones políticas; lo que hace la diferencia es la territorialización y el análisis del dato”, dijo Cáceres. 

Agregó que la generalización “no nos permite actuar y ese ha sido un factor difícil en el país. Tenemos que enfocarnos en los territorios concretos, así fue como pasó con La Guajira para bajar el nivel de mortalidad infantil por desnutrición, pese a que no llegamos al cero casos, tenemos contadores territoriales muy específicos en donde vemos el avance de la situación”. 

La funcionaria indicó que las políticas públicas de niñez no pueden ser un mercado social, “la política está muy bien planteada, pero la forma de ejecutarla se volvió un mercado social. Es decir, que con los análisis de presunta corrupción encontramos que de 220 contratos la proveeduría de alimentos la tenía el mismo grupo, igual que la de servicios públicos, como los servicios pedagógicos y las maestras, entonces, las señoras de cocina no podían quejarse si la comida llegaba mal, porque era el mismo jefe”. 

Su intervención concluyó señalando que “el objetivo de la atención no es generar empleo, es garantizar los derechos, por eso debemos cambiar ese lenguaje. Nuestro objetivo es que el servicio no es el fin, es el medio para garantizar derechos de la niñez”. 

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“Hoy celebramos el pronunciamiento del Consejo de Estado frente a lo que fue la canción +57 y como puso haber vulnerado los derechos de los niños el llamado que le hace a los artistas lo compartimos nosotros y que el Consejo se pronuncie da cuenta de cómo el país ha avanzado en prevenir la vulneración de derechos”, dijo la directora General del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. 

La funcionaria indicó que “acompañamos el llamado que hace para que el consumo de los niños tenga mejor calidad, dicho pronunciamiento está en la vía para garantizar los derechos de los niños. Debemos exaltar el principio de que todos los actores del Estado, podemos trabajar conjuntamente para garantizar los entornos seguros de nuestras niñas, niños y adolescentes”.

Cabe anotar que el Bienestar Familiar suscribe la declaración del tribunal en la que indica que “la sexualización temprana cosifica a los menores, los reduce a objetos de deseo y los expone a riesgos que, pueden afectar gravemente su desarrollo. Este tipo de actos contraviene el principio del interés superior del menor, que exige que, todas las decisiones y actuaciones que les conciernen se adopten teniendo en cuenta su bienestar y protección integral”.

En ese sentido,  el hecho de que ese  pronunciamiento se realiza, tal como lo dice el fallo, con fundamento en el marco constitucional y legal sobre la protección a los niños, niñas y adolescentes, que comprende las normas del artículo 44 y permiten la organización de las instituciones estatales en favor de la infancia y la adolescencia, y en ejercicio de la función de pedagogía constitucional que permite adoptar medidas que prevengan una violación futura a la dignidad de los menores. 

Desde el ICBF estamos comprometidos en garantizar los derechos del futuro de Colombia, y hacemos un llamado a los artistas para que sus letras garanticen sus derechos.

“Hay una particularidad en las estadísticas y es que solo en el año 2025, hasta el 28 de febrero, se han registrado 117 ingresos al programa especializado de Desvinculados del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Una cifra que sigue alertando sobre el reclutamiento ilícito de menores”, informó la directora general del Bienestar Familiar, Astrid Cáceres durante el debate de control político denominado orden público y reclutamiento de niños, niñas y adolescentes por parte de grupos armados, en la Cámara de Representantes. 

Durante la sesión en el Capitolio del Congreso de la República, la Directora General manifestó que se está realizando un trabajo preventivo con profesionales expertos, “uno de los principales programas de prevención es Atrapasueños. Recibimos un ICBF con programitas chiquitos, con coberturas pequeñas muy fragmentadas. Lo que hicimos fue unificar los recursos y generar un solo modelo y lo masificamos en los territorios con mayor probabilidad de reclutamiento, actualmente hay 32 casas Atrapasueños en el país”. 

Así mismo, Astrid Cáceres se refirió a la articulación intersectorial y destacó el trabajo en prevención realizado entre las entidades que conforman la CIPRUNNA, las organizaciones internacionales, la sociedad civil y los equipos territoriales.

De igual manera, explicó que Jóvenes en Paz ha sido una iniciativa que corta los lazos de vinculación al reclutamiento, “nosotros estamos actuando en todo el proceso de formación y ya hay más de 22.000 adolescentes y jóvenes que hacen parte de la estrategia”, señaló. 

Cáceres, concluyó indicando que “la paz es una responsabilidad de los adultos y hemos debido votar todos por la paz y cerrar los territorios con la presencia del Estado, sin hacer trizas la paz”. 

El debate de control político contó con la intervención del Ministro de Defensa, Pedro Sánchez; la ministra de Justicia, Ángela María Buitrago y el Alto Comisionado de Paz, Otty Patiño quienes explicaron con datos concretos y cifras exactas la gestión que desde el Gobierno del Cambio se ha realizado en todo el territorio nacional para evitar cualquier tipo de vulneración a los derechos de las niñas, niños y adolescentes.

Durante el Consejo Directivo, que fue el primero en realizarse en las instalaciones del Bienestar Familiar durante la actual administración, se presentaron temas administrativos y de funcionamiento de la institución.
El ministro de Igualdad, Carlos Rosero, indicó que esta fue una reunión muy productiva en la que se evaluaron las cifras de temas como adopción y atención para los niños, niñas, jóvenes y adolescentes desvinculados.

Por otro lado, la directora general del Bienestar Familiar, Astrid Cáceres sostuvo que “durante la reunión se abordaron temas principales como las sanciones a los operadores y procesos anticorrupción; además de la cancelación de licencias de aseguramiento de calidad y discutimos a fondo el tema de adopciones”, dijo.

Así mismo sostuvo que se hizo un análisis en profundidad del esquema de adopciones, “hemos acordado unas mesas técnicas de trabajo con las instituciones prestadoras de los servicios de adopciones como con el Departamento Nacional de Planeación y el Ministerio de Igualdad y Equidad para que los lineamientos de adopciones conserven términos de igualdad, equidad y la política pública que maneja DNP”.

La directora anotó que durante la reunión se habló sobre el aval financiero por parte del Ministerio de Hacienda para los 113 equipos defensoriales de planta permanente y la nivelación salarial para profesionales de grados 11. Además, del levantamiento previo concepto para poner a funcionar las áreas que queríamos activar. 

Además, se acordó una mesa técnica con organizaciones de base para el tema de prevención de reclutamiento en algunas zonas del país, así como se hizo un repaso del boletín del de cifras del sistema de protección integral.

Durante la sesión del Consejo Directivo del ICBF también participaron Jaime Hernán Urrego Rodríguez, delegado del Ministerio de Salud; Isabel Del Carmen Agatón, delegada por el Ministerio del Trabajo; Norma Liliana Martín García, delegada del Ministerio de Educación; Alberto Bejarano Schiess, delegado del Departamento Nacional de Planeación; teniente coronel Claudia Patricia Suárez Carrillo, delegada de la Policía Nacional. 

Así como, Luz Karime Fernández Castillo, delegada del Presidente de la república al Consejero Presidencial para la Reconciliación Nacional del Departamento administrativo de la Presidencia de la República; y Luis Hernando Solarte, delegado de la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco).

“Estamos saldando una deuda con los adolescentes que conforman el Sistema de Responsabilidad Penal. Comenzamos esta acción haciendo las reformas que el Código de Infancia y Adolescencia necesita. De esta manera, se reparan los daños, se reconoce el enfoque diferencial centrado en la justicia restaurativa y es posible lograr una participación activa de esos jóvenes”, resaltó la directora General del Bienestar Familiar.

La iniciativa legislativa fue radicada por la ministra de Justicia, Ángela María Buitrago y el presidente del Consejo Superior de la Judicatura, Jorge Enrique Abello y durante el encuentro, Cáceres explicó que, “nosotros como Bienestar Familiar venimos implementando unas medidas que les permiten a los jóvenes infractores pagar su sanción desde la restauración y la garantía de derecho. Pero es necesario trabajar en una justicia restaurativa para los niños, niñas y adolescentes que infringen el código penal”, manifestó.

“Hacemos un llamado a los legisladores para cambiar esas condiciones, hemos comenzado con una ruta, pero este proyecto permite transformar el sistema y dar un salto que beneficia a los adolescentes, a nuestros niños, niñas y niñas”.

Igualmente, la directora de la entidad insistió en que es importante que se castigue a quienes inducen a los jóvenes a cometer delitos, “en este país muchos de los victimarios no han tenido la sanción que tienen nuestros adolescentes, por eso en este proyecto hablamos de oportunidad y cambio”.

Por otro lado, el presidente del Consejo Superior de la Judicatura, Jorge Enrique Abello, sostuvo que este proyecto lleva dignidad a aquellos jóvenes que han cometido una infracción “es necesario decirle a los habitantes de esta patria que somos portadores de dignidad, aún quienes han infringido la ley penal, porque cuando son conscientes de eso ellos inician un proceso para restaurar a la sociedad”.

A su turno, la ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, reiteró que utilizar menores es un delito, “tanto en las normas de Derecho Internacional Humanitario, como en las normas ordinarias, tenemos más de 6 tipos penales en donde estos comportamientos son sancionados, desde ese punto de vista el tema es la conciencia que quien use un menor está cometiendo un delito, esta no es una modalidad nueva”.