Destacado

El Código de la Infancia y la Adolescencia (Ley 1098 de 2006) establece a cabalidad la obligación de salvaguardar los derechos de los niños, niñas y adolescentes. El artículo 33 garantiza su derecho a la intimidad personal y familiar, y prohíbe toda forma de exposición pública que afecte su imagen y dignidad.

Por su parte, el artículo 47, entre las responsabilidades especiales de los medios de comunicación, reafirma el derecho de la niñez al buen nombre, la honra y la reputación, principios que deben ser preservados ante cualquier forma de estigmatización, especialmente en contextos judiciales, familiares o de vulnerabilidad.

Adicionalmente, los artículos 18 y 19 aseguran su derecho a la integridad personal, libre de tratos crueles, inhumanos o degradantes, y protegen su bienestar físico, emocional y psicológico.

Instamos a quienes ejercen el oficio periodístico, la comunicación y la publicación de contenidos a través de plataformas digitales a abstenerse de divulgar nombres, imágenes, detalles o datos personales de menores de edad que puedan vulnerar los derechos contemplados en el marco legal colombiano. 

Confiamos en el compromiso ético de todos los medios de comunicación y en su rol esencial en la construcción de una sociedad más justa, en la quelos derechos de nuestros niños y niñas se respeten, se defiendan, se promuevan y se protejan activamente.

Porque en Colombia, los derechos de la niñez están por encima y prevalecen sobre los derechos de los demás.

Desde el Bienestar Familiar rechazamos de manera categórica el secuestro de niños, niñas y adolescentes, así como cualquier forma de violencia que atente contra el ejercicio pleno de sus derechos. Nada justifica que sean víctimas de hechos atroces. Que nunca más tengamos que contar días de secuestro.

Hacemos un llamado a todas las comunidades, en todos los rincones del país, a repudiar el reclutamiento forzado, el uso, la utilización y toda práctica que vulnere la vida, libertad, integridad y el libre desarrollo de niñas, niños y adolescentes. 

Agradecemos la actuación decidida de la Defensoría del Pueblo, el acompañamiento solidario de la Iglesia Católica y la labor de todas las personas e instituciones que hicieron posible que Lyan regresara sano y salvo al seno de su familia. Su liberación es un triunfo de la esperanza, la unidad y el compromiso con los derechos de la infancia.

Ponemos a disposición toda nuestra capacidad institucional para brindar atención psicosocial y acompañamiento integral a Lyan, a su familia y a todas las familias colombianas que requieran nuestro apoyo. Continuaremos trabajando sin descanso por una Colombia en la que cada niño y niña crezca en un entorno protector, libre de violencia y con oportunidades para desarrollar todo su potencial.

El pasado 3 de mayo, la Dirección General del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) recibió una denuncia por parte de una madre de familia sobre el presunto abuso sexual de una niña beneficiaria del mencionado Hogar Infantil, por parte de un trabajador del mismo. A partir de ese momento, el ICBF ejecutó las siguientes acciones:

1. Contacto directo con la madre de familia por parte de la Dirección de Protección.

2. Activación inmediata del Código Blanco, protocolo para atención a víctimas de violencia sexual.

3. Denuncia formal ante la Fiscalía General de la Nación, lo que activó la Unidad de Delitos contra la Niñez y permitió la asignación de una fiscal para atención urgente.

4. Asignación de un equipo de Defensoría de Familia para atender los casos conocidos y brindar acompañamiento a las niñas y niños que estaban recibiendo atención médica.

5. Un equipo directivo del ICBF se trasladó al Hogar Infantil Canadá para reunirse con madres y padres beneficiarios y socializar las medidas adoptadas.

6. Cierre preventivo del hogar infantil, hasta tanto se garanticen condiciones adecuadas de atención.

7. Reubicación inmediata de los niños y niñas en otras unidades de atención debidamente habilitadas.

8. Inicio de indagaciones internas por parte del equipo de Aseguramiento de la Calidad y de Control Interno sobre el actuar de la asociación operadora del servicio y de los funcionarios institucionales implicados.

9. La Dirección Regional y los equipos de Defensoría de Familia continuaron el acompañamiento a las familias y verificación de los derechos de los menores.

10. Gracias a la inmediata denuncia interpuesta por el ICBF y el trabajo articulado, la Fiscalía General de la Nación logró dar captura al presunto agresor el martes 6 de mayo. www.icbf.gov.co

11. Sesión del Comité de Inspección y Vigilancia, donde se aprobó el inicio de un proceso administrativo sancionatorio.

12. Rueda de prensa, donde se anunciaron medidas para reforzar la protección de la primera infancia:

- Aplicación progresiva de pruebas de personalidad a trabajadores. Luego de un estudio y análisis riguroso, se determinó que durante los siguientes meses y de manera progresiva, se están “aplicando pruebas de personalidad que ayudan a identificar posibles alertas en los procesos y la manera como se están atendiendo a las niñas y niños”, aseguró Cáceres.

- Las medidas deben empezar por priorización de género y eso significa que solo haya mujeres en el cuidado de los niños. Se está trabajando en la priorización de género para la atención en la primera infancia sin llegar a la discriminación.

- Fortalecimiento de comités de control social. Se están fortaleciendo los comités de control social con los padres y madres de familia quienes deben estar en todas las unidades de servicio activos y son los que van a determinar la idoneidad de la operación de los colaboradores o asociaciones. Son los papás de los niños y niñas, quienes deciden, de ahora en adelante, la continuidad de un operador.

- Instalación progresiva de cámaras de vigilancia en las unidades de servicio, con acceso en tiempo real para padres de familia, que contribuya a garantizar las condiciones de calidad en la atención.

- Operación directa de las unidades que tenía ese operador, como parte de la garantía de la atención de los niños y niñas. Es un modelo que en este momento se ha implementado en 244 unidades.

- Proceso de cancelación de personería jurídica abierto y en proceso de los tiempos de ley. Se adelantan los procesos administrativos y sancionatorios, no solo frente a la ejecución contractual sino también a la personería jurídica de la Asociación como entidad prestadora del servicio.

- Se implementa la vigilancia permanente en cada una de las unidades operativas que están a cargo del operador Asociación Parque Canadá.

El ICBF estará vigilante del proceso de restitución de derechos de los niños afectados y acompañará a las familias para garantizar que continuemos avanzando en la construcción de un futuro más justo y esperanzador para todos.

1. Destacamos el trabajo y la celeridad que la Fiscalía General de la Nación dio a la denuncia interpuesta por Bienestar Familiar. Este trabajo articulado permitió la captura del presunto agresor, el día de hoy martes, y expresa el carácter prioritario que tiene para el instituto atender  este tipo de hechos y la activación de la justicia y las autoridades administrativas.

2. La entidad continúa brindando el acompañamiento y respaldo a los niños, niñas y a sus familias a través de equipo técnico interdisciplinario especializado, así como la activación de las rutas con las defensorías de familia adscritas al Centro Zonal de San Cristóbal. 

3. Los procesos abiertos contra la entidad administradora del servicio, así como los procesos sancionatorios y disciplinarios que correspondan están en curso en la entidad con todos los recursos jurídicos disponibles. Igualmente ratificamos el compromiso de colaboración con los entes de control en el marco de las indagaciones e investigaciones que adelanten frente a los hechos.

4. Avanzamos en la consolidación del mecanismo para el restablecimiento del servicio en condiciones distintas y sin intermediación de operadores. Solo se procederá con la reapertura del Hogar Infantil Canadá F cuando todas las condiciones para la misma estén garantizadas y se contempla un proceso participativo y de diálogo con las familias y la comunidad beneficiaria del servicio. Solo con el trabajo colaborativo y ciudadano podrá contarse con condiciones que restablezcan la confianza. 

5. Hacemos un firme llamado a los medios de comunicación como corresponsables en la garantía de los derechos de los niños, niñas y adolescentes en el manejo de la información para no transmitir información sin verificar, para no revictimizar, estigmatizar, o utilizar dicha información con fines amarillistas o políticos. La forma en que se divulga la información tiene un impacto directo en la seguridad de familias, niños, niñas, y funcionarios. Por ello, solicitamos que se priorice la precisión, el respeto y la ética en cada noticia brindada, contribuyendo así a una sociedad más informada, protectora y comprometida con la niñez del país. 

Finalmente, exhortamos a la ciudadanía a estar alerta y reportar cualquier caso de abuso o violencia contra la niñez a través de cualquiera de nuestros canales de atención. A través de la Línea 141 o el 123, todos y todas tenemos la posibilidad de dar aviso y prevenir la vulneración de sus derechos. El cuidado y protección de la niñez es un llamado a la acción que nos convoca a todos como Estado, familia, y sociedad.
 

Durante su intervención, la directora del Bienestar Familiar reiteró el compromiso institucional con la protección integral de niñas, niños y adolescentes, e insistió en la urgencia de implementar estrategias conjuntas entre instituciones que prevengan el reclutamiento forzado y restablezcan los derechos de quienes han sido víctimas directas del conflicto armado.

En el desarrollo del Consejo, se revisaron junto a los alcaldes del departamento las estrategias acordadas en este espacio. La jornada, que contó también con la participación de la Comisión de Paz del Senado, permitió presentar los avances construidos con las comunidades y analizar las formas de respuesta institucional necesarias frente a los nuevos desafíos del territorio.

Adicionalmente, se destacó la situación de niñas, niños y adolescentes que han sido protegidos por el ICBF y otras entidades del Estado, en coordinación con la Defensoría del Pueblo. Cabe anotar que hoy, dos adolescentes más llegaron desde el Cauca para ingresar al programa de atención para la desvinculación.

La directora general del ICBF, Astrid Cáceres, agradeció a la ciudadanía que colaboró en este proceso y reiteró el llamado a los grupos armados a establecer un diálogo con la Consejería de Derechos Humanos en el marco de los acuerdos vigentes. Señaló que este año es decisivo para avanzar en la paz y que el Cauca representa una parte fundamental de ese compromiso, a través del “Pacto Cauca”, el cual está próximo a ser firmado como una apuesta conjunta del Gobierno Nacional por la transformación del territorio.

Frente a esta realidad, la entidad hizo un llamado a toda la comunidad para rechazar de manera contundente el crimen del reclutamiento de niñas, niños y adolescentes. “Nos están arrebatando a nuestros niños, y no vamos a permitirlo. Estamos aquí para protegerlos como si fueran nuestros propios hijos” dijo.
 
En línea con esta posición, el compromiso también se extiende a enfrentar con determinación el narcotráfico, la minería ilegal y la deforestación. “El enfoque en la lucha contra el narcotráfico no puede limitarse a la presencia institucional; debe centrarse en la transformación social del territorio. No basta con construir escuelas o centros de salud si no se transforma el territorio y la manera económica como subsisten nuestras poblaciones”, afirmó el ministro Pedro Sánchez.

En este contexto, finalmente el Bienestar Familiar destacó la oportunidad de avanzar en soluciones concretas para la niñez del Cauca, reiterando la importancia de articular esfuerzos para prevenir el reclutamiento forzado y proteger a las comunidades más vulnerables. La entidad reafirmó su compromiso con una generación que ha crecido en medio del conflicto, pero que merece hacerlo en entornos seguros, con dignidad y en paz.
 
 
(Fin/cmm/eeb)

Si en algo debemos estar de acuerdo como nación, es en que la niñez y la adolescencia deben ser protegidas frente a cualquier situación que vulnere sus derechos. La consolidación de entornos seguros, el cuidado y el amor no son solo valores deseables, sino derechos fundamentales que, como familia, sociedad y Estado, estamos llamados a garantizar, tal como lo establece la Constitución Política de 1991.

En este orden de ideas, hoy donde miles de niñas y niños se congregan en diferentes espacios a través del juego y actividades artísticas para celebrar el Día de la Niñez, honramos en memoria a quienes han tenido que sufrir el rigor de la guerra.

Por ello, solicitamos que, en el marco de la suspensión de las operaciones militares ofensivas y operaciones especiales de Policía Nacional contra los integrantes del autodenominado Estado Mayor Central, establecido en el Decreto 0448 de 2025, se ponga fin de manera inmediata a cualquier tipo de vinculación de niñas, niños y adolescentes en actividades que pongan en riesgo sus derechos, incluyendo el reclutamiento, uso y utilización, como una demostración de su voluntad de paz.

Igualmente, solicitamos iniciar cuanto antes la entrega de todas las niñas, niños y adolescentes que siguen integrando las filas de este grupo armado, y que, en esa medida como Gobierno Nacional, se activarán los mecanismos necesarios para su desvinculación, restablecimiento de derechos, reparación integral y reintegración.

Anhelamos recibirles y acogerles, las entidades del Gobierno Nacional estamos listas para disponer las acciones y los mecanismos necesarios para su desvinculación, restablecimiento de derechos, reparación integral y reintegración. Como sociedad, es necesario que aprendamos de las lecciones que dejaron los anteriores procesos, donde tal y como lo indicó la Comisión de la Verdad en su informe “No es un mal menor”, se hace necesario que la protección de las niñas, niños y adolescentes estén en el centro de los diálogos de paz.

Hoy, en el marco del Día de la Niñez, hacemos un llamado a todos los actores en negociación, al Estado en su conjunto y a la sociedad colombiana para que sigamos trabajando con decisión por garantizar el derecho de niñas, niños y adolescentes a vivir en un país en paz. Enviamos un mensaje claro y contundente: estamos comprometidos con sus sueños, su bienestar y su presente, porque sus derechos prevalecen sobre los de los demás.

Durante su intervención, la funcionaria reiteró la necesidad de articular esfuerzos bajo un enfoque integral que garantice entornos protectores, repare los daños causados por la violencia y brinde oportunidades reales a niñas, niños, adolescentes y comunidades vulneradas. En ese sentido, destacó cuatro líneas de acción prioritarias:

• Prevención del reclutamiento forzado, mediante unidades móviles y las Casas Atrapasueños.
 
• Acompañamiento psicosocial con intervenciones directas en zonas priorizadas.
 
• Protección integral, enfocada en la defensa de los derechos de la infancia y la adolescencia.
 
• Reconstrucción de proyectos de vida a través de talleres comunitarios y actividades que promueven la resiliencia.

Cáceres agregó que superar el conflicto exige la presencia constante del Estado en el territorio, el fortalecimiento de la cohesión social y el reconocimiento de la niñez como motor de la paz. En este marco, programas como Semillas de Vida han promovido la identidad cultural del pueblo Nasa y reforzado los lazos familiares y comunitarios para prevenir riesgos y consolidar procesos de reconciliación.

Tras el debate, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, anunció nuevas medidas para reforzar el control territorial y recuperar la tranquilidad en la región. Estas incluyen intervenciones estratégicas en zonas críticas, la prevención del reclutamiento forzado y la sustitución voluntaria de cultivos ilícitos por proyectos agrícolas, legales y sostenibles (café, cacao, plátano y agroforestería).

En el encuentro participaron, además de la directora del Bienestar Familiar y el ministro de Defensa, el gobernador del Cauca, Octavio Guzmán, el alcalde de Popayán, Juan Carlos Muñoz, la senadora Aída Quilcué, representantes de la ONU, la Defensoría del Pueblo, el CRIC, el embajador de la Unión Europea y líderes de distintas organizaciones. Todos coincidieron en la urgencia de trabajar de manera conjunta para garantizar el bienestar, la seguridad y el desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes del Cauca.
 
(Fin/cmm/eeb)

“Hoy agradecemos a la Defensora del Pueblo, llevamos una agenda de trabajo de varios meses, y estamos haciendo un seguimiento a los compromisos. Estamos avanzando en esa tarea conjunta de defender los derechos de los niños y las niñas”, dijo la directora General del Bienestar Familiar.
 
Frente al tema de migración la directora de Bienestar Familiar precisó que durante la sesión de trabajo, “tratamos el tema de los niños y niñas que llegan deportados, las situaciones que viven, también tratamos el fenómeno de la migración inversa. Vamos a estar de manera transversal en lo que implica la ruta de migración en América y la reunificación familiar de niños, niñas y adolescentes de Venezuela”.
 
A su turno, la Defensora del Pueblo indicó que durante el encuentro también se trató el tema de reclutamiento forzado, “donde particularmente compartimos información sobre las preocupaciones que tenemos de las dinámicas de reclutamiento. Queremos trabajar articuladamente en materia de análisis y mapeo. Además, buscamos fortalecer las rutas de prevención y restablecimiento y articular los procesos de formación de nuestros funcionarios y los funcionarios del ICBF para dar mejor respuesta”.
 
Ambas funcionarias acordaron que se sostendrán diferentes sesiones de trabajo para fortalecer el abordaje de otros temas que están en la agenda de las dos entidades para garantizar los derechos de las niñas, niños y adolescentes en todo el territorio.
 

La directora general del ICBF, Astrid Cáceres, lideró un recorrido por los espacios donde se desarrolla la atención a la primera infancia, incluyendo la estrategia de educación inicial campesina. En cada encuentro, madres comunitarias, docentes, padres de familia, operadores y autoridades locales compartieron sus experiencias, preocupaciones y propuestas, abriendo paso a un diálogo cercano y constructivo.

A partir de este ejercicio colectivo, se acordaron acciones para mejorar la infraestructura de los Centros de Desarrollo Infantil (CDI) y fortalecer la atención que reciben niñas y niños en este territorio.

En la Institución Educativa Técnica Miguel Zapata, se anunció la implementación de una Unidad de Tejido Familiar y Comunitario, que acompañará a más de 120 familias a través de procesos enfocados en la convivencia armónica, la prevención de violencias y la educación, reafirmando que el trabajo con las comunidades es clave para garantizar entornos protectores.

Además, se definieron estrategias concretas orientadas a fortalecer el entorno de protección para la niñez. Entre ellas, se incluyó la adecuación de espacios en los Centros de Desarrollo Infantil (CDI), el impulso a iniciativas comunitarias de prevención y el acompañamiento a familias en procesos que fortalezcan el tejido social desde sus propias dinámicas y saberes.

Con estas acciones, el ICBF reafirmó su compromiso con la protección integral de la niñez y el acompañamiento a las comunidades que, desde sus territorios, siguen resistiendo, cuidando la vida y sembrando paz.

(Fin/cmm/eeb)
 

En Camino de Enraizamiento participan de la atención diferencial centrada en prácticas culturales propias 749 personas: de manera directa niñas, niños y adolescentes indígenas (100), de manera indirecta  500 integrantes de sus comunidades de origen, además involucra a 139 autoridades indígenas de los pueblos Nasa, Yanakuna, Kokonuko, Totoroez, Misak, Eperaara Siapidara, Polindara, Ampiule, Kishú, Embera e Inga, y  10 miembros de la Consejería Mayor del CRIC.

La directora general del ICBF, Astrid Cáceres Cárdenas, señaló que, "este acuerdo tiene un significado profundo, porque representa un avance en la atención de las afectaciones a la niñez, tanto por reclutamiento como por amenazas. Es un trabajo construido por las mismas comunidades, con nuestro acompañamiento,  esto refleja el compromiso que como Instituto tenemos en transformarnos para responder a las expectativas de los pueblos indígenas y avanzar hacia un Estado que garantice plenamente los derechos de la niñez".

Por su parte, Rosalba Velasco, consejera mayor del CRIC, reconoce que la firma de la propuesta implica un compromiso y una responsabilidad compartida entre el Estado y las autoridades indígenas para garantizar los derechos de las niñas, niños y adolescentes indígenas que regresan a sus territorios tras su desvinculación de un grupo armado.

Finalmente,  al dar continuidad juntos  al ‘Camino de Enraizamiento’, el ICBF y el CRIC reforzarán el compromiso  para proteger colectivamente a la niñez y adolescencia indígena, asegurando un entorno que facilite el desarrollo integral y el fortalecimiento interno basado en los principios fundamentales de Unidad, Cultura y Autonomía, indispensables para garantizar que crezca la generación para la Vida y La Paz.

(Fin/cmm/eeb)