Destacado

En el marco del encuentro de la Alianza Global para poner Fin a la Violencia contra la Niñez, realizado en México, Colombia presentó una serie de experiencias de trabajo articulado orientadas a la protección de niñas, niños y adolescentes migrantes. La participación colombiana destacó por su enfoque técnico, basado en aprendizajes regionales, para responder de manera coordinada ante los desafíos migratorios. 


Una de las experiencias destacadas fue el Proceso de Quito, plataforma técnica intergubernamental que inició en 2018 con el acompañamiento de OIM y ACNUR. Este espacio ha permitido avanzar en la gestión de flujos migratorios, identificando cuántas personas migran, cómo lo hacen y qué condiciones enfrentan durante su tránsito. Como parte de este proceso, se definieron siete líneas estratégicas de trabajo regionales: 


El intercambio de información sobre flujos migratorios, clave para conocer por dónde transitan y cuántos niños y niñas viajan, si están acompañados o no, y hacia qué país se dirigen; la regularización de migrantes venezolanos y el fortalecimiento de los sistemas de refugio; el acceso a salud, educación y asistencia humanitaria, con énfasis en la niñez y adolescencia; La lucha contra el tráfico de migrantes y la trata de personas, enfrentando las redes que lucran con la movilidad humana; la prevención de la xenofobia y la discriminación; la garantía de derechos humanos de las personas en movilidad y el trabajo articulado con la cooperación internacional. 


Colombia también compartió otras acciones bilaterales de articulación regional. Con Panamá se suscribió un memorando de entendimiento, en cuya materialización se realizaron inspecciones conjuntas en pueblos fronterizos para establecer rutas comunes de atención a la niñez migrante. Con Chile, igualmente fue suscrito un memorando de entendimiento y se avanzó en procesos de reunificación y retorno seguro. Y con Venezuela, la firma del memorando de entendimiento en 2023 permitió reactivar la reunificación familiar de niñas y niños separados de sus cuidadores, evitando adopciones irregulares y facilitando retornos acompañados, con el apoyo de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID). 

Durante el encuentro, Colombia también presentó el modelo «Tejiendo Caminos», desarrollado con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Gobierno de Japón. Esta estrategia de atención psicosocial a familias migrantes se orienta a prevenir la violencia y la xenofobia, y acompaña procesos de tránsito y retorno seguro. El modelo está alineado con el Plan Nacional de Desarrollo, que impulsa la transformación del sistema de cuidado en regiones con alta presencia migrante. 


En el contexto de estas experiencias de cooperación regional, Colombia anunció la creación de la Mesa Nacional de Niñez y Adolescencia Migrante, un espacio de articulación intersectorial que responde al volumen creciente de la migración infantil. Esta mesa busca coordinar a los sectores del gobierno responsables de la atención a la niñez migrante y, al mismo tiempo, garantizar que se escuchen sus voces y necesidades. Se trata de una herramienta de coordinación que se ensambla con los procesos regionales ya existentes y que Colombia pone al servicio como modelo replicable. 


«La situación de la niñez migrante nos exige actuar juntos. No se trata solo de gestionar cifras, sino de proteger vidas con humanidad y corresponsabilidad regional. Es un Compromiso País, es un compromiso con la niñez», afirmó Astrid Cáceres, directora del Bienestar Familiar. 


Con estas intervenciones, Colombia reiteró su compromiso con el trabajo conjunto entre países para prevenir y atender las violencias contra niñas y niños migrantes, destacando que los desafíos actuales solo pueden abordarse desde una respuesta regional articulada, sostenida y con enfoque basado en derechos.

Colombia expuso ante la Alianza Global de Países Pioneros para Erradicar la Violencia contra los Niños los avances de la estrategia «Llegar a tiempo, llegar juntos», un Compromiso País orientado a actuar de manera oportuna para prevenir las violencias contra niñas, niños y adolescentes, y garantizar una respuesta unificada como Estado y sociedad cuando estas suceden. La presentación fue realizada por la directora del Bienestar Familiar, Astrid Cáceres, quien destacó el impacto de esta estrategia construida a partir de la articulación entre Gobierno, sociedad civil y comunidades. 


Uno de los logros más destacados fue la reducción del 52 % en la mortalidad infantil por desnutrición en zonas priorizadas como La Guajira, gracias a un modelo conjunto entre el Bienestar Familiar y el sector Salud. Dicho modelo permite intervenir desde diferentes niveles: hospitalización, recuperación nutricional comunitaria y vigilancia alimentaria directa en territorio. 


Cáceres anunció además que Colombia ya firmó la ley que prohíbe el matrimonio infantil, la cual entrará en implementación activa en 2025. Este avance legislativo se suma a otras acciones desarrolladas bajo un enfoque transectorial, es decir, con la actuación coordinada y simultánea de las entidades del Estado como un solo cuerpo operativo en los territorios. 


Se destacó también el modelo Tejiendo Interculturalidad que involucra a 600 comunidades indígenas declaradas en vía de extinción por la Corte Constitucional, en el fortalecimiento de sus propios sistemas de cuidado infantil. En estas comunidades se integran prácticas culturales como el tejido simbólico para el seguimiento de derechos, junto con la presencia de instituciones estatales. 


Como parte de la acción en terreno, se han implementado 26 casas integradas de atención a víctimas, en las que operan bajo un mismo techo entidades como Fiscalía, Bienestar Familiar, sector Salud y protección. A esto se suman las 27 casas Atrapasueños, espacios preventivos con oferta educativa, psicosocial y artística apoyados por ministerios como Ciencia y Deporte. Además, Colombia avanza en la creación de un sistema nacional de alertas tempranas con apoyo tecnológico para prevenir violencias en el ámbito local. 
 

En zonas fronterizas como Leticia, donde convergen Colombia, Perú y Brasil, se consolidó una mesa de coordinación trinacional para responder a la trata de niños y niñas indígenas. Esta articulación entre Policía y autoridades locales busca cerrar vacíos institucionales en una región donde las fronteras legales no coinciden con la realidad social y cultural del territorio. 


«El Gobierno del Cambio tiene claro que a la niñez se le cuida de manera decidida, articulada y con presencia real en el territorio. Este compromiso país nos exige que lleguemos unidos.  A la víctima le importa que llegue el Estado. Y que llegue como uno solo», expresó la directora Astrid Cáceres durante su intervención.

(@MinAgricultura - @ICBFcolombia). – Tras un trabajo coordinado e interinstitucional, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar suscribieron una gran alianza para impulsar y fortalecer a los pequeños productores arroceros a partir de la estrategia de compras públicas locales. 

Actualmente el Bienestar Familiar realiza compras alimentarias para los servicios de primera infancia a través de organizaciones campesinas, resguardos indígenas, consejos comunitarios, asociaciones de padres de familia y de madres comunitarias, ellos presentan los proveedores de arroz y las direcciones regionales de bienestar familiar validan estos proveedores, sin embargo de acuerdo a los análisis del Ministerio de Agricultura, el país tiene actualmente suficiente arroz de producción de pequeñas organizaciones, por tanto, el Bienestar Familiar toma la decisión de enfocar todas las compras públicas de arroz hacia los  pequeños productores locales. Se calcula que estas compras pueden estar por más de 3 mil toneladas de cereal destinadas a atender las necesidades de sus programas sociales en los departamentos. 

La directora del Bienestar Familiar, Astrid Cáceres, indicó que «revisamos todas las fichas técnicas, revisamos cómo está la producción nacional de arroz y hemos tomado una medida estratégica para impulsar las compras públicas locales de arroz nacional. En este momento el país tiene producción de arroz suficiente para cubrir todas las regiones que nosotros necesitamos». 

Según explicó, esta es una medida de transición que permitirá que toda la compra pública de arroz se dirija exclusivamente a pequeños productores del país. 
La medida tiene como propósito proteger a los pequeños productores arroceros, así como a las familias que dependen de esta actividad. «El Bienestar Familiar pasa de tener un 30% de compra local de arroz nacional a lograr que el100 % del arroz de consumo en sus servicios sea comprado a pequeños productores de arroz», indicó Cáceres. Toda adquisición institucional de arroz será colombiano, cultivado por productores caracterizados por el Ministerio de Agricultura, como parte de una estrategia para fortalecer la economía local a través de las compras públicas.

La viceministra de Asuntos Agropecuarios, Geidy Ortega, añadió que «continuamos trabajando como Ministerio de Agricultura, siguiendo el mandato del presidente Gustavo Petro, para fortalecer la producción nacional, darles prioridad a los pequeños productores en el marco de la ley de compras públicas. Esta medida se suma al paquete de apoyos que ya vienen andando para el sector como el apoyo directo a la comercialización, la activación del Fondo de Acceso a Insumos Agropecuarios y otros para hacer competitiva a la cadena». 

Cabe recordar que el arroz, fundamental en la canasta básica familiar colombiana, también es uno de los ingredientes de la Bienestarina, el complemento alimenticio nutricional que en el Gobierno del Cambio es elaborado con productos provenientes de los campos colombianos, y para esta producción también se ha viabilizado la compra de 270 toneladas de harina de arroz. 

En esa misma línea, la directora Astrid Cáceres y la viceministra Geidy Ortega señalaron que la decisión responde a lo establecido en el Plan Nacional de Desarrollo en el sentido de impulsar la soberanía nacional mediante el fortalecimiento de la producción agrícola, la relación de las comunidades campesinas con la tierra y la naturaleza. 

La viceministra Geidy Ortega concluyó que «este trabajo articulado como Gobierno está enfilado en la apuesta de la producción de alimentos, garantizando el derecho humano a la alimentación, la generación de empleo e ingresos, y el desarrollo integral de las comunidades rurales». 

Por su parte, la directora Cáceres recalcó: «Esta es una decisión que marca un antes y un después en cómo el Estado se relaciona con los pequeños productores. El arroz que alimenta a miles de niños, niñas y familias en los programas del Bienestar Familiar será 100 % colombiano, cultivado con manos campesinas gracias a esta nueva alianza con MinAgricultura».
 
 
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural
www.icbf.gov.co
 

Durante la conversación, la entidad manifestó su solidaridad con la situación que está viviendo la población palestina en medio del conflicto, y especialmente con las niñas, niños y adolescentes que enfrentan condiciones de alta vulnerabilidad. 


Como parte de este acercamiento, se expresó la voluntad institucional de construir un pacto de solidaridad con Palestina que permita establecer una ruta conjunta para el desarrollo de iniciativas humanitarias y psicosociales con un enfoque de derechos y protección integral. Esta hoja de ruta contempla también posibles acciones en el territorio colombiano, dirigidas a niños y niñas palestinos que puedan requerir acompañamiento. 


Bienestar Familiar reiteró su disposición de mantener un canal de diálogo permanente con la Embajada de Palestina y avanzar en una cooperación que garantice una atención integral, pertinente y respetuosa de las particularidades culturales de la niñez palestina, reafirmando así su compromiso con la protección integral de niñas, niños y adolescentes en contextos de crisis humanitaria, y con la construcción de entornos dignos, seguros y solidarios que garanticen el ejercicio pleno de sus derechos, sin distinción de nacionalidad u origen.

Esta medida es uno de los logros más significativos de la reforma laboral impulsada por el Gobierno Nacional y representa un avance histórico hacia una Colombia más justa, más humana y más solidaria.

La directora general de Bienestar Familiar, Astrid Cáceres, destacó:
«Esta es una victoria del cuidado, de las madres comunitarias, de las madres sustitutas, de los trabajadores de hogares infantiles, y también de nuestros niños y niñas. Con esta decisión, se mejora la calidad de la atención y se reconoce el trabajo que estas personas han desempeñado durante años».

El proceso de vinculación inició este año 2025 con la incorporación de cerca de 2.360 personas como parte de una primera fase, y continuará de manera progresiva hasta completar la totalidad proyectada.

Además, esta medida se suma al aumento del subsidio pensional para madres sustitutas mayores de 57 años, adoptado previamente:
«Estas son dos acciones derivadas de la política laboral del actual Gobierno: primero, el ajuste al subsidio pensional para quienes se retiran; y segundo, la vinculación laboral directa para quienes continúan en servicio», agregó Cáceres.

Bienestar Familiar reafirma su compromiso con la dignificación del trabajo en el sector del cuidado y la protección integral de la niñez colombiana.

Porque quienes cuidan merecen ser cuidados, hoy celebramos un logro que honra su entrega, transforma vidas y siembra esperanza para miles de familias en todo el país.

El lanzamiento se realizó a través de una transmisión en vivo por Instagram, con conexión desde dos territorios: Medellín (Antioquia) y Floridablanca (Santander). La directora general de Bienestar Familiar, Astrid Cáceres Cárdenas, y la directora de Adolescencia y Juventud, Naya Gutiérrez Pinzón, lideraron este espacio en el que más de 400 personas se conectaron para conocer los lineamientos de esta nueva edición.

Desde la Comuna 13 de Medellín, la directora general conversó con niñas, niños y adolescentes, destacando las voces de quienes participan en procesos comunitarios de protección. En ese contexto, se compartió la experiencia del Consultorio de Yula, una iniciativa que busca garantizar atención psicológica social a familias del barrio San Javier.

En el mismo espacio, se dio reconocimiento a la labor de Socorro Mosquera Londoño, lideresa comunitaria y creadora de una experiencia sólida en atención a la niñez, que ha sido acompañada por Bienestar Familiar como ejemplo de acción desde el territorio.

Simultáneamente, en Floridablanca, la directora de Adolescencia y Juventud interactuó con comunidades reunidas en la biblioteca José Antonio Galán, donde niñas, niños, adolescentes y madres compartieron su experiencia con la lectura y el trabajo de una fundación local, también fortalecida a través de la Mochila Atrapasueños.

Durante la transmisión se respondieron preguntas enviadas por las comunidades. Astrid Cáceres señaló:

«Al apoyar estas experiencias con Bienestar Familiar lo que hacemos es ponerle un componente psicosocial y armar una red de protección».

Se recordó además que los estímulos están destinados a proyectos comunitarios consolidados en el tiempo, presentados por organizaciones con personería jurídica y que no sean operadores actuales de servicios del instituto.

Bienestar Familiar invita a las organizaciones de base comunitaria a postular sus propuestas en áreas como arte, cultura, deporte o ciencia, antes del 27 de junio de 2025. Toda la información, requisitos y el Abecé Mochila Atrapasueños 2025 se encuentran disponibles en el portal oficial: www.icbf.gov.co.

Con esta estrategia, Bienestar Familiar fortalece redes comunitarias que protegen, promueven derechos y generan entornos seguros para niñas, niños y adolescentes en todo el país.

La firma se dio en el marco de la Mesa para la Co-construcción de Paz Territorial, donde ambas delegaciones reconocieron que los derechos de la niñez deben ser garantizados de manera prioritaria, bajo un enfoque de dignidad, corresponsabilidad y respeto por la diversidad étnica y cultural del territorio. 

El Acuerdo 11 establece acciones urgentes y coordinadas para atender las vulneraciones que enfrenta la niñez en contextos de violencia, pobreza, desescolarización y reclutamiento. Entre los principales compromisos se destacan: 
 

• Creación de una Subcomisión Técnica para la Protección de la Niñez, integrada por delegados del Gobierno, Comuneros del Sur, el Bienestar Familiar, la Defensoría del Pueblo y actores territoriales, para diseñar rutas prioritarias, protocolos de intervención y planes de acción. 
• Caracterización integral de la niñez en 10 municipios priorizados, liderada por el Bienestar Familiar, con el fin de identificar necesidades, riesgos y oportunidades de protección. 
• Compromisos de Comuneros del Sur para abstenerse de cualquier conducta que ponga en riesgo a personas menores de 18 años y promover activamente sus derechos en los territorios donde tienen presencia. 

En este sentido, la subcomisión tendrá como objetivo principal establecer una hoja de ruta que garantice el ejercicio pleno de los derechos de niñas, niños y adolescentes desde la gestación hasta los 18 años, con enfoque territorial, comunitario, étnico e interseccional. Se reconocerán los usos, costumbres y sistemas propios de pueblos indígenas, consejos comunitarios y organizaciones campesinas del departamento. 

En un plazo máximo de 90 días, la subcomisión deberá presentar un informe preliminar con hallazgos, necesidades prioritarias y primeras acciones que servirá como base para definir la implementación progresiva de las rutas de protección. 


«Estamos construyendo paz desde quienes más la necesitan: nuestras niñas, niños y adolescentes. Este acuerdo es una apuesta por restituir derechos, sanar heridas y evitar nuevas formas de violencia», expresó directora general del Bienestar, Astrid Cáceres. 

El Acuerdo 11 cuenta con el acompañamiento de la Conferencia Episcopal de Colombia, la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la OEA (MAPP-OEA) y la Embajada del Reino de los Países Bajos. 

«La paz empieza por la infancia. Y desde Nariño, estamos poniendo la vida, los derechos y la dignidad en el centro del camino», precisó la directora.

Así lo manifestó este domingo en su cuenta de X el presidente Gustavo Petro, donde dijo que “la madre comunitaria pasa a convertirse en una profesional en el cuidado de la niñez formalmente empleada por el Estado".

El post del presidente Petro se refiere al decreto que creó oficialmente el cargo de 'Madre Comunitaria' en la planta de personal del ICBF, que formaliza y reconoce la labor de miles de mujeres en los hogares comunitarios.

Esta formalización surgió por la firma del Decreto 0586 de 2025, que responde a una necesidad histórica, gracias a la hoja de ruta establecida por la Presidencia de la República con base en el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 'Colombia, potencia mundial de la vida'. Así, se empieza a materializar con una primera vinculación de madres y padres comunitarios. 

(Fin/for/jgp) 


*Comunicado de Prensa Presidencia 

Sin embargo, la líder de la entidad explicó que «es un marco jurídico que celebramos, pero es limitado. Realmente lo que nosotros necesitamos es llegar a una transformación a través de una reforma laboral en la que queden planteadas todas las garantías para la vinculación laboral permanente de las madres y padres comunitarios y agentes de los hogares infantiles», puntualizó.  


El Decreto 0586 de 2025 responde a una necesidad histórica y gracias a la hoja de ruta establecida por el presidente Gustavo Petro, a través del Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 «Colombia, potencia mundial de la vida», hoy se empieza a materializar con una primera vinculación de madres y padres comunitarios y abre la puerta al siguiente hito que debe ser mucho más grande.  


Las madres y padres comunitarios que desempeñan una labor de agentes educativos responsables del cuidado de las niñas y los niños de primera infancia del programa de Hogares Comunitarios de Bienestar, son reconocidos en su comunidad por su solidaridad, convivencia y compromiso con el desarrollo de la niñez de Colombia, por eso seguimos avanzando en la dignificación de su labor. 

 
 

En los municipios que hacen parte de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), el instituto atendió a 479.643 niñas y niños en Primera Infancia, 93.652 personas en Familias y Comunidades; 28.153 en Infancia, 18.768, en Adolescencia y Juventud. A estas cifras se suman 15.657 personas en Protección y 7.408 niñas y niños en Nutrición.  


«La paz no solo se firma, se construye. La paz se concreta en el amor de las familias, con la protección de los niños y las niñas. Tenemos que tejer con las comunidades y con quienes piensan distinto para construir la paz», aseguró la directora general del Bienestar Familiar, Astrid Cáceres, en el auditorio del ICBF en Bogotá. 


Se hizo un recuento detallado de los compromisos del Bienestar Familiar en el Acuerdo de Paz: la atención en municipios PDET, estrategias misionales de Primera Infancia, Infancia, Adolescencia y Juventud, Sistema Integral para la Paz; prevención del reclutamiento, uso y utilización y la campaña «Aquí crece la Generación para la Paz», entre otros. 


La directora también señaló, como lo ha hecho en otras oportunidades, que Bienestar Familiar está avanzando en la implementación de la atención directa en las diferentes modalidades. «Como lo ha dicho el presidente Gustavo Petro, hay que empoderar a las comunidades y es lo que estamos haciendo. Que sean las comunidades las que se apropien de la atención de sus niños y niñas». 


De igual forma, a través de la estrategia Atrapasueños, el ICBF ha impactado a más de 230.000 niñas, niños y adolescentes en más de 778 municipios. Por otra parte, sobre la estrategia «Aquí crece la Generación para la Paz», se expusieron los componentes y acciones que esta iniciativa tiene en términos de pedagogía, participación y movilización en territorios afectados por la presencia de grupos armados, actores que los ponen en riesgo de ser víctimas de reclutamiento, uso, utilización y violencia sexual. 


«La guerra jamás es una opción. Un niño que empuña un arma es un niño que perdemos para la paz (...) No podemos volver atrás», puntualizó la directora general a los asistentes entre ellos lideresas, líderes y representantes de la sociedad civil, al finalizar la rendición de cuentas.  

Los ciudadanos pueden consultar el desarrollo completo de la rendición de cuentas en el siguiente enlace  https://www.youtube.com/watch?v=P5RB70juPik