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En lo corrido que va del mes de diciembre, el Instituto Nacional de Salud (INS) ha reportado 32 casos de menores de 18 años, un caso más que el registrado el año pasado en la misma fecha. Al respecto, Bienestar Familiar ha iniciado 16 procedimientos de verificación de derechos, se han fijado dos amonestaciones con curso pedagógico a papás, mamás y cuidadores responsables de los niños, niñas y adolescentes lesionados.    

Igualmente, las autoridades administrativas y sus equipos abrieron dos procesos administrativos de restablecimiento de derechos (PARD) y se han remitido nueve casos a las comisarías de familia por competencia territorial, es decir, porque en los municipios donde se registraron no hay centros zonales del ICBF.  

Al respecto, la directora encargada de Protección, Adriana Tierradentro,  reiteró el llamado “a la corresponsabilidad que compartimos como familia, sociedad y Estado para crear entornos protectores y de cuidado, con una postura de cero tolerancia hacia el uso de pólvora por parte de niños, niñas y adolescentes.” 

Antioquia, Norte de Santander, Córdoba y Valle del Cauca son los departamentos que presentan aumentos significativos de casos de lesionados durante actividades relacionadas con la manipulación, transporte, almacenamiento, fabricación, comercialización y uso de pólvora durante el inicio de las festividades decembrinas. 

En ese sentido, se insta a evitar el contacto con estos artefactos, disfrutar las festividades y recordar que, si un niño resulta lesionado con pólvora, se debe acudir de manera inmediata a los centros de salud para que no se agrave su estado. Mientras recibe atención médica evite el uso de remedios caseros.

La jornada fue encabezada por la directora general del ICBF, Astrid Eliana Cáceres, y el director de comunicaciones y responsabilidad social corporativa de Jerónimo Martins Colombia – Tiendas Ara, Juan Camilo Dueñas. Ambos destacaron la importancia de la alianza para asegurar la seguridad alimentaria en las poblaciones más vulnerables del país.

“Hemos entregado más de 8.000 bonos a madres comunitarias en el país y seguiremos haciéndolo. Los bonos son de gran ayuda, pero los kits también son fundamentales ya que contienen elementos que, junto con la pedagogía proporcionada, permiten detectar a tiempo los signos de la desnutrición”, afirmó la directora de Bienestar Familiar.

Por su parte, Dueñas manifestó que “para nosotros es un honor trabajar junto al ICBF en pro de la niñez y el futuro de Colombia. Agradecemos profundamente a las madres comunitarias, quienes realizan una labor invaluable al cuidar lo más valioso que tiene el país”.

Es importante destacar que a través de la alianza entre el ICBF y Tiendas Ara se entregarán 11.872 bonos redimibles por alimentos a 2968 madres y padres comunitarios, así como 1500 kits lúdicos, fortaleciendo el componente nutricional de las familias más necesitadas de las comunidades atendidas en los territorios del país.

En el marco de este convenio, también se resalta la participación de UNICEF que ha aportado las citas métricas incluidas en los kits lúdicos, desempeñando un papel clave en la prevención de la desnutrición en los niños y niñas de la región.

En el marco del cumplimiento de la Sentencia T-302 de 2017, el Sistema Nacional de Bienestar Familiar abanderó la instalación de la Comisión Asesora Científica (CAC) en La Guajira, una iniciativa fundamental para abordar el estudio de las causas de desnutrición infantil que afecta a las comunidades indígenas Wayuu. Este esfuerzo responde al requerimiento de la Corte Constitucional, en el marco de superar el estado de cosas inconstitucionales que vulnera los derechos fundamentales de niños, niñas y adolescentes de este territorio.
 
Astrid Eliana Cáceres, directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) expresó: “agradecemos profundamente el respaldo técnico brindado por UNICEF en la Comisión Asesora Científica de La Guajira. Su colaboración ha sido fundamental para avanzar en nuestras metas de bienestar y desarrollo integral de la niñez en esta región."
 
La CAC se constituye como un órgano técnico y científico que integra los saberes de los pueblos wayuu y afrodescendientes de La Guajira y la investigación académica, con el propósito de desarrollar y generar recomendaciones que aporten al estudio de las causas estructurales de desnutrición en el departamento. Este espacio fue creado mediante la Resolución 7391 de 2023 de Bienestar Familiar, como parte de los acuerdos establecidos en el plan provisional delAuto 1290 (Sentencia T302/2017) y con la Comisión Consultiva Departamental de Comunidades Negras y Afrocolombianas.
 
Durante el evento, Carmen Laura Paz Reverol, PhD en Antropología y reconocida investigadora del Pueblo Wayuu, destacó la importancia de articular la ciencia con los conocimientos ancestrales para generar soluciones efectivas y sostenibles. “Es fundamental que nuestras comunidades no solo sean objeto de estudio, sino participantes activos en la construcción de políticas que aseguren el bienestar de las niñas y niños,” afirmó. Además, enfatizó que la CAC es un ejemplo de cómo la participación de las comunidades étnicas y la academia pueden trabajar en conjunto para transformar realidades complejas.
 
La CAC tiene como misión estudiar los determinantes sociales, culturales y ambientales de la desnutrición en La Guajira, para proponer acciones de corto, mediano y largo plazo. El enfoque diferencial, la inclusión de subcomisiones étnicas y la integración de diversos saberes permitirán avanzar hacia soluciones más integrales y efectivas.
 
Con un cronograma de trabajo definido, los próximos pasos de la Comisión será generar informes técnicos que sirvan de insumos para la formulación de políticas públicas y acciones inmediatas que mitiguen la crisis. Además, se realizarán foros para fortalecer la capacidad local de respuesta y la apropiación comunitaria de los resultados.

“No hemos entregado 15 mil millones de pesos al hospital de Maicao, ni le hemos hecho transferencia alguna, Bienestar Familiar paga por niño atendido, por mercado entregado, los recursos están a salvo”, reiteró de manera enfática la funcionaria al señalar que sí se han firmado convenios tanto con el hospital como con la Caja de Compensación Familiar de La Guajira (Comfaguajira) para la ejecución de una Estrategia Integrada de Atención y Prevención de la Desnutrición.
 
A renglón seguido, Astrid Cáceres destacó que a la fecha se han logrado focalizar más de 8.200 niños y niñas que han sido tamizados y pesados, así como distribuidos alimentos y más de 2.500 niños y niñas recuperados a través de los programas y convenios estratégicos realizados en La Guajira.
 
“Ninguno de los convenios está liquidado, ni se han hecho transferencias que no estén acordes con lo que han entregado en términos de cumplimiento de lo establecido”, dijo Astrid Cáceres.
 
Desde Riohacha, la directora general del ICBF insistió en dar un parte de tranquilidad a las comunidades y señaló que: “seguimos en La Guajira trabajando no solo con ellos, sino con muchos aliados y con la operación de tres Centros de Recuperación Nutricional, las Unidades de Búsqueda Activa y la entrega de mercados y complementos nutricionales, acciones que han sido tan efectivas para lograr una reducción de la desnutrición en el departamento”.

El colaborador era psicólogo de profesión y vivía en el territorio, dedicado al acompañamiento y la salud mental de las niñas, niños y las familias de la comunidad de San José del Guaviare.

Cabe anotar que el pasado miércoles la directora general de Bienestar Familiar, Astrid Cáceres, tomó la decisión de retirar los equipos de la institución del departamento mientras no existan las condiciones de seguridad para adelantar las labores.

“Lamentamos muchísimo estos hechos, mantendremos los vínculos con la comunidad, pero mientras los actores armados estén dominando los sitios los equipos no vuelven a las veredas, ese es un costo que tienen los hechos para el departamento”, dijo la funcionaria.
 
Agregó que “está decisión es dolorosa porque todas esas familias quedan sin atención en el marco de un conflicto armado en el que no deben estar involucrados. Nuestros profesionales hacen una tarea bellísima tienen una capacidad enorme para llegar a las veredas y trabajar con las comunidades por eso tampoco pueden estar expuestos a este tipo de cosas”.
 
El ICBF se solidariza con las familias de las víctimas quienes infortunadamente resultaron afectadas. Además, exige de forma vehemente a los actores armados el cumplimiento del Derecho Internacional Humanitario, y la Convención de los Derechos del Niño, así como el respeto a la población civil.

En la firma del Protocolo, la directora general de Bienestar Familiar, Astrid Cáceres, afirmó que “ahora tenemos dos nuevos escenarios: San Andrés y la zona de jurisdicción internacional en vuelos de conexión, donde los menores de edad no acompañados quedan en espera, por eso la firma de este protocolo constituye el compromiso de trabajar para que a los niños, niñas y adolescentes se les garantice su acompañamiento”.

El documento establece unos procedimientos para estos casos, de igual manera se busca que los funcionarios de los terminales internacionales colombianos identifiquen alertas relacionadas con amenazas, vulneración o inobservancia de los derechos fundamentales de niñas, niños y adolescentes que viajan. 
 
El protocolo también define las acciones específicas que deben tomar los involucrados para garantizar la protección de los menores de edad cuando se presuma que sus derechos están siendo vulnerados o amenazados. 
 
Es importante señalar que los casos de niñas, niños y adolescentes no acompañados se presentan en todo el territorio nacional y se han identificado en diversos escenarios como aeropuertos, terminales de transporte, carreteras y ciudades. 

En respuesta a este fenómeno, Bienestar Familiar estableció en 2023 como motivo de ingreso a protección: Niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados.

Según el reporte oficial, entre el 1 de diciembre de 2023 y el 31 de octubre de 2024 se han registrado 166 casos de menores de edad no acompañados, provenientes de Venezuela, Perú, Guinea, Guyana, así como de nacionalidad colombiana, predominantemente con edades entre los 12 y 17 años. 
 
Este protocolo representa un paso decisivo para asegurar el cumplimiento de los derechos de todas las niñas, niños y adolescentes que se encuentran en territorio colombiano, reafirmando el compromiso de las entidades con su protección y bienestar.

La decisión se tomó luego de los hechos sucedidos el pasado lunes, en donde un enfrentamiento de grupos armados organizados residuales dejó como resultado la muerte de un niño y de un colaborador de la entidad.
 
“Esta decisión es dolorosa porque todas esas familias quedan sin atención en el marco de un conflicto armado en el que no deben estar involucradas. Nuestros profesionales hacen una tarea bellísima, tienen una capacidad enorme para llegar a las veredas y trabajar con las comunidades, pero no pueden estar expuestos a este tipo de situaciones”, agregó la funcionaria.
 
Cáceres sostuvo que luego de lo ocurrido, Bienestar Familiar se declara en luto y en duelo, “hacemos un llamado a los actores armados porque los profesionales que trabajan en los territorios y los niños y las familias que allí viven pueden verse injustamente involucrados en una lucha en la que no juegan ningún papel”.
 
La directora general del ICBF se desplazó hasta San José del Guaviare para solidarizarse con las familias de las víctimas, al tiempo que expresó su preocupación exigiendo a los actores armados el cumplimiento del Derecho Internacional Humanitario, y la Convención de los Derechos del Niño, así como el respeto a la población civil.

La directora general de Bienestar Familiar, Astrid Cáceres, indicó que es importante saber que la situación que más afecta los derechos de los niños y las niñas en Colombia es el conflicto, “realmente la premisa máxima debe ser que el derecho principal de los niños es la paz. Todo el equipo y todo está dispuesto para que hoy le demos un repaso a la Convención de los Derechos de los Niños y las Niñas, celebremos el aniversario número 35 y reconozcamos lo que ha cambiado a lo largo de la historia”. 

Así mismo, la funcionaria indicó que “la esperanza es que cada una de las consignas que ha puesto la humanidad se vean reflejadas en cada territorio, todavía tenemos realidades muy complejas como la que estamos viviendo en el Guaviare, pero sé que con la ayuda de todos podríamos cambiar esas realidades de quienes más lo necesitan”. 

Durante el desarrollo del evento participó Agatha Montoya Gil, niña activista del colectivo ‘Niñez Ya’, quien indicó que este documento tiene 35 años “en los que hemos conseguido muchas cosas, yo me he dado cuenta de que los derechos de los niños, niñas y adolecentes no se han cumplido como uno espera. Hay que entender que hace falta mucho trabajo. Son 35 años de historia que tienen muchos logros, pero también muchos desafíos”. 

Por otro lado, Constanza Jerez, coordinadora de ‘Niñez Ya’, dio a conocer cifras preocupantes, recolectadas por su organización, que invitan a una acción inmediata por los niños y las niñas de Colombia. 

“En el informe queda claro que la tasa de mortalidad infantil se redujo de 34.4 por cada mil nacidos en 1991, a 12.4 en el 2022. Sin embargo, tenemos varios departamentos que no gozan de esos beneficios, por ejemplo, Guainía tiene una taza 3 veces mayor que el resto del país. La cobertura neta en educación está alrededor del 90% en todo el país, pero en transición, por ejemplo, la taza está entre el 60 y 66%, en secundaria oscila entre 75 y 80 % pero la media nunca ha superado el 50% y ha aumentado la reprobación y la repitencia”, dijo.

Agregó que, en el país, “persiste el aumento de uso utilización y reclutamiento de niñas, niños y adolescentes de grupos armados al margen de la ley, afectando a más de 800 niñas y niños entre 2019 y 2023 con un aumento del 75% de este fenómeno”. 

Por último, denunció que “después de la pandemia han aumentado las cifras de maltrato, especialmente la violencia sexual, más o menos 53 casos diarios de exámenes médicos por violencia sexual tiene que atender Medicina Legal. Es por lo que este es un buen momento para hacer una reflexión de lo que nos corresponde siendo corresponsables de la prevalencia y protección de los derechos de la niñez”. 

Los desafíos 

En el evento también participó Luis Eduardo Ríos, oficial de protección de niñez de UnicefColombia, quién aseguró que, pese a que la convención trae elementos importantes, sin los cuales no se puede entender el Estado de los derechos de los niños y las niñas, es necesario continuar trabajando para que haya una garantía efectiva de los mismos. 

“Aún existe un camino muy largo por recorrer, Colombia es un país donde hay una afectación múltiple que afecta de forma desproporcionada la vida de los niños y ese es el llamado y la reflexión: reconocer lo que se ha avanzado; pero hay un camino largo por recorrer particularmente en zonas donde el conflicto armado o las crisis humanitarias afectan la vida de los niños de forma desproporcionada”, dijo. 

A su turno, Esteban Reyes, representante de Aldeas Infantiles SOS, recordó la historia de Mary Ellen Wilson, en el año 1874 en Estados Unidos, “allí se dio la primera protección de derechos de los niños, ella estaba siendo víctima de maltrato, y en ese momento no había derechos de los niños, no había manera de decir la están vulnerando, en ese momento esas cosas se aceptaban como naturales. Entonces una vecina quiso hacer algo por Mary Ellen y la única forma que encontró fue acudir a los derechos de los animales y logró un caso emblemático en el que se decía, así como los animales tienen derechos, los niños también”.

Agregó que “hoy nos suena raro que en ese momento no hubiera derechos para los niños, pero solo han pasado 35 años, antes hubo otros instrumentos, pero la Convención por primera vez reconoce los derechos de los niños, no hay nada en lo que todos los países se hayan puesto de acuerdo, solo uno no estuvo de acuerdo y lo hizo más por una razón política”. 

La participación de los niños

En el evento también hubo espacio para el arte y la cultura, como la presentación de Jean Pierre y Zulay quienes deleitaron al público con sus violines caucanos. Así mismo, hubo espacio para un foro de niños y niñas donde los protagonistas fueron ellos. Igualmente, la escritora y pianista Amanda Low presentó su obra “la infancia en Colombia vista a la luz de la literatura y el arte”.

Yuliana Vásquez, de Puerto Nariño, por ejemplo, indicó que en su visita al Bienestar Familiar conoció niños de todos los lugares de Colombia, “además, nos contaron que nosotros tenemos el derecho al juego y eso no se cumple en algunos lugares donde no se puede ejercer. Es por lo que estamos aquí, para compartir todas aquellas cosas que aún tenemos por mejorar. 

O el testimonio de Rosy Canel de Providencia quien sostuvo que “tenemos que aprender a respetarnos a cada uno de nosotros, sin importar nuestras creencias o nuestra raza. Aprendimos que tenemos muchos derechos que son fundamentales para nuestro día a día, y que son necesarios que los conozcamos porque hay adultos que no los reconocen”.

FIN (eeb/pub)

“Trabajamos en muchas regiones con Jorge Colmenares para que la gente entendiera que la discapacidad no era tener menor valor, que los niños no nacían dañados. Una vez una persona nos decía no es que me falte un brazo, es que yo soy una persona de un brazo”, dijo la funcionaria.

Agregó, que es importante insistir en que todos los seres humanos somos distintos, y “no por serlo tenemos menos derechos. Esta es una tarea de los equipos que hay en Bienestar Familiar, tienen que trabajar en llevar el mensaje de que los derechos no dependen de las capacidades de las personas”, insistió.

La directora general aseguró que en un diálogo con personas con Síndrome de Down ellos “nos hicieron entender que no tenían necesidades especiales; las necesidades eran las mismas que las demás personas comer, dormir, ir al baño, amar; solo que había cosas que adaptar para que eso fuera posible como todos los demás”.

En el evento, que se adelantó en las instalaciones de Bienestar Familiar, se firmó el Pacto para garantizar la inclusión en Colombia suscrito por los directores de cada una de las áreas de la institución.

Los firmantes fueron: la directora general, Astrid Cácers; Adriana Tierradentro, directora encargada de Protección; Beatrice López, directora de Infancia; Julián Moreno, director del Sistema Nacional de Bienestar Familiar; María Mónica Martínez, directora de Primera Infancia, Salvador Rincón, director de Nutrición; Haidy Duque, directora de Familias y Comunidades; y José Ebert Bonilla, subdirector de Operación de Programas para la Adolescencia y la Juventud.

Las cifras son preocupantes, y han ido en aumento. El año pasado se reportaron 432 niños, niñas y adolescentes lesionados por el uso o porte de pólvora. Un incremento del 21 % en comparación con los 357 casos registrados en 2022. Además, en solo dos días de la temporada decembrina, el Instituto Nacional de Salud ya ha reportado 15 casos de menores de edad lesionados con pólvora, ocho de ellos en Antioquia y de a un caso en Bogotá, Atlántico, Cauca, Cesar, Norte de Santander, Tolima y Valle del Cauca.

“La misión de los padres de familia es garantizar entornos de cuidado y protección para los niños, niñas y adolescentes por eso desde la institución reiteramos que la prevención empieza en casa, y el cambio es sin pólvora”, dijo la directora general de Bienestar Familiar, Astrid Cáceres.

Agregó, “los espectáculos pirotécnicos solo pueden ser manejados por profesionales expertos y la mayoría de ellos son gratuitos para el deleite de todos y todas en un ambiente seguro”. 

La funcionaria sostuvo que “enseñar con el ejemplo y optar por actividades artísticas, creativas y responsables fortalece los lazos familiares y garantiza unas festividades tranquilas y libres de accidentes. Hacemos un llamado para que cambiemos la pólvora por sonrisas y cantos”.

Recuerde que, si un niño resulta lesionado con pólvora, se debe acudir de manera inmediata a los centros de salud para que no se agrave su estado. Mientras recibe atención médica evite el uso de remedios caseros.

La entidad, en el año 2023, instauró ocho denuncias penales en contra de padres de familia y cuidadores y abrió 69 procesos de restablecimiento de derechos a favor de niños, niñas y adolescentes lesionados con pólvora.

Esta es la ruta de atención para los casos de niños niñas y adolescentes lesionados por uso o porte de pólvora.

Ruta de Atención