Bogotá, D. C.

Como parte de esa construcción colectiva y luego de realizar ocho diálogos en Amazonas, Chocó, Arauca, Caquetá, Bogotá, Córdoba, Atlántico y Valle del Cauca que contaron con la participación de niños, niñas, adolescentes, jóvenes, mujeres y autoridades administrativas, se adelantó en la capital del país el Encuentro Nacional para la construcción de este sistema, eje del Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026.
 
“El Sistema de Justicia Familiar debe ser un trabajo en conjunto. Colombia potencia de vida se construye entre todos. Fortaleciendo lo que tenemos, continuar con lo que funciona y modificar lo que no está bien. Y los encuentros en territorio tienen esa mirada desde adentro, desde lo que se vive a diario. Es una forma de construir y tejer país”, sostuvo la directora general del ICBF, Astrid Cáceres Cárdenas.
 
Por su parte, la viceministra de Promoción de Justicia, Jhoana Alexandra Delgado Gaitán, precisó que: “soy una convencida de la participación ciudadana porque hace que las decisiones políticas que se tomen sean con consciencia de lo que realmente se necesita en territorio. La apuesta por un sistema integral es necesario, y lo estamos haciendo desde las regiones, escuchando a niños, niñas, adolescentes, jóvenes, mujeres y autoridades administrativas.
 
Dentro de la agenda programada se realizó un panel de construcción conjunta con autoridades administrativas, teniendo en cuenta que  el Sistema Nacional de Justicia Familiar se centrará en fortalecer las defensorías de familia, las comisarías de familia y otras autoridades administrativas encargadas de la protección integral y el restablecimiento de los derechos de los niños, adolescentes y familias.
 
“Tanto los defensores y comisarios de familia son el talento humano más importante del Estado colombiano porque de ellos dependen vidas; y la construcción del Sistema de Justicia Familiar no la podemos llevar a cabo sin escucharlos a ellos”, recalcó la directora de Protección del ICBF, Diana Baloy.
 
La jornada incluyó las intervenciones de Irene Salas Menoti, doctora en Psicología con más de 25 años de experiencia en temas de justicia y políticas públicas; la abogada y politóloga María Cristina Hurtado que se refirió a los cuellos de botella en la justicia familiar; el médico y profesor Rubén Restrepo, quien abordó la creación del Sistema y otros sistemas administrativos; y la abogada y magíster en Ciencia Política Rocío Mojica que habló sobre la maduración de los sistemas de protección.
 
Dentro de las consideraciones finales se tiene el mapeo del sistema de protección de la niñez y la adolescencia en Colombia, el fortalecimiento de mecanismos de participación de los niños, niñas y adolescentes y el reto de mantenerlo, así como la importancia que el sistema contribuya al refuerzo de protección especializado en el contexto de conflicto armado, migración, cambio climático, entre otros.

Además, los equipos interdisciplinarios han realizado 43 procedimientos de verificación de derechos a los niños; 5 atenciones de asistencia y asesoría a las familias de las víctimas que no ameritaron apertura de proceso administrativo de restablecimiento de derechos; se han remitido 8 casos a las Comisarías de Familia, por competencia territorial porque en los municipios donde se registraron no hay centros zonales del ICBF.
 
De acuerdo con el último reporte del Instituto Nacional de Salud, del total de casos presentados al 8 de diciembre de 2023, han ocurrido en Antioquia (11), Bogotá (9), Caldas (4), Atlántico (3), Boyacá (3), Cesar (3), Huila (3), La Guajira (3), Magdalena (3), Nariño (3), Sucre (3), Valle del Cauca (3), Cundinamarca (2), Risaralda (2), Amazonas (1), Bolívar (1), Caquetá (1), Córdoba (1), Meta (1), Norte de Santander (1).
 
El ICBF reitera el llamado a las autoridades departamentales y locales, padres de familia y a todos los adultos responsables para cuidar y proteger a los niños, niñas y adolescentes.

Del total de graduandos, 16 se encuentran ubicados en la Escuela de Trabajo Integral El Redentor y lo propio ocurrió con otras tres jóvenes ubicadas en el Hogar Femenino La Esmeralda. 

Este logro de los nuevos bachilleres hace parte de los compromisos que adquirieron en el proceso pedagógico y restaurativo que llevan a cabo en los nueve Centros de Atención Especializada de Bogotá, donde se les brinda la oportunidad de la formación académica para continuar fortaleciendo sus proyectos de vida.

La formación media académica adelantada por los adolescentes en la modalidad flexible por ciclos, se lleva a cabo a través del convenio interinstitucional de la Secretaría Distrital de Educación y la Institución Educativa Distrital Guillermo Cano Isaza.  

Con estas estrategias pedagógicas, diferenciales y especializadas, el Sistema de Responsabilidad Penal del ICBF tiene como propósito que los adolescentes y jóvenes reciban nuevas alternativas para forjar sus proyectos de vida, haciendo que la familia apoye activamente el proceso restaurativo.
 

La directora general del ICBF, Astrid Cáceres Cárdenas, destacó la importancia de las alianzas con el sector público y privado para brindar oportunidades que permitan a la niñez y la adolescencia construir sus sueños y transformar sus vidas y su territorio.

“Este trabajo con adolescentes centrado en lo que hemos denominado Atrapasueños ya nos ha permitido llegar a 150.000 niñas, niños y adolescentes en todo el país con 
 arte, cultura, acompañamiento psicosocial y sobre todo sueños para que puedan proyectar su trayectoria educativa porque 
la educación es el camino y en esa tarea debemos tejer con todos los sectores”.

En la actividad que tuvo lugar en Maloka, se  conversó sobre las habilidades y talentos de los adolescentes y se realizó un balance de los avances en la atención de la estrategia Atrapasueños en todo el territorio nacional.

Durante este espacio, tres adolescentes de Antioquia, Córdoba y Santander que hacen parte de la estrategia contaron su experiencia, aprendizajes y los retos que tienen en su camino por fortalecer sus habilidades para el avance de sus proyectos de vida.

Jesús Rueda, uno de los participantes, dijo que “es muy importante que programas como Atrapasueños lleguen a más territorios pues estas iniciativas contribuyen para que las niñas, niños y adolescentes tengan una forma diferente de ver sus vidas, con este apoyo es posible que no tengamos que salirnos del sistema escolar sino que le apostemos a tener otros aprendizajes”.

Durante el taller se realizaron 3 mesas de conversación con temáticas como: ecosistemas educativos, encadenamiento productivo y emprendimiento, donde participaron cerca de 65 personas entre empresarios, sector público, adolescentes y jóvenes, para la construcción de caminos que permitan avanzar de manera conjunta por la generación de la vida y la Paz.

“La explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes y la trata de personas son una grave violación a los derechos humanos y un problema social que implica la necesidad de acciones institucionales. Estos espacios de diálogo constructivo y conjunto son propicios para que estos temas se hagan visibles”, expresó la subdirectora de Restablecimiento de Derechos del ICBF, Laura Ximena Romero.
 
Durante el encuentro se abordaron temas como los principales factores de riesgo para la ocurrencia de la explotación sexual en contextos digitales y de trata de personas en contra niñas, niños y adolescentes, los retos en materia de atención de las violencias basadas en género en contextos digitales y lo que hace el ICBF frente a estos casos.
 
El panel contó con la participación de Aylin Torregroza, asesora de Apropiación TIC y el Capitán César Galvis, Investigador Criminal del Centro Cibernético Policial.
 
 

María Mónica cursa actualmente una maestría en Derechos Humanos Gestión de la Transición y Posconflicto en la Escuela Superior de Administración Pública, ESAP; posee una especialización en Finanzas Públicas y título profesional como Administradora público municipal y regional.

Su trayectoria laboral incluye más de 12 años de experiencia en el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en departamentos como Nariño, Santander y Norte de Santander, desempeñando cargos como analista jefe de proyectos, coordinadora territorial, asesor senior y profesional técnico.

Dentro de los temas abordados, Astrid Cáceres Cárdenas destacó el propósito del Gobierno del Cambio de garantizarle los derechos a la primera infancia para que ningún niño o niña en esos territorios se quede sin recibir educación inicial.

Se refirió a las alianzas que se vienen realizando con el sector salud para reforzar las acciones en materia de prevención de la desnutrición en niños y niñas menores de 5 años, causando interés en los mandatarios el modelo para replicarlo en sus territorios.

Así mismo se refirió al ejercicio de impulsar la economía local con la inclusión de los productos propios de cada región como ingredientes para la elaboración de la Bienestarina, como en el caso de la sacha inchi que próximamente hará parte de este alimento de alto valor nutricional.

El sistema de responsabilidad penal, las madres comunitarias, la estrategia Intersectorial Atrapasueños, también fueron temas propuestos para trabajar en la prevención de riesgos y proyectos de vida de los niños, niñas y adolescentes, así como las apuestas del ICBF con el Plan Pacífico.

Los alcaldes electos manifestaron su interés en trabajar con el ICBF para poner en marcha esas estrategias que van de la mano con lo planteado por ellos en sus planes de gobierno, por eso se acordó desarrollar mesas de trabajo para elaborar un diagnóstico común que les permita garantizar los derechos a los niños, niñas y adolescentes de estos territorios del litoral Pacífico.

Este trabajo mancomunado también vinculó a la Sociedad de Activos Especiales (SAE) y el Fondo de Programas especiales para la Paz (Fondo Paz), con la entrega del predio y las adecuaciones del Centro de Recuperación Nutricional Comunitario en el municipio de Maicao.

El director de Nutrición del ICBF, Rubén Orjuela Agudelo, resaltó que “cada departamento tiene su dinámica y el instituto estará trabajando con el sector salud para que este modelo de atención sea efectivo, territorializado y se garantice la atención oportuna y la recuperación nutricional de niñas y niños colombianos que cursan con algún grado de desnutrición, y así proteger sus derechos”.

Con esta atención conjunta entre el ICBF y las entidades del Estado se le garantizan los derechos a la niñez wayuu. Un modelo flexible que puede adaptarse para ser replicado en otros departamentos de Colombia.

Durante el conversatorio “ICBF avanza hacia un país sin barreras”, la directora general del ICBF, Astrid Cáceres,  resaltó que “la institución está trabajando en hacer real el Cambio, a través de la inclusión y la garantía de derechos de la niñez y adolescencia con discapacidad, bajo los principios de igualdad y equidad en todo el territorio nacional. Una tarea que implica aprender y desprender y en la que todos debemos tener un papel activo".

En este sentido, Julián Sanchéz, asesor de la gerencia de inclusión de personas con discapacidad, de la Vicepresidencia de la República, hizo un llamado al trabajo articulado para tener impactos reales tanto en los territorios como en las poblaciones históricamente olvidadas. 

Por su parte, las entidades del orden internacional -el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) y UNICEF- , indicaron que la agenda mundial de la discapacidad ha constituido sin duda una de las expresiones más desafiantes para el marco internacional de derechos humanos, y que  las barreras están reflejadas en la sociedad y no en las personas con discapacidad. 

Durante la jornada más de 300 niños, niñas, adolescentes y jóvenes, con y sin discapacidad, hicieron parte de actividades basadas en el juego, donde se promovió la inclusión como un camino para garantizar la justicia social, y donde todos y todas pudieron dejar plasmados su sueños demostrando que esta creciendo la generación para la vida y la Paz.

Durante la noche de ayer un grupo de jóvenes que adelanta su proceso pedagógico y restaurativo, protagonizó desórdenes causando daños estructurales en las áreas de 8 de los dormitorios en que se alojan, incluidos techos con ruptura de tejas.

Luego que se controlara la situación y realizadas las valoraciones se brindó atención a 15 adolescentes por parte de  la unidad médica respectiva, remitiendo a tres de ellos a centro hospitalario.

En este momento se reporta tranquilidad y desarrollo de actividades con normalidad. 

De los 245 adolescentes y jóvenes que se atienden en la unidad, se reporta la evasión de 41, los cuales están siendo buscados por parte de las autoridades.

La autoridad administrativa  mantiene comunicación con las familias y espera que los evadidos retornen para continuar con su proceso pedagógico y restaurativo.

Actualmente, el ICBF atiende 8.306 adolescentes y jóvenes en el Sistema de Responsabilidad Penal y la apuesta del cambio es brindarles una alternativa con una nueva justicia restaurativa en la que puedan tener segundas oportunidades.