Bogotá, D. C.

A través de la denuncia anticorrupción, radicada con el número 3395 y SIM 1763307712, la Oficina Asesora Jurídica del ICBF tuvo conocimiento de posibles hechos contrarios a la ley relacionados con el contrato 363 de 2021. 
 
Conforme al lineamiento anticorrupción institucional, y en estricto acatamiento al debido proceso y tolerancia cero a los actos de corrupción, se inició la recopilación de la información necesaria y los elementos materiales probatorios, que permitieran promover las denuncias correspondientes. Este proceso culminó el día 2 de febrero del año 2023, fecha en la cual el ICBF instauró denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación, con el radicado número CUI 520016099032202316550.
 
Ahora bien, en relación con los procesos administrativos sancionatorios es importante precisar que estos se encuentran en cabeza de las Direcciones Regionales, como ordenadoras de este gasto, a ellos corresponde la gestión y decisiones de fondo en cada caso. No obstante, y a pesar de que por competencia estos procesos no son adelantados desde el despacho de la Dirección General, esta administración identificó demoras excesivas en su trámite por lo que dispuso mecanismos de acompañamiento logrando así duplicar las sanciones impuestas a los operadores que no cumplieron a cabalidad el objeto para el cual fueron contratados, pasando de 30 sanciones impuestas en 2021 a 70 en 2023.
 
La sanción del contrato 363 de 2021 es una de las identificadas especialmente demorada, sobre la cual el equipo nacional revisó y acompañó a la dirección regional logrando ejecutoriarla el pasado 24 de noviembre de 2023, con una imposición de multa por $1.412.415.137.
 
Frente a la presunta relación de un exconcejal con la unión temporal sancionada, el despacho de la Dirección General solicitó revisión de las bases de contratación para verificar los asociados de la unión temporal que celebró contrato en 2021, identificando que ese nombre figura como revisor fiscal de una de las dos organizaciones que conforman la unión temporal. De igual forma, es preciso informar que esta Administración no ha celebrado contratos con dicha unión temporal ni con sus asociados.
 
Desde la llegada del Gobierno del Cambio al ICBF se han tomado medidas contundentes para contrarrestar posibles escenarios de corrupción, y manejos que puedan presentarse en la selección, operación y ejecución contractual de los servicios. Uno de ellos es la realización de una auditoría de control interno sobre los mecanismos de selección de operadores de Primera Infancia y su eficiencia en la selección. Se concluyó que mecanismos como BETTO, así como la herramienta de seguimiento a la ejecución (IDEAS), no reúnen los requisitos de transparencia necesarios para ser utilizados en la contratación del 2024. Dichas denuncias fueron remitidas en octubre de 2023 a las entidades de control.
 
Esta administración, con el acompañamiento de la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República, conformó un equipo anticorrupción con el propósito de realizar verificaciones especializadas de posibles interrelaciones entre operadores para acumular contratación, y otros factores que al final se traducen en mala atención para los niños y niñas.
 
De igual forma, las nuevas invitaciones públicas fomentan la pluralidad de oferentes, incentivan la participación de nuevos actores con una base comunitaria más sólida, cuyo trabajo territorial permite también un control ciudadano más cercano. Adicionalmente, se han puesto límites a la cantidad de contratos para adjudicar, al número de cupos que puede tener un operador, así como criterios que priorizan la territorialidad de los actores de manera que, además de las mejoras en procesos de supervisión institucional, los controles sociales ayuden a cualificar la atención para los niños y niñas.
 
La revista Cambio señala elementos nuevos no conocidos por el despacho de la Dirección General relacionados con un funcionario del Instituto, ante los cuales, en el marco del respeto por la institucionalidad, se adelantarán las acciones a que haya lugar.
 
La Dirección General considera que la tarea periodística por develar nexos entre actores políticos e irregularidades en la contratación es una labor que le permite al país conocer más a fondo realidades regionales que afectan al interés público, y en este caso particular la revista aporta valiosos elementos a situaciones que previamente el ICBF puso en conocimiento de las autoridades competentes.
 
El ICBF en su compromiso por la tolerancia cero frente a hechos de corrupción invita a denunciar cualquier hecho irregular en los canales de denuncia dispuestos como: línea gratuita nacional ICBF: 01 8000 91 80 80, disponible lunes a viernes 8:00 am a 5:00 pm.; la línea Anticorrupción: 01 8000 91 80 80, opción 4, la línea 141, correo Atención al Ciudadano: atencionalciudadano@icbf.gov.co

Por espacio de dos días y como parte de los compromisos del Gobierno del Cambio, los profesionales del ICBF adelantaron la caracterización de las familias, distribuyeron 169 unidades de Bienestarina en polvo y 50 cajas cada una con 36 unidades de Bienestarina liquida; 
2 niños en riesgo de desnutrición fueron  remitidos al sector Salud;  26 niños y niñas fueron encontrados sin documento de identificación y 60 sin atención de primera infancia; 8 más sin control de crecimiento, desarrollo y vacunas, así como  8 mujeres  gestantes sin atención.

Una vez identificadas las necesidades de las familias, el ICBF estableció compromisos  para responder a las solicitudes de la comunidad entre ellos, adelantar las remisiones a la Registraduría y a Salud e incluir a las niñas y niños en las modalidades de Primera Infancia y Nutrición para su atención integral.

Así mismo, se realizará nueva jornada de atención por parte de Unidades Móviles a
la comunidad Guamaca en febrero para caracterizar a otras 105 familias, buscando garantizar los derechos de niñas, niños y mujeres gestantes.

A estas acciones se le suma el trabajo permanente y articulado con las autoridades y Cabildo gobernador para la activación de rutas de violencia sexual y restablecimiento de derechos en los casos presentados en la comunidad.

Las autoridades tradicionales de la comunidad le solicitaron al ICBF que sean consideradas hojas de vida de miembros de la comunidad  para los diferentes programas que deben llegar a la misma, así como la ampliación de cupos para primera infancia; la creación de una Unidad Comunitaria de Atención en La Múcura y la presencia de programas de nutrición y  la articulación y activación del Sistema Nacional de Bienestar Familiar para que se garanticen todos los derechos de la ñiñez, adolescencia y comunidad.

Así las cosas, finalizada la etapa de presentación de ofertas, el ICBF publicó la lista de consolidación para iniciar la evaluación de las ofertas, las cuales están contenidas en el anexo 2 de la publicación realizada el 25 de enero de 2024 en la plataforma Secop II.

A partir de las ofertas, que en los distintos órdenes clasificatorios conforman la lista de consolidación, el ICBF con un comité evaluador independiente, inicia a partir de hoy la revisión de los criterios habilitantes de experiencia específica, capacidades financiera, operacional, residual y jurídica, establecidos en las reglas de la invitación CV-PC-008-2023SEN. 

Por lo anterior, una vez revisados y validados los criterios habilitantes se aplicarán los criterios de asignación de puntaje sobre la experiencia específica adicional, talento humano de la zona de la oferta y se validará la ausencia de sanciones impuestas por el ICBF, en el marco de sus funciones de inspección y vigilancia. 

La verificación de las ofertas se fortalece con tres etapas distintas dentro del procedimiento competitivo, en las cuales la ciudadanía podrá conocer y controvertir los informes publicados (lista de consolidación, requisitos habilitantes y requisitos ponderables). Lo anterior, en aplicación de los principios de la contratación y en especial el de transparencia, la consolidación del Modelo de Gestión Territorial, la generación de capacidades locales y el fortalecimiento del talento humano de cada comunidad. Adicionalmente, para este procedimiento competitivo, el ICBF a solicitado acompañamiento preventivo de los entes de control.

Lo mencionado, debe redundar en la garantía de los derechos de las niñas y niños del país, pues no se trata de la contratación de servicios sino de contar con aliados estratégicos con arraigo y reconocimiento comunitario que generen sistemas de cuidado colectivo para garantizar los derechos de ellas y ellos. 

El ICBF agradece a los participantes y de manera particular a las más de 700 asociaciones de madres ypadres y comunitarias, grupos étnicos, consejos comunitarios, juntas de acción comunal, asociaciones campesinas, su interés en participar y continuar generando capacidades en el territorio para colaborar con el Estado en la prestación de servicios a favor de la niñez del país. 

Este proceso de evaluación de las ofertas inicia hoy 26de enero de 2024, por lo que exhortamos a la ciudadanía, a acompañar la revisión de la evaluación y realizar observaciones que fortalezcan el proceso de selección de los contratistas, a través de los mecanismos dispuestos por el Estado para el desarrollo de estas invitaciones.(SECOP II). 
 

Estas capacitaciones se realizan en todas las localidades de Bogotá y están enfocadas en fortalecer los componentes esenciales de salud y nutrición, familia, comunidad y redes, así como los ambientes educativos y de gestión. 
 
El compromiso conjunto que adquieren estos actores en la educación inicial de los niños y las niñas, genera un impacto positivo en su desarrollo integral, asegurando entornos más seguros y enriquecedores desde la protección y el amor. 
 
Las jornadas están enmarcadas en el plan de actividades que desarrollará el ICBF en Bogotá, como ente regulador del Sistema Nacional de Bienestar Familiar (SNBF), articulandosus programas, proyectos y estrategias con diferentes entidades de orden local y nacional para fortalecer y poner en práctica las políticas públicas de infancia y adolescencia.
 
Es así como el Gobierno del Cambio, a través del ICBF reafirma su compromiso con el bienestar de la primera infancia, construyendo entornos seguros que propicien su desarrollo integral y protección.
 

El esfuerzo de las entidades competentes para la identificación temprana y en territorios alejados y con ausencia histórica de servicios públicos de salud, ha generado un aumento en la notificación por desnutrición aguda, moderada y severa, en niños y niñas menores de cinco años, y lograr que esta detección genere la disminución de las muertes es uno de los objetivos de esa articulación.



El análisis de la tendencia de la morbilidad entre los años 2017 y 2023 observa una tendencia al aumento en la identificación de casos nuevos de desnutrición aguda, pasando de 10.641 casos en 2017 (prevalencia de 0,24 %) a 24.226 en 2023 (prevalencia de 0,65 %), obteniendo el mayor impacto en el período posterior a la pandemia por COVID-19. En 2022 se identificaron 21.195 casos (prevalencia de 0,56 %), gracias a diferentes los diferentes territorios, para mejorar la captación de los casos.

✓ La primera es que ha aumentado el número de instituciones de salud que notifican al menos un caso de desnutrición al año: de 2.085, tras la pandemia en 2021, a 2.508 en 2023 (incremento de 20,3 %), con un aumento en la mayoría de las entidades territoriales departamentales y distritales.

✓ La segunda es la mayor participación en la red de notificación de las diferentes modalidades de atención del ICBF que hoy aportan el 4,25 % del total de casos notificados al país, incluso con un mayor aporte en departamentos prioritarios como Chocó (25 %) y Vichada (23 %).
✓ La tercera es la intensificación de la vigilancia hospitalaria, mediante la exigencia de la medición de peso,

talla y perímetro braquial de todos los niños y niñas atendidos, independientemente de su causa. Un ejemplo es el caso en La Guajira que ha significado un aporte de 27,8 % al total de casos (798 de 2.871 casos en 2023).

✓ El despliegue de equipos básicos de atención desde el Ministerio de Salud, las secretarías de Salud y otras instancias, ha permitido una mayor captación de los casos de procedencia rural: de 6.826 en 2022 (prevalencia 0,60 %) a 8.445 en 2023 (prevalencia 0,77 %). A este impacto en la detección se sumará el aumento de casos detectados por agentes comunitarios; estos serán verificados por la red de atención en salud y su aumento se verá reflejado en los datos de 2024.

Al revisar la situación por entidad territorial, las mayores prevalencias en 2023 se observan en los departamentos de Vichada, La Guajira y Chocó, donde se ha concentrado una parte de las actividades de las diferentes instituciones de los órdenes nacional, departamental y de cooperación internacional. Los incrementos han sido superiores al umbral histórico en esos departamentos, y también en Bolívar, Atlántico, Valle del Cauca y Meta.

Por su parte, la mortalidad por desnutrición aguda ha disminuido del pico de 325 casos en 2022 a 246 en 2023 (23 % de disminución). La disminución ha sido mayor en menores de un año, en niños procedentes de zonas rurales e indígenas, lo cual evidencia el impacto de la mayor detección y la intervención oportuna, en especial en los sitios con mayores dificultades. Los departamentos de Chocó y La Guajira muestran una disminución importante de la mortalidad, mientras Vichada registra un aumento, al igual que otros siete departamentos en donde se concentra una tasa de detección mayor. Asimismo, hay dos departamentos que, si bien cuentan con menor detección, presentan un aumento de mortalidad, y es en donde se concentrarán acciones estratégicas para 2024.

Ante el comportamiento de la morbimortalidad que venía presentando el país en 2022, el Ministerio de Salud y Protección Social (MSPS), en articulación con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), el Instituto Nacional de Salud (INS), la Superintendencia Nacional de Salud (SNS) y Prosperidad Social, establecieron el Plan de desaceleración de la mortalidad por desnutrición aguda, cuyo objetivo es establecer acciones que contribuyan a la reducción de muertes por esta causa en los niños y niñas memores de cinco años de edad. En dicho plan se priorizaron doce departamentos: Antioquia, Arauca, Bolívar, Chocó, Cesar, La Guajira, Guainía, Magdalena, Meta, Risaralda, Valle del Cauca y Vichada, a través del fortalecimiento de acciones como:

• Identificación de casos de manera oportuna.

• Seguimiento a la atención en salud por parte de los prestadores y aseguradores.

• Establecimiento del proceso de recuperación de los niños.

En el marco del seguimiento mencionado, en 2023 se conformaron comités de seguimiento a casos de desnutrición aguda. Estos consisten en espacios de reunión con la participación de las secretarías de Salud en el ámbito departamental y municipal, las Entidades Administradoras de Planes de Beneficios de Salud (EAPB), el Ministerio de Salud y Protección Social (MSPS), el Instituto Nacional de Salud (INS), la Superintendencia Nacional de Salud y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, tanto a nivel nacional
como regional. En estos comités se realiza un seguimiento al manejo proporcionado por las IPS en relación con los niños y niñas notificados con desnutrición aguda, y se coordina con otras entidades como el ICBF, para su inclusión en servicios de atención complementaria. En Maicao, ya la operación de servicios de recuperación nutricional poshospitalaria y la búsqueda activa se realiza directamente por el hospital público y el ICBF, sumando recursos de operación y haciendo más cortos los tiempos de respuesta en la atención.

Adicionalmente, desde enero de 2023 se incluyó en la Unidad de pago por capitación (UPC) del sistema de salud, el soporte nutricional para el tratamiento de la desnutrición, con el objetivo de garantizar su entrega oportuna a los niños y niñas en desnutrición aguda. Igualmente, durante 2023, el ICBF logró la recuperación nutricional de 57.957 niñas y niños que ingresaron a sus servicios en estado de desnutrición y de riesgo de desnutrición. En la estrategia de prevención, en el marco de la atención integral a la primera infancia, se logró la alimentación de un total de 1.626.583 niños y niñas en todo el país. La entidad innovó en la preparación de nuevas minutas con aportes diferenciales a las regiones y validó con Invima la producción de alimentos de alto valor nutricional con productos regionales, tales como el sacha inchi y la yuca.

Asimismo, con el objetivo de fortalecer las acciones del Plan de Intervenciones Colectivas (PIC) en 31 departamentos y tres distritos, y aumentar la identificación de niños y niñas con desnutrición aguda para su manejo oportuno, entre otras acciones, el Ministerio de Salud y Protección Social, a través de la Resolución 2788 del 2022, asignó recursos a 163 Empresas Sociales del Estado, con el fin de avanzar en la conformación y operación de 483 equipos en 206 municipios. El monto total asignado para este fin fue de $49.979.874.000 de pesos. Adicionalmente, el 27 de febrero de 2023 se emitió la Resolución 295, la cual modificó varios artículos de la Resolución 518 de 2015, algunos de ellos relacionados con la orientación del Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas para que sean ejecutadas por los Equipos Básicos de Salud. En ese sentido, los recursos asignados a los departamentos, distritos y municipios, a través del Sistema General de Participaciones - Salud Pública para la vigencia 2023, ascendieron a $1.287.159.995.254 ($551.479.292.034 para municipios y $735.680.703.220 departamentos y distritos). Estos recursos contribuyeron a la financiación de los Equipos Básicos de Salud en los territorios priorizados por las entidades territoriales, logrando así la conformación total de 2.452 equipos básicos de salud en 31 departamentos, tres distritos y 1.013 municipios.

Para el Gobierno nacional, desde su Política Nacional de Hambre Cero, el establecimiento de 64 zonas de recuperación nutricional en el cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo, durante 2024, le permite contar con un monitoreo territorializado específico de los determinantes sociales e indicadores, así como seguir articulando una respuesta integrada de la atención en salud. Esta incluye la estabilidad de condiciones de seguridad alimentaria; la incorporación de prácticas de soberanía alimentaria y de recuperación nutricional; la atención prioritaria a mujeres en gestación; el establecimiento de dispensarios o tiendas solidarias para la comercialización a bajo costo, y la distribución gratuita de alimentos de alto valor nutricional, que facilitarán la continuidad en la reducción de la mortalidad por desnutrición en el país.




 

Durante la jornada, además de intercambiar platos típicos y de disfrutar de presentaciones folclóricas, se fomentó la conexión con la tierra al involucrar a los niños y niñas en una significativa siembra de plantas originarias del territorio. 
 
De acuerdo con la directora de Familias y Comunidades del ICBF, Haidy Duque, con estas acciones se busca preservar la diversidad cultural, proteger los derechos humanos y promover el desarrollo sostenible que incluya a todos los sectores de la sociedad.
 
Para el Gobierno del Cambio el reconocimiento y la atención adecuada de las comunidades contribuyen a la construcción de una sociedad más justa e inclusiva. Además, se fortalece el vínculo con la cultura local, también promueve la conciencia ambiental y la preservación de la biodiversidad.

El anuncio fue hecho en el marco de la jornada del Gobierno con el Pacífico, trabajo que se desarrollará a partir del reconocimiento de las prácticas culturales, que contribuyan a la pervivencia y salvaguarda de los pueblos. Además, esta metodología requiere la corresponsabilidad de los miembros de las comunidades en las acciones que se adelanten y serán ellos, quienes presentarán las propuestas de los proyectos que desean construir para que el ICBFlos apoye con la financiación.

De acuerdo con la directora de Familias y Comunidades, Haidy Duque, «El ICBF está fortaleciendo su presencia en los territorios y está llegando a las comunidades a las que no se les atendía». Agregó que, con esta metodología, denominada Modelo de Atención Integral Comunitario se abren otros espacios de participación con las comunidades indígenas, afrocolombianas y campesinas.

En el Chocó las comunidades con las que se inicia esta labor sonConsejo comunitario Casimiro, Consejo comunitario Acadesan, resguardos Wounaan, Organización Woundeko y Resguardo Indígena Alto Andágueda. En Nariño son los Consejos comunitarios Pro defensa del río Tapaje, Bajo Tapaje, Alto río Sequihonda, La Esperanza, Progreso del Campo, Progreso del río Nerete, Playas Unidas, Punta Mulatos, Odemap Mosquera Norte y Odemap Mosquera Sur.

Para el Gobierno del Cambio aplicar un modelo de atención diferenciado dirigido a las poblaciones indígenas y campesinas no solo contribuirá a la equidad y la inclusión social, sino que fomentará un desarrollo sostenible que respete la diversidad cultural y promueva la construcción de una sociedad más justa e igualitaria.

Los hechos se iniciaron aprovechando la visita programada que periódicamente tienen con las familias, generando una situación de desorden con la intención de evadirse. 

Con presencia de tres Defensorías de Familia, el personal educativo del operador y el acompañamiento del Ministerio Público, el ICBF realizó las acciones de contención para garantizar los derechos de los adolescentes y jóvenes que adelantan su proceso pedagógico y restaurativo e igualmente se mantiene contacto permanente con las familias.

Es oportuno aclarar que durante el proceso pedagógico y restaurativo que se adelanta en el Sistema de Responsabilidad Penal, los equipos sicosociales del ICBF y los profesionales del operador trabajan permanentemente con los adolescentes y jóvenes en el manejo de emociones, prevención del consumo de sustancias psicoactivas y un esquema positivo de valores.

Así mismo, a través de diferentes talleres de preparación para la vida productiva enfocando sus habilidades, se desarrollan sus capacidades y generen emprendimientos para el momento de su egreso.

Durante la jornada del Gobierno con el Pueblo en el litoral Pacífico, convocada por el presidente de la República Gustavo Petro, la subdirectora general del el Instituto ICBF, Adriana Velásquez, recorrió el espacio que será entregado a la comunidad de Tumaco, donde 240 niños, niñas y adolescentes podrán compartir escenarios de formación, orientación y aprovechamiento del tiempo libre.
 
“La infraestructura ha tenido una inversión de más de $1.300 millones, cuyas obras iniciaron en agosto del 2023 y terminarán este mes de enero, convocarán a la niñez y adolescencia a través de la estrategia intersectorial Atrapasueños”, recalcó la subdirectora general, quien además sostuvo que estos espacios físicos son lugares que se constituyen en entornos seguros para la atención integral de niños, niñas y adolescentes bajo principios como la paz, el amor y la memoria, y contribuyen a la consolidación de la Generación para la Vida y la Paz.
 
Adicionalmente, en esta agenda del Gobierno, se realizó una jornada de cartografía con niñas, niños y adolescentes de la mesa de participación infantil, junto con sus maestras, familias y comunidad, para construir rutas que permitan crear metodologías incluyentes y con enfoque étnico que promuevan el desarrollo en el territorio.
 
Finalmente, se realizó un encuentro con entidades locales que concurren en la implementación de la estrategia “Atrapasueños” como educación, cultura, deportes y la Policía de Infancia y Adolescencia, con el objetivo de articular acciones que contribuyan a la prevención de violencias en la niñez y adolescencia del Pacífico colombiano.