Bogotá, D. C.

Al respecto, la directora general de Bienestar Familiar, Astrid Cáceres, explicó que “el conflicto armado no puedo arrebatar los sueños y el futuro de la generación de la paz. Continuamos en el territorio acercándonos y ayudándolos a que retomen sus vidas alejados de la guerra, protegidos, sin miedo y en paz”, dijo.

Además, Cáceres reiteró su compromiso para brindarles las herramientas necesarias para que “salgan adelante y puedan contribuir a la construcción de una sociedad más justa y reconciliada. Como lo dije anteriormente este es un momento crítico, pero es la oportunidad para que la historia de los niños del Catatumbo sea diferente”, aseveró. 

El programa de atención especializada para el restablecimiento de derechos a niños, niñas y adolescentes víctimas de reclutamiento, está dirigido a niños, niñas y adolescentes que se han desvinculado de grupos armados al margen de la ley siendo menores de edad, cuyo objetivo es contribuir con la protección a través de medidas de restablecimiento de derechos y contribución a la reparación integral.

Tras el proceso de registro en Migración Colombia, las funcionarias del Bienestar Familiar, en cabeza de tres autoridades administrativas, adelantaron el acompañamiento psicosocial así como el apoyo en la gestión y trámite de acciones para garantizar la protección de los niños, niñas y adolescentes. 

Así mismo, Bienestar Familiar en articulación con la Cruz Roja dispuso de equipos especializados que brindaron alimentación, atendieron sus necesidades inmediatas y ofrecieron orientación sobre los programas de apoyo disponibles para su regreso al país. 

Las acciones adelantadas por el ICBF están orientadas a garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes, especialmente en situaciones de vulnerabilidad.

Desde el inicio de esta grave crisis humanitaria, el equipo regional y nacional de Bienestar Familiar, en cabeza de su directora general, Astrid Cáceres, se ha desplegado en distintos municipios de la región para atender a las niñas, niños y adolescentes desplazados. Ellos y ellas se han visto obligados a enfrentar las dolorosas consecuencias de la guerra, como la suspensión del inicio de clases, la desintegración familiar, la exposición a nuevos riesgos, el miedo y la ruptura de la cotidianidad. 

En esta coyuntura, Bienestar Familiar continúa haciendo ingentes esfuerzos para que las niñas, niños y adolescentes reciban alimentos suficientes y adecuados. El equipo de nutricionistas de la institución trabaja de manera permanente para gestionar y orientar la preparación de alimentos. Por tierra y aire se han transportado 69.156 unidades líquidas y 10.200 bolsas en polvo de Bienestarina,  buscando llegar no solo a los albergues de los centros urbanos, sino también a las zonas rurales dispersas donde se encuentran confinadas las comunidades. 

La permanente articulación con la institucionalidad regional y nacional, así como con la sociedad civil del departamento de Norte de Santander y la cooperación internacional, ha permitido la puesta en disposición de elementos necesarios para las familias en medio de la crisis. Entre ellos, pañales, biberones, kits para mujeres gestantes y utensilios de cocina.  

Cerca de 120 profesionales, la mayoría de los cuales integran 18 Unidades Móviles, se encargan diariamente de visitar los albergues de Ocaña, Cúcuta, Tibú, Hacarí y Ábrego, con el objetivo de realizar acciones inmediatas de primeros auxilios psicosociales, prevención de violencia sexual, promoción de derechos, apoyo en la organización de los albergues ytamizaje nutricional, además de actividades lúdico-pedagógicas.

Estos equipos interdisciplinares han atendido, desde el inicio de la emergencia, 2.789 personas, de las cuales 1.641 son niñas, niños y adolescentes; 38 son mujeres gestantes; 86 son madres lactantes; 20 son niños en riesgo de desnutrición; y 5 son niños con desnutrición aguda. Con el objetivo de garantizar derechos, han realizado 132 remisiones a otras instituciones para la atención en salud y educación.

En medio de la suspensión de las clases presenciales, los profesionales de Bienestar Familiar también han promovidoen los albergues el buen uso del tiempo libre. En Ocaña, realizaron una charla sobre el cuidado de la madre tierra y una siembra; en el albergue de Firmantes de Paz, actividades artísticas; en Tibú, un campeonato de fútbol y varios talleres de tejido de chinchorros y atarrayas.  
Las Defensorías de Familia y los profesionales de la Dirección de Protección también trabajan incansablemente para restablecer los derechos de las y los adolescentes que, durante la emergencia, se han desvinculado de los grupos armados ilegales que se enfrentan por el control de la región. Bienestar Familiar reitera que el reclutamiento forzado de niñas, niños y adolescentes es un grave crimen, que debe ser rechazado por toda la sociedad. 

Las niñas, niños y adolescentes del Catatumbo cuentan y seguirán contando con Bienestar Familiar, durante y después de esta emergencia. La paz es un derecho de las comunidades campesinas e indígenas que habitan, construyen y sueñan este territorio.

En ese sentido, la resolución delega la responsabilidad de otorgar y reconocer las personerías jurídicas únicamente a la Oficina de Aseguramiento a la Calidad de Bienestar Familiar; y delega en la misma la renovación de las licencias de funcionamiento para los servicios que lo requieran de conformidad con los documentos técnicos que defina el ICBF.
 
Así mismo, le otorga facultades especiales al ICBF para ejecutar medidas urgentes y especiales, en caso de ser requeridas, para intervenir o interrumpir la prestación de los servicios de manera provisional e inmediata ante la presunta vulneración, amenaza o inobservancia de los derechos de las niñas, niños adolescentes y jóvenes, en el marco de la prestación del servicio. 
 
Igualmente, se precisa el proceso administrativo sancionatorio y se rediseñan las faltas de conformidad con la normatividad vigente, como por ejemplo el incumplimiento de los lineamientos técnicos sobre aquellos que vulneren, amenacen o inobserven los derechos de la niñez; y aquellos que omitan el deber de verificar el Registro de Inhabilidades por Delitos Sexuales y contraten con personas inhabilitadas (Ley 2375 de 2024). Por otro lado, se hace vinculante el Registro Único de Oferentes.
 
Cabe anotar que el cumplimiento a cabalidad de la nueva resolución contribuye a la garantía de los derechos de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes en todo el territorio, tal como lo indica la misionalidad de la institución. Si desea conocer más sobre esta Resolución la encontrará en el link: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.icbf.gov.co/system/files/6300_-_establece_regimen_para_el_ejercicio_de_las_funciones_de_inspeccion_vigilancia_y_control_a_cargo_del_icbf.pdf

esde ese mismo momento, un equipo de Defensoría de Familia hizo presencia en el centro médico donde es atendido el niño, abrió Proceso Administrativo de Restablecimiento de Derechos y actualmente,  a través de los profesionales del equipo psicosocial, se le brinda   acompañamiento hospitalario. 

De la misma forma, se evalúa el entorno familiar y se realiza el análisis correspondiente para determinar las medidas de protección necesarias. El ICBF no había recibido, ni tenía conocimiento previo de denuncias o solicitudes de verificación o garantía de derechos relacionados con el grupo de hermanos. 

“Rechazamos tajantemente este hecho que hoy nos entristece profundamente, en el que lamentablemente un niño de un año murió y el otro es atendido por el sector salud como consecuencia de la violencia de la que había sido víctima en su entorno familiar. No podemos permitir que los niñas y las niñas continúen siendo víctimas de hechos de violencia que atentan no solo contra su integridad, sino contra su vida”, señaló la  directora del ICBF en Bogotá, Diana Patricia Arboleda Ramírez.

El ICBF extiende un llamado a la ciudadanía y a las familias para que denuncien cualquier situación que vulnere o transgreda la integridad de las niñas, niños y adolescentes., comunicándose a la línea gratuita nacional 01 8000 918080, marcando el 141, o mediante el sitio web www.icbf.gov.co. 

La Ley 1098 de 2006 establece el derecho de los niños, niñas y adolescentes a ser protegidos contra toda forma de violencia, incluida la física, el maltrato, el descuido, la explotación y cualquier acción que afecte su integridad, por eso contar con información oportuna es fundamental para tomar medidas que protejan a las víctimas y prevengan tragedias como esta.

Con esta iniciativa, Bienestar Familiar busca cualificar la atención en esta zona de la capital, consolidándolo también como un espacio protector y transformador para las familias del sector, además de propiciar la autogestión y el aprovechamiento de recursos locales, como las huertas caseras.

“Estos procesos hacen parte de las acciones integrales desarrolladas por las Unidades Móviles en Bogotá, quienes atienden y acompañan a las familias en situación de vulnerabilidad, a través de procesos psicosociales, que buscan prevenir los riesgos que afectan a los niños, niñas yadolescentes como el consumo de sustancias psicoactivas, la deserción escolar, el embarazo adolescente y todo tipo deviolencias”, dijo Diana Patricia Arboleda Ramírez, directora regional del ICBF en Bogotá.

Con estos espacios Bienestar Familiar busca consolidar los lazos familiares y comunitarios, impulsando la corresponsabilidad y la confianza mediante dinámicas participativas que benefician a la comunidad.
 
 
(Fin/arn/pu)

De acuerdo con el reporte presentado durante la reunión de la Sala de Crisis del ICBF, mecanismo activado con la firma del Decreto 1372 de 2024, se enviaron 16 toneladas de Bienestarina Más, cuya presentación es en bolsas de 900 gramos, y 9.5 toneladas de Bienestarina líquida, en presentación de 200 mililitros.

Adicionalmente, ya son 72 profesionales entre psicólogos, nutricionistas, trabajadores sociales y antropólogos, entre otros perfiles, los integrantes de las 15 unidades móviles asignadas por Bienestar Familiar, que hacen presencia en Ocaña, Tibú y Cúcuta para hacer seguimiento y acompañar a la población.  

Las Unidades móviles tienen como misión orientar y canalizar las familias para el censo, brindar primeros auxilios psicosociales, apoyar en la entrega de ayudas humanitarias, entre otras.

“Nuestra misión es la de proteger y acompañar a estas niñas y niños que resultan afectados por un enfrentamiento en el que nada tienen que ver. Los negocios armados, las luchas criminales no pueden seguir truncando los sueños del futuro de nuestro país, necesitamos todos unirnos para que esta sea la generación de la paz”, indicó la directora general del ICBF, Astrid Cáceres, quien se encuentra liderando el trabajo de la entidad en el territorio.

Hasta el momento se registran más de 14 mil desplazados que se ubican en  albergues temporales ubicados en Ocaña, Tibú y Cúcuta. La mayoría de afectados provienen de 14 municipios entre ellos Tibú, Hacarí, El Tarra, San Calixto y Teorama.

Desde que inició la emergencia, además de la directora general de Bienestar Familiar, en los territorios hacen presencia las directoras misionales de Adolescencia, Naya Gutiérrez Pinzón, y Familia y Comunidades, Juana Hersilia Moya Díaz; el subdirector del Sistema Nacional de Bienestar Familiar, Rodrigo Elías Daza Vega y la directora regional del ICBF en Norte de Santander, Lorena Quinteto Pacheco.

Este mecanismo se activa con la firma del Decreto 1372 de 2024, para atender de manera inmediata a los niños, niñas y adolescentes que requieran los servicios del Estado en medio de la emergencia.
 
Dentro e las acciones del ICBF se encuentra la activación de seis unidades móviles para brindar atención inmediata y de ser necesario abrir los procesos de restablecimiento de derechos a niños, niñas y adolescentes, así como activar una ruta para atender a jóvenes que pudieran ser desvinculados de los grupos armados ilegales. 

Los equipos interdisciplinarios de Bienestar Familiar están conformados por trabajadores sociales, psicólogos, nutricionistas, que estarán en los albergues instalados en los municipios a donde está llegando la población desplazada.

Además, se coordinó el envío de 2232 unidades de Bienestarina líquida desde Valledupar y 600 cajas de 21.600 unidades del mismo producto desde Celem, planta en el departamento de Caldas.

Asi mismo, desde las modalidades de atención especializada que tiene el ICBF, se realiza el alistamiento para brindar acompañamiento y apoyo psicosocial a los niños, niñas, adolescentes y familias desplazadas.

Por su parte, el Sistema Nacional de Bienestar Familiar (SNBF) liderado por el ICBF, articula con los sistemas de atención del riesgo y actores institucionales nacionales y locales, las acciones para garantizar la protección integral de las niñas, niños y adolescentes, acompañando de manera permanente al Gobierno nacional con el fin de que las ayudas humanitarias de alimentación, colchonetas, kits de emergencia y otros elementos lleguen lo más pronto posible a las familias afectadas por esta grave crisis.

Exigiendo de manera vehemente a los grupos armados ilegales respeto por la población civil en el Catatumbo, la directora general del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), Astrid Cáceres, rechazó los hechos de violencia que se han intensificado en las últimas horas en esta región de Norte de Santander, que vulneran de manera flagrante los derechos de las niñas, niños, adolescentes, familias y comunidades.

“Este mensaje va directamente a quienes  todavía insisten en perpetuar la guerra en Colombia. Desde el Bienestar Familiar y el Gobierno Nacional, nos hemos propuesto trabajar juntos para construir una generación de paz en nuestro país.  ¿Cuál es el presente y cuál será el futuro de los niños y niñas por encima de ellos siempre van a estar los negocios del narcotráfico y otras dinámicas de violencia que llevan a los pueblos a enfrentarse", dijo la funcionaria.

Bienestar Familiar cuenta con dos centros zonales en la zona del Catatumbo, uno ubicado en Tibú y otro en Ocaña, además de 42 hogares sustitutos, 14 centros de emergencia, 16 internados y 4 unidades móviles, que se encuentran dispuestas a atender a las víctimas de desplazamiento forzado, brindar acompañamiento psicosocial a las familias que lo requieran y asistir a los damnificados que se encuentran en los albergues. En ese sentido, los funcionarios mantienen directa y constante comunicación con la gobernación departamental, las alcaldías municipales y demás instituciones públicas y privadas. 

"Las generaciones de niñas, niños y adolescentes del Catatumbo y Norte de Santander no pueden seguir condenadas al miedo, la incertidumbre, el desarraigo y la desintegración familiar. Por el contrario, requieren que el Estado y la sociedad continuemos sumando esfuerzos para garantizar sus derechos y permitirles crecer en entornos seguros", señaló la directora general del ICBF.

Así mismo, recalcó que "nos sumamos al llamado urgente de la sociedad civil regional y nacional para que el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Estado Mayor de los Bloques cesen de inmediato las hostilidades y respeten la vida, la integridad y la libertad de las y los habitantes del Catatumbo. 

Instamos al ELN y al Estado Mayor de los Bloques a comprometer a todas sus estructuras políticas y militares en la reactivación de las mesas de diálogo con el Gobierno Nacional, con el objetivo de lograr acuerdos que alivien la situación humanitaria y concreten la paz como única salida para el buen vivir en el territorio.

“Necesitamos que en el país crezca una generación para la paz, pero no podemos hacerlo solos; por eso desde la sociedad civil debemos decir, a una sola voz, ‘Ya Basta’, necesitamos que en Colombia se cierre el círculo de la guerra eterna en la que nos han puesto”, concluyó Cáceres.

“La concertación con las comunidades es una premisa del Gobierno del Cambio, por eso le reiteramos a las organizaciones sociales en este departamento, nuestra disposición a conversar para llegar a acuerdos que permitan adelantar la contratación de la atención a la primera infancia”, sostuvo la directora general del ICBF.

A renglón seguido, anunció que la Defensoría del Pueblo cumplirá su papel como mediadora con las comunidades afro para avanzar en el diálogo que permita iniciar el proceso de contratación de la atención para las niñas y niños.
 
Para  no afectar el funcionamiento de los servicios de prevención y protección, la regional atenderá virtualmente al público hasta el próximo lunes porque la garantía de derechos de niñas, niños, adolescentes y familias en La Guajira es fundamental para el ICBF.