Regional

Es importante resaltar que San Andrés es un punto estratégico en las dinámicas migratorias sur – norte, dada su cercanía con la república de Nicaragua, por lo que las nacionalidades identificadas son diversas. La nacionalidad colombiana, chilena, ecuatoriana, hindú, kazaka, venezolana y vietnamita son algunas de las principales que se han identificado en el territorio, lo que da cuenta de dinámicas migratorias inter y extracontinentales. Así pues, las medidas tomadas por la regional han estado centradas en la articulación interinstitucional para la garantía de derechos de la niñez y la adolescencia migrante. 

A nivel nacional se ha identificado que la migración se da de diversas formas, presentándose así la migración familiar, los grupos de viaje sin parentesco pero con redes vinculares y de apoyo, o la niñez y adolescencia no acompañada o separada.  Al respecto, la directora encargada de la regional de Bienestar Familiar en San Andrés Islas, Grissel Livingston Bowie, indicó para los casos de la niñez y adolescencia no acompañada que “cuando el niño, niña o adolescente no está acompañado, el equipo de defensoría de familia adelanta la verificación de derechos y toma una medida de protección provisional para ubicarlo en un hogar sustituto hasta el momento en que se pueda adelantar su reubicación en medio familiar”, de acuerdo con los lineamientos del ICBF.

En los casos en los que las niñas, niños y adolescentes migran con sus familias, una vez son reportados por las autoridades portuarias y/o marítimas y la Policía Nacional, la Regional San Andrés adelanta el proceso de verificación de derechos a través de los equipos interdisciplinarios de las Defensorías de Familia. En caso de no identificar vulneraciones de derechos, la autoridad administrativa competente, opta por la permanencia de la niña, niños o adolescente en su núcleo familiar, respetando y aplicando el principio de unidad familiar y la permanencia en sus entornos protectores. 

Una de las estrategias adoptadas por Bienestar Familiar para garantizar los derechos de la niñez y adolescencia migrante ha sido la de apoyar los procesos de reunificación familiar, cuando hay garantías para ello. Durante el 2024 se presentó un caso en el que una familia se encontraba migrando con su hijo de dos años y lamentablemente la embarcación en la que se encontraban naufragó. De esta lamentable situación, el niño sobrevivió, por lo que el Equipo de la Regional San Andrés activó las rutas para poder finalmente reunificarlo con su familia extensa, tras acreditar su parentesco. 

Por su parte, la Dirección de Protección ha brindado acompañamientos técnico jurídico a las autoridades administrativas y equipos interdisciplinarios, sobre el restablecimiento de derechos de niñas, niños y adolescentes, así como espacios permanentes para la cualificación de sus servicios, estudios de caso, comités consultivos, entre otros. Estos acompañamientos técnicos han sido dirigidos también a miembros de la Mesa de Gestión Migratoria en Tránsito del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.

Finalmente, es importante mencionar que Bienestar Familiar, a través del Sistema Nacional de Bienestar Familiar, lidera la Mesa Nacional de Niñez y Adolescencia Migrante, donde se coordinan y articulan de manera interinstitucional las políticas, estrategias y programas dirigidos a la protección integral, la estabilización e integración de niños, niñas y adolescentes migrantes, refugiados y retornados. 

Así mismo, en la Isla de San Andrés la entidad, hace parte de la Mesa de Gestión Migratoria en Tránsito del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, mecanismo creado para la articulación interinstitucional y acordar acciones conjuntas que den respuesta en clave de derechos a la migración irregular en tránsito por el Departamento.Al respecto, la directora encargada de la regional de Bienestar Familiar en San Andrés Islas, Grissel Livingston Bowie indicó que “cuando el niño, niña o adolescente no está acompañado, el equipo de defensoría de familia adelanta la verificación de derechos y toma una medida de protección provisional para ubicarlo en un hogar sustituto hasta el momento en que se pueda adelantar su reubicación en medio familiar”, de acuerdo con los lineamientos del ICBF.

Por otro lado, la regional de San Andrés Islas adelanta el proceso de verificación de derechos a través de los equipos de las defensorías de familia con los niños, niñas y adolescentes en procesos migratorios que se encuentran acompañados de sus familiares, una vez reportados por las autoridades portuarias y/o marítimas y Policía. En caso de no identificar vulneraciones de derechos, la autoridad administrativa opta por la permanencia con su núcleo familiar en garantía, aplicando el principio de unidad familiar y la permanencia en sus entornos protectores.

Dentro de las acciones adelantadas por el Bienestar Familiar para garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes migrantes, se encuentra la reunificación familiar. Un ejemplo de esto es el caso de un niño de dos años que fue rescatado luego de que la embarcación, en la cual iba junto a sus padres,naufragara. Esta reunificación se realizó una vez su familia extensa llegó a Colombia y se acreditó el parentesco. 

Es de mencionar que por parte de la Dirección de Protección se ha brindado acompañamientos técnicos jurídicos a autoridades administrativas y equipos interdisciplinarios, sobre el restablecimiento de derechos de niñas, niños y adolescentes, así como espacios permanentes para la cualificación de sus servicios, estudios de caso, entre otros Estos acompañamientos técnicos han sido dirigidos también a miembros de la Mesa de Gestión Migratoria en Tránsito del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.

Finalmente, es importante mencionar que Bienestar Familiar a través del Sistema Nacional de Bienestar Familiar lidera la Mesa Nacional de Niñez y Adolescencia Migrante, donde se coordinan y articulan de manera interinstitucional las políticas, estrategias y programas dirigidos a la protección integral, la estabilización e integración de niños, niñas y adolescentes migrantes, refugiados y retornados. 

Asimismo, hace parte de la Mesa de Gestión Migratoria en Tránsito del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, mecanismo creado para la articulación interinstitucional y acordar acciones conjuntas que den respuesta en clave de derechos a la migración irregular en tránsito por el territorio.

La subdirectora del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes, Magally Macías Acevedo, encargada de la apertura señaló que “una de las apuestas que tiene este Gobierno es efectivamente aumentar las modalidades no privativas de la libertad, lo que se está ofertando en este momento. Los adolescentes y jóvenes que también nos acompañan en esta jornada, beneficiarios de este servicio, van a sus casas, comparten con su familia, están con su comunidad”.
 
Bienestar Familiar ha venido apostando, desde una visión socio comunitaria, sociofamiliar y con un enfoque restaurativo, a aumentar las modalidades no privativas de la libertad, cambiando la lógica del castigo por la de la oportunidad, por eso en La Lucila los adolescentes y jóvenes podrán formarse en habilidades, capacidades y talentos en artes, deportes y oficios que a su vez les permitirá tener un proyecto de vida sostenible a largo plazo dentro de la cultura de la legalidad, proyectándose junto a sus familias y comunidades.
 
Esta obra que se entrega a la comunidad permitirá no solamente la transformación de las vidas de adolescentes y jóvenes que se encuentran en el sistema de responsabilidad penal, sino que permitirá también la transformación de las condiciones de vida de sus familias y comunidades, al no aislarles del proceso restaurativo y hacerles parte de la construcción social y comunitaria de la justicia en su territorio.

El evento permitió concretar acuerdos comerciales que facilitaron la inclusión de pequeños agricultores y campesinos en procesos de abastecimiento público, lo que garantiza el suministro de alimentos frescos y de calidad para los programas de Bienestar Familiar, con un enfoque en la promoción de una alimentación adecuada y saludable para niñas, niños y adolescentes.
 
Estas acciones no solo contribuyen a satisfacer las necesidades nutricionales básicas de los menores de edad, sino también a mejorar la calidad y diversidad de los alimentos consumidos, incluyendo productos locales de alto valor nutricional. 
 
De igual forma, se establecieron mecanismos para asegurar que los alimentos adquiridos cumplan con estándares específicos de frescura, balance nutricional y seguridad alimentaria, alineados con los objetivos de protección y bienestar infantil.
 
A través de esta alianza, las entidades reafirmaron su compromiso con la seguridad alimentaria, priorizando el consumo de productos locales y contribuyendo al desarrollo de la economía rural del departamento, impulsando el desarrollo rural sostenible y la mejora de las condiciones de vida de las familias.

En Valledupar, el ICBF, junto con la Policía Nacional, Bomberos y la Alcaldía Municipal, está trabajando para prevenir niños, niñas y adolescentes lesionados con pólvora y por ello, se realizan campañas de sensibilización que, através de charlas, toma de espacios públicos y actividades lúdicas, buscan concientizar a la población sobre los riesgos de la pólvora y promover alternativas seguras para celebrar.
 
Así mismo, Bienestar Familiar trabaja alianzas estratégicas con diferentes instituciones, socios estratégicos y cooperantes para fortalecer la prevención y garantizar un entorno seguro para todos los niños, niñas y adolescentes.
 
La campaña del ICBF, El Cambio es sin Pólvora, se centra en promocionar del diálogo y la cultura de paz sin la utilización de artefactos pirotécnicos, considerando las afectaciones emocionales, sociales y psicológicas derivadas de las lesiones causadas por la manipulación de la pólvora. Al trabajar de la mano con las comunidades, la entidad busca construir una cultura de paz con entornos protectores en el departamento del Cesar.

Es así como articulados con los entes territoriales, alcaldías y gobernaciones, se han realizado diferentes estrategias para que estas fiestas se conviertan en un espacio para el diálogo donde prime la armonía familiar, los juegos y el amor. 
 
Desde el Bienestar Familiar se reitera el mensaje que los niños, niñas y adolescentes no deben manipular, ni estar cerca de productos pirotécnicos, debido a los riesgos graves que representan para su salud e integridad. 
 
De acuerdo con el reporte del Instituto Nacional de Salud, del total de casos 2 se presentaron en Barranquilla con niñas y niños cuyas edades están entre los 6 y 11 años; mientras que en los demás municipios de Atlántico hubo 2 lesionados(0-5 años); 1 (6 a 11 años) y 3 (12-17 años). Ante estos casos, el ICBF o la autoridad administrativa competente, hace verificación de derechos para tomar las medidas a que haya lugar. 
 
Es importante mencionar que, si un niño, niña o adolescentellegara a ser afectado por quemaduras de pólvora, deberá ser llevado de manera inmediata a un centro médico cercano, en donde tienen la obligación de atenderlo.

En los municipios de Miraflores, El Cocuy, Soatá, Sogamoso y la ciudad de Tunja, los profesionales de Bienestar Familiar, desde el Sistema Nacional de Bienestar Familiar y el Equipo Móvil de Protección Integral, han realizado recorridos, en coordinación con la Policía de Infancia y Adolescencia, para sensibilizar a las familias sobre los riesgos del uso de pólvora y las consecuencias que trae para niños, niñas y adolescentes. 

La directora regional encargada del ICBF en Boyacá, Rocío Aranguren, ha hecho un llamado a las familias para que en estos tiempos de compartir se recuperen los juegos tradicionales en el hogar y se evite exponer a los niños, niñas y adolescentes a la pólvora. 

Entre el 1 y el 8 de diciembre se han presentado 86 casos de niños, niñas y adolescentes lesionados por uso o manipulación de pólvora, dos de esos casos se registraron en el municipio de Puerto Boyacá. 

Bienestar Familiar pide a la comunidad denunciar en la línea 141 cualquier situación de riesgo para niños, niñas y adolescentes.

Alrededor de ochenta familias se congregaron a través de la convocatoria hecha por Bienestar Familiar, quienes contribuyeron con valiosos insumos para fortalecer las atenciones integrales en el municipio, siempre desde un enfoque diferencial y centrado en los derechos de los niños, niñas y adolescentes. 
 
La colaboración entre la comunidad, las autoridades locales y el ICBF ha sido clave para fortalecer los vínculos y asegurar que cada niño, niña y adolescente reciba la atención integral que merece, esfuerzo conjunto que también busca sensibilizar sobre la importancia de un enfoque inclusivo, en el que se reconozcan y respeten las diferencias, permitiendo que todos los niños puedan acceder a las mismas oportunidades de desarrollo.

El Plan Situado es una estrategia para llegar a los territorios con mayor incidencia de los delitos de trata y explotación sexual y definir de la mano con la región las acciones que permitan aportar en la mitigación de esas graves violencias, que afectan de manera estructural los derechos humanos de poblaciones vulnerables.
 
El desarrollo de este plan reveló la necesidad que existe en el territorio de armonizar la Justicia especial indígena con la ordinaria, con el fin no de definir quién debe ejercer la atención, sino para lograr una protección integral de las niñas y los niños. Las actividades también incluyeron el taller Voces Que Previenen, realizado en la Casa Atrapasueños de Maicao y el conversatorio "Las Niñas Tienen la Palabra", en Riohacha.
 
La ruta del Plan Situado se realizó gracias al aporte de personas provenientes de varios municipios guajiros y pertenecientes a comunidades étnicas y migrantes, que de manera conjunta encontraron alternativas para la construcción de entornos seguros para la niñez y la adolescencia.
 
En la estrategia para el abordaje integral de trata y la ESCNNA se han priorizado en el país los municipios de Medellín Cartagena, Cali, Leticia y Puerto Nariño en Amazonas; Riohacha y Maicao en La Guajira, y se espera llegar a otros municipios de este departamento como Uribia, Paraguachón y Dibulla.

A través de equipos interdisciplinarios y en coordinación con la Policía de Infancia y Adolescencia y la alcaldía de Cumaribo, Bienestar familiar promueve estrategias pedagógicas como modo de sensibilización sobre los riesgos y consecuencias a los que se pueden exponer niños, niñas y adolescentes al manipular pólvora.

“Desde el ICBF trabajamos con todas las entidades que hacen parte del Sistema Nacional de Bienestar Familiar (SNBF) en los cuatro municipios del departamento, desarrollando procesos pedagógicos y preventivos para que las familias del Vichada vivan unas fiestas en unión y alegría, libres del uso de pólvora”, señaló la directora encargada de la regional Vichada, Emilia Beltrán.

Bienestar Familiar hace un llamado a la comunidad a denunciar en la Línea 141 cualquier acto que atente contra la vida e integridad de los niños, niñas y adolescentes.

Durante la actividad también hubo espacio para que los padres y madres de familia, madres sustitutas, cuidadores, niños, niñas y adolescentes con discapacidad del programa Hogar Gestor del ICBF, conversaran sobre susderechos: a la vida, a la familia, a la educación, a la salud, a la igualdad, a la no discriminación, a la libertad y a la participación. 

El espacio permitió conocer las opiniones de la sociedad sobre los derechos y las dificultades que las familias enfrentan a diario para garantizar los derechos de las personas con discapacidad que viven en su entorno.
“Todas las personas podemos desarrollarnuestros talentos en algún arte u oficio o adquirir habilidades”, fue una de las conclusiones de la conmemoración, de ahí la invitación a que los cuidadores permanezcancomo observadores de los niños y niñas a su cargo, para descubrir sus capacidades y estimularlos para que las desarrollen. 

“Estos espacios ayudan a fortalecer la red de apoyo a las familias que tienen bajo su cuidado a los niños, niñas o adolescentes con alguna discapacidad y ser garantes de sus derechos”, destacó Carlina Sáez Cuesta, directora regional encargada del ICBF en Chocó.