Regional

Gracias al trabajo articulado con la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD), en el municipio de Soacha, Cundinamarca, se dio inicio a un proceso que permitirá a cinco familias participantes vinculadas a la Unidad de Tejido Social y Comunitario, acceder a programas de educación superior de manera gratuita, lo que marca un hito en su trayectoria formativa y en la transformación de sus proyectos de vida.
 
Este logro es resultado de un ejercicio de mapeo institucional que se llevó a cabo durante la presente vigencia por parte de los equipos profesionales de la Dirección de Familias y Comunidades, con presencia en el municipio. A través de recorridos a diferentes entidades e instituciones, se identificaron oportunidades de articulación que permitieran fortalecer las metas de atención a las familias acompañadas, las cuales se encuentran en condiciones de alta vulnerabilidad. En este proceso, la UNAD se destacó como una aliada estratégica por su enfoque incluyente y su compromiso con la democratización del acceso a la educación superior.
 
Durante la jornada desarrollada en las instalaciones de la universidad, se llevó a cabo una socialización sobre la política de gratuidad vigente para el segundo semestre de 2025, la cual permite que cualquier persona que haya culminado el grado 11 y presentado el examen ICFES, sin importar su edad, pueda postularse para iniciar su formación universitaria. Además de orientar al equipo profesional de «Somos Familia, Somos Comunidad», se brindó información directa a las familias beneficiarias quienes manifestaron su interés en avanzar hacia nuevas metas educativas como parte de su proyecto de vida.
 
La jornada incluyó también un espacio de encuentro con los beneficiarios, donde fue posible conocer sus testimonios, reflexiones y expectativas frente a esta oportunidad.
 
«La educación superior gratuita no solo transforma el futuro de las personas; también dignifica a las familias y potencia sus capacidades. Esta alianza con la UNAD es un paso más en nuestro compromiso de generar oportunidades concretas y sostenibles para quienes acompañamos desde el servicio», afirmó Íngrid Cubides Puentes, directora regional del Bienestar Familiar en Cundinamarca.
 
Bienestar Familiar continuará fortaleciendo este tipo de procesos articulados, promoviendo la inclusión y garantizando que los derechos de niñas, niños, adolescentes y sus familias sean protegidos, reconocidos y potenciados desde todos los ámbitos del desarrollo.
 

El incidente ocurrió el pasado 14 de julio, alrededor de las 2:00 p. m., en el asentamiento Aeropuerto 1 del municipio de Uribia, cuando el equipo —integrado por una psicóloga, una trabajadora social, una nutricionista y el conductor— finalizaba su jornada de acompañamiento a familias en situación de vulnerabilidad. 


Tres motocicletas con hombres armados interceptaron el vehículo institucional, obligando a los funcionarios a descender bajo amenazas. Los agresores sustrajeron pertenencias personales, kits de atención, documentación sensible y el vehículo oficial: una camioneta blanca 4x4 con placas EYX 827, perteneciente a la empresa contratista de transporte. 


Este nuevo hecho se suma a una preocupante cadena de ataques contra personal del Instituto en La Guajira. Solo en 2025 ya se contabilizan dos robos de vehículos al servicio de los Equipos Móviles (el más reciente en Uribia y otro en Barrancas el mes pasado), además de tres hurtos registrados en 2024 (dos en Maicao y uno en Barrancas), lo que evidencia un patrón de riesgo persistente para el cumplimiento de la labor social e institucional. 


El Bienestar Familiar reportó el caso ante las autoridades competentes y pidió una actuación pronta para esclarecer los hechos, identificar a los responsables y recuperar tanto el vehículo como los elementos sustraídos, algunos de los cuales contienen información confidencial de familias atendidas.  


Bienestar Familiar reitera el llamado urgente a las autoridades locales, departamentales y a las entidades garantes de derechos humanos para fortalecer las medidas de seguridad que permitan a los equipos continuar su labor en condiciones seguras. La protección integral de la infancia, la adolescencia y las familias guajiras no puede seguir viéndose amenazada por actos de violencia e inseguridad

Como parte del modelo de atención integral al pueblo wayuu, el Bienestar Familiar ha entregado, en lo corrido del año, más de 19 millones de litros de agua potable a comunidades indígenas en el departamento de La Guajira. Esta intervención ha beneficiado a más de 100.000 familias en 3.176 comunidades, promoviendo el acceso efectivo a derechos fundamentales como el agua, la salud y una vida digna. 


Durante décadas, La Guajira ha enfrentado una crisis estructural por la escasez de agua potable, lo que ha afectado de manera crítica a las niñas, niños y familias wayuu. La intervención del Instituto permite hoy que las comunidades cuenten con este recurso vital para prevenir enfermedades, preparar alimentos tradicionales como el yajaaushi y fortalecer prácticas culturales como la wayuunkeera, contribuyendo al desarrollo integral y culturalmente pertinente de la infancia indígena. 


«Gracias a este modelo de atención integral al pueblo wayuu hemos recibido agua cada mes», afirmó Melisa Pushaina, habitante de la comunidad Karretchon. «Lo usamos para cocinarles a los niños, en la unidad de atención, en los encuentros comunitarios y también para el consumo diario y el aseo en nuestras casas». 


El abastecimiento se realiza mediante carrotanques, con una entrega mensual de 1000 litros por comunidad. A esto se suman hasta 30 litros adicionales por ración alimentaria para preparar en el hogar, los cuales se distribuyen según las condiciones del territorio. Para superar los desafíos de acceso en zonas con vías deterioradas, el Bienestar Familiar ha contado con el apoyo de organizaciones aliadas que han adaptado camiones tipo 350 con motobombas, con el fin de garantizar la llegada del agua a los lugares más apartados.


«Anteriormente pasábamos mucha necesidad aquí en la comunidad. Mis tíos se levantaban a las dos de la madrugada para traer agua del jagüey en burros, carretillas o bicicletas. Ahora, con este piloto, estamos disfrutando del agua potable junto a los niños, porque el agua es muy importante para ellos», expresó Mariana Vanegas, autoridad tradicional de la comunidad Ojiaka. 

Esta iniciativa hace parte de las acciones implementadas por el Bienestar Familiar en los municipios priorizados por la Sentencia T-302 de 2017 (Riohacha, Maicao, Manaure y Uribia), que reconoce el derecho fundamental al agua para las comunidades wayuu. 


Cada litro de agua entregado representa una respuesta concreta frente a una deuda histórica con los pueblos indígenas del país, y un paso firme hacia la garantía de los derechos de la infancia y las familias guajiras.

En articulación con el Hospital San Juan de Dios, la Alcaldía Municipal de Honda y la Asociación de Padres de Familia del Hogar Infantil Fábulas y Cuentos, se prestaron servicios de salud como vacunación, odontología, medicina general, enfermería y psicología, beneficiando a 132 personas (85 familias). Esta acción se enmarca en el acompañamiento que Bienestar Familiar viene adelantando desde el 2 de julio con estas comunidades, ya caracterizadas por la Unidad Móvil.

Durante la jornada se entregaron 60 kits escolares, 60 kits de salud oral, 35 juegos didácticos, 188 prendas de vestir y 120 árboles frutales junto con 10 bultos de abono utilizados en una siembra simbólica. Además, se avanza en la focalización de niñas y niños menores de cinco años y mujeres gestantes para dar inicio, a partir del 16 de julio, al servicio de educación inicial en el hogar mediante la modalidad Familiar.

«Con las familias de El Portento, que hacen parte de la Asociación de Desplazados del Tolima, hoy logramos una actividad simbólica muy bonita gracias al apoyo de comerciantes, amigos y familiares de los funcionarios del centro zonal. A cada familia le entregamos árboles frutales para sembrar, como símbolo del arraigo que van a tener en este nuevo territorio», señaló la coordinadora del Centro Zonal Honda.

Estas acciones reafirman el compromiso del Bienestar Familiar con la protección integral de las niñas, niños y adolescentes, y con el fortalecimiento de entornos protectores y dignos para las familias víctimas del desplazamiento forzado.
 
 

Durante el encuentro, los equipos profesionales del Bienestar Familiar en Soacha presentaron los componentes clave de la Política Pública de Primera Infancia, haciendo énfasis en las atenciones priorizadas, los estándares de calidad y el enfoque de integralidad que caracteriza al modelo de atención. 


El encuentro se desarrolló en articulación con la Fundación Apoyar, con la que se compartieron experiencias significativas relacionadas con el trabajo comunitario, la corresponsabilidad familiar y los procesos pedagógicos que permiten potenciar el desarrollo de niñas y niños en entornos seguros, afectivos y estimulantes. 


«Estos encuentros con delegaciones internacionales permiten visibilizar el compromiso que tiene el Bienestar Familiar por garantizar una atención integral, oportuna y de calidad a la primera infancia. Agradecemos la visita de Vivamos Mejor y de los países invitados, que fortalecen nuestra gestión desde el diálogo y el reconocimiento mutuo», señaló Ingrid Cubides Puentes, directora encargada de la Regional Cundinamarca. 


Este tipo de espacios son fundamentales para afianzar procesos de cooperación internacional, generar aprendizajes compartidos y continuar fortaleciendo la garantía de los derechos de niñas y niños en el departamento.

Con el objetivo de prevenir muertes por desnutrición infantil y fortalecer las capacidades comunitarias para la detección temprana de riesgos nutricionales, Bienestar Familiar recibió 36.200 cintas de medición del perímetro braquial, por parte de Jerónimo Martins Colombia – Tiendas ARA. 


La cinta métrica permite medir el riesgo de mortalidad por desnutrición por medio de la circunferencia del brazo de forma sencilla y eficaz, de manera que se puedan activar oportunamente las rutas de atención en salud. Su uso está al alcance de cualquier persona que reciba un entrenamiento básico, por eso se denomina una medida de vigilancia epidemiológica comunitaria. 


La entrega de estos insumos fortalece las acciones del Compromiso País, estrategia del Gobierno Nacional que articula esfuerzos del Estado, el sector privado y las comunidades para garantizar los derechos de la primera infancia, cerrar brechas históricas y proteger la vida en los territorios. 


Bienestar Familiar liderará la distribución del material a través de su red de atención, en articulación con madres comunitarias quienes desempeñan un rol central en la promoción del desarrollo integral de la niñez en contextos vulnerables. 


Este nuevo recurso reafirma el valor de la corresponsabilidad entre el Estado y el sector privado en la garantía de derechos para la niñez colombiana.

Esta iniciativa que involucra a maestras, maestros, agentes educativos, madres comunitarias, líderes, lideresas y otros actores clave de la educación inicial, ha permitido el desarrollo de experiencias pedagógicas y comunitarias que potencian el aprendizaje y desarrollo de niñas y niños en territorios como Sucre, Magdalena, Cesar, Santander, Valle del Cauca, Córdoba, Huila, Nariño, Cauca, La Guajira, Bolívar, Chocó, Putumayo, Atlántico y Caquetá. 


Los colectivos pedagógicos son un componente clave en la construcción de una educación inicial transformadora y reflejan el compromiso del Gobierno del Cambio que reconoce a maestras y maestros como portadores de saberes fundamentales para promover el bienestar integral de la primera infancia, con enfoque en la equidad, la participación y la garantía de derechos desde los primeros años de vida. 


Con esta apuesta, el Bienestar Familiar reafirma su compromiso con una educación inicial de calidad, centrada en el bienestar de la niñez y en el reconocimiento del talento humano como eje fundamental para garantizar una atención integral y pertinente en todo el país.

Durante la jornada, más de 200 personas, entre ellas 60 niñas, niños y adolescentes, accedieron a una oferta institucional diversa y adaptada a las realidades del territorio. Los equipos profesionales del Bienestar Familiar socializaron las experiencias relacionadas con Jardín Comunitario y la Educación Inicial Campesina, destacando el trabajo que se realiza con enfoque rural.

En dos estands se compartieron las experiencias pedagógicas en Educación Inicial Campesina y se presentaron iniciativas como la olla comunitaria, el autoabastecimiento y el uso del kit pedagógico. Así mismo, se contó con un espacio para la promoción de las redes comunitarias, incentivando la participación activa de niñas y niños en sus contextos.
 
La jornada se desarrolló en el marco del canal itinerante territorial, lo que permitió planificar y ejecutar acciones con enfoque diferencial que responden a las características socioculturales de la región y a las necesidades de las familias.
 
Con estas acciones, Bienestar Familiar reafirma su compromiso con la garantía de derechos en zonas rurales, fortaleciendo la articulación interinstitucional y la presencia activa en los territorios.
 

A los 16 años, Amparo Peña Medina llegó al programa de protección del Bienestar Familiar en el municipio de Socorro, Santander. Había dado a luz a gemelos prematuros y vivía en un albergue, sin familia cercana, sin pareja, y enfrentando múltiples retos como madre adolescente. Fue allí donde la entidad identificó su situación y activó un proceso de atención integral que cambió el rumbo de su vida. 


Durante ocho años, Amparo recibió apoyo del Instituto a través de Proyecto Sueños, Mi Familia y Sacúdete. Con este acompañamiento logró culminar el bachillerato, iniciar estudios universitarios en Derecho y construir una red de apoyo sólida gracias a su experiencia con madres sustitutas. En 2024, un día después de egresar del programa de protección, fue vinculada en el área de Protección del Centro Zonal San Gil. 


«Ahora entiendo a las familias porque yo estuve ahí. Sé lo que es vivir el proceso, y por eso quiero seguir trabajando para transformar otras vidas», afirma Amparo con convicción. Su testimonio representa el verdadero impacto del trabajo articulado entre equipos psicosociales, operadores, programas y comunidad, y refleja cómo el Bienestar Familiar transforma realidades y siembra oportunidades. 


Hoy, esta joven abogada continúa su formación con una especialización en Derecho Administrativo y se proyecta como una funcionaria comprometida con la niñez y la adolescencia. Su historia es muestra del poder que tienen las acciones del Instituto cuando se articulan con la perseverancia, la resiliencia y el amor. 


Desde el Bienestar Familiar Regional Santander celebramos y compartimos historias como la de Amparo que nos inspiran a seguir construyendo caminos de protección, bienestar y desarrollo para niñas, niños, adolescentes y jóvenes en todo el país. 




(Fin zbg/om)  

A través de esta estrategia, se brindará atención de 600 niñas, niños, mujeres y personas en gestación en 17 municipios priorizados, con el objetivo de mejorar su estado nutricional. Las acciones se articulan con el sector Salud para abordar casos de desnutrición aguda, riesgo de desnutrición aguda en niñas y niños menores de 5 años, así como bajo peso gestacional, sobrepeso y obesidad en mujeres y personas en gestación.

Los aportes institucionales de las E. S. E, se destinan a la línea de inversión en talento humano, fortaleciendo los equipos interdisciplinarios encargados de la atención, el seguimiento y el acompañamiento, así como la articulación con los actores locales en los territorios priorizados.

Las intervenciones se centran en zonas con barreras geográficas y dificultades de acceso a servicios de salud, tanto urbanas como rurales, donde se busca fortalecer los procesos locales de prevención de la desnutrición infantil en contextos de vulnerabilidad.

La E. S. E. Centro Dos atenderá 300 participantes potenciales distribuidos en nueve municipios: La Sierra (26), Morales (27), El Tambo (26), Cajibío (31), Sucre (21), Argelia (75), Balboa (36), Patía (32) y Mercaderes (26).

Por su parte, la E. S. E. Hospital Susana López de Valencia atenderá 300 personas de ocho municipios: Popayán (160), Suárez (20), Corinto (15), Santander de Quilichao (30), Caloto (15), Miranda (15), Buenos Aires (15) y Toribío (30).

Con la firma de estos convenios, se fortalece la articulación interinstitucional con las entidades del sector Salud como una estrategia clave para mejorar el estado nutricional de niñas, niños y mujeres y personas en gestación en el departamento.

Esta coordinación permite avanzar en la implementación de acciones integradas para la detección temprana, atención oportuna y seguimiento continuo a personas con diagnóstico o riesgo de desnutrición, priorizando territorios con mayores niveles de vulnerabilidad y contribuyendo a reducir las brechas en el acceso a la atención nutricional.

(Fin/cmm/om)