Riohacha

En primer lugar, se llevó a cabo una armonización espiritual guiada por una Ouutsu, símbolo del saber ancestral femenino. El diálogo incluyó espacios alrededor del fogón, reconociendo las lógicas y reglas propias del pueblo wayuu para conversar y compartir la palabra. Se reflexionó sobre términos tradicionales relacionados con la desnutrición como Ajapüü, Mali’waa o Meisalaa, que expresan desequilibrios y rupturas en los vínculos de cuidado colectivo. 

Las autoridades destacaron que, para el pueblo wayuu, la desnutrición no es solo una falta de alimento, sino una consecuencia de la pérdida de equilibrio y del debilitamiento de las redes familiares. Durante el Atunkawaa los participantes elaboraron mapas sociocomunitarios y diagramas de parentesco, identificando cómo los conflictos territoriales inciden en la nutrición infantil. 

También se discutieron categorías como «comunidad», según algunas autoridades participantes. Esta palabra ha sido impuesta para «contabilizarlos» desde lógicas estatales que desconocen la estructura social wayuu, la cual está basada en Eiurruküs (linajes). Esta acción de «cuantificar con daño» ha generado tensiones internas y ha afectado las decisiones sobre el cuidado de la infancia. 

Se resaltó además el rol de las mujeres y jóvenes en la transmisión de la palabra y el tejido comunitario. Se discutió la noción de «autoridad»: sus diversos matices y transformaciones frente a una creciente influencia externa (alijuna) que debilita valores propios. Se discutió qué es la desnutrición desde la perspectiva wayuu, encontrándose tensiones entre la forma en que los programas asistencialistas a lo largo de las últimas décadas han propiciado una naturalización del hambre, debilitando la agencia y la autonomía alimentaria del pueblo wayuu. 

La Comisión Asesora Científica reafirma que no es posible plantear soluciones para superar la crisis de desnutrición sin un reconocimiento y comprensión profunda de las «redes de parentesco» del pueblo wayuu, ya que hay una diversidad de actores responsables de los niños y niñas con desnutrición: identificar las redes de parentesco es clave para fortalecer el cuidado de la infancia. 

Este Atunkawaa que se realizó en wayunaiqui, siguiendo las nociones propias del pueblo wayuu, y no a partir de metodologías foráneas, constituye un hito en el estudio de las causas estructurales de la desnutrición en el territorio.

(fin/scs/oam)

En este asentamiento habitan más de 2.000 personas de la etnia wayuu, muchas de las cuales enfrentan serias dificultades para acceder a derechos fundamentales debido a las condiciones del territorio. En esta oportunidad, Bienestar Familiar focalizó su atención en niñas, niños y madres gestantes en situación de vulnerabilidad, con el propósito de contribuir a la prevención de la desnutrición y garantizar el bienestar integral. 

De manera articulada se trabajó con el sector salud, en la identificación de posibles casos de riesgo y activación de rutas de atención para generar respuestas oportunas y efectivas, en defensa del derecho a la salud y la vida de la niñez.

May Belliny Badillo Brito, directora regional encargada de Bienestar Familiar en La Guajira, reiteró el compromiso de la entidad con las comunidades más vulnerables del departamento e hizo un llamado a la corresponsabilidad ciudadana: «Si conocen casos de niñas o niños en riesgo de desnutrición, por favor comuníquense a la línea de WhatsApp 317 436 7714. Un mensaje puede salvar una vida».

La jornada, orientada al fortalecimiento del acceso a derechos fundamentales contó con articulación del Sistema Nacional de Bienestar Familiar, fue liderada por la Secretaría de Salud Departamental y también participaron la Fundación Ancla Colombia, la Fuerza Aeroespacial Colombiana, el Ejército Nacional y otros aliados estratégicos.

«A los padres les digo que le den más orientación a sus hijos, que les expliquen qué son los métodos anticonceptivos, que no debe ser un tabú», afirmó Jonaithy, destacando la importancia del conocimiento para evitar riesgos, abusos o embarazos por desconocimiento.

Jonaithy Llorente, como parte de los Jóvenes Unidos Contra La Explotación Sexual Comercial de Niños, Niñas y Adolescentes (EICYAC); Constanza Radillo, Jasay Hernández y Dariana Acosta, fueron las panelistas en la primera parte del foro.

Las adolescentes abordaron temas críticos como la falta de orientación sexual en los hogares, el impacto del abuso y la violencia sexual, así como el rechazo a las uniones tempranas. Las jóvenes subrayaron que muchos embarazos a temprana edad y situaciones de explotación sexual tienen su raíz en la desinformación y la normalización de prácticas que vulneran sus derechos.

En un segundo momento del evento, lideresas comunitarias como Rosandry González, Daniela Sáenz, Leonela Bouriyú y Lianeth Castellano compartieron sus experiencias sobre la construcción de redes de protección comunitaria en La Guajira. Las panelistas reflexionaron sobre los factores de riesgo latentes en los territorios, especialmente aquellos que propician la explotación sexual comercial de niñas, niños y adolescentes.

Durante el evento, la directora regional encargada de Bienestar Familiar La Guajira, May Belliny Badillo Brito, destacó el papel colectivo en la protección integral de la niñez: «La protección de la niñez y la adolescencia no puede depender de una sola institución: es tarea de todas y todos, del Estado, de las familias, de la comunidad y, por supuesto, de los propios jóvenes, quienes deben ser vistos no solo como beneficiarios, sino como agentes de cambio», expresó.

El foro fue posible gracias a la articulación del Sistema Nacional de Bienestar Familiar con entidades aliadas como las secretarías de Salud departamental y distrital, la Fundación Renacer y Save the Children, quienes aportaron al desarrollo de espacios pedagógicos, reflexivos y comunitarios para seguir avanzando en la prevención del embarazo en la adolescencia y la erradicación de la explotación sexual infantil en la región.

(fin/scs/oam)

El encuentro contó con la participación de la directora regional encargada de Bienestar Familiar en La Guajira, May Belliny Badillo Brito, junto con coordinadores de los centros zonales, nutricionistas, el Ministerio de Salud y Protección Social, la Superintendencia Nacional de Salud, la Secretaría de Salud Departamental y entidades prestadoras del servicio de salud, Juntos definieron acuerdos y medidas puntuales para optimizar la identificación, la activación de rutas y la atención temprana de los casos en riesgo.

También se acordó fortalecer el uso de los canales de comunicación territorializados entre todas las entidades involucradas, con el fin de garantizar la fluidez de la información y la rápida respuesta a las situaciones que requieran intervención inmediata.

La desnutrición infantil sigue siendo un reto importante en La Guajira, y la unión de esfuerzos entre Bienestar Familiar, las entidades de salud y las autoridades locales, demuestra el compromiso del Gobierno de Gustavo Petro en la lucha por garantizar el bienestar y un futuro más saludable para niñas y niños en el territorio. 

Con dignidad, cumplimos.

El encuentro permitió reconocer el rol de los líderes indígenas en la superación de la crisis por desnutrición y reflexionar sobre la historia que dio lugar a la Sentencia T-302 de 2017. Estos líderes expusieron visiones propias sobre la crisis humanitaria que atraviesa el pueblo wayuu, resaltando la corresponsabilidad de las autoridades y la soberanía alimentaria e informativa como ejes fundamentales para avanzar hacia soluciones sostenibles.

En la sesión, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) también presentó los resultados del Registro Multidimensional Wayuu, obtenido a partir de datos en cuatro municipios de La Guajira. Este instrumento ofrece información esencial que será analizada por la Comisión para orientar acciones diferenciadas según las realidades de cada territorio.

De igual manera, el Instituto Nacional de Salud (INS) socializó avances de una investigación orientada a diseñar un complemento nutricional para La Guajira, a partir de materias primas locales que fortalezcan la autonomía alimentaria de la zona. 

Finalmente, la Comisión acordó una metodología colaborativa para la redacción del informe final, que recogerá la pluralidad de voces y hallazgos. Este documento marcará un hito en la construcción de recomendaciones integrales para enfrentar de manera estructural la desnutrición infantil en La Guajira.

(fin/scs/oam)

Blanca Redondo, enlace regional del SRPA, subrayó que es una responsabilidad fundamental de las administraciones garantizar la operatividad continua de estos centros, clave para el cumplimiento efectivo de los derechos de los adolescentes y jóvenes que ingresan al Sistema.

«Es esencial asegurar un compromiso con el servicio de atención integral, evitando que se generen situaciones que vulneren los derechos», expresó Redondo. Además, destacó la importancia de asignar el presupuesto adecuado para la atención de la infancia y la adolescencia al cierre del año fiscal.

Durante la sesión, se resaltó la necesidad de fortalecer las políticas públicas dirigidas a la juventud, en especial en las mesas de participación y los comités sectoriales. Estos espacios son fundamentales para garantizar la efectividad de los programas y servicios destinados a la protección integral de los derechos de la niñez y la adolescencia.

Un informe de la Gobernación de La Guajira y la Oficina de Vigilancia SIVIGILA reveló un aumento de casos de violencia de género e intrafamiliar, con un notable incremento en los grupos de adolescentes entre 10 y 14 años, y entre 15 y 19 años, particularmente en zonas rurales y de difícil acceso.

En este contexto, ratificamos nuestro compromiso con el fortalecimiento de acciones para la protección infantil y de género en el departamento.

Junto con las autoridades locales, presentamos propuestas y sugerencias orientadas a fomentar un trabajo conjunto que impulse políticas públicas sostenibles, que incidan de manera positiva y efectiva en la vida de niñas, niños y adolescentes de La Guajira.

La capacitación, moderada por los médicos pediatras Spencer Rivadeneira y Abudi Dasuki, reforzó temas esenciales como la identificación temprana de signos físicos asociados a la desnutrición, el uso correcto de la antropometría con los indicadores Peso para la Talla (PPT) o Peso para la Longitud (PPL), y la activación inmediata de rutas y protocolos de atención prioritaria, conforme a la Resolución 2350 de 2020 del Ministerio de Salud. Se enfatizó en el seguimiento estricto a niñas y niños con riesgo y con desnutrición aguda moderada y severa, con periodicidad quincenal y semanal, respectivamente, hasta lograr su recuperación nutricional.

El doctor Dasuki resaltó la importancia de esta asistencia técnica para mejorar la atención de la desnutrición en La Guajira, señalando que «se están entregando indicaciones claras para abordar adecuadamente a cada niño o niña en riesgo o con desnutrición, identificar signos de alarma y saber hacia dónde canalizar el caso». Destacó además que «este trabajo articulado con el sector Salud es fundamental para salvar vidas y avanzar en la meta de cero muertes asociadas a la desnutrición en La Guajira».

Por su parte, la nutricionista Dariana Deluque enfatizó el valor del trabajo en equipo para fortalecer la respuesta comunitaria. Explicó que «el paso que tenemos ahora es capacitar al resto del equipo para que no solo sea el nutricionista quien identifique un caso. Todos podemos hacerlo de manera articulada». Añadió que, en las búsquedas activas en comunidad, «cada integrante puede reconocer signos físicos y clínicos, fortaleciendo así la atención oportuna sin depender de una sola persona», y resaltó que «la comunidad es clave, pues son los primeros actores en la identificación y el acompañamiento».

Deluque también subrayó la relevancia de promover hábitos saludables desde la primera infancia, especialmente en relación con la lactancia humana exclusiva y la alimentación complementaria adecuada, fomentando cambios sostenibles a través del acompañamiento continuo.

De acuerdo con cifras del Ministerio de Salud, La Guajira ha logrado reducir la mortalidad infantil por causas asociadas a la desnutrición, un logro que refleja el compromiso del Estado con las comunidades más vulnerables. Actualmente, Bienestar Familiar, además de atender a niñas y niños, trabaja integralmente con el núcleo familiar, contribuyendo a disminuir brechas históricas en el acceso a servicios de atención y prevención de la desnutrición.

Con el objetivo de proteger la vida de la niñez indígena y enfrentar de manera efectiva la desnutrición infantil en el departamento, el Bienestar Familiar inauguró dos nuevos Centros de Recuperación Nutricional (CRN) en las comunidades de Kamana (municipio de Manaure) y El Paraíso (municipio de Riohacha), construidos en territorios ancestrales y en estrecha articulación con las autoridades tradicionales wayuu.

Estas infraestructuras comunitarias hacen parte del cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 del Gobierno del Cambio, y reflejan el compromiso del Bienestar Familiar con la garantía del derecho a la vida, la salud y el desarrollo integral de las niñas y niños indígenas. Ambos centros fueron diseñados con un enfoque cultural, respetando el sistema normativo, los saberes y las prácticas del pueblo wayuu, y aportan a la meta nacional de cero muertes asociadas a la desnutrición en La Guajira.

Cada CRN tiene capacidad para brindar atención intramural a 20 niñas y niños, junto con su cuidador o cuidadora principal, en un entorno digno y culturalmente adecuado. Los servicios incluyen seguimiento nutricional diario, complementación alimentaria, atención básica en salud, alojamiento digno y fortalecimiento familiar. Los beneficiarios son identificados a través de los equipos del Servicio Integrado de Atención y Prevención de la Desnutrición, o remitidos por las autoridades de salud del territorio.

Con el Servicio Integrado de Atención y Prevención de la Desnutrición, se brindan soluciones innovadoras que incluyen acciones de identificación temprana, atención médica intramural y extramural, complementación alimentaria, promoción de la salud y seguimiento nutricional, siempre con respeto a los contextos culturales y étnicos.

Kamana: construcción colectiva liderada por las comunidades

En la comunidad de Kamana, la construcción del centro fue liderada directamente por 12 comunidades indígenas que participaron activamente en todo el proceso, desde la gestión del terreno hasta la ejecución de la obra. La puesta en marcha del centro se logró en alianza entre la IPSI Walekeru y el Bienestar Familiar, en el marco del Servicio Integrado de Atención y Prevención de la Desnutrición, una estrategia nacional que transforma la forma de abordar esta problemática desde un enfoque integral, comunitario y con participación activa de las familias.

El Paraíso: símbolo de fuerza comunitaria

El segundo CRN inaugurado se encuentra en la comunidad de El Paraíso, en el municipio de Riohacha. Este centro representa un verdadero símbolo de fuerza comunitaria, ya que fueron las propias familias quienes reunieron los recursos económicos necesarios para su construcción, contando con el acompañamiento técnico y operativo del ICBF y el respaldo del Gobierno del Cambio, que destinó una inversión significativa para su infraestructura y dotación.

Amílkar Movil[OAMJ1] , autoridad tradicional de esta comunidad, expresó: «Sabemos que se está apostando por el bienestar de los niños, y para nosotros es muy satisfactorio ver este tipo de programas, ya que era algo que realmente necesitábamos».

Por su parte, la directora general del ICBF, Astrid Cáceres, destacó el impacto estructural de esta nueva forma de trabajar con las comunidades: «Entendimos que la grandeza del pueblo wayuu les permite manejar directamente los recursos, salvando así la vida de sus niñas y niños. El gran cambio fue, por mandato del presidente Gustavo Petro, hacer las cosas de manera distinta para obtener resultados distintos. Logramos que el modelo de atención comprendiera que no se trata solo del niño, sino también de su familia y su comunidad», afirmó.

Resultados que salvan vidas

Con estas acciones, el Instituto consolida su liderazgo en la lucha contra la desnutrición infantil en La Guajira, respaldado por resultados concretos:

• Más de 3.500 niñas y niños wayuu han recibido atención nutricional durante el último año.

• Se han habilitado más de 120 Unidades Comunitarias de Atención Nutricional, operando en zonas rurales y de difícil acceso.

• Una red de más de 600 agentes comunitarios apoya la identificación temprana de casos de desnutrición y el trabajo directo con las familias.

• 42 equipos interdisciplinarios operan en 14 unidades de servicio, con capacidad para atender a 4.200 niños y niñas en zonas urbanas y rurales de 15 municipios del departamento. En paralelo, los Centros de Recuperación Nutricional intramurales ubicados en Maicao, Manaure, Uribia y Riohacha ofrecen atención especializada a 80 niños de manera simultánea.

• Se han entregado 18.478 raciones de alimentos de emergencia listas para preparar en el hogar, dirigidas a familias vulnerables de Uribia, Manaure, Maicao, Riohacha y Dibulla.

Estos logros reflejan el compromiso del Estado colombiano con una atención más humana, cercana y culturalmente pertinente, en una región que históricamente ha enfrentado el abandono estructural. Los nuevos Centros de Recuperación Nutricional (CRN) no solo salvan vidas, sino que fortalecen la soberanía alimentaria, la participación comunitaria y el derecho de las niñas y niños wayuu a crecer sanos, acompañados de su familia y dentro de su territorio. Con dignidad, cumplimos: avanzamos hacia una Colombia más justa para la niñez indígena.

#ConDignidadCumplimos

Adriana Velásquez, subdirectora general de Bienestar Familiar, representó a la institución en el panel, en el que también participaron Alma Viviana Pérez, asesora regional de ONU Mujeres; Ingrid García, activista y fundadora de la Red Internacional de Diplomacia Feminista por la Paz; Luz Angélica Gutiérrez, concejala migrante en el Ayuntamiento de Bilbao; y un representante del Ministerio de Asuntos Exteriores de Filipinas.

Durante su intervención, la subdirectora Velásquez expuso una reflexión crítica sobre las dinámicas regionales de cuidado, afirmando que en América Latina y el Caribe, el trabajo doméstico y de cuidado recae de forma desproporcionada sobre las mujeres, muchas de ellas migrantes. En el caso colombiano señaló que el 17 % de la población dedicada a estos trabajos está conformada por personas migrantes, en su mayoría mujeres que encuentran en este sector, una de las pocas vías de inserción laboral, pero en condiciones de precariedad, desprotección y discriminación.

Velásquez advirtió que solo el 9.8 % de las trabajadoras del cuidado en la región acceden a una protección social integral, lo que pone en evidencia la urgencia de implementar políticas públicas con enfoque de género y de derechos que reconozcan la contribución de estas mujeres y garanticen condiciones dignas de trabajo. 

Subrayó además que las cadenas globales de cuidado perpetúan desigualdades, pues mientras las mujeres migrantes cuidan en los países de destino, muchas veces deben delegar el cuidado de sus propias familias en otras mujeres, generando brechas de cuidado en sus comunidades de origen.

La participación de Bienestar Familiar en este espacio también permitió visibilizar las acciones concretas que la entidad ha venido desarrollando para enfrentar estos desafíos. Velásquez destacó el trabajo interinstitucional y transfronterizo que el Instituto lidera para proteger a la niñez migrante, fortalecer la cooperación regional y generar respuestas centradas en el interés superior del niño. 

Iniciativas como la Mesa de Niñez Migrante, los programas «Tejiendo Caminos» y «Tejiendo Caminos sin Fronteras», y la articulación con entidades homólogas en países como Venezuela, Ecuador, Perú, Panamá y México, han permitido avanzar en la construcción de rutas seguras y sostenibles para las familias en movilidad.

Durante el panel, la subdirectora también señaló la importancia de pensar en un horizonte común hacia el año 2030, en el que se consoliden sistemas de cuidado públicos, comunitarios y transnacionales, capaces de garantizar derechos a mujeres, niños y niñas sin importar su lugar de origen. En sus palabras, «el gran sueño es que el cuidado trascienda fronteras, que sea un derecho reclamable por todas y todos, y que las políticas públicas reconozcan su valor, su poder transformador y su capacidad para generar bienestar colectivo».

(fin/scs/oam)