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“El tejido debe ser con la gente del territorio para construir modelos propios que respondan a las necesidades específicas de cada comunidad y no grandes cajas de servicio con cupos”, recalcó la funcionaria al señalar que para el ICBF el reconocimiento de las prácticas culturales, tradicionales y ancestrales de los más de 115 pueblos indígenas en Colombia contribuye a la riqueza cultural del país y es un deber de todos los actores que participan en el restablecimiento de derechos, su respeto y fortalecimiento.
 
El objetivo de este encuentro es establecer formas de atención que realmente correspondan a las necesidades de las comunidades indígenas, escuchando sus propuestas para evitar imponer la visión centralista que ha caracterizado las formas en que los servicios llegan a las poblaciones. 
 
Dentro de los temas que se abordarán están el de adopciones, adolescentes y jóvenes indígenas vinculados al sistema de responsabilidad penal, casos en los procesos de restablecimiento de derechos relacionados con salud, nutrición y discapacidad. Así mismo, se escucharán experiencias de las comunidades indígenas para llegar a una concertación en el modelo de atención a la niñez y la adolescenciaindígenas.

"Aca venimos a escuchar propuestas de las comunidades, vamos a articularlas con nuestro plan de acción para evitar que los niños y las niñas caigan en la guerra", dijo Astrid Cáceres.

Escuchar a las comunidades para llevar de la mejor forma la atención del Estado con el fin de mitigar las problemáticas que enfrenta la región como el desplazamiento forzado, el reclutamiento de menores de edad, la desnutrición, entre otras es el objetivo de este ejercicio que durante una semana establecerá diálogos con autoridades y organizaciones.

“La concertación con las comunidades para elaborar un modelo de atención diferencial que permita el retorno de la población desplazada con la dignidad que merecen a su territorio es la meta trazada para este trabajo que inicia en el Bajo Calima”, puntualizó la directora general del ICBF.

La directriz fue impartida por la directora general del ICBF, Astrid Cáceres Cárdenas, a quienes están vinculados al instituto con ocasión de las próximas elecciones de autoridades locales que se llevarán a cabo el 29 de octubre de este año.
 
“Todas las áreas del ICBF deben implementar medidas de carácter preventivo que garanticen el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales para el buen manejo de los programas, su ejecución presupuestal y gestión contractual durante el actual período electoral”, insistió Astrid Cáceres.
 
Además, sostuvo la directora que dentro de las prohibiciones están: acosar, presionar o determinar en cualquier forma, a particulares o subalternos a respaldar alguna causa, campaña, controversia política o influir en procesos electorales de carácter político partidista; usar los elementos destinados al servicio público para hacer proselitismo o desempeñar en cualquier sentido la actividad política electoral; usar con los mismos fines, información reservada a la cual tenga acceso por razón de su cargo; disponer del tiempo de servicio u horario de trabajo para gestionar actividades de tipo político, entre otras.
 
Así mismo, está prohibido ofrecer algún tipo de beneficio directo, particular, inmediato o indebido para los ciudadanos o para las comunidades, mediante obras o actuaciones de la administración pública, con el objeto de influir en la intención de voto: aducir razones de “buen servicio” para despedir a funcionarios de carrera; autorizar la utilización de inmuebles o bienes muebles de carácter público para actividades proselitistas, etc.
 
Finalmente, la directora general del ICBF les recordó a servidores y colaboradores que el incurrir en alguna de las prohibiciones, además de ser constitutivo de infracción disciplinaria gravísima puede llegar también a configuración una infracción penal.
 

La estrategia impulsa la implementación de acciones de acompañamiento psicosocial para promover la estabilización y el bienestar, la resignificación de la identidad, la redefinición del plan de vida, el fortalecimiento de las capacidades familiares frente a amenazas o riesgos y la integración, en las personas, las familias y comunidades involucradas en la migración.
 
Durante la socialización se resaltó que «Una nueva vida, un nuevo amanecer» refleja la importancia de reconocer la migración como una oportunidad para las personas y las sociedades, una posibilidad para la integración y que sus herramientas metodológicas permiten la acción complementaria entre las organizaciones e instituciones, a la vez que se destacó la necesidad de adaptar el acompañamiento a las dinámicas de la migración del territorio, partiendo de conocer la cultura y las raíces de las personas para facilitar el proceso y potenciar sus resultados.
 
La implementación de la estrategia continua con el desarrollo en Cúcuta de encuentros presenciales de aprendizaje colectivo para profundizar en el contenido de las herramientas metodológicas y promover su apropiación, así como con la articulación interinstitucional para la implementación del acompañamiento psicosocial en la oferta de las organizaciones e instituciones locales. De igual forma, Una nueva vida, un nuevo amanecer será socializada en otros territorios del país.
 

“Como Gobierno Nacional estamos comprometidos con la garantía de derechos y nos unimos para atender con dignidad las necesidades de la población migrante; por eso el ICBF pondrá en marcha una Unidad Local en Necoclí donde operará un equipo de Defensoría con un enfoque en temas migratorios”, destacó la subdirectora general.

En este escenario de articulación entre el Gobierno Nacional, departamental, local y cooperación internacional, para atender la situación migratoria en el territorio, también el ICBF anunció la implementación de una nueva oferta para primera infancia, a través de la estrategia “Tejiendo Caminos”, donde se atenderán 250 niños y niñas en Turbo y Necoclí con pedagogías itinerantes.

Adriana Velásquez también indicó que se ha priorizado la zona fronteriza de Necoclí, Turbo y Chigorodó para implementar la estrategia intersectorial Atrapasueños, enfocándose en la prevención de riesgos en adolescentes y jóvenes ante violencias como la explotación sexual comercial. Así mismo, un equipo móvil continúa articulando a las instituciones para atender a la niñez no acompañada.

Desde la Gobernación de Medellín se desarrolló la reunión que convocó a entidades como la Cancillería, Migración Colombia, la Unidad de Gestión del Riesgo, los Ministerios de Salud, Transporte, la Procuraduría General de la Nación, entre otras entidades.
 

A la convocatoria pueden participar los jóvenes entre 18 y 28 años, licenciados,  profesionales en diferentes áreas o bachilleres normalista, que hagan parte de alguna modalidad de protección (Sistema de Responsabilidad Penal o vulneración de derechos) y que deseen postularse a la carrera docente por la plataforma Sistema Maestro.

Para postularse ingresen al link

https://forms.office.com/r/54Gay6yEzy

y siga las instrucciones. 

La postulación se puede realizar hasta el próximo jueves, 6 de septiembre del 2023.

Durante este espacio, la directora indicó que tras un constructivo diálogo se implementará un modelo de atención integral creado por la comunidad. 

“A través de modelos territoriales, recibiremos propuestas integrales de los pueblos yukpa y, con un equipo técnico del ICBF, ejecutaremos convenios que fortalezcan el Sistema Nacional del Cuidado, esto incluirá iniciativas con soberanía alimentaria, atención a las mujeres gestantes, así como a los niños y las niñas menores de 5 años, además de un sistema de alertas tempranas en materia de prevención de violencias”, destacó la directora general. 

En este sentido, Astrid Cáceres también se comprometió a que un equipo técnico asistirá a las comunidades en los próximos días para realizar un análisis de las características sociales, demográficas y culturales del territorio, de manera que la construcción colectiva del modelo propio se realice armónica y concertadamente con las comunidades.

Este escenario permitió encontrar consensos en la necesidad de atender a las familias y fortalecer los gobiernos territoriales, así como de articular acciones intersectoriales para solucionar las complejidades de los territorios ya que estas comunidades tienen características nómadas, basando su economía en la explotación natural como la caza, la pesca y la recolección de frutos.

“Entregamos instrucciones para la entrega de agua potable especialmente para las Unidades Comunitarias de Atención (UCA) en La Guajira. En poco tiempo la reinversión de los recursos no ejecutados se verá reflejada en la adquisición de agua potable y aumentará progresivamente la distribución en más unidades de servicio donde se atiende a la primera infancia”, sostuvo la directora general del ICBF.

La entrega provisional de agua potable está concebida como una estrategia y solución inmediata para conjurar la actual crisis de desnutrición en los cuatro municipios de La Guajira, priorizados  por la sentencia de  la Corte Constitucional  T-302 de 2017. Su distribución se ha entregado a más de 1.200 comunidades indígenas con un reporte parcial de 2´218.342 litros distribuidos en esta región.

La directora general del ICBF aclaró que la responsabilidad de proveer el servicio público de agua potable le corresponde en primer lugar al ámbito local, no obstante, ante la grave crisis en materia de disponibilidad, acceso, suficiencia y suministro de agua potable, es imperativo adoptar medidas urgentes para mitigar la gravísima situación que padece la población Wayuu.

Finalmente, Astrid Cáceres recalcó que la ausencia de agua potable incide de manera decisiva en los problemas de desnutrición de la niñez Wayuu. “Sin agua potable disponible, accesible y de calidad, ningún esfuerzo de alimentación o de atención en salud podrá solucionar la crisis de muertes de niñas y niños en La Guajira”.
El objetivo del ICBF es entregar agua potable a 59.931 niños y niñas en 2.666 Unidades Comunitarias de Atención.


Consulte aquí relación de comunidades beneficiadas con la entrega de agua en La Guajira

Durante la visita estuvieron presentes más de 16 autoridades indígenas, líderes comunitarios, agentes educativos, manipuladoras de alimentos y miembros de la comunidad, quienes le manifestaron sus preocupaciones en la entrega de suministros, contratación y educación.
 
Tras el encuentro, Astrid Cáceres en nombre del Gobierno del Cambio, reafirmó su compromiso de trabajar colectivamente con las comunidades y las autoridades locales y así lograr el acceso a un proceso integral y de calidad para todos los niños y niñas de esta región.
 
La autoridad de este pueblo, Cecilia Urariyu y el líder Eduardo Acosta Urariyu le expusieron las necesidades en sus territorios al equipo directivo del ICBF con el objetivo de que se logre reparar el tejido social y saldar la deuda histórica con las comunidades étnicas en La Guajira.

“Las voces y el trabajo de las comunidades negras tendrá eco en las transformaciones del ICBF y nuestro compromiso es el de adaptarnos al enfoque de la diversidad y los territorios, en especial con el enfoque afrocolombiano, raizal, negro y palenquero como quedó concertado con las 16 mesas de trabajo sobre la necesidad de empezar a atender con enfoque diferencial, en todas y cada una de las modalidades del instituto”, sostuvo Astrid Cáceres.

 

Además, dijo la funcionaria, “vamos a empezar con pequeños y grandes cambios que se verán reflejados en los procesos de atención y uno de esos cambios es una convocatoria que está abierta y la pueden observar en la página del ICBF. Se priorizarán a los consejos comunitarios, actores que están previniendo el reclutamiento forzado de niñas, niñas y adolescentes, y a todos los que están en territorio”.

 

La directora general del ICBF también reconoció la labor que hacen las parteras en el territorio nacional y les manifestó su apoyo para realizar un encuentro de parteras que movilice y convoque a las mujeres que trabajan la partería para que nos ayuden a conformar el primer servicio de apoyo a las gestantes”.

 

Finalmente, Astrid Cáceres se refirió a las propuestas e iniciativas que ya se encuentran en marcha por parte de los jóvenes y que serán apoyados desde el instituto. “En el Congreso de los pueblos y comunidades negras escuchamos a los jóvenes negros, afrocolombianos, palenqueros y raizales, sus reclamos y necesidades. Nuestras acciones están orientadas a proteger sus vidas y generar espacios de inclusión y oportunidades dentro de sus territorios”, dijo.