Bogotá, D. C.

Estas acciones marcan un hito en la creación de las políticas alimentarias nacionales, ya que buscan escuchar, comprender y documentar los saberes ancestrales, tradicionales y territoriales, así como las experiencias de las comunidades, para construir conjuntamente una política pública sobre soberanía alimentaria con un enfoque diferencial.

En la primera fase del convenio se desarrolló un trabajo de campo en tres fases: reconocimiento territorial, diálogo de saberes e historias de vida, en 14 territorios: Manaure (La Guajira), Pueblo Rico (Risaralda), Lloró (Chocó), Tiquisio (Bolívar), Norosí (Bolívar), Chivatá (Boyacá), Páez (Cauca), La Guadalupe (Guainía), El Tarra (Norte de Santander), Pueblo Bello (Cesar), Mapiripán (Meta), Rioblanco (Tolima), Providencia y Bogotá.

Las acciones se desarrollan mediante la metodología de planeación a corto plazo de los objetivos anticipándose a diversos escenarios para resolver los obstáculos de forma inmediata.

Como se recordará las guías alimentarias son un conjunto de orientaciones para la población sobre el consumo de alimentos, con el fin de promover un completo bienestar nutricional y prevenir enfermedades. 

El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y la Universidad de Antioquia unen esfuerzos a través de un convenio interadministrativo en aras de fortalecer la soberanía alimentaria en Colombia. 

Esta alianza cuenta con tres ejes fundamentales, reformular las guías alimentarias para mayores de 2 años, fortalecer la lactancia humana como el primer acto de soberanía alimentaria y construir estrategias educativas con un enfoque diferencial, para las niñas, niños, adolescentes y familias. 

Las acciones se desarrollan mediante la metodología de planeación prospectiva, en la primera fase se visitaron 14 puntos estratégicos del territorio nacional, como: Manaure (La Guajira), Pueblo Rico (Risaralda), Lloró (Chocó), Tiquisio (Bolívar), Norosí (Bolívar), Chivatá (Boyacá), Páez (Cauca), la Guadalupe (Guainía),, El Tarra (Norte de Santander), Pueblo Bello (Cesar), Mapiripán (Meta), Providencia, Rioblanco (Tolima) y Bogotá. En cada una de estas territorialidades se desarrolló un trabajo de campo en tres fases: reconocimiento territorial, diálogo de saberes e historias de vida. 

Estas acciones marcan  un hito en las políticas alimentarias nacionales, ya que busca escuchar, comprender y documentar los saberes (ancestrales, tradicionales y territoriales) y experiencias de las comunidades, para co-construir una política pública con un enfoque diferencial para el país  con énfasis en soberanía alimentaria, para la garantía progresiva del derecho humano a la alimentación adecuada, asegurando una alimentación adecuada, inclusiva y sostenible para  niñas, niños, adolescentes y sus familias.
 
(Fin/mjm/pu)
 

La decisión se toma cumpliendo los compromisos consignados en el arLculo 137 de. Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 con las niñas, los niños, adolescentes, las madres y padres comunitarios, sustitutos transitados y agentes educativos del país.

La ley indica que el Gobierno Nacional, el Ministerio del Trabajo, el Departamento Administrativo de la Función Pública y el ICBF desarrollarán instrumentos norma-vos para la formalización laboral, de manera progresiva y gradual, de las madres y padres comunitarios que se encuentren
laborando en el servicio de Hogares Comunitarios de Bienestar.

La Vicepresidenta y Ministra de Igualdad, Francia Elena Márquez Mina, afirmó que “con la decisión de hoy les cumplimos a las madres comunitarias y respondemos a lo consignado en el Plan Nacional de Desarrollo en la formalización progresiva y gradual de las madres comunitarias.

Este es un paso hacia la jus-cia social y la dignificación de su labor. Hoy debo decirles gracias, gracias por el cuidado de la niñez de este país.” Esta decisión garan-za la formalización a través de una planta temporal, sin perjuicio de la reforma laboral que con-núa avanzando en el Congreso de la República. La decisión se convierte en un hito que reivindica los derechos laborales de miles de mujeres que han dedicado su vida al cuidado amoroso de la niñez y han jugado un papel crucial en el cuidado y desarrollo integral de la primera
infancia en Colombia.

Por su parte la directora del Bienestar Familiar, Astrid Cáceres, sostuvo que la ampliación de la planta de personal del ICBF “refleja el compromiso del Estado con la equidad de género y el reconocimiento de la labor que desempeñan las madres comunitarias, fortaleciendo así el sistema
de atención a la niñez en el país.”

A julio de 2024 en Colombia hay 40.469 mujeres y 109 hombres que se desempeñan como madres y padres comunitarias en 933 municipios atendiendo a 454.531 niñas, niños y adolescentes. Cerca de 28 mil de ellas de graduaron como tecnólogas de SENA en dis-ntas disciplinas.

Los equipos interdisciplinarios realizan recorridos para sensibilizar a las familias sobre el cuidado permanente de los niños y niñas por parte de sus padres o cuidadores, así como la prevención de riesgos en este entorno de ciudad y espacios abiertos.

Así mismo, los equipos realizan la identificación del número de niños, niñas y adolescentes que se encuentran con sus familias para la entrega de alimentos de alto valor nutricional como Bienestarina líquida (una unidad diaria para cada uno) con el fin de evitar alteraciones por el cambio en su alimentación habitual.

A través de diferentes acciones, Bienestar Familiar proporciona acompañamiento constante a las comunidades indígenas, con el objetivo de asegurar el pleno cumplimiento y respeto de sus derechos fundamentales, particularmente de las niñas, niños y adolescentes, y sus normativas internas.

De igual forma, Bienestar Familiar participa junto a las demás entidades convocadas, en el Puesto de Mando Unificado y en el diálogo que con los líderes indígenas de la comunidad Embera Chamí.

La declaración la hizo durante su participación como moderadora del panel sobre violencia sexual en el conflicto armado, realizado durante la 
IV Conferencia Internacional  de PSVI de la organización PSVI (Iniciativa para Prevenir la Violencia Sexual en los Conflictos) de Reino Unido,
evento en el que también participaron Tanya Chapuisat, Representante de UNICEF para Colombia; AjnaJusic, sobreviviente y miembro del Grupo Asesor PSVI; Grace Achan cofundadora de la Women'sAdvocacy Network Uganda (WAN) y Vasfije Krasniqui, activista representante de las víctimas de Kosovo.

“Hoy vamos a hablar del impacto que tiene en la niñez el conflicto armado y cómo sus cuerpos se convierten en botín de guerra”, dijo al iniciar su declaración la funcionaria colombiana. 

Por su parte, la Representante de UNICEF para Colombia, Tanya Chapuisat, dio a conocer cifras reveladoras sobre este fenómeno: “el informe de la Secretaría General de las Naciones Unidas asegura que la violación contra niños alcanzó niveles extremos en 2023 con un aumento del 25% respecto del 2022, es decir 1472 casos de violencia sexual en contra de niños fueron verificadas a nivel global.
En Colombia la violencia sexual ha aumentado desde el 2019 con 75 casos desde ese año. Estas cifras son la punta del Iceberg que nos permite verificar que es un problema de una magnitud enorme”.

La funcionaria también destacó el papel de la Justicia Especial para la Paz (JEP) en la apertura, seguimiento y condena del caso 007 sobre delitos de guerra en el país, “este tribunal recientemente reveló que había un patrón sistemático de reproducción de violencias sexuales contra niños y adolescentes reclutados por las antiguas Farc, contratación forzada, violación, aborto forzado y otros crímenes, el reconocimiento de estos vejámenes representa un paso muy importante para las víctimas”.

Testimonios desgarradores
La participación de las invitadas no solo permitió conocer los desgarradores testimonios de las sobrevivientes, sino también las medidas de reparación que adoptaron sus estados. 
Ajna Jusic, por ejemplo, aseguró que en Bosnia Herzegovina, su país, era muy lamentable que en el colegio fuera señalada como una niña sin padre, “no era solo que mi mamá hubiera sido víctima de violencia sexual, sino además que no tenía padre y la sociedad no me reconocía como un igual. Fue muy difícil que los tomadores de decisiones y la sociedad entendiera que éramos víctimas. Estamos hablando de 50 mil sobrevivientes en mi país”. 

A su turno, Grace Achan, Cofundadora de la Women's Advocacy Network en Uganda, sostuvo que la guerra en su país dejó a muchas mujeres víctimas de los rebeldes, ya que no solo fueron forzadas a hacer parte de esas organizaciones, sino que volvieron con hijos fruto de ese conflicto. 

“Las mamás que llegaban con dos y tres niños víctimas volvieron pensando que sus padres los iban a apoyar, pero terminaban rechazadas por todos. Lo único que quedaba entonces era la tierra, pero los niños fruto de la guerra no tienen identidad, porque no tienen padre, y ahí hay una responsabilidad del Estado”, dijo.

A su turno, Vasfije Krasniqui, activista representante de las víctimas de Kosovo,aseguró que “por mucho tiempo el gobierno no nos reconocía como sobrevivientes, tuvimos que hacer muchas cosas para que en el 2014 nos reconocieran como tal. En el 2018 iniciaron un proceso de reparación, Kosovo nos dio una pensión mensual para los sobrevivientes ese es un muy buen modelo”.

Por último, la Representante de UNICEF para Colombia, Tanya Chapuisat, aseguró que “es posible la reparación de las víctimas, creemos que debemos construir y dar posibilidades para reiniciar la vida, parte del trabajo es que los niños puedan tener el acceso a la comunidad no es solo reconocer los derechos, sino que sean reconocidos como miembros plenos de la sociedad”. Agregó que se disculpa porque UNICEF no pudo estar allí con los niños víctimas, pero sostuvo que seguirá trabajando para que en el futuro eso no vuelva a suceder.

“El sábado estuvimos en La Plata, Huila, en el sepelio de Maurin Alejandra, quien fue secuestrada junto a otra niña que no sabemos dónde está. Ellas son la muestra de un país que no ha entendido que las violencias basadas en género pasan por todas las formas de delito”, dijo la funcionaria en la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. 

Así mismo, Cáceres indicó que solo en 2024 se han abierto cerca de 40 mil procesos de restablecimiento de derechos a menores de edad por diferentes tipos de violencia; 13 mil de esos casos son por posibles violencias basadas en género. Lo más preocupante, según la funcionaria, es que el 87 % de esas violencias se presentan contra niñas de 12 a 18 años.

“Hay que preguntarnos qué pasa con nuestras adolescentes, ¿cómo las acompañamos? y ¿cómo la sociedad deja de verlas como un objeto de deseo?, hay que saber, ¿por qué se ensañan con nuestras niñas?, ¿por qué no las dejamos vivir su adolescencia? Por MaurinAlejandra, por Sofía Delgado, por Juliana Samboní y muchas niñas a las que el patriarcado las mira como objeto de deseo y cuyo poder se ensaña con la debilidad de sus cuerpos, nos unimos en Colombia por una causa común: garantizar que todas las mujeres y niñas vivan libres, seguras y en paz”, dijo la funcionaria en el lanzamiento de la estrategia de cambio social y cultural: Vivir sin Miedo, del Ministerio de la Igualdad y Equidad.

Por último, la directora de Bienestar Familiar destacó ante la vicepresidente y ministra de la Igualdad, Francia Márquez, el trabajo que ha realizado la entidad, como la estrategia de prevención de riesgos Atrapasueños y la estrategia de prevención de Violencias basadas en Género (Binas).

 
Cáceres agregó que “los niños deben crecer en una generación que identifique las violencias basadas en género, que no se quede callada y que pueda denunciar a tiempo y que aquellos que trabajan en eso sepamos verlo a tiempo. Nos falta mucho camino, pero si intervenimos a esos niños y les contamos que no es normal,seguramente van a poder vivir una generación distinta porque todavía nos toca a las mujeres gritar para llegar a ciertos espacios”. 

(Fin/eeb/pup)


 

“Al empezar periodo de contratación inician calumnias, denuncias, repentino interés por los niños, tramitadores y desinformación. La contratación para la prestación o adquisición de servicios de Bienestar Familiar se gestiona en línea a través de la plataforma transaccional SECOP, operación directa y compras alimentarias a campesinado. No paguen a nadie, esto no es negocio”, reiteró la directora general del ICBF.

Además, dijo la funcionaria que hay una red criminal nacional que se acerca a los comerciantes para intentar, a través de correos electrónicos, llamadas telefónicas y líneas de Whatsapp falsas, adquirir bienes y servicios que supuestamente están destinados a la entidad, pero que en realidad terminan en manos de los delincuentes.

Según información de las autoridades personas inescrupulosas, haciéndose pasar por funcionarios del ICBF, contactan comerciantes de todas las regiones del país para supuestamente incluirlos en la adquisición de insumos, elementos y enseres. Una vez los comerciantes despachan la mercancía, los falsos funcionarios no vuelven a aparecer.

Cabe anotar que esta actuación inescrupulosa está tipificada en el Código Penal en los delitos de estafa, falsedad personal y simulación de investidura o cargo. Además, puede acarrear penas de cárcel que van desde los 2 hasta los 8 años. 
 
(Fin/eeb/jmf)
 

La estrategia, plasmada en la reciente infografía presentada por Bienestar Familiar busca:
1. Conocer los riesgos, mediante el monitoreo constante de amenazas.
2. Implementar medidas preventivas, diseñando rutas de acción efectivas.
3. Responder de forma articulada, priorizando a los niños, niñas y adolescentes en la atención.
 
Además, se sugieren acciones concretas y la necesidad de articular esfuerzos entre el Sistema Nacional de Bienestar Familiar y el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo para proteger a los niños, niñas y adolescentes ante situaciones de riesgo. De esta manera, Bienestar Familiar convoca a todas las entidades y ciudadanos a trabajar unidos para enfrentar los desafíos del cambio climático y sus impactos en las poblaciones más vulnerables.
 
Para más información y consulta de materiales como la infografía sobre Gestión del Riesgo con Enfoque de Niñez, visite el link

 

Un Equipo interdisciplinario de la Defensoría de Familia realizó la verificación de derechos y actualmente brinda protección a los niños que están siendo valorados por profesionales médicos en el hospital Santa Clara.

“Rechazamos cualquier situación que ponga en riesgo la integridad de nuestras niñas, niños y adolescentes. A través de nuestros profesionales se brinda la atención y acompañamiento necesario para la restitución de sus derechos”, sostuvo la directora del ICBF regional Bogotá, Diana Patricia Arboleda.

El ICBF insta a la población a reportar cualquier situación que ponga en riesgo la integridad de los niños, niñas y adolescentes, comunicándose a la línea gratuita nacional 01 8000 918080, marcando el 141, o mediante el sitio web www.icbf.gov.co.

Cada acto de apertura de las casas Atrapasueños contó con la presencia de sus principales protagonistas: las niñas, niños y adolescentes, quiénes alzaron sus voces para expresar su sentir frente a sus derechos y la necesidad de contar con una sociedad que los rodee, ame y proteja de todo tipo de riesgos.

Las presentaciones artísticas propias de cada territorio, los sabores y la posibilidad de aprender y soñar con las experiencias que quieren vivir en estas cuatro nuevas casas, también hicieron parte de las inauguraciones.

San Jacinto y Turbaco, Bolívar 

En medio de gaitas y cumbias, las niñas, niños y adolescentes en San Jacinto sostuvieron un diálogo frente a sus derechos y la construcción colectiva. En esta, que es la tercera casa abierta en el departamento de Bolívar, Bienestar Familiar busca fortalecer las habilidades, vocaciones y talentos de más de 100 niñas, niños y adolescentes para la consolidación de sentidos y planes de vida libres y autónomos.

De otro lado, más de 50 adolescentes y jóvenesparticiparon en Turbaco de la apertura de un espacio para las segundas oportunidades y la construcción de nuevos sueños a través del arte, la ciencia, y el cuidado de la salud mental, ente muchas otras experiencias. La casa Atrapasueños se encuentra ubicada dentro del Centro de Atención Especializada (CAE) donde se atiende población bajo el sistema de responsabilidad penal.
 
 
Villavicencio, Meta 

El joropo, el arpa y la comida tradicional llanera, fueron el abrebocas de la inauguración de la casa Atrapasueños en Villavicencio, donde una veintena de niñas y niños, portando velas, se sentaron en el centro del auditorio nombrando uno a uno sus derechos, en un llamado a que las personas adultas los respeten y los promuevan.

Inírida, Guainía. 

Con la entrega de la Casa Atrapasueños Flor de Inírida a los niños, niñas y adolescentes de Guainía, Bienestar Familiar completa 25 espacios para proteger los sueños de la niñez y adolescencia del país.

La casa nombrada Flor de Inírida en homenaje se convirtió en un puente entre generaciones, regalando esperanza y conexión con el pasado. Al entregar una estrella del Atabapo se sembró en los corazones de los niños una semilla de responsabilidad. Estos guardianes de la naturaleza se comprometieron a preservar los sueños ancestrales de Inírida y con sus voces ledijeron a los adultos participantes que sus derechos y su vida deben ser respetados e impulsados para cumplir sus sueños.

La iniciativa, presentada durante la mesa de trabajo convocada por Bienestar Familiar con organizaciones de la sociedad civil, contempla el fortalecimiento del Observatorio de la Niñez, la consolidación de estrategias como el sistema “A Tiempo” y de prevención de las violencias, orientadas a la identificación y gestión de alertas sobre violencias contra la niñez.

Por otra parte, la sociedad civil enfatizó en la necesidad de fortalecer el trabajo con las familias y garantizar su acceso a servicios integrales en los territorios, posicionándolas como el eje central de la prevención, con sinergias entre programas existentes y protocolos claros para atender alertas tempranas. Además, se propuso promover entornos seguros, tanto físicos como digitales, con unidades móviles transectoriales y centros integrales de atención familiar para evitar la revictimización.

Así mismo, se resaltó la importancia de conectar las estrategias de prevención con los territorios, mediante iniciativas como: Territorios seguros (contadores territoriales que registren y analicen casos de violencia semanalmente); Casas Atrapasueños (este mes se entregaron nuevas sedes en Jamundí, Turbaco y San Jacinto como espacios para la prevención de riesgos y protección integral de la niñez) y Familias y comunidades de cuidado dirigidas a la primera infancia, infancia y adolescencia.

Entre las conclusiones, se destacó la definición de un mecanismo de alianza orientado por un plan de acción con metas territoriales claras y recursos alineados con la Convención sobre los Derechos del Niño, los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y el Plan Nacional de Desarrollo. Este pacto incluirá espacios de trabajo por agendas afines entre entidades, y una estrategia de comunicación robusta para involucrar a la ciudadanía y garantizar el cumplimiento de los acuerdos.

"Los niños y niñas del ICBF son hijos de todos. Solo uniendo esfuerzos con la sociedad civil y potenciando el trabajo territorial podremos garantizar sus derechos y construir un futuro sin violencia para nuestra niñez," afirmó la directora general del ICBF.