Bogotá, D. C.

esde ese mismo momento, un equipo de Defensoría de Familia hizo presencia en el centro médico donde es atendido el niño, abrió Proceso Administrativo de Restablecimiento de Derechos y actualmente,  a través de los profesionales del equipo psicosocial, se le brinda   acompañamiento hospitalario. 

De la misma forma, se evalúa el entorno familiar y se realiza el análisis correspondiente para determinar las medidas de protección necesarias. El ICBF no había recibido, ni tenía conocimiento previo de denuncias o solicitudes de verificación o garantía de derechos relacionados con el grupo de hermanos. 

“Rechazamos tajantemente este hecho que hoy nos entristece profundamente, en el que lamentablemente un niño de un año murió y el otro es atendido por el sector salud como consecuencia de la violencia de la que había sido víctima en su entorno familiar. No podemos permitir que los niñas y las niñas continúen siendo víctimas de hechos de violencia que atentan no solo contra su integridad, sino contra su vida”, señaló la  directora del ICBF en Bogotá, Diana Patricia Arboleda Ramírez.

El ICBF extiende un llamado a la ciudadanía y a las familias para que denuncien cualquier situación que vulnere o transgreda la integridad de las niñas, niños y adolescentes., comunicándose a la línea gratuita nacional 01 8000 918080, marcando el 141, o mediante el sitio web www.icbf.gov.co. 

La Ley 1098 de 2006 establece el derecho de los niños, niñas y adolescentes a ser protegidos contra toda forma de violencia, incluida la física, el maltrato, el descuido, la explotación y cualquier acción que afecte su integridad, por eso contar con información oportuna es fundamental para tomar medidas que protejan a las víctimas y prevengan tragedias como esta.

Con esta iniciativa, Bienestar Familiar busca cualificar la atención en esta zona de la capital, consolidándolo también como un espacio protector y transformador para las familias del sector, además de propiciar la autogestión y el aprovechamiento de recursos locales, como las huertas caseras.

“Estos procesos hacen parte de las acciones integrales desarrolladas por las Unidades Móviles en Bogotá, quienes atienden y acompañan a las familias en situación de vulnerabilidad, a través de procesos psicosociales, que buscan prevenir los riesgos que afectan a los niños, niñas yadolescentes como el consumo de sustancias psicoactivas, la deserción escolar, el embarazo adolescente y todo tipo deviolencias”, dijo Diana Patricia Arboleda Ramírez, directora regional del ICBF en Bogotá.

Con estos espacios Bienestar Familiar busca consolidar los lazos familiares y comunitarios, impulsando la corresponsabilidad y la confianza mediante dinámicas participativas que benefician a la comunidad.
 
 
(Fin/arn/pu)

De acuerdo con el reporte presentado durante la reunión de la Sala de Crisis del ICBF, mecanismo activado con la firma del Decreto 1372 de 2024, se enviaron 16 toneladas de Bienestarina Más, cuya presentación es en bolsas de 900 gramos, y 9.5 toneladas de Bienestarina líquida, en presentación de 200 mililitros.

Adicionalmente, ya son 72 profesionales entre psicólogos, nutricionistas, trabajadores sociales y antropólogos, entre otros perfiles, los integrantes de las 15 unidades móviles asignadas por Bienestar Familiar, que hacen presencia en Ocaña, Tibú y Cúcuta para hacer seguimiento y acompañar a la población.  

Las Unidades móviles tienen como misión orientar y canalizar las familias para el censo, brindar primeros auxilios psicosociales, apoyar en la entrega de ayudas humanitarias, entre otras.

“Nuestra misión es la de proteger y acompañar a estas niñas y niños que resultan afectados por un enfrentamiento en el que nada tienen que ver. Los negocios armados, las luchas criminales no pueden seguir truncando los sueños del futuro de nuestro país, necesitamos todos unirnos para que esta sea la generación de la paz”, indicó la directora general del ICBF, Astrid Cáceres, quien se encuentra liderando el trabajo de la entidad en el territorio.

Hasta el momento se registran más de 14 mil desplazados que se ubican en  albergues temporales ubicados en Ocaña, Tibú y Cúcuta. La mayoría de afectados provienen de 14 municipios entre ellos Tibú, Hacarí, El Tarra, San Calixto y Teorama.

Desde que inició la emergencia, además de la directora general de Bienestar Familiar, en los territorios hacen presencia las directoras misionales de Adolescencia, Naya Gutiérrez Pinzón, y Familia y Comunidades, Juana Hersilia Moya Díaz; el subdirector del Sistema Nacional de Bienestar Familiar, Rodrigo Elías Daza Vega y la directora regional del ICBF en Norte de Santander, Lorena Quinteto Pacheco.

Este mecanismo se activa con la firma del Decreto 1372 de 2024, para atender de manera inmediata a los niños, niñas y adolescentes que requieran los servicios del Estado en medio de la emergencia.
 
Dentro e las acciones del ICBF se encuentra la activación de seis unidades móviles para brindar atención inmediata y de ser necesario abrir los procesos de restablecimiento de derechos a niños, niñas y adolescentes, así como activar una ruta para atender a jóvenes que pudieran ser desvinculados de los grupos armados ilegales. 

Los equipos interdisciplinarios de Bienestar Familiar están conformados por trabajadores sociales, psicólogos, nutricionistas, que estarán en los albergues instalados en los municipios a donde está llegando la población desplazada.

Además, se coordinó el envío de 2232 unidades de Bienestarina líquida desde Valledupar y 600 cajas de 21.600 unidades del mismo producto desde Celem, planta en el departamento de Caldas.

Asi mismo, desde las modalidades de atención especializada que tiene el ICBF, se realiza el alistamiento para brindar acompañamiento y apoyo psicosocial a los niños, niñas, adolescentes y familias desplazadas.

Por su parte, el Sistema Nacional de Bienestar Familiar (SNBF) liderado por el ICBF, articula con los sistemas de atención del riesgo y actores institucionales nacionales y locales, las acciones para garantizar la protección integral de las niñas, niños y adolescentes, acompañando de manera permanente al Gobierno nacional con el fin de que las ayudas humanitarias de alimentación, colchonetas, kits de emergencia y otros elementos lleguen lo más pronto posible a las familias afectadas por esta grave crisis.

Exigiendo de manera vehemente a los grupos armados ilegales respeto por la población civil en el Catatumbo, la directora general del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), Astrid Cáceres, rechazó los hechos de violencia que se han intensificado en las últimas horas en esta región de Norte de Santander, que vulneran de manera flagrante los derechos de las niñas, niños, adolescentes, familias y comunidades.

“Este mensaje va directamente a quienes  todavía insisten en perpetuar la guerra en Colombia. Desde el Bienestar Familiar y el Gobierno Nacional, nos hemos propuesto trabajar juntos para construir una generación de paz en nuestro país.  ¿Cuál es el presente y cuál será el futuro de los niños y niñas por encima de ellos siempre van a estar los negocios del narcotráfico y otras dinámicas de violencia que llevan a los pueblos a enfrentarse", dijo la funcionaria.

Bienestar Familiar cuenta con dos centros zonales en la zona del Catatumbo, uno ubicado en Tibú y otro en Ocaña, además de 42 hogares sustitutos, 14 centros de emergencia, 16 internados y 4 unidades móviles, que se encuentran dispuestas a atender a las víctimas de desplazamiento forzado, brindar acompañamiento psicosocial a las familias que lo requieran y asistir a los damnificados que se encuentran en los albergues. En ese sentido, los funcionarios mantienen directa y constante comunicación con la gobernación departamental, las alcaldías municipales y demás instituciones públicas y privadas. 

"Las generaciones de niñas, niños y adolescentes del Catatumbo y Norte de Santander no pueden seguir condenadas al miedo, la incertidumbre, el desarraigo y la desintegración familiar. Por el contrario, requieren que el Estado y la sociedad continuemos sumando esfuerzos para garantizar sus derechos y permitirles crecer en entornos seguros", señaló la directora general del ICBF.

Así mismo, recalcó que "nos sumamos al llamado urgente de la sociedad civil regional y nacional para que el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Estado Mayor de los Bloques cesen de inmediato las hostilidades y respeten la vida, la integridad y la libertad de las y los habitantes del Catatumbo. 

Instamos al ELN y al Estado Mayor de los Bloques a comprometer a todas sus estructuras políticas y militares en la reactivación de las mesas de diálogo con el Gobierno Nacional, con el objetivo de lograr acuerdos que alivien la situación humanitaria y concreten la paz como única salida para el buen vivir en el territorio.

“Necesitamos que en el país crezca una generación para la paz, pero no podemos hacerlo solos; por eso desde la sociedad civil debemos decir, a una sola voz, ‘Ya Basta’, necesitamos que en Colombia se cierre el círculo de la guerra eterna en la que nos han puesto”, concluyó Cáceres.

“La concertación con las comunidades es una premisa del Gobierno del Cambio, por eso le reiteramos a las organizaciones sociales en este departamento, nuestra disposición a conversar para llegar a acuerdos que permitan adelantar la contratación de la atención a la primera infancia”, sostuvo la directora general del ICBF.

A renglón seguido, anunció que la Defensoría del Pueblo cumplirá su papel como mediadora con las comunidades afro para avanzar en el diálogo que permita iniciar el proceso de contratación de la atención para las niñas y niños.
 
Para  no afectar el funcionamiento de los servicios de prevención y protección, la regional atenderá virtualmente al público hasta el próximo lunes porque la garantía de derechos de niñas, niños, adolescentes y familias en La Guajira es fundamental para el ICBF.

Desde hoy, 15 de enero, y hasta el próximo 28 de enero, las familias colombianas podrán realizar la pre-matrícula en los programas de atención para la primera infancia desde la comodidad de su hogar.

Los padres, madres y cuidadores podrán completar este proceso a través de un formulario en línea disponible en nuestra página web, www.icbf.gov.co. https://prematricula.icbf.gov.co/
Una vez diligenciado, podrán identificar, gracias a un mapa interactivo, la unidad de atención más cercana con cupos disponibles y asignarla, garantizando así un proceso transparente y eficiente.

Una vez finalizada la preinscripción, el acudiente deberá dirigirse a la unidad de atención asignada, información que será enviada al correo electrónico registrado.

El Bienestar Familiar recuerda que sobre la primicia debe prevalecer el derecho a la intimidad de los niños y niñas y el buen tratamiento de la información, sobre todo, en casos tan sensibles como el de la pequeña Sarita Michel Vargas Vega, desaparecida en Sogamoso, Boyacá.
 
Desde la entidad hacemos un llamado para respetar la Ley 1098 de 2006 que en su artículo 33 destaca que “los niños, niñas y adolescentes del territorio están protegidos ante toda injerencia arbitraria o ilegal en su vida privada, la de su familia, domicilio y correspondencia. Así mismo, serán protegidos contra toda conducta, acción o circunstancia que afecte su dignidad”.

El mismo articulado indica que es deber de los medios de comunicación “adoptar políticas para la difusión de información sobre niños, niñas y adolescentes en las cuales se tenga presente el carácter prevalente de sus derechos”. Así como “abstenerse de realizar transmisiones o publicaciones que atenten contra la integridad moral, psíquica o física de los menores, que inciten a la violencia, que hagan apología de hechos delictivos o contravenciones, o que contengan descripciones morbosas o pornográficas”.

En ese sentido desde el Bienestar Familiar reiteramos el llamado a los medios de comunicación para que la información que se transmita, más en un caso tan delicado como el de Sarita, se trate con la mayor sensibilidad y profesionalismo y solamente maneje la información oficial para no caer en especulación y contenido erróneo.

Tan pronto se tuvo conocimiento de estos casos, un equipo de Defensoría de Familia realizó verificación de derechos a los 11 niños y niñas que fueron puestos a disposición del ICBF por Policía de Infancia y Adolescencia, y quienes fueron valorados por un equipo interdisciplinario conformado por profesionales en nutrición, trabajo social y psicología.

“Rechazamos las situaciones que ponen en riesgo la integridad de las niñas, niños y adolescentes que habitan y transitan en nuestro territorio. A través de nuestros profesionales se presta la atención pertinente en aras de restituir sus derechos” sostuvo Diana Patricia Arboleda Ramírez, Directora Regional Bogotá.

El ICBF hace un llamado a la población para que reporte cualquier situación que ponga en riesgo la integridad de los niños, niñas y adolescentes, en la línea gratuita nacional 01 8000 918080, marcando el 141; o en la página web www.icbf.gov.co.
 
 
(Fin/gag)

● La etapa de subsanaciones en el proceso da cuenta del compromiso del Bienestar Familiar por adelantar una contratación con plenas garantías para todos los proponentes y las veedurías ciudadanas. El propósito es que la contratación se celebre con aquellas organizaciones próvidas que mediante méritos plausibles demuestren su idoneidad para satisfacer, en nombre del ICBF, las necesidades de los niños y niñas del país.
 
● En línea con lo anterior, es importante que las comunidades enriquezcan con sus observaciones el proceso de selección, pero que igualmente, los interesados, alleguen lo necesario para subsanar los requerimientos realizados por el Comité Evaluador; para ese efecto, los proponentes tendrán como plazo máximo el 10 de enero de 2025 a las 11.59 p.m. Los requisitos necesarios para subsanar los requerimientos se deben enviar a través de la plataforma Secop II.
 
● En todo caso, en cumplimiento del numeral 1.5 del documento de la invitación pública que versa sobre el Principio de Transparencia, debe indicarse que este se erige como la columna del proceso y todos los interesados se someten al mismo, con la presentación de su propuesta. Así las cosas, el ICBF, sin perjuicio de las acciones judiciales, disciplinarias, fiscales o penales a que hubiere lugar, contempló que el comité evaluador podría rechazar de plano cualquier oferta cuando advierta actos de presunta colusión o falsedad en convocatorias anteriores de la entidad; o cuando el interesado, o alguno de sus integrantes, estuviese reportado por informes preliminares de análisis y denuncias confirmadas a través de los mecanismos de transparencia dispuestos por la entidad. Igualmente, entidades sancionadas por cualquiera de las causales ya estipuladas en la invitación pública.
 
● Recordamos a la ciudadanía que la entidad ha adoptado criterios de prioridad territorial y de pertenencia a la operación de los servicios de atención que garantizan derechos de los niños y niñas, por tanto, las asociaciones que están conformadas por los padres y madres de los servicios a atender, las organizaciones de base comunitaria en sus territorios, así como organizaciones firmantes de paz, de mujeres madres comunitarias que se hayan presentado su oferta en su territorio y cumplan los requisitos de operación tendrán prioridad para lograr una atención pertinente y adecuada en cada zona territorial. Igualmente recordamos que existen techos presupuestales por organización, número de zonas posibles para atender con el fin de lograr una participación ciudadana sólida en la verificación de calidad, todo lo anterior da un orden de elegibilidad territorial de acuerdo con los oferentes presentados. 
 
Le recordamos a la ciudadanía que para mayor transparencia la invitación pública podrá ser comentada y verificada de manera abierta a través de Secop II; así mismo hemos invitado a los entes de control a revisar y observar el proceso. Reiteramos que la Plataforma Transaccional SECOP II será el único canal dispuesto para remitir observaciones y entregar las respuestas respectivas.
 
 
(Fin/eeb)