La Corte Suprema de Justicia, la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo, organizaciones como Save the Children, Unicef, la Alianza por la Niñez, la Universidad de La Sabana y la Javeriana, asociaciones médicas y pediátricas, investigadores, entre otros, respaldaron el proyecto de ley que han venido impulsando la Alianza por la Niñez y el ICBF.
La Directora General del ICBF, Juliana Pungiluppi, explicó que existe una amplia evidencia científica que sustenta la necesidad de este cambio normativo para prohibir el uso del castigo físico como método de crianza y que es necesario eliminar la ambigüedad de la sanción “moderada” explícita en el Código Civil y con ello “será más fácil aplicar la normatividad vigente en el Código Penal, recientemente reforzada a partir de la Ley 1959 de 2019, cuando se trate de delitos como violencia y maltrato físico y sicológico que actualmente contempla penas de entre 8 y 16 años por tratarse de menores de edad. El objetivo es tener una cultura de cero tolerancia con la violencia”.
Varios estudios científicos dejan en evidencia como el castigo físico y humillante afecta a los niños, niñas y adolescentes y no es útil como herramienta en la crianza pues no modula el comportamiento, desdibuja el vínculo de afecto y rompe lazos de apego.
En general, los efectos se sienten en todo el ciclo de vida: está asociado a problemas de salud mental, baja autoestima, y mayor predisposición a consumo problemático de sustancias sicoactivas.
En Colombia el tema también ha sido examinado. Dos estudios en los que participó Jorge Cuartas, investigador de la Universidad de Harvard y experto en el tema de violencia en la niñez, analizaron a más de 7.000 niños colombianos entre 0 y 16 años e identificaron el efecto negativo del castigo físico en el desarrollo cognitivo. Uno de los estudios encontró que niños castigados físicamente a la edad de 2 años tienen un desarrollo cognitivo menor para cuando cumplen 4 años, con una diferencia que es equivalente a 4 meses de desarrollo.
Otro estudio de la Universidad de Harvard también concluyó que los padres que viven en zonas más afectadas por el conflicto armado tienen un mayor riesgo de utilizar el castigo físico; la evidencia sugiere que ambientes violentos incrementan el riesgo de uso del castigo físico, pero a su vez que la exposición al castigo físico aumenta el riesgo de un desarrollo atípico que puede generar la violencia y fomentar más ambientes violentos.
Juliana Pungiluppi aclaró que el proyecto de ley tiene un carácter pedagógico que busca una transformación cultural y hace parte de las iniciativas pensadas en el marco de la Alianza Nacional contra la Violencia hacia las Niñas, Niños y Adolescentes, que lidera el Instituto.
La Directora del ICBF también señaló que no se deben contemplar sanciones adicionales a las ya existentes en contra de los agresores. “La prohibición no es punitiva en ningún país y la Convención de Derechos del Niño al igual que la evidencia científica disponible son categóricas en recomendar que la ley no sea punitiva; no se quiere estrés adicional que genere efectos nocivos", recalcó.
Vale recordar que en la legislación colombiana el maltrato físico o psicológico a cualquier persona del núcleo familiar contempla penas de prisión entre 4 y 8 años; estas penas pueden aumentar en un 50% cuando la conducta es cometida contra un menor de edad.
Entre enero y agosto del 2019, el ICBF restableció los derechos de 5.594 niños, niñas y adolescentes víctimas de maltrato físico (956), psicológico (379) y por negligencia (4.255). Los datos muestran que en promedio los procesos para restablecer los derechos en las diferentes edades son similares. De 0 a 5 años (1.861) casos, entre los 6 y 11 años (1.915) casos y entre 12 y 17 años (1.791).
