Bogotá, D. C.

Durante la reunión, la directora  los invitó a convertirse en sus aliados estratégicos para asesorar y acompañar la toma de decisiones encaminadas a continuar garantizando la protección de las niñas, niños y adolescentes del país.

"Ustedes serán mis ojos en las diferentes unidades de servicios de protección con las que cuenta el ICBF, con sus vivencias y experiencias lograremos conseguir que uno de los principales indicadores de gestión en la infancia y adolescencia sea su bienestar y felicidad”, dijo la directora general del ICBF.

La garantía de derechos de los niños, niñas y adolescentes migrantes hizo parte de los temas abordados en el PMU, así como la necesidad de articular acciones para brindar acompañamiento en los procesos que se aperturen para proteger a los menores de edad frente a las vulneraciones de sus derechos.
 
El PMU que fue presidido por el procurador delegado para la defensa de los Derechos Humanos, Javier Sarmiento Olarte, contó con la participación de delegados de entidades nacionales y territoriales, y en representación de la directora general del ICBF, Astrid Cáceres Cárdenas, asistió la asesora Adriana Velásquez.

Una vez conocida la situación un defensor de familia ordenó la apertura de Proceso Administrativo de Restablecimiento de Derechos (PARD) para la protección de los derechos de las dos niñas, dejándolas bajo el sistema de protección.
 
El ICBF hace un llamado a las familias para que fortalezcan su rol como primer entorno protector de niñas, niños y adolescentes, en espacios que garanticen el ejercicio pleno de los derechos, denunciando todo hecho que ponga en riesgo su vida e integridad a la Línea de Protección Integral 141 del ICBF.
 
(Fin/djr/dco)
 
 

1. Rechaza las agresiones verbales de las que han sido objeto los colaboradores de este centro zonal, en el desarrollo de su actividad misional, la cual se encuentra en el marco de la ley y con el único propósito de salvaguardar los derechos de las niñas, niños y adolescentes, tal y como lo ordena la Constitución Política de Colombia y el Código de la Infancia y la Adolescencia.

2. El ICBF invita a la ciudadanía para que utilice los canales dispuestos por la entidad para presentar las quejas y reclamos frente a la prestación del servicio, así como acudir a los órganos de control competentes cuando lo considere necesario. 

3. La violencia contra cualquier servidor público es un delito tipificado en el Código de Procedimiento Penal y quien ejerza violencia contra servidor público, por razón de sus funciones, para obligarlo a ejercer u omitir un acto propio de su cargo o a realizar uno contrario a sus deberes oficiales, incurrirá en prisión de cuatro (4) a ocho (8) años.
 
(Fin/dab/pup)

Más de 3.000 ayudas se han entregado en el departamento de Nariño en los municipios de Olaya Herrera con 544, Buesaco con 355, en Linares 296, en Ancuya con 220, en Los Andes con 158, en Leiva con 150, en Policarpa con 150, en Mallama con 145, en El Rosario con 143, en Consaca con 136, en La Florida con 114, igualmente en el municipio de Albán con 112, entre otros territorios.
 
Las canastas que se entregan a cada familia, en el marco de la declaratoria de desastre nacional, se componen de un bulto de papa, medio bulto de zanahoria, medio bulto de limón, tres kilos de coco y tres kilos de panela.
 
(Fin/jcj/pup)

“La Comisión Nacional de Mujeres es una aliada para el ICBF y de la mano de sus consejeras desarrollaremos un plan de trabajo que nos permita adelantar acciones contra las diversas problemáticas que afectan a las niñas, niños y adolescentes indígenas como el reclutamiento, los suicidios, la mendicidad y todas las vulneraciones a sus derechos”, sostuvo la directora general del ICBF.
 
En este sentido, la funcionaria realizó una invitación a las consejeras indígenas para que se sumen a la Comisión Intersectorial para la Prevención del Reclutamiento, el Uso, Utilización y la Violencia Sexual en contra de Niños, Niñas y Adolescentes por grupos armados organizados y por grupos delictivos organizados (CIPRUNNA) que se convocará próximamente para analizar la situación de reclutamiento de menores de edad que requiere de acciones inmediatas; también para que participen en la Comisión de la Verdad y la Comisión Científica, creadas en La Guajira, por la memoria de las niñas y niños fallecidos, y para construir un modelo de atención propia para la atención de la primera infancia en ese territorio.
 
Otros de los temas abordados durante la reunión fueron la inclusión de un capítulo de niñez indígena en la Política Pública de Niñez, Infancia y Adolescencia; la socialización de la ruta de los procesos de restablecimiento de derechos para niñez indígena, la producción alimentaria desde lo local y la revisión de las resoluciones que el ICBF ha expedido en materia de articulación de acciones en favor de la niñez indígena.
 
Por su parte, Gladys Hernández, del pueblo sikuani e integrante de la Comisión, calificó de grandioso el encuentro que por primera vez se realiza de manera presencial y con la esperanza que este trabajo sea continuo y fluya. “Me voy con este corazón contento y agradecida porque nos abrieron las puertas del ICBF”.
 
Finalmente, Astrid Cáceres reiteró el papel que cumple la mujer en la garantía de derechos de las niñas, niños y adolescentes, y la importancia que ella esté en el centro para la construcción del tejido social.
 
(Fin/pup/jmf)

La directora del ICBF indicó que “más de 18.000 menores de edad se han visto afectados por la falta de prestación del servicio en la zona y es deber de todos el restablecimiento de la atención y el respeto de los derechos de ellos”.

Para garantizar la ejecución de los programas que tiene el ICBF se han establecido canales de comunicación y corredores humanitarios que permitan mantener en los entornos a los niños, niñas y adolescentes recibiendo el servicio y alejados del conflicto, sin embargo, se ha establecido que en algunos casos personas han intentado que se sumen a las zonas donde se presenta el paro minero.

Así mismo, un equipo de alto nivel del ICBF se encuentra en la zona con el objetivo de realizar un constante monitoreo de los hechos y si es el caso realizar intervenciones que permitan restablecer los derechos de las niñas, niños y adolescentes, y evitar que sean instrumentalizados o se vean afectados.

Finalmente, las altas funcionarias recordaron que la garantía y el respeto de los derechos de los menores es de todos: Estado, funcionarios, sociedad y familias; y cualquier situación que los ponga en riesgo debe ser denunciada y evitada. A los actores al margen de la ley les advirtieron el cumplimiento del DIH que destaca la protección de los entornos destinados para la garantía de los derechos de las niñas, niños y adolescentes.

En los últimos días un grupo armado irregular hizo presencia en cuatro centros de desarrollo infantil (CDI) en Montelíbano, Córdoba, exigiendo a las docentes cerrar hasta nueva orden la Unidad de Servicio.
 
“A las niñas, niños y adolescentes debemos garantizarles entornos protectores y que se les respete su vida, su integridad física y moral como lo contempla el Derecho Internacional Humanitario", señalaron de manera conjunta la Consejera De la Torre y la Directora Cáceres.
 
De igual forma, recordaron que Colombia se adhirió a la Declaración de Escuelas Seguras, la cual busca la protección de estudiantes, maestros y escuelas en contextos de conflicto armado.
 
Debido a esto, el ICBF y la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos y el DIH piden a todos los actores armados que respeten los lugares de cuidado y de educación de las niñas, niños y adolescentes, los cuales deben ser protegidos, en tanto que constituyen entornos que permiten su desarrollo integral. Bajo ninguna circunstancia deben hacer presencia o usar unidades de servicio de primera infancia, colegios y demás instituciones educativas en las que los pongan en riesgo.
 

“Cerca de 20.000 niñas y niños atendidos en más de 790 unidades de servicio en 12 municipios de Antioquia y 4 de Córdoba están en grave riesgo. Desde el ICBF evaluamos todas las alternativas que nos permitan solventar esta situación para asegurar que ellos puedan ser atendidos. La educación inicial es un derecho impostergable de la primera infancia”, sostuvo la directora general del ICBF, Astrid Cáceres.
 
Para ello, el ICBF adelantó un comité extraordinario con los operadores que atienden a la primera infancia en estos municipios para flexibilizar el servicio, atendiendo estas circunstancias especiales, bajo los estándares de los manuales operativos, siempre priorizando la seguridad de las niñas, niños, agentes educativos y operadores.
 
Así mismo, se realizan trabajos articulados con entidades nacionales, territoriales y organismos de seguridad para crear corredores humanitarios con el fin de que niñas y niños reciban su alimentación y todos sus derechos estén protegidos.
 
(Fin/dab/pup)

En este sentido, el ICBF reitera que la contratación para la prestación o adquisición de sus servicios se gestiona en línea a través de SECOP II, que es una plataforma transaccional donde los proveedores pueden conocer la demanda de las entidades estatales, obtienen información de los procesos de contratación, presentan ofertas y tramitan sus contratos.
 
Además, se informa que, de manera permanente, hay personas inescrupulosas que hacen uso de la papelería del ICBF y crean correos falsos para engañar a la ciudadanía con la gestión de supuestos contratos con la entidad. Se recalca que los correos electrónicos tienen el dominio institucional de la entidad: @icbf.gov.co y se advierte que cualquier notificación por correo con un dominio diferente carece de toda veracidad.

Finalmente, el ICBF hace un llamado a la ciudadanía para que esté alerta y denuncie cualquier irregularidad en la Sede de la Dirección General, regional del departamento, el centro zonal más cercano a su lugar de residencia o a la línea gratuita nacional de atención 01 8000 918080, opción 4.
 
(Fin/dab/pup)