Bogotá, D. C.

«El 93% de estas adopciones fueron a niñas y niños mayores de 7 años, grupos de hermanos, o aquellos que presentan alguna discapacidad o condición de salud que implica un mayor desafío para encontrar una familia adoptiva», precisó Adriana Tierradentro, directora de Protección.  


En lo corrido de 2025, con corte al 30 de junio, hemos formalizado 153 adopciones por parte de familias residentes en el exterior, el 90% de ellas de niñas, niños y adolescentes con características y necesidades especiales. En este mismo periodo, 28 menores de edad han sido adoptados por familias colombianas que viven fuera del país. 


Actualmente, contamos con 266 solicitudes de adopción de familias extranjeras en lista de espera. Todos estos procesos se desarrollan bajo estrictos estándares técnicos y jurídicos, en coordinación con autoridades nacionales e internacionales. 


Reiteramos que todos los trámites de adopción en Colombia se realizan con rigurosos procedimientos de verificación, seguimiento y acompañamiento, siempre priorizando el interés superior de niñas, niños y adolescentes, especialmente de aquellos que enfrentan mayores desafíos para encontrar un hogar definitivo.

Con el apoyo de la Policía de Infancia y Adolescencia, y mediante el trabajo de profesionales interdisciplinarios, hemos hecho presencia en más de 30 colegios de la capital, abordando estudiantes de noveno, décimo y undécimo grado, así como al personal docente y directivo. Cada jornada se ha enfocado en la capacitación sobre programas que reducen factores de riesgo y fortalecen entornos escolares seguros y protectores.

También hemos informado tanto a madres, padres y personas cuidadoras,  como a la comunidad educativa sobre las rutas y canales de atención disponibles en los sistemas de Protección y de Responsabilidad Penal para Adolescentes.

Estas acciones se articulan con asociaciones de colegios privados, coordinando eficazmente actividades inclusivas que involucran a las familias y comunidades. Nuestro objetivo es prevenir riesgos y garantizar los derechos de niñas, niños y adolescentes.
 

 

Desde la noche del 2 de agosto, personal de Defensoría de Familia y  Equipo Móvil de Protección Integral (EMPI) han intentado establecer diálogo con los líderes de la comunidad para activar rutas de protección, sin que se haya permitido el ingreso de la institucionalidad.

Ante esta situación, Bienestar Familiar dispuso el traslado de tres Defensorías de Familia, dos de ellas especializadas en asuntos étnicos y la tercera que pertenece al Centro Zonal Revivir. Además de tres Equipos Móviles de Protección Integral (EMPI), dos Unidades Móviles, la directora regional del ICBF y el coordinador de protección del instituto, con el objetivo de insistir en el acercamiento, reforzar la presencia institucional y atender cualquier eventualidad que comprometa la integridad de los niños y niñas. 

En el marco de estas acciones un adolescente fue trasladado a un servicio de salud para recibir atención médica por un caso de alicoramiento. La Policía de Infancia y Adolescencia condujo a 7 niños y niñas a un Centro de Emergencia donde se garantizó su cuidado y protección y se atendió una adolescente.

Asimismo, gracias al llamado del ICBF se contó con la participación de la Consejera Mayor y Representante Legal, Juliana Domico y Gerardo Jumi asesor de la Confederación Nacional de los Pueblos de la Gran Naciòn Emnberá de Colombia (CONNPEC), quienes se acercaron al lugar para trazar una ruta de diálogo por la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) con el Gobierno Nacional, mediado por el Ministerio del Interior, con el propósito de  prevenir situaciones que vulneren los derechos de la niñez. Además, los equipos móviles de protección del ICBF realizan rondas de manera continua para identificar posibles riesgos y brindar acompañamiento inmediato.

Bienestar Familiar hace un llamado respetuoso a la comunidad Embera para que, en el marco de su autonomía y tradiciones, priorice la protección y el cuidado de niñas, niños y adolescentes. Garantice su integridad física, emocional y cultural que es una responsabilidad compartida, y su bienestar debe estar en el centro de cualquier diálogo o acción comunitaria, como lo establece la Constitución y los principios de corresponsabilidad.

Desde el Bienestar Familiar apostamos por la educación como una herramienta poderosa para la transformación social. Por eso, respaldamos el diplomado «STEAM+G: Ciencia, Experimentación, Tecnología, Arte y Pensamiento Lógico», desarrollado por la Corporación Universitaria Americana, donde se graduaron 249 personas, fortaleciendo sus competencias pedagógicas con enfoques innovadores.

Así mismo, en articulación con World Vision, el Icetex y el Bienestar Familiar, llevamos a cabo el «Diplomado en Prevención, Detección y Atención a los Diferentes Tipos de Violencia y Fortalecimiento Familiar» en el que se certificaron 540 participantes provenientes de municipios de Arauca, Abrego, Herrera, Río Blanco, Chaparral, Ortega, Tierra Alta, Leticia, Silvia, Tumaco y Puerto Asís. Este proceso dotar a las y los participantes de herramientas que les permitan abordar adecuadamente las violencias que afectan a niñas y niños.

«Agradecemos a todas las personas participantes por asumir el reto de realizar estos procesos de formación que les permiten cualificar sus saberes, experiencias e interacciones. Estos escenarios nos recuerdan que la movilización y el tejido social comunitario son la forma de cuidarnos mutuamente y de cuidar a las niñas y los niños», explicó Julie Pauline Trujillo Vanegas, directora (e) de Primera Infancia.

Con estos avances,  reafirmamos nuestro compromiso con el Plan Nacional de Desarrollo 2022 – 2026, fortaleciendo las capacidades locales y contribuyendo a una transformación social que asegure los derechos de las niñas y los niños en Colombia.
 
 

Durante su intervención, la directora Cáceres enfatizó en que la legislación es un punto de partida, pero no es suficiente para transformar una cultura arraigada. En este sentido, el Bienestar Familiar ha impulsado un enfoque integral basado en datos del Observatorio de la Niñez, que han permitido caracterizar las dinámicas del matrimonio infantil en Colombia. Este análisis incluye variables como la edad, los tipos de uniones, las afectaciones específicas a niñas campesinas e indígenas, así como los índices de embarazo adolescente, insumos fundamentales para la construcción del plan nacional de intervención.

La ley pone en el centro de su propósito la garantía de los derechos de las niñas y adolescentes, promoviendo su autonomía, el derecho a una vida libre de violencias y presiones, a ser escuchadas y a decidir sobre su propio futuro.

El evento fue organizado por Girls Not Brides, con el respaldo de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y UNICEF, como parte del seguimiento a los compromisos surgidos de la Conferencia Ministerial Mundial para Poner Fin a la Violencia contra Niñas, Niños y Adolescentes, celebrada en Bogotá los días 7 y 8 de noviembre de 2024. El objetivo del diálogo digital fue reforzar las alianzas, los compromisos y la inversión internacional para erradicar el matrimonio infantil.
 
 

Entre enero de 2023 y mayo de 2025, el Bienestar Familiar atendió 69 casos de menores de edad víctimas de trata mediante Procesos Administrativos de Restablecimiento de Derechos (PARD). El 90 % corresponde a explotación sexual, afectando principalmente a niñas y adolescentes mujeres (88 %). Norte de Santander (28 %), Bogotá (14 %) y Antioquia (13 %) concentran el mayor número de casos.



La entidad desarrolla acciones preventivas y de atención especializada en todo el país. Con los grupos interdisciplinarios BINAS en 15 territorios priorizados, se fortalece el trabajo de los equipos técnicos y autoridades con enfoque diferencial y de género. Además, en coordinación con Migración Colombia, Aeronáutica Civil y Policía Nacional, se instalaron Canales Únicos de Reporte en aeropuertos como El Dorado (Bogotá) y Matecaña (Pereira), capacitando a más de 69 funcionarios para identificar riesgos y activar rutas de protección.



En julio se realizaron jornadas de sensibilización en El Dorado con más de 150 niñas, niños, adolescentes y familias, alertando sobre riesgos de trata en contextos de movilidad humana.



Actualmente, el Bienestar Familiar impulsa #VocesQuePrevienen para hacer frente a las violencias que afectan a la niñez, incluidas aquellas en entornos digitales. Esta labor se articula con Atrapasueños que lleva acciones pedagógicas y comunitarias a los territorios con enfoque de derechos, diferencial, de género, interseccional y de curso de vida.


Bienestar Familiar invita a la ciudadanía a estar alerta frente a posibles casos de trata y explotación sexual comercial de niñas, niños y adolescentes, y hace un llamado a denunciarlos en la Línea 141 o la línea gratuita nacional 01 8000 91 8080.
 

Por lo anterior, es preciso señalar que fue puesto a disposición del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en tanto el adolescente no contaba con redes familiares en la ciudad y por tanto la autoridad administrativa determinó remitirlo al Centro de Emergencia para establecer las acciones necesarias para el restablecimiento de sus derechos.

Es preciso aclarar que estos centros de emergencia, así como los centros de protección no son medidas de privación de libertad, por lo tanto, su permanencia en el centro no corresponde a una imposición obligatoria sino a un proceso de atención.  Aun así, existen protocolos regulares de salida y de acompañamiento institucional para garantizar que siempre cuenten con adultos responsables que puedan acompañarlos. El joven adolescente prescindió de estos protocolos y no contó con voluntad de permanencia en el centro de emergencia.

Una vez se reporta la situación, se activa la búsqueda del adolescente, en articulación con las autoridades competentes para dar continuidad al proceso de restablecimiento de derechos. Estos protocolos se mantienen activos de manera permanente en colaboración con diferentes autoridades en todo el país.

La entidad reitera que los procesos de restablecimiento de derechos son llevados por autoridades administrativas profesionales, autónomas y responsables,  cuyos equipos defensoriales determinan las actuaciones necesarias para el restablecimiento de derechos los niños, niñas y adolescentes en el marco de la implementación del Código de Infancia y adolescencia (Ley 1098 de 2006) y toda información relacionada con sus procesos tiene una reserva legal.

Bienestar familiar hace un llamado a los medios de comunicación y a los periodistas a ejercer su labor con responsabilidad, recordando que la protección integral de niñas, niños y adolescentes debe prevalecer sobre cualquier interés informativo. Esto implica abstenerse de difundir información que pueda vulnerar su intimidad, dignidad o derechos fundamentales.
 

En la actividad participaron Perú y Bolivia y, por Colombia, organizaciones de los departamentos de Norte de Santander y Nariño, con una diversidad de experiencias relevantes. Bienestar Familiar resaltó la labor que se ha realizado gracias a la alianza con la OIM y el respaldo de Canadá. 


Una acción que se destacó fue la actualización de la ruta de atención que tiene la entidad para niñas, niños y adolescentes víctimas de la trata de personas con énfasis en contextos digitales. La renovación tuvo una visión territorial y la validación de quienes se encargan de aplicarla en esas zonas. 


Beatrice López, directora de Infancia de Bienestar Familiar, manifestó que Colombia se ha tomado en serio garantizar los derechos de la niñez y se ha apalancado con aliados como la OIM, la Embajada de Canadá y todas las entidades del orden nacional para erradicar la trata de personas con todos sus fines y especialmente el de la explotación sexual comercial de niñas niños y adolescentes. 


Fernando Medina, jefe de Misión de la OIM en Colombia, dijo que la organización que representa ratifica el compromiso de seguir trabajando de manera conjunta y decidida contra ese crimen. Agregó que ese flagelo se aprovecha de los sueños y necesidades de millones de personas en todo el mundo, incluida la población migrante. 


La representante de la Embajada de Canadá, Catalina Sierra, dijo que hay que responder de manera creativa porque los que están cometiendo este tipo de delitos son de avanzada, tienen estrategias novedosas que captan muy fácilmente a las niñas, niños y adolescentes, por ese es necesario adelantarse con ideas creativas para protegerlos. 

Con estas acciones concretas para prevenir y enfrentar la trata de personas y la explotación sexual comercial en entornos digitales, se avanza en la construcción de entornos más seguros y protectores. Este esfuerzo colectivo representa un paso firme hacia la garantía integral de los derechos de la infancia y la adolescencia, reafirmando el compromiso del Estado colombiano y sus aliados internacionales con su bienestar, dignidad y desarrollo.

La nueva unidad, ubicada en el Centro de Atención Especializado Hogar Masculino de Bogotá, permitirá brindar atención integral en salud a más de 240 adolescentes y jóvenes que se encuentran cumpliendo sanciones privativas, con servicios de medicina general, odontología, nutrición, psicología, psiquiatría y laboratorio clínico.

«Para el Bienestar Familiar es gratificante consolidar estos espacios, pensados y creados con un trabajo articulado y con acciones concretas que fortalecen y garantizan el bienestar de la adolescencia y la juventud», afirmó Janeth Alemán, directora (e) de la Regional Bogotá.

Este centro de salud representa un avance significativo en la garantía de derechos de los adolescentes y jóvenes vinculados al Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes (SRPA), y responde al enfoque de corresponsabilidad entre el Estado, la familia y la sociedad.

«Con esta unidad de salud extramural reafirmamos que la garantía de derechos de los adolescentes y jóvenes que están cumpliendo una sanción privativa de la libertad debe ser un hecho. Garantizar el derecho a la salud de ellos y ellas debe ser una prioridad y, nuestros esfuerzos para que así sea, un compromiso incesante a fin de que la atención sea humanizada e integral», manifestó la directora de Protección del Bienestar Familiar, Adriana Tierradentro.

(Fin/ga)
 

El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) rechaza los hechos ocurridos el pasado 17 de julio en el municipio de López de Micay, Cauca, que involucra la retención de personas civiles, entre ellas funcionarios y contratistas de la Gobernación del departamento. 


Nos solidarizamos con el defensor de familia, Fulvio Bambague, servidor de la Dirección Regional Cauca, cuya familia se ha visto directamente afectada por esta situación. 


Como entidad comprometida con la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, y con el bienestar de las familias en todo el territorio nacional, reiteramos que ninguna persona debe ser sometida a actos que vulneren su libertad o integridad. 


Hacemos un llamado al respeto por los derechos fundamentales de todas las personas retenidas y solicitamos su pronta liberación. 


Desde el Bienestar Familiar acompañamos a nuestro compañero y a su familia en este momento difícil, y permanecemos atentos a la evolución de los hechos, con la esperanza de un pronto retorno a la tranquilidad para todas las comunidades del municipio.