Regional

Este servicio, diseñado para el bienestar integral de las familias, contará con el acompañamiento de una psicóloga y una trabajadora social que brindarán atención y apoyo a toda la comunidad a través de:
 

• Asesorías personalizadas

 

• Encuentros comunitarios de aprendizaje

 

• Acompañamiento familiar en los hogares

Nuestro propósito es fortalecer las herramientas y capacidades de las familias para afrontar situaciones de crisis, prevenir vulneraciones y resolver conflictos de manera constructiva, contribuyendo así a la consolidación de entornos protectores.
Con este servicio reafirmamos nuestro compromiso de acompañar a las familias en la construcción de relaciones basadas en el respeto, la confianza y la convivencia pacífica. La articulación institucional es clave para seguir generando bienestar y oportunidades en los territorios.
Invitamos a todas las familias del municipio a acercarse y aprovechar este espacio pensado para su desarrollo y fortalecimiento, en beneficio de la niñez y la comunidad en general.
 
 

Este encuentro se consolidó como un espacio de producción de conocimientos interculturales donde confluyeron voces afroguajiras. La metodología, sustentada en la oralidad, la memoria, las prácticas culturales y la experiencia viva de las comunidades, permitió comprender la desnutrición, no como un hecho aislado, sino como una consecuencia histórica, ambiental, cultural y socialmente construida. 


Durante la jornada se resaltó el papel de los ríos como cuerpos vivos que sostienen la vida y el territorio, así como la importancia de la convivencia intercultural entre los diferentes pueblos de La Guajira: wiwas, arhuacos, afroguajiros y wayuu, entre otros. Se destacó, además, cómo los territorios afro e indígenas pueden tejer conexiones que fortalezcan la soberanía alimentaria regional, a través de circuitos cercanos de abastecimiento que generen intercambios solidarios y sostenibles. 


Los conversatorios abordaron temas como el calendario alimentario, la medicina tradicional vinculada al cuidado materno y gestacional, y las prácticas culinarias ancestrales que han sostenido la vida comunitaria. Las mamuncias (formas ancestrales de trabajo colectivo solidario), fueron el eje metodológico para explorar los vínculos entre cuerpo, agua y territorio, así como los impactos del cambio climático y del extractivismo sobre los recursos naturales y las estrategias de resistencia comunitaria frente a amenazas estructurales. 


Uno de los momentos más significativos fue el encuentro de mujeres afro, en el que se compartieron reflexiones sobre el sistema de crianza, las redes de cuidado de las mujeres y el papel de la transmisión oral de los saberes en la alimentación y la nutrición de la niñez. 

La jornada culminó con la uramba (plenaria), se ex las reflexiones y aprendizajes de cada mamuncia, y se construyó un mensaje colectivo dirigido a la comunidad afro del territorio sobre el sentido, la misión y las proyecciones de la Comisión Asesora Científica. 


Este ejercicio fortaleció el proceso investigativo de la Comisión y reafirmó su compromiso con una ciencia al servicio de la vida, basada en el diálogo de saberes, el respeto por la diversidad cultural y la urgencia de transformar las condiciones estructurales que generan la desnutrición.

Nuestro acompañamiento se centró en la labor de protección integral de niñas, niños y adolescentes, con énfasis en la prevención del reclutamiento, uso y utilización, así como en la restitución de derechos de quienes han sido afectados por el conflicto armado. 


El PEDV fue expuesto como una ruta para avanzar en una solución dialogada al conflicto armado y fortalecer la convivencia en ámbitos económicos, culturales y sociales del territorio. Esta propuesta se planteó como respuesta a la grave situación humanitaria que afecta a la región. 

El plan contempla cuatro fases de trabajo: 


· Fase preparatoria y de alistamiento:acercamientos previos, reconocimiento de una comisión especial, diálogos previos y declaración de Toribío como territorio de paz. 


· Diálogos simultáneos multiactores:encuentros con grupos armados, partidos políticos, gremios económicos, comunidades religiosas e instituciones en los niveles local, departamental y nacional. 


· Construcción de hojas de ruta: transición de economías ilegales y procesos extractivistas, consolidación de un modelo económico propio y diseño de un proceso de justicia transicional en el marco de la jurisdicción indígena. 


· Desarrollo de agendas de ruta:implementación del proceso de justicia transicional en el marco de la jurisdicción indígena para la paz. 


En la jornada participaron delegaciones de la Unión Europea, embajadores de distintos países y representantes del Gobierno Nacional. Durante el encuentro, las comunidades indígenas solicitaron al Estado colombiano la expedición de un marco jurídico que reconozca su liderazgo como actor colectivo en los diálogos de paz, así como el acompañamiento político y la realización de misiones periódicas al territorio.  


Reiteramos nuestra disposición para articular acciones orientadas a la prevención del reclutamiento, el uso y utilización, así como a la restitución de derechos de la niñez y la adolescencia en el norte del Cauca.

El foro, promovido por el Sistema Nacional de Bienestar Familiar (SNBF) y la Universidad de La Guajira, permitió consolidar aportes para la investigación de la Comisión, enfocada en las fuentes vivas del conocimiento local y la divulgación comunitaria. En él se avanzó en la comprensión colectiva de los determinantes sociales de la salud y la desnutrición en contextos étnicos, así como en la articulación entre ciencia, comunicación y territorio. 


El primer momento del evento, denominado «Hacer ciencia desde La Guajira»,  abordó las dificultades de investigar en contextos periféricos, los enfoques disruptivos para analizar la desnutrición, y la necesidad de métodos colaborativos. Participaron académicos como Carmen Laura Paz Reverol, Alexis Carabalí, Claudia Puerta Silva y Carlos Adán Valbuena, quienes ofrecieron miradas críticas y propositivas sobre cómo construir conocimiento desde la experiencia étnica y territorial. 


Asimismo, se presentaron avances de la investigación de la Comisión Asesora Científica, entre ellos: un análisis de literatura científica (scoping review), un mapeo de investigaciones locales sobre desnutrición, y un diagnóstico de la producción académica de la Universidad de La Guajira en torno a los determinantes sociales. 


La segunda parte del foro se centró en la comunicación y divulgación de saberes con enfoque étnico-racial y de género. Comunicadoras y activistas como Luzbeidy Monterrosa, Nat Nat Iguarán, Rayza De la Hoz, Doris Cabezas y Betty Martínez, reflexionaron sobre las formas en que los medios comunitarios y las redes sociales están narrando las problemáticas estructurales de los pueblos wayuu y afrodescendientes. También se discutió la manera en que las comunicaciones pueden articularse con investigaciones sobre salud y medio ambiente, para incidir en la transformación de realidades y dinamizar procesos comunitarios desde la palabra, la imagen y la memoria. 

La Comisión Asesora Científica reafirma su compromiso con una investigación que indaga las causas estructurales de la desnutrición, escuchando y trabajando junto a los pueblos afrodescendiente y wayuu del departamento.

Durante la jornada, los equipos profesionales verificaron las condiciones de atención, el cumplimiento de los lineamientos técnicos y el desarrollo de las actividades pedagógicas, psicosociales y de fortalecimiento familiar, con el propósito de asegurar entornos protectores y el bienestar integral de los beneficiarios. 


En el marco de esta visita, la directora regional del Bienestar Familiar Cundinamarca participó en un programa radial de la emisora Toca Stereo de Fusagasugá, en la que destacó la importancia de estos espacios como un puente de comunicación directa con la comunidad. «En cada municipio trabajamos de manera articulada para que nuestras niñas, niños y adolescentes reciban una atención con calidad, con inversión en infraestructura, rutas claras para la protección y promoción constante de la Línea 141 como herramienta para prevenir y atender cualquier situación que vulnere sus derechos», afirmó. 


El Bienestar Familiar reitera su compromiso con la supervisión constante de los programas de protección y centros de atención en el departamento, garantizando que cada unidad de servicio cumpla con toda la capacidad para brindar atención oportuna y de calidad.

La niña, quien se encuentra en buenas condiciones de salud, fue valorada y atendida inicialmente por el equipo médico del Hospital San Jerónimo, y posteriormente ubicada en una medida de protección, donde recibe el cuidado y la atención que necesita.

De inmediato, el ICBF realizó verificación de derechos y aperturó Proceso Administrativo de Restablecimiento de Derechos, con el fin de garantizar su protección integral. 

La recién nacida permanecerá bajo la protección del Bienestar Familiar hasta que, tras la prueba de ADN, se compruebe que la mujer que se acercó a la Defensoría de Familia y que afirma ser su madre, sea quien dice ser.

El ICBF reitera su compromiso de proteger a la niñez en todo el país, y hace un llamado a la ciudadanía para que denuncie de manera inmediata cualquier situación que ponga en riesgo la vida o integridad de niñas, niños y adolescentes, a través de la Línea 141.

Durante el encuentro se socializaron los avances de las mesas técnicas en materia de diseño de política pública y desarrollo normativo, justicia juvenil restaurativa, infraestructura y seguridad, y atención integral. Así mismo, se presentaron los resultados de las visitas realizadas a 11 de los 13 Centros Transitorios (CETRAS), y se compartió la experiencia exitosa de la unidad ubicada en Chocontá como ejemplo de buenas prácticas interinstitucionales para el acompañamiento de adolescentes y jóvenes en conflicto con la ley.
 
«La articulación interinstitucional es clave para garantizar el restablecimiento de derechos, la protección integral y la responsabilidad de los adolescentes y jóvenes. Nuestro trabajo no es protocolario: es un compromiso real para ofrecer oportunidades de inclusión y evitar la repetición de conductas», destacó Íngrid Cubides, directora encargada del Bienestar Familiar en Cundinamarca durante la instalación del comité.
 
En la jornada participaron representantes del Ministerio de Justicia y del Derecho, la Gobernación de Cundinamarca, autoridades judiciales, Policía de Infancia y Adolescencia, y demás entidades que hacen parte del SRPA en el departamento, reafirmando su compromiso de trabajar de manera articulada en favor de los adolescentes y jóvenes del territorio.
 

En total participaron 46 defensores y defensoras de familia de los centros zonales de Barbacoas, Tumaco, Túquerres, Ipiales, Pasto 1, Pasto 2, La Unión y Remolino; 24 comisarios y comisarias de familia, además de equipos psicosociales,  referentes del Sistema Nacional de Bienestar Familiar y profesionales del Grupo de Asistencia Técnica.

Desarrollamos esta actividad en articulación con la Subdirección de Restablecimiento de Derechos la Sede de la Dirección  General, con el Programa de Atención Especializada para el restablecimiento de derechos y contribución al proceso de reparación integral de niñas, niños y adolescentes víctimas de reclutamiento ilícito.  

Durante la jornada, fortalecimos técnicamente a las autoridades administrativas responsables, actualizando sus conocimientos sobre la ruta de atención ante amenazas de reclutamiento, uso y utilización de niñas, niños y adolescentes, así como sobre la atención integral a menores de edad desvinculados de grupos armados al margen de la ley.

Contamos con la participación del profesional Marco Antonio Collazos, del equipo de víctimas del conflicto armado de la Subdirección de Restablecimiento de Derechos, quien reafirmó nuestro compromiso de brindar a las autoridades locales herramientas concretas para prevenir y atender de forma oportuna y efectiva las amenazas que afectan los derechos de la niñez y de la adolescencia.

De acuerdo con nuestros registros, en 2024 atendimos 318 casos de niñas, niños y adolescentes desvinculados en todo el país, y en lo corrido de 2025 la cifra asciende a 251 casos al 30 de junio. En Nariño, se han presentado 18 casos este año, frente a los 35 reportados a diciembre de 2024, lo que sigue siendo una cifra preocupante ante el recrudecimiento del conflicto. Los municipios con reportes en 2025 son: Contadero (2), El Charco (1), La Tola (1), Leiva (1), Olaya Herrera (3), Pasto (3), Policarpa (5) y Ricaurte (2).

Para los comisarios y las comisarias de familia, esta jornada fue clave: «Teníamos muchos vacíos sobre cómo activar la ruta de atención. Nos explicaron el paso a paso, a quién acudir, cuáles son los derechos de las niñas, niños y adolescentes, y hasta dónde puede intervenir la fuerza pública. Ojalá podamos recibir más capacitaciones y  mantenernos actualizados», precisó uno de ellos.

También destacaron que el encuentro  fuera  presencial: «Podemos estar concentrados al cien por ciento, aclaramos dudas y compartimos experiencias. Es una gran oportunidad para actualizar nuestros conocimientos».
Con esta actividad, fortalecemos nuestra presencia en el territorio e impulsando el trabajo articulado con Comisarías de Familia, defensores y defensoras, y equipos interdisciplinarios. Así, consolidamos redes locales de protección que responden de manera efectiva y cercana a las realidades que viven  niñas, niños y adolescentes en Nariño.
 

A través de iniciativas productivas sostenibles en el tiempo, concertadas directamente con las autoridades tradicionales y miembros de las comunidades, las familias wayuu participan en proyectos alineados con su cultura como el pastoreo, la pesca, la elaboración de artesanías y la agricultura tradicional. Estos procesos les permiten generar ingresos, fortalecer su autonomía y reinvertir en su propio desarrollo.
 
Un ejemplo destacado es el resguardo indígena Wayuu Perratpu, conformado por las comunidades de Tocoromana, Chentico y Loma Fresca, que desde 2024 han apostado por las artesanías como fuente principal de ingresos. Con el diseño y confección de mochilas, llaveros, chinchorros y otros artículos, hoy avanzan en su segunda fase de comercialización, reinvirtiendo las ganancias en nuevos insumos y ampliando su portafolio gracias al acompañamiento técnico y financiero de Bienestar Familiar.
 
Daniel Cortez, Coordinador Técnico del Resguardo Perratpu, explicó que este proceso ha sido posible gracias a la corresponsabilidad asumida por las comunidades y al trabajo conjunto con el instituto. «Valoramos esta alianza porque es un gran impulso a la labor que estamos realizando, pero también un reconocimiento en el marco de la atención que brindamos».
 
Estas acciones hacen parte del cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo del Gobierno del Cambio que promueve el desarrollo económico, social y comunitario de los pueblos indígenas. En total, más de 3.000 comunidades wayuu se benefician de este enfoque territorial, participativo y culturalmente pertinente, consolidando caminos hacia la autosostenibilidad y el bienestar colectivo.
 
(Fin/scs/oam)
 

Bienestar Familiar garantiza los derechos de estas comunidades mediante una oferta diferenciada que brinda acceso a programas para primera infancia, infancia y adolescencia, así como para madres gestantes y lactantes.

De igual manera, se ha dispuesto la presencia permanente en el Parque Nacional las 24 horas del día, de los profesionales de los Equipos Móviles de Protección Integral y Unidades Móviles, quienes realizan entregas periódicas de Bienestarina líquida, acompañan y orientan a las familias. 

Además, a través de las Defensorías de Familia se adelantan intervenciones psicosociales con los padres y madres, con el fin de brindarles herramientas para el cuidado y protección de sus hijos.

Desde Bienestar Familiar se promueve y protege el desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes de las comunidades étnicas bajo el modelo de Enfoque Diferencial de Derechos, fortaleciendo las capacidades familiares para que se conviertan en entornos protectores, siempre respetando las costumbres, creencias y formas de gobierno propias de las comunidades.