Regional

Este proceso se desarrolla en el marco de las reformas promovidas por el Gobierno del Cambio y se orienta al reconocimiento de los derechos laborales de mujeres que, durante años, han ejercido su labor en el cuidado y acompañamiento de niñas y niños desde sus comunidades. 

 

Durante los dos primeros días de la feria, las Unidades Móviles realizaron procesos de verificación de derechos y acompañamiento psicosocial a 324 personas, correspondientes a 107 familias, entre ellas 212 niñas, niños y adolescentes. Estas acciones permitieron identificar situaciones de riesgo y activar las rutas de atención necesarias, reafirmando el compromiso del Instituto con la protección integral de la niñez.

En materia de apoyo nutricional, se han entregaron 237 bolsas de Bienestarina Más Nuestra de 900 gramos cada una y 1.080 cajas de 200 mililitros de Bienestarina Líquida. Las entregas continuarán hasta el 30 de enero como parte de la atención integral brindada a las familias participantes.

De manera complementaria, el equipo del programa Atrapasueños adelanta la caracterización de niñas, niños y adolescentes que actualmente no cuentan con atención institucional. Esta información será reportada al Centro Zonal de Bienestar Familiar en Maicao para su respectivo seguimiento.

Por su parte, la Dirección de Relación con la Ciudadanía socializó el uso de la Línea 141, canal gratuito de atención del Bienestar Familiar, realizando ejercicios prácticos con la comunidad para demostrar su utilidad en la garantía y el restablecimiento de derechos.

«Traje a mis nietos a registrarse, a sacar la tarjeta y aquí al Bienestar», expresó Adelaida Pana Jusayu, autoridad tradicional de una comunidad wayuu cercana, tras comunicarse con la Línea 141. «Me pareció excelente, me contestaron y me explicaron para qué sirve», agregó.

La jornada es liderada por la Procuraduría General de la Nación y  cuneta con la participación de la Alcaldía Municipal de Maicao, la Contraloría General de la República, la Registraduría Nacional del Estado Civil, así como  IPS y EPS, con el propósito de defender y garantizar los derechos de la infancia, la familia y la mujer.

El Bienestar Familiar reafirma su compromiso con la niñez, las familias y las mujeres de La Guajira, fortaleciendo la presencia institucional en territorio y promoviendo el acceso efectivo a los derechos fundamentales, especialmente en contextos priorizados por la Sentencia T-302 de 2017.

(fin/scs/aas)

La directora regional (e), Carmen Cecilia Miranda, madre comunitaria, destacó el arduo trabajo que durante años han entregado por el cuidado y la atención de niñas y niños de primera infancia. 
 

Una vez conocidos los hechos, el Instituto activó de inmediato la ruta de atención correspondiente y solicitó el acompañamiento de la Policía Nacional, con el fin de evitar la evasión de más adolescentes y jóvenes en conflicto con la ley. Durante el incidente no se presentaron personas lesionadas.

Como resultado del procedimiento, 10 jóvenes fueron aprehendidos y puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación – URI en turno, por los presuntos delitos de daño en bien ajeno, lesiones personales y violencia contra servidor público. Paralelamente se reforzó la seguridad en el CAE para prevenir nuevos desórdenes o intentos de motín.

El ICBF Regional Boyacá reitera su compromiso con la protección integral de los adolescentes, el restablecimiento del orden institucional y el respeto por el debido proceso, así como con el fortalecimiento de las medidas de prevención y convivencia al interior de los centros de atención especializada.

En el segundo día de sustentación se abordaron temas clave como la atención a la niñez y adolescencia migrante, el acceso a servicios de salud, la educación con énfasis en la educación inicial, la atención a casos de violencia sexual y los procesos de desinstitucionalización de algunos servicios dirigidos a niñas, niños y adolescentes.

El Instituto como parte de la delegación colombiana resaltó tres modalidades de trabajo orientadas a la prevención de vulneraciones de derechos: la primera es «Somos Familia, Somos Comunidad», conformada por 624 equipos que han acompañado a más de 25.000 familias para fortalecer entornos protectores y prevenir la apertura de Procesos Administrativos de Restablecimiento de Derechos; la segunda modalidad mantiene el mismo propósito, pero con enfoque étnico, y ha llegado a más de 800 comunidades en el país; y la tercera es «Presencia», una estrategia dirigida a niñas, niños y adolescentes en riesgo de violencias, que trabaja con sus familias para fortalecer la salud mental y los vínculos protectores.

También se destacó la estrategia «Atrapasueños», una iniciativa intersectorial orientada al fortalecimiento de habilidades, talentos y vocaciones de niñas, niños y adolescentes, con el fin de contribuir a la construcción de proyectos de vida. A la fecha, esta estrategia ha beneficiado a más de 524.000 participantes en todo el país.

En relación con la prevención de la explotación sexual comercial de niñas, niños y adolescentes, se señaló que este continúa siendo un reto para el país, dado que las cifras oficiales no evidencian una disminución significativa: en 2018 se registraron 1.573 casos y en 2024 la cifra ascendió a 1.612. En este sentido, la delegación del Estado colombiano manifestó la dispocisión para acoger las recomendaciones y el acompañamiento del CDN, a partir de buenas prácticas y experiencias internacionales. Asimismo, explicó que se ha fortalecido la arquitectura institucional mediante la creación de un comité interinstitucional para la prevención y erradicación de este delito, el impulso de acciones territoriales y la destinación de recursos específicos.

Otro tema relevante fueron los avances en la reducción de la pobreza monetaria que pasó del 43,1 % en 2020 al 31,8 % en 2024. De igual forma, la pobreza extrema disminuyó del 17,3 % al 11,7 %, y el índice de pobreza multidimensional se redujo del 18,1 % al 11,5 %, con mayores avances en las zonas rurales.

El Estado colombiano avanza en la construcción de una medición multidimensional de la pobreza en la niñez, un índice que permitirá captar de manera más precisa las condiciones sociales y culturales asociadas al acceso a salud, educación, arte y cultura, así como otros factores que inciden en el desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes en Colombia.

La participación del Estado colombiano ante el Comité de los Derechos del Niño reafirma el compromiso del país con la garantía, protección y promoción de los derechos de la niñez y la adolescencia, a partir del trabajo articulado de entidades como el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, el Departamento Nacional de Planeación (DNP), la Procuraduría General de la Nación, la Fiscalía General de la Nación, el Ministerio de Justicia y del Derecho, la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos y DIH, la Cancillería y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Este esfuerzo interinstitucional continuará orientado al fortalecimiento de políticas públicas basadas en la prevención, la participación y la articulación territorial, para asegurar mejores condiciones de vida y desarrollo integral para las niñas, niños y adolescentes en Colombia.