Regional

1. El señor Farid López no tiene ningún vínculo laboral, contractual, administrativo ni de representación con Bienestar Familiar, ni en la Regional Putumayo ni en ninguna dependencia de la entidad.

En consecuencia, las opiniones, afirmaciones o actuaciones realizadas por esta persona corresponden exclusivamente a su ámbito personal y no representan la posición institucional de Bienestar Familiar.

2. Bienestar Familiar rechaza el uso indebido de su nombre, imagen institucional o cargos inexistentes que puedan generar confusión entre la ciudadanía respecto de quienes están autorizados para actuar o pronunciarse en representación de la entidad.

La confianza de las familias, comunidades y ciudadanos en las instituciones públicas exige claridad, transparencia y responsabilidad en el uso de la información.

3. Frente a las afirmaciones realizadas por el señor López relacionadas con presuntos hechos de corrupción o posibles irregularidades en el manejo de recursos destinados a niñas, niños y adolescentes, Bienestar Familiar recuerda que se trata de señalamientos de la mayor gravedad.

Los recursos públicos destinados a la garantía de derechos de la niñez y la adolescencia deben ser protegidos con absoluto rigor y cualquier información relacionada con posibles irregularidades debe ser puesta de inmediato en conocimiento de los organismos competentes.

Asimismo, la presente aclaración se realiza con ocasión de publicaciones y comentarios difundidos el día 21 de junio de 2026 a través de la red social Facebook, en los que el ciudadano Farid López es identificado o se presenta como supuesto «Enlace Jurídico de Primera Infancia» de Bienestar Familiar Regional Putumayo y realiza afirmaciones relacionadas con presuntos hechos de corrupción y manejo de recursos públicos destinados a niñas, niños y adolescentes.

4. Por lo anterior, Bienestar Familiar invita formalmente al ciudadano Farid López y a cualquier persona que afirme tener conocimiento o evidencia sobre posibles actos de corrupción, irregularidades administrativas o uso indebido de recursos públicos, a presentar las denuncias correspondientes ante la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación, la Contraloría General de la República y demás autoridades competentes.

Asimismo, Bienestar Familiar recuerda a la ciudadanía que tiene habilitada la Línea Anticorrupción 01 8000 91 80 80, opción 4, así como los demás canales institucionales de atención al ciudadano para recibir y tramitar denuncias relacionadas con posibles irregularidades en la gestión pública y la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes.

La entidad manifiesta su total disposición para colaborar con cualquier actuación o investigación que se adelante en el marco de la ley.

5. Bienestar Familiar reafirma su compromiso con la transparencia, la legalidad y la protección integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes.

La entidad continuará fortaleciendo los mecanismos de control, seguimiento y vigilancia para garantizar el adecuado uso de los recursos públicos y la confianza de la ciudadanía en la gestión institucional.

Asimismo, el ICBF Regional Putumayo expresa su más profundo y firme rechazo ante cualquier intento de instrumentalizar el nombre de la entidad para generar desinformación, zozobra o desconfianza en la comunidad. Bajo ninguna circunstancia toleraremos el uso de discursos de odio, amenazas o expresiones que constituyan una incitación a la violencia en las plataformas digitales, pues quienes trabajamos al servicio de la ciudadanía debemos ser referentes de paz, respeto y convivencia. La institucionalidad no puede ser escenario de debates personales ni de estrategias de difamación digital; por ende, censuramos categóricamente cualquier acto de hostigamiento que atente contra los principios éticos y la seguridad de las personas en nuestro departamento.

Bienestar Familiar hace un llamado a que cualquier denuncia relacionada con asuntos públicos sea tramitada por las vías institucionales y ante las autoridades competentes, garantizando el debido proceso, la transparencia y el respeto por la verdad.

Con el taller denominado «Multiplicadores en Control Social» se identificaron los saberes previos de los las y los adolescentes que participaron. Luego a través del cuento «Los Guardianes del Cuidado», los participantes pudieron reconocer las etapas del control social.

Los adolescentes reflexionaron sobre lo que se quiere cuidar, por ejemplo, espacios físicos como un parque o el colegio. También sobre la forma de convocar a la comunidad, la importancia de realizar una veeduría, la necesidad de elaborar un plan de trabajo, la necesidad de recoger información y elaborar informes; hacer seguimiento y cómo comunicar los resultados a la comunidad.

Los talleres que se adelantaron en el colegio y la Casa Atrapasueños permitieron que se creara un compromiso colectivo alrededor de la importancia de participar activamente en el cuidado y fortalecimiento de los espacios comunitarios.

Para Bienestar Familiar es clave que se escuchen las ideas y voces de las niñas, niños y adolescentes y se atiendan las recomendaciones que expresan, en particular, en espacios de control social.    

 

A través de Tejiendo Caminos sin Fronteras, Bienestar Familiar acompaña a 1.125 familias migrantes y de acogida de La Pista y otros cuatro asentamientos de Maicao, mediante encuentros familiares, actividades comunitarias y procesos de fortalecimiento de capacidades que promueven la protección integral de niñas, niños y adolescentes.

Una de esas historias es la de Ana González, adolescente migrante que hoy comparte un mensaje de esperanza para quienes han tenido que dejar atrás su país y comenzar de nuevo.

«Nunca dejen de confiar en ustedes mismos. Los sueños pueden parecer imposibles, pero siempre se pueden cumplir», afirmó, reflejando la resiliencia y la esperanza que comparten muchas familias que han encontrado en estos espacios, una oportunidad para integrarse, fortalecer sus capacidades y proyectar un mejor presente y futuro.

Del mismo modo, para Elimar Palmar, madre de familia migrante, el acompañamiento recibido ha significado la posibilidad de adquirir nuevos conocimientos para el bienestar de su hogar.

«Hemos aprendido cómo cuidar mejor a nuestros hijos y fortalecer nuestra familia», señaló. Al tiempo reiteró el valor que las familias atribuyen a los encuentros donde se abordan temas relacionados con la crianza, el cuidado, la convivencia y la protección de niñas, niños y adolescentes.

Estos aprendizajes se fortalecen a través de espacios comunitarios donde las familias comparten experiencias, construyen redes de apoyo y reconocen que no están solas frente a los desafíos que implica comenzar una nueva vida lejos de su lugar de origen.

Porque la protección de los derechos de la niñez y la adolescencia no tiene fronteras.

(fin/scs/oam)

En el Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR) de Pondores, zona rural del municipio de Fonseca, el Bienestar Familiar continúa promoviendo la estrategia «Lugares para Soñar, Lugares para la Paz» (LuPaz), una propuesta pedagógica diseñada para garantizar la atención integral y la educación inicial de hijas e hijos de familias en proceso de reincorporación y de comunidades afectadas por el conflicto armado.

Este territorio, que alberga cerca de 200 familias firmantes de paz, se ha consolidado como un escenario de reconciliación, convivencia y construcción de futuro, donde la primera infancia ocupa un lugar central en la transformación social de la comunidad.

A través de la Unidad Comunitaria de Atención (UCA) Nueva Colombia, 40 niñas y niños, así como mujeres gestantes, reciben atención integral mediante procesos pedagógicos que promueven el desarrollo infantil, la participación familiar y el fortalecimiento de prácticas de cuidado y crianza.

Para Malvis Sierra Ramírez, sabedora cultural, el trabajo desarrollado durante estos años ha permitido fortalecer las capacidades de las familias firmantes y generar nuevas oportunidades para la comunidad.

«Hemos tenido una atención de calidad por medio del Bienestar Familiar. Las firmantes nos hemos preparado como docentes, sabedoras culturales y manipuladoras de alimentos», afirmó exponiendo que estos años han trabajado de la mano con el Instituto, fortaleciendo sus conocimientos para brindar una atención integral a las niñas y niños del territorio.

La estrategia también incorpora el enfoque de las Unidades Pedagógicas de Apoyo Solidario (UPAS), mediante actividades que acercan a las niñas y niños a procesos de siembra, germinación y producción de alimentos, fortaleciendo su relación con el entorno, la soberanía alimentaria y el aprendizaje desde experiencias significativas.

LuPaz promueve espacios de encuentro con las familias para fortalecer las prácticas de crianza, la participación comunitaria y la construcción colectiva de proyectos pedagógicos acordes con las necesidades y características del territorio para consolidar vínculos de confianza entre la comunidad y las familias firmantes de paz. 

(fin/scs/aas)

La protección de la niñez y la adolescencia recibió un respaldo unánime del Congreso de la República. La plenaria del Senado aprobó en último debate el proyecto de ley que autoriza una adición presupuestal de $500 mil millones para el Bienestar Familiar, recursos que garantizarán la continuidad de la atención integral de más de 1,6 millones de niñas y niños de primera infancia y de 71.644 niñas, niños y adolescentes que se encuentran bajo medidas de protección.

La aprobación de esta iniciativa permitirá asegurar la prestación de servicios fundamentales para la garantía de derechos de la niñez y la adolescencia entre septiembre y diciembre de 2026, fortaleciendo acciones relacionadas con la alimentación, la educación inicial, el cuidado y la protección integral en todo el territorio nacional.

Mientras en 2025 el presupuesto de inversión del Bienestar Familiar ascendía a 9,619 billones de pesos, para 2026 se presentó una disminución de $213 mil millones, equivalente al 2,21 %. A esta situación se sumaron los efectos del incremento del 5,1 % del Índice de Precios al Consumidor (IPC) y el aumento del salario mínimo, factores que impactaron los costos de operación de los servicios dirigidos a la niñez y la adolescencia. Los análisis realizados por la entidad evidenciaron la necesidad de contar con recursos adicionales para garantizar la continuidad de la atención.

Durante los debates adelantados en las comisiones terceras y cuartas económicas conjuntas de Senado y Cámara, así como en las plenarias de ambas corporaciones, Bienestar Familiar presentó los análisis técnicos y financieros que sustentaron la necesidad de esta adición presupuestal y atendió las inquietudes planteadas por los legisladores.

La directora general del Bienestar Familiar, Astrid Cáceres, agradeció el respaldo recibido por parte de los congresistas y destacó el consenso alcanzado alrededor de la protección de la niñez: «Hay una unidad de criterio frente al Bienestar Familiar y todos apoyan y respaldan los avances que hemos hecho en el sistema de protección; los niños y niñas siempre serán lo primero».

La directora también explicó que la totalidad de los $500 mil millones corresponde a recursos propios del Bienestar Familiar, por lo que la medida no compromete recursos adicionales de la Nación y permite fortalecer la sostenibilidad financiera de los programas dirigidos a la niñez y la adolescencia.

Con esta decisión, el Congreso de la República contribuye a garantizar la continuidad de la atención para las niñas, niños y adolescentes del país, especialmente para quienes participan en los servicios de primera infancia y aquellos que se encuentran bajo protección del Bienestar Familiar.

La niñez, una prioridad nacional

La aprobación de esta adición presupuestal refleja un consenso institucional en torno a la protección integral de la niñez y la adolescencia. Más allá de una decisión financiera, representa el compromiso del Estado colombiano con la garantía de derechos de millones de niñas, niños y adolescentes.

Asegurar la continuidad de los servicios de atención, protección, alimentación y educación inicial significa reafirmar que la niñez sigue siendo una prioridad nacional y que la inversión en las nuevas generaciones es una apuesta por el presente y el futuro de Colombia.

Para el Bienestar Familiar, las niñas, niños y adolescentes son la prioridad.

Durante un acto público de reconocimiento denominado “Paratebueno y Medina: Resurgiendo”, las autoridades destacaron la labor desarrollada por los equipos interdisciplinarios del Bienestar Familiar, quienes llegaron a los territorios desde los primeros momentos de la contingencia para brindar acompañamiento psicosocial, orientación y acciones de protección dirigidas a niñas, niños, adolescentes y sus familias.

La intervención de las Unidades Móviles permitió fortalecer las capacidades comunitarias y generar espacios de atención y escucha para las personas afectadas, contribuyendo al restablecimiento del bienestar emocional y social en medio de las labores de recuperación de los municipios.

“Este reconocimiento pertenece a cada uno de los profesionales que estuvieron en territorio acompañando a las familias en momentos de gran dificultad. Su compromiso, sensibilidad y vocación de servicio reflejan la esencia del Bienestar Familiar y nuestra misión de proteger a la niñez y fortalecer a las comunidades cuando más lo necesitan”, destacó la directora regional encargada del Bienestar Familiar en Cundinamarca, Deysi Katerinne Murillo.

El reconocimiento también resaltó el trabajo articulado entre las entidades nacionales, departamentales y municipales para atender las necesidades de la población afectada y avanzar en la reconstrucción social de los territorios.

El Bienestar Familiar reafirma su compromiso de continuar acompañando a las comunidades de Medina y Paratebueno mediante acciones que promuevan la protección integral de niñas, niños y adolescentes, así como el fortalecimiento de las familias y redes comunitarias.

Durante el encuentro se socializaron los memorandos de entendimiento suscritos entre Colombia y Venezuela, orientados al desarrollo del proyecto de «Familias reunificadas», una estrategia que busca fortalecer los procesos de reunificación y garantizar la protección de las niñas, niños y adolescentes que se encuentran separados de sus redes familiares por situaciones asociadas a la migración.

De igual manera, se presentaron los acuerdos bilaterales establecidos entre Colombia y Panamá, y entre Colombia y Chile, los cuales facilitan la cooperación entre estados para la búsqueda de documentos, la localización de familiares y la articulación de acciones para la restitución de derechos.

La jornada permitió fortalecer los conocimientos técnicos y jurídicos de las entidades participantes sobre las rutas de atención y los mecanismos de coordinación internacional disponibles para la protección de la niñez, además de promover la articulación interinstitucional necesaria para responder de manera oportuna y efectiva a los casos que requieren acompañamiento transfronterizo, garantizando que los procesos de restablecimiento de derechos se desarrollen bajo los principios del interés superior del niño o la niña, la unidad familiar y la corresponsabilidad institucional.

Este espacio constituye un avance significativo para consolidar redes de cooperación que permitan brindar respuestas coordinadas, fortalecer los procesos de reunificación familiar y contribuir a la construcción de entornos protectores que garanticen el ejercicio pleno de los derechos de la niñez y la adolescencia, más allá de las fronteras.

(Fin/lcv/aas)

La adopción constituye una medida definitiva de restablecimiento de derechos que busca garantizar a las niñas, los niños y adolescentes la posibilidad de crecer en un entorno familiar protector, estable y afectivo, en el que puedan desarrollarse plenamente y construir sus proyectos de vida.

Es importante precisar que la declaratoria de adoptabilidad es una definición jurídica que solo puede decretarse una vez se han agotado las actuaciones de protección y búsqueda de familia garante previstas por la ley en el marco del Proceso Administrativo de Restablecimiento de Derechos. Estas decisiones cuentan con las garantías procesales correspondientes y, cuando existe oposición de las partes involucradas, son sometidas a control judicial por parte de los jueces de familia competentes.

En el caso particular de un grupo de hermanos con identidad protegida, cuya situación ha sido objeto de exposición en redes sociales y medios de comunicación, durante los último días, es preciso indicar que ingresaron al sistema de protección ( año 2022) tras la identificación de situaciones que comprometían el ejercicio pleno de sus derechos. Posteriormente, la autoridad administrativa competente declaró la situación de adoptabilidad y dicha decisión fue sometida a control judicial, siendo homologada por el juzgado competente, conforme a lo establecido en la normatividad vigente.

En los procesos de adopción internacional participan organismos especializados autorizados para acompañar y facilitar la identificación y valoración de familias adoptantes en otros países, cuando no ha sido posible la adopción por parte de una familia colombiana. Estas entidades, reconocidas por las autoridades competentes, tienen la responsabilidad de verificar el cumplimiento de los requisitos legales, técnicos y psicosociales exigidos para la adopción en el marco del Convenio de La Haya ratificado por Colombia y el Código de Infancia y Adolescencia.

En desarrollo de esta ruta, el grupo de hermanos fue presentado a un organismo internacional autorizado para su valoración.

Durante las diferentes etapas del proceso, los niños han contado con el acompañamiento permanente del organismo internacional autorizado para la adopción, de la institución autorizada para desarrollar programas de adopción y del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, en el marco de las competencias y responsabilidades que la ley asigna a cada una de estas entidades.

El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar reitera que todos los procesos de adopción se encuentran amparados por reserva legal, con el fin de proteger la intimidad, la dignidad y los derechos de los niños, niñas y adolescentes involucrados. Asimismo, recuerda que estas actuaciones cuentan con mecanismos de seguimiento institucional y con el acompañamiento de los organismos de control.

Finalmente, hace un llamado a la ciudadanía, a los medios de comunicación, a los actores públicos y sociales y a los usuarios de redes sociales para que toda referencia a casos que involucren a niñas, niños y adolescentes se realice con responsabilidad, respeto por la reserva legal y plena observancia del principio del interés superior de la niñez.

La protección integral de los niños, niñas y adolescentes debe prevalecer sobre cualquier interés distinto a la garantía de sus derechos.

De forma articulada con la Policía de Infancia y Adolescencia se adelantaron las acciones urgentes de protección y se dispuso un equipo de Defensoría de Familia para iniciar las actuaciones correspondientes, verificar la garantía de derechos y brindar el acompañamiento institucional requerido.

Actualmente, los niños se encuentran bajo seguimiento y acompañamiento de las autoridades competentes, mientras avanzan las actuaciones administrativas y judiciales que permitan esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades a que haya lugar.

El Bienestar Familiar informa igualmente que, por tratarse de un proceso relacionado con niños, niñas y adolescentes, toda la información específica del caso se encuentra amparada por la reserva legal establecida en el Código de Infancia y Adolescencia. Esta medida busca proteger la intimidad, dignidad e integridad de los menores de edad involucrados.

Es importante precisar que, por competencia, la Policía de Infancia y Adolescencia, es la autoridad llamada a realizar la intervención inmediata en estos casos y a adoptar las medidas urgentes de protección que se requieran para salvaguardar la integridad y los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Posteriormente, las demás autoridades competentes, entre ellas el ICBF, adelantan las actuaciones correspondientes dentro de sus funciones.

La entidad invita a la ciudadanía, a los medios de comunicación y a los usuarios de redes sociales a actuar con responsabilidad frente a la información relacionada con este caso, permitiendo que las autoridades competentes adelanten las investigaciones correspondientes y determinen con rigor las circunstancias de los hechos. La protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes requiere un manejo cuidadoso y respetuoso de la información mientras avanzan las actuaciones oficiales.

Finalmente, el Bienestar Familiar reitera su llamado a no compartir imágenes, videos, datos personales o cualquier contenido que permita la identificación de los niños. La protección de sus derechos debe prevalecer sobre cualquier interés informativo y es responsabilidad de toda la sociedad evitar su revictimización.

(Fin/  /aas)

De forma articulada con la Policía de Infancia y Adolescencia se adelantaron las acciones urgentes de protección y se dispuso un equipo de Defensoría de Familia para iniciar las actuaciones correspondientes, verificar la garantía de derechos y brindar el acompañamiento institucional requerido.

Actualmente, los niños se encuentran bajo seguimiento y acompañamiento de las autoridades competentes, mientras avanzan las actuaciones administrativas y judiciales que permitan esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades a que haya lugar.

El Bienestar Familiar informa igualmente que, por tratarse de un proceso relacionado con niños, niñas y adolescentes, toda la información específica del caso se encuentra amparada por la reserva legal establecida en el Código de Infancia y Adolescencia. Esta medida busca proteger la intimidad, dignidad e integridad de los menores de edad involucrados.

Es importante precisar que, por competencia, la Policía de Infancia y Adolescencia, es la autoridad llamada a realizar la intervención inmediata en estos casos y a adoptar las medidas urgentes de protección que se requieran para salvaguardar la integridad y los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Posteriormente, las demás autoridades competentes, entre ellas el ICBF, adelantan las actuaciones correspondientes dentro de sus funciones.
 

 

La entidad invita a la ciudadanía, a los medios de comunicación y a los usuarios de redes sociales a actuar con responsabilidad frente a la información relacionada con este caso, permitiendo que las autoridades competentes adelanten las investigaciones correspondientes y determinen con rigor las circunstancias de los hechos. La protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes requiere un manejo cuidadoso y respetuoso de la información mientras avanzan las actuaciones oficiales.

Finalmente, el Bienestar Familiar reitera su llamado a no compartir imágenes, videos, datos personales o cualquier contenido que permita la identificación de los niños. La protección de sus derechos debe prevalecer sobre cualquier interés informativo y es responsabilidad de toda la sociedad evitar su revictimización.

(Fin/  /aas)