Regional

Una vez conocidos los casos, los equipos de la Defensoría de Familia activaron de manera inmediata las acciones correspondientes para verificar las condiciones en las que se encontraban los menores de edad, evaluar la posible vulneración de sus derechos y determinar las medidas de protección a las que hubiera lugar.

Como resultado de la verificación, los cuatro niños fueron ubicados con su familia extensa, en un entorno protector, que garantiza su cuidado mientras avanza el proceso administrativo de restablecimiento de derechos (PARD) y continúan las actuaciones correspondientes para esclarecer las circunstancias del caso.

El Bienestar Familiar hace un llamado a madres, padres, personas cuidadoras y a toda la ciudadanía a garantizar el cuidado y la protección permanente de niñas, niños y adolescentes. Ningún niño o niña debe permanecer solo o sin la supervisión de un adulto responsable, ya que estas situaciones pueden poner en riesgo su integridad y vulnerar sus derechos. La protección de la niñez es una responsabilidad compartida que exige compromiso, cuidado y actuación oportuna ante cualquier situación que pueda afectar su bienestar.

De igual manera, reitera su compromiso con la protección integral de niñas, niños y adolescentes e invita a la ciudadanía a reportar de manera oportuna cualquier situación que pueda poner en riesgo sus derechos, para activar las rutas institucionales de atención.

Desde Protección, adelantamos 4.897 Procesos Administrativos de Restablecimiento de Derechos (PARD) y garantizamos la atención de 13.406 beneficiarios a través de nuestras modalidades especializadas, brindando respuestas oportunas a niñas, niños y adolescentes que más lo necesitaban.

En Primera Infancia, llegamos a 41.114 niñas y niños en los 29 municipios del Meta, con una inversión de $108.296 millones y una ejecución del 99,80 %, fortaleciendo la educación inicial, la atención en zonas rurales y el desarrollo integral desde los primeros años de vida.

A través de la estrategia Atrapasueños y los Centros de Apoyo a la Inclusión, acompañamos a 9.924 niñas, niños, adolescentes y jóvenes, promoviendo entornos seguros, participativos y respetuosos de la diversidad.

Asimismo, más de 19.465 personas fortalecieron sus capacidades familiares y comunitarias mediante una inversión superior a $6.543 millones, consolidando redes de cuidado, convivencia y construcción de paz en el territorio.

Los avances en Nutrición también reflejan nuestro compromiso con la vida y el bienestar. En 2025, el 95,2 % de las niñas y niños atendidos por riesgo de desnutrición mejoraron su estado nutricional, mientras que el Plan de Desaceleración de la Mortalidad por Desnutrición realizó seguimiento a 243 menores de cinco años, garantizando una atención oportuna y sin barreras.

Estos logros son el resultado del trabajo conjunto entre las familias, las comunidades, las entidades territoriales y el Sistema Nacional de Bienestar Familiar (SNBF). Hoy reafirmamos nuestra convicción de que cada niña, niño y adolescente merece crecer protegido, amado y con oportunidades para construir sus sueños.

Seguiremos llegando a cada rincón del Meta con esperanza, compromiso y acciones concretas que transforman vidas y fortalecen el futuro de nuestras familias.

(Fin/mjm/pu/aas)

Entre los meses de febrero y mayo de 2026 el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar recuperó 10 niñas, niños de primera infancia que se encontraban en desnutrición aguda o moderada en Vaupés.

Bienestar Familiar realiza la recuperación de las niñas y niños a través del Centro de Recuperación Nutricional en convenio con el hospital del departamento. «Nuestros equipos interdisciplinarios realizan búsquedas activas de niñas y niños para encontrar casos en zonas apartadas y en comunidades indígenas; nuestro principal propósito es salvaguardar la vida», dijo el director regional, Martín Emilio Almanza. 

En el Centro de Recuperación Nutricional las niñas y niños son atendidos las 24 horas y permanecen por 15 días junto a sus madres, luego pueden ir a sus comunidades con supervisión del proceso y la entrega de alimentos por parte de Bienestar Familiar. El hospital adelanta control integral en salud: tamizaje nutricional, controles de crecimiento y desarrollo, control prenatal, vacunación entre otros. 

Dentro de la misma estrategia de atención y para garantizar la nutrición de las familias vulnerables en el departamento, entre febrero y mayo, Bienestar Familiar ha entregado 1.200 canastas nutricionales, 300 cada mes, particularmente para indígenas de los pueblos cubeo, desano, tucano, guambiano, cuiba, wanano y siriano. 

Los alimentos que entrega Bienestar Familiar son perecederos y no perecederos dentro de los que se encuentran arroz, fríjol, leche, huevos, frutas de la región, fariña, pescado, entre otros, además, dos bolsas de Bienestarina por 900 gramos para la niñez en primera infancia. 

Con estas acciones Bienestar Familiar y el Gobierno nacional avanzan en la disminución de la tasa de mortalidad de la niñez en el país. 

Bienestar Familiar lideró la tercera sesión ordinaria del Comité Interinstitucional Consultivo para la Prevención y Atención Integral de la Violencia Sexual a Niñas, Niños y Adolescentes, instancia creada por la Ley 1146 de 2007 para fortalecer la coordinación entre las entidades del Estado con responsabilidades en prevención, protección, atención, investigación y acceso a la justicia frente a esta grave vulneración de derechos.

La sesión contó con la participación de entidades integrantes del Comité, entre ellas la Procuraduría General de la Nación, el Ministerio de Salud y Protección Social, la Defensoría del Pueblo, el Ministerio de Igualdad, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, el Ministerio del Trabajo, la Policía Nacional, el Ministerio de Justicia y del Derecho, el Ministerio de Educación Nacional, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, la Fiscalía General de la Nación y el Consejo Superior de la Judicatura.

El tema principal de la sesión fue el análisis del Índice Out of the Shadows 2026, medición internacional que evalúa la capacidad de los países para prevenir y responder a la violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes. Este instrumento analiza cuatro pilares: prevención, sanación o atención integral, justicia, y gobernanza y rendición de cuentas.

«Este índice nos permite reconocer los avances del país, pero también establecer los retos que debemos asumir en el plan de acción de este año y en la agenda que deberá continuar fortaleciéndose. La información que nos entrega esta medición debe ayudarnos a orientar decisiones y a consolidar las iniciativas que venimos trabajando desde este Comité», señaló Julián Moreno Parra, director del Sistema Nacional de Bienestar Familiar.

En la sesión se destacó que Colombia obtuvo 70 puntos sobre 100 en el resultado general del índice y se ubicó en el puesto 8 entre 60 países evaluados. Asimismo, alcanzó el mejor puntaje mundial con 83,3 puntos en el pilar de prevención, 75 puntos en sanación y atención, 74,5 puntos en justicia y 44,6 puntos en gobernanza y rendición de cuentas;  siendo este último el principal desafío identificado para el país.

Más allá del reconocimiento internacional, el análisis permitió señalar que los avances normativos e institucionales deben estar acompañados de acciones sostenidas para mejorar la trazabilidad de los recursos, ampliar la participación de niñas, niños, adolescentes y sobrevivientes; fortalecer los sistemas de información y garantizar respuestas pertinentes a las realidades territoriales, étnicas, culturales y diferenciales del país.

«Este índice nos invita a transformar esos resultados en acciones concretas: cerrar brechas territoriales, fortalecer la inversión, mejorar el seguimiento institucional y garantizar que las rutas de prevención y atención lleguen de manera efectiva a niñas, niños y adolescentes», afirmó Zared Garzón, de la Subdirección de Articulación Nacional del Sistema Nacional de Bienestar Familiar.

Desde la Policía Nacional, el teniente coronel Gustavo Pérez, jefe del Área de Protección a la Infancia y la Adolescencia, destacó la importancia de este informe para orientar la acción interinstitucional. «Este informe nos muestra que vamos en la ruta indicada, pero también nos plantea el reto de focalizar mejor las acciones, fortalecer la prevención desde las entidades y avanzar en la asignación de recursos para responder de manera integral a la violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes».

La jornada también permitió revisar la importancia de fortalecer la implementación territorial de las rutas de atención, el acceso efectivo a la justicia, la detección oportuna de situaciones de riesgo y la articulación de capacidades institucionales para que la respuesta del Estado llegue de manera oportuna y diferencial a todos los territorios.

En este sentido, el Bienestar Familiar resaltó la necesidad de incorporar una lectura territorial, étnico-racial y diferencial en las acciones frente a la violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes.

Durante la sesión se acordó la realización de un evento virtual para compartir los análisis  del informe del Índice Out of the Shadows 2026, con los agentes del Sistema Nacional del Bienestar Familiar y actores regionales de las entidades que hacen parte de este comité.

Como último punto en la agenda, el Ministerio de Salud y Protección Social presentó avances relacionados con la actualización del Protocolo de Atención Integral en Salud para Víctimas de Violencia Sexual, orientado a fortalecer la calidad, oportunidad e integralidad de la atención, así como su implementación en los territorios.

Con el desarrollo de esta tercera sesión, el Comité Interinstitucional Consultivo para la Prevención y Atención Integral de la Violencia Sexual a Niñas, Niños y Adolescentes reafirma su compromiso con una respuesta integral, articulada y sostenida frente a la violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes. Este compromiso implica fortalecer la prevención, garantizar una atención digna y oportuna, mejorar el acceso a la justicia, cerrar brechas territoriales y consolidar entornos protectores que reconozcan la diversidad social, étnica y cultural del país.

Con dignidad, cumplimos.

A través de actividades lúdicas las participantes compartieron espacios de reflexión y ejercicios orientados al fortalecimiento de la autoestima, el reconocimiento de sus capacidades y el empoderamiento de su rol como mujeres y agentes de transformación en sus familias y comunidades, lo que permitió promover el bienestar integral de quienes diariamente contribuyen a la protección y cuidado de niñas, niños y adolescentes.
 

Durante el encuentro, las madres sustitutas reflexionaron sobre sus metas, identificaron oportunidades para su desarrollo y fortalecieron habilidades que les permitirán proyectar un futuro con propósito, además de fomentar el intercambio de experiencias y la construcción de redes de apoyo entre las participantes.

Con estas acciones, el Bienestar Familiar reafirma su compromiso con las familias y con el reconocimiento de la labor fundamental que desempeñan las madres sustitutas en la garantía de derechos, su entrega y vocación en la transformación de vidas desde el amor, el cuidado y la protección de niñas, niños y adolescentes.

(Fin/lcv/)

La medida pone en funcionamiento un tributo creado mediante la Ley 679 de 2001, que hasta ahora no contaba con la reglamentación necesaria para su implementación. Con el nuevo decreto se establece el recaudo de un dólar por cada salida internacional por vía aérea, recursos que ingresarán al Fondo contra la Explotación Sexual de Niños, Niñas y Adolescentes.

Para el Bienestar Familiar, esta decisión representa una oportunidad para fortalecer las estrategias dirigidas a prevenir una de las formas más graves de vulneración de derechos que afecta a la niñez y la adolescencia en el país.

Los recursos permitirán ampliar acciones de prevención, sensibilización, fortalecimiento institucional, articulación territorial y atención a niñas, niños y adolescentes en riesgo o víctimas de explotación sexual comercial, especialmente en zonas con alta incidencia de este delito.

La reglamentación también fortalece la capacidad del Estado para responder de manera más efectiva frente a las redes y dinámicas que promueven la explotación sexual de menores de edad, al garantizar una fuente de financiación específica para el desarrollo de programas y estrategias de protección.

Con esta medida, el Gobierno nacional avanza en el cumplimiento de una deuda normativa pendiente durante más de 24 años y refuerza el compromiso del país con la garantía y restablecimiento de los derechos de niñas, niños y adolescentes.

Durante la jornada, las y los participantes compartieron experiencias, identificaron desafíos comunes y reflexionaron sobre el papel que tienen las nuevas generaciones en la construcción de comunidades más incluyentes, participativas y democráticas.

El encuentro promovió un diálogo abierto entre distintas generaciones, permitiendo que niñas, niños, adolescentes y jóvenes expresaran sus opiniones, propuestas e iniciativas sobre temas que impactan sus entornos y proyectos de vida.

«Estos espacios nos permiten ser escuchados y demostrar que los jóvenes tenemos ideas y propuestas para mejorar nuestras comunidades», destacó uno de los participantes.

La actividad permitió identificar intereses compartidos, fortalecer el trabajo articulado entre los diferentes escenarios de participación y reconocer el valor de las voces de niñas, niños, adolescentes y jóvenes en la construcción de soluciones para sus territorios.

Bienestar Familiar y el Sistema Nacional de Bienestar Familiar continúan promoviendo acciones que fortalecen la participación como un derecho fundamental, reconociendo a niñas, niños y adolescentes como actores clave en la transformación social y en la construcción de una ciudadanía activa y comprometida.

Estos espacios reafirman que la participación no solo es un derecho, sino una herramienta para que las nuevas generaciones aporten a la construcción de territorios más incluyentes, solidarios y con mayores oportunidades para todos.

El equipo de unidades móviles de la Regional Vaupés que se encarga de la entrega de los libros y de implementar la estrategia «El libro cobra vida», ha visitado comunidades indígenas apartadas del casco urbano, entre ellas San Pedro del Ti y Nazareth del Ti, ubicadas a seis horas en lancha de la capital, Mitú.

Dentro de las actividades que se realizan en los encuentros, las niñas y niños leen en voz alta el libro «Tengo derecho a ser niño», de Alain Serres e ilustrado por Aurélia Fronty.

Este texto desarrolla varios de los derechos de la niñez que fueron publicados por la Convención sobre los Derechos del Niño, entre ellos el derecho a tener una familia, a la educación, a alimentarse y a que sus opiniones sean respetadas.

Como parte de esta alianza se han dispuesto maletas viajeras con una selección de libros que acompañan el trabajo realizado en las comunidades, fortaleciendo el acceso a la lectura y favoreciendo la continuidad de las experiencias lectoras.

Con esta estrategia, Bienestar Familiar y la Biblioteca Pública José Eustasio Rivera fortalecen el reconocimiento de los derechos de la niñez, estimulan la lectura, la imaginación y creatividad.

Asimismo, estas acciones contribuyen al fortalecimiento de entornos protectores para las niñas y niños de las comunidades indígenas, promoviendo espacios de participación, convivencia y construcción de paz a través de experiencias que fortalecen el tejido social y el ejercicio de sus derechos.

El cuidado se consolida en Colombia como una herramienta de transformación social construida desde las familias y las comunidades. Así lo ratificó el Segundo Encuentro Regional–Nacional Popular de Familias Cuidadoras 2026, en el que familias cuidadoras, liderazgos comunitarios, equipos territoriales y representantes institucionales de distintas regiones del país consolidaron una agenda nacional para fortalecer el cuidado como motor de bienestar, convivencia y transformación social.

Bajo el lema «Familias que transforman territorios», el encuentro dio continuidad a los procesos impulsados desde la primera edición realizada en Cali y permitió consolidar una visión compartida sobre el papel de las familias en la construcción de comunidades más solidarias, protectoras y capaces de responder colectivamente a los desafíos de sus territorios.

La jornada, liderada por la Dirección de Familias, Comunidades y Pueblos del Bienestar Familiar, reafirmó una apuesta que marca una transformación profunda en la manera de comprender las políticas de bienestar en Colombia: reconocer a las familias como sujetos colectivos de derechos, protagonistas del cuidado y agentes fundamentales en la construcción de bienestar, convivencia y transformación social.

Desde esta perspectiva, las familias dejan de ser vistas únicamente como receptoras de servicios para convertirse en actores estratégicos de la protección de la vida, la organización comunitaria, la construcción de paz y el fortalecimiento del tejido social.

El encuentro contribuyó al fortalecimiento del Sistema Nacional de Cuidado mediante el intercambio de experiencias, el análisis participativo de las realidades territoriales y la construcción de compromisos colectivos orientados a consolidar redes de cuidado corresponsable entre familias, comunidades, instituciones y Estado.

Durante las jornadas de trabajo, las y los participantes compartieron experiencias, identificaron desafíos comunes y construyeron propuestas para fortalecer las capacidades de cuidado en los territorios. Como resultado de este proceso se construyó el Manifiesto por el Cuidado Familiar y Comunitario, un documento que recoge compromisos, prioridades y acciones para seguir posicionando el cuidado como una responsabilidad compartida y una herramienta para la transformación social.

Los resultados de esta apuesta ya son visibles en los territorios. Entre 2022 y 2025, Bienestar Familiar fortaleció las capacidades de 456.579 familias para el desarrollo de capacidades y la construcción de paz; fortaleció el tejido social y las lenguas de 600 comunidades indígenas y vinculó a 2.000 sabedores y profesionales locales como gestores de sus propios servicios y procesos comunitarios. Estos avances permitieron superar en 124,4 % la meta establecida en el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 para la atención a familias y comunidades.

Más allá de las cifras, estos resultados reflejan un cambio de enfoque: fortalecer a las familias para que sean protagonistas del cuidado, la convivencia y la transformación de sus comunidades. Una apuesta que reconoce los saberes de los territorios, promueve la corresponsabilidad y fortalece las capacidades colectivas para construir bienestar.

El cuidado como una transformación de país

Durante décadas, el cuidado fue entendido principalmente como una responsabilidad asumida en el ámbito privado de los hogares. Hoy, las experiencias construidas desde los territorios demuestran que cuidar también es una tarea colectiva que fortalece la convivencia, promueve la solidaridad y contribuye a transformar comunidades enteras.

La construcción del Manifiesto por el Cuidado Familiar y Comunitario y la consolidación de una agenda nacional impulsada desde las voces de las familias representan un avance significativo en el reconocimiento del cuidado como un asunto de interés público y una responsabilidad compartida entre familias, comunidades, instituciones y Estado.

Este proceso constituye uno de los avances más importantes promovidos por Bienestar Familiar en los últimos años: reconocer a las familias no solo como beneficiarias de las políticas públicas, sino como protagonistas del cuidado, constructoras de comunidad y actores fundamentales de la transformación social en los territorios.

En Colombia, cuidar está dejando de ser una tarea invisible para convertirse en una apuesta colectiva de transformación social. Ese es el mensaje que dejan las familias cuidadoras de los territorios: cuando las familias se organizan, las comunidades florecen.

El derecho humano a la alimentación se está consolidando como una de las principales apuestas para fortalecer la economía campesina, promover la soberanía alimentaria y ampliar las oportunidades de desarrollo en los territorios. 

Así quedó evidenciado durante el Encuentro Campesino de Santander «Raíces de Nuestra Tierra», un espacio que reunió a organizaciones campesinas, economía solidaria e instituciones públicas alrededor de una agenda común para fortalecer el campo colombiano desde la producción, el abastecimiento y la organización comunitaria.

El encuentro, liderado por Mercored, con el acompañamiento de la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias, Prosperidad Social y Bienestar Familiar, se convirtió en un escenario para visibilizar los avances alcanzados en materia de compras públicas locales, circuitos cortos de comercialización, soberanía alimentaria y fortalecimiento de las economías rurales.

Uno de los principales resultados destacados durante la jornada fue la consolidación de las compras públicas locales como una herramienta para conectar directamente a las organizaciones campesinas con los programas sociales del Estado. 

Bienestar Familiar fue la primera entidad del país en implementar la Ley de Compras Públicas Locales, demostrando que esta estrategia contribuye simultáneamente a garantizar el derecho humano a la alimentación, fortalecer la autonomía alimentaria de los territorios y dinamizar las economías rurales.

Actualmente, el 58 % de los alimentos adquiridos para los programas de Bienestar Familiar proviene de productores locales, gracias a una inversión superior a los $67.000 millones en compras públicas locales. Esta apuesta ha permitido vincular a alrededor de 200 organizaciones campesinas y étnicas a los procesos de abastecimiento alimentario y beneficiar a cerca de 137.000 personas vinculadas a la producción y comercialización de alimentos en distintas regiones del país.

Los participantes destacaron que este modelo ha contribuido a fortalecer circuitos solidarios de comercialización, reducir la intermediación y promover relaciones más justas entre productores, organizaciones y programas sociales. Para miles de familias campesinas representa mayores oportunidades de comercialización, mejores ingresos y una participación activa en la construcción de sistemas alimentarios sostenibles.

Durante el encuentro también se resaltó la importancia de acercar a quienes producen los alimentos con quienes los reciben. Esta articulación permite que las familias, las madres gestantes y lactantes, así como las niñas y niños atendidos por los programas sociales, conozcan el origen de los alimentos que consumen y reconozcan el aporte del campesinado a la garantía del derecho a la alimentación.

Asimismo, se destacó el papel que cumplen las asociaciones campesinas en el abastecimiento de alimentos para madres gestantes, madres lactantes y niñas y niños de primera infancia en todo el país, fortaleciendo una relación directa entre producción local, nutrición y bienestar.

La apuesta por las compras públicas locales hace parte de las transformaciones técnicas y administrativas que se han dado en el Bienestar Familiar, entre ellas el diseño e implementación de la Guía de Alimentación basada en Biodiversidad y Alimentación Real, la cual contempla estrategias de educación alimentaria y nutricional orientadas al rescate de la biodiversidad alimentaria, las tradiciones culinarias y los alimentos propios de cada territorio. Gracias a este enfoque, los programas de atención incorporan preparaciones y productos que reflejan la identidad cultural de las comunidades y promueven una alimentación más cercana a los saberes y prácticas locales.

Los asistentes también destacaron los avances alcanzados en la territorialización de la alimentación, permitiendo que niñas y niños reciban alimentos y preparaciones acordes con las características culturales y productivas de sus regiones, fortaleciendo la soberanía alimentaria y el reconocimiento de la diversidad alimentaria del país. De igual manera, se resaltó el papel de los alimentos de alto valor nutricional y de las acciones desarrolladas para fortalecer hábitos de alimentación saludable, mejorar la calidad nutricional de la atención y contribuir al bienestar de las familias colombianas.

Durante el encuentro también se socializaron experiencias asociativas, avances en procesos de comercialización solidaria y mecanismos de articulación institucional que han permitido fortalecer organizaciones sociales, comunitarias y campesinas en distintas regiones del país.

Asimismo, se destacó el trabajo adelantado por las entidades públicas para fortalecer procesos organizativos, solidarios, comunitarios y populares, consolidando capacidades en los territorios y generando condiciones para una mayor participación de las organizaciones campesinas en los procesos de desarrollo económico y social.

Los avances presentados durante el Encuentro Campesino de Santander demuestran que los grandes desafíos del país pueden enfrentarse cuando comunidades, organizaciones sociales e instituciones públicas trabajan alrededor de objetivos comunes. La garantía del derecho humano a la alimentación, el fortalecimiento de la economía campesina y la construcción de sistemas alimentarios más justos son hoy el resultado de una apuesta colectiva que reconoce a los territorios como protagonistas de la transformación social.

La articulación entre organizaciones campesinas, economía solidaria y entidades del Estado evidencia que es posible construir soluciones sostenibles que generan bienestar para las familias, fortalecen la producción local y amplían las oportunidades para las comunidades rurales. Este trabajo conjunto ha permitido avanzar en la eliminación de intermediarios, promover precios justos para los productores, fortalecer la soberanía alimentaria y consolidar capacidades organizativas en los territorios.

Los resultados alcanzados reflejan el valor de un principio fundamental para la construcción de país: actuar juntos y llegar a tiempo. Una apuesta que demuestra que cuando el Estado, las organizaciones sociales, el campesinado y las comunidades unen esfuerzos alrededor de propósitos comunes, es posible transformar realidades, generar bienestar colectivo y construir una Colombia más equitativa, solidaria y con mayores oportunidades para todas y todos desde sus territorios.