Regional

Este esfuerzo conjunto responde a la apuesta de Bienestar Familiar de fortalecer el conocimiento de los colaboradores y del personal que acompaña, atiende y protege a niñas, niños, adolescentes y familias. Además, el proceso de formación integral está orientado a brindar herramientas para la prevención de las violencias, la detección oportuna de situaciones de riesgo y el fortalecimiento de las capacidades familiares y comunitarias.

Al respecto, la directora regional de Magdalena de Bienestar Familiar, Ingrid Isabel Correa, destacó que esta alianza con la Universidad del Magdalena fortalece el talento humano que acompaña a las comunidades y reafirma el compromiso de seguir construyendo entornos seguros para la niñez. «Esta articulación nos permite fortalecer el talento humano para que siga transformando vidas, transformando comunidades y haciendo que las niñas, los niños y los adolescentes se sientan protegidos».

La ceremonia de graduación contó con muestras artísticas y culturales propias de la región, que resaltaron la identidad del territorio. Uno de los momentos más emotivos fue el recorrido por los estandes, donde los participantes socializaron las metodologías, estrategias y experiencias desarrolladas durante el diplomado, evidenciando cómo los conocimientos adquiridos fueron llevados a la práctica en los diferentes municipios del Magdalena.

De esta manera, Bienestar Familiar y la Universidad del Magdalena reafirman su compromiso con el fortalecimiento de capacidades en el territorio, convencidos de que la formación permanente de quienes acompañan a las familias es una herramienta fundamental para prevenir las violencias, promover la protección integral y seguir tejiendo caminos de bienestar para la niñez, la adolescencia y sus familias.

El Bienestar Familiar presentó una nueva herramienta para avanzar en la desinstitucionalización de niñas, niños, adolescentes, jóvenes y personas adultas, con y sin discapacidad, vinculadas a sus servicios de atención.

Se trata de la «Guía Orientadora para la Transformación del Cuidado y Desinstitucionalización del ICBF», un documento que brinda orientación técnica a las personas colaboradoras y permite hacer seguimiento a las acciones encaminadas a prevenir la institucionalización y promover la desinstitucionalización.

De acuerdo con la guía, su propósito es orientar la transformación progresiva de las acciones, servicios, modalidades y estrategias del Bienestar Familiar hacia un modelo de cuidado basado en los derechos humanos, el fortalecimiento familiar, la prevención de las violencias, la inclusión social y la vida en comunidad, que contribuya al desarrollo integral de niñas, niños, adolescentes, jóvenes y sus familias. Además, busca prevenir la separación innecesaria del entorno familiar y comunitario, reducir los riesgos de institucionalización y promover trayectorias de vida dignas, autónomas y sostenibles.

Entre las medidas contempladas está la promoción de oportunidades de empleo para jóvenes con y sin discapacidad, de manera que puedan avanzar en proyectos de vida independientes y en comunidad. En el ámbito institucional, la guía plantea fortalecer, desde los territorios, la oferta de servicios de promoción y prevención con enfoque diferencial, para garantizar la participación equitativa de niñas, niños, adolescentes, sus familias y comunidades.

Con la expedición de la guía, el Bienestar Familiar da un paso histórico en el cumplimiento de las recomendaciones formuladas por el Comité de los Derechos del Niño y el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas.

Con esta iniciativa, el Bienestar Familiar busca contribuir a que niñas, niños, adolescentes y jóvenes, con y sin discapacidad, crezcan, se desarrollen y ejerzan plenamente sus derechos en entornos familiares y comunitarios.

Consulte aquí:

·      «Guía Orientadora para la Transformación del Cuidado y Desinstitucionalización del ICBF»: https://www.icbf.gov.co/system/files/procesos/G6.MD1_.DE%20Gu%C3%ADa%20Orientadora%20Transformaci%C3%B3n%20del%20Cuidado%20y%20Desinstitucionalizaci%C3%B3n%20v1_0.pdf

·      Resolución 4775 de 2026 por la cual se establecen las Acciones para la Transformación del Cuidado y Desinstitucionalización del ICBF:

https://www.icbf.gov.co/sites/default/files/Resoluci%C3%B3n%20No%204775%20de%202026%20por%20la%20cual%20se%20Establecen%20las%20Acciones%20para%20la%20Transformaci%C3%B3n%20Cuidado%20y%20Desinstitucionalizaci%C3%B3n.pdf

Con dignidad, cumplimos.

Colombia dio un paso histórico en el reconocimiento y protección de los derechos de las niñas, niños y jóvenes indígenas. El presidente de la República firmó el Decreto 0981 de 2026, mediante el cual se establece oficialmente la Política Nacional de la Niñez Indígena, una herramienta de Estado construida en concertación con los pueblos indígenas para garantizar el Buen Vivir de las denominadas «semillas de vida».

La nueva política reconoce que la protección de las niñas, niños y jóvenes indígenas debe partir de su territorio, su cultura, sus sistemas de conocimiento y sus formas propias de gobierno.

La expedición de esta política representa la materialización de un proceso de diálogo, consulta previa y construcción colectiva que se desarrolló durante varios años entre el Gobierno Nacional, la Mesa Permanente de Concertación de los Pueblos y Organizaciones Indígenas, la Comisión Nacional de Mujeres Indígenas y las entidades del Sistema Nacional de Bienestar Familiar (SNBF).

Por primera vez, el Estado colombiano adopta una política integral que reconoce que la protección de los derechos de la niñez indígena debe construirse desde la autonomía, la espiritualidad, la identidad cultural, la lengua, el territorio y los sistemas propios de conocimiento de cada pueblo indígena.

Esta decisión reafirma el compromiso del Gobierno del Cambio con una visión de país que reconoce la diversidad como una riqueza y que entiende que la protección efectiva de la niñez exige respuestas diferenciales, interculturales y construidas con las comunidades, no impuestas desde las instituciones.

La nueva política establece mecanismos concretos para fortalecer la coordinación entre las entidades del Estado y las autoridades indígenas, garantizar la permanencia de niñas y niños en sus entornos familiares y comunitarios, fortalecer la soberanía alimentaria, proteger las lenguas nativas y asegurar el acceso a la salud propia e intercultural, la educación propia y la justicia con enfoque intercultural.

Asimismo, crea los espacios de sanación, conexión y formación, orientados al acompañamiento integral de niñas, niños y jóvenes indígenas víctimas de violencias o vulneraciones de derechos, priorizando su protección dentro de contextos culturalmente adecuados y respetuosos de su identidad.

El decreto también fortalece el papel del Bienestar Familiar como rector del Sistema Nacional de Bienestar Familiar y establece un mecanismo formal de seguimiento y evaluación que deberá implementarse en concertación con las organizaciones indígenas durante los próximos seis meses.

Un compromiso cumplido con los pueblos indígenas

La Política Nacional de la Niñez Indígena recoge los compromisos construidos en los procesos de consulta desarrollados desde 2018 y consolida una agenda de transformación que el Gobierno del Cambio decidió llevar hasta su implementación efectiva.

Más que la expedición de una norma, este decreto representa el reconocimiento de una visión distinta del cuidado, la protección y el desarrollo de la niñez. Reconoce que las niñas y los niños indígenas son portadores de conocimiento, identidad y pervivencia cultural, y que su protección está profundamente ligada a la protección de sus territorios, sus familias y sus gobiernos propios.

Con esta decisión, el Gobierno del Cambio deja consolidado un nuevo marco para la garantía de los derechos de la niñez indígena y reafirma su compromiso con una Colombia más incluyente, más plural y más respetuosa de la diversidad cultural que constituye la esencia de la nación.

«Proteger a la niñez indígena es proteger la pervivencia de los pueblos, su memoria, su cultura y su futuro», afirmó Astrid Cáceres, directora general de Bienestar Familiar.

Con dignidad, cumplimos.

Una tarde de cine, integración y sana convivencia vivieron 30 niñas, niños y adolescentes vinculados a procesos de Protección de Bienestar Familiar, durante una jornada realizada en articulación con Fresenius Kabi Colombia S. A. S.

La actividad se llevó a cabo el 31 de julio en las instalaciones de la compañía, en Bogotá, en el marco de una jornada de voluntariado corporativo de Fresenius Kabi Colombia, en la que 16 colaboradores compartieron con las niñas, niños y adolescentes durante la proyección de la película Hoppers y actividades de integración programadas 

Durante la jornada, las niñas, niños y adolescentes también recibieron almuerzo y refrigerio, en un entorno preparado para garantizar su bienestar y promover su participación activa.

Fresenius Kabi es una compañía global enfocada en el cuidado de la salud y comprometida con mejorar la calidad de vida de los pacientes mediante el desarrollo y suministro de productos y servicios esenciales. Como parte de su política de Responsabilidad Social Empresarial e inversión social impulsa iniciativas orientadas a generar impactos positivos en las comunidades y fomenta la participación de sus colaboradores en actividades de voluntariado para el bienestar social y humano.

Esta articulación entre Bienestar Familiar y el sector privado permitió generar una experiencia positiva y ampliar las oportunidades de recreación, integración y desarrollo integral para las niñas, niños y adolescentes vinculados a procesos de Protección.

Acciones como esta reafirman que la garantía de los derechos y el bienestar de la niñez y la adolescencia requieren la corresponsabilidad de las instituciones, las empresas y la sociedad.

Con dignidad, cumplimos.

Con la participación de representantes de las Mesas de Participación de Niñas, Niños y Adolescentes del Sistema Nacional y sus familias, se realizó el Empalme ante el Pueblo, un espacio orientado a reconocer lo construido durante el Gobierno del Cambio, presentar los avances alcanzados y señalar las acciones que deben continuar para garantizar sus derechos.

La apertura estuvo a cargo de la directora general del Bienestar Familiar, Astrid Cáceres, quien destacó la importancia de realizar un empalme público, detallado y comprensible, que permita a la ciudadanía conocer la gestión adelantada y contribuya a dar continuidad a los procesos institucionales en favor de la niñez y la adolescencia.

«No se pueden tomar decisiones sobre las niñas y los niños sin hablar con ellas y ellos. No basta con escuchar sus voces: es necesario tenerlas en cuenta y tomar decisiones a partir de sus propuestas. Este empalme permite entregarles la información sobre lo que se ha hecho y las rutas para que estos procesos sigan avanzando», señaló la directora general.

La jornada tuvo como elemento central la caja del legado, una propuesta pedagógica mediante la cual niñas, niños y adolescentes descubrieron siete símbolos: a través de un megáfono, una mochila, un rompecabezas, un libro, una sombrilla, una brújula y un faro, se representaron los avances en participación, desarrollo integral, articulación territorial, control social, territorialización de las políticas públicas, gestión del riesgo con enfoque de niñez y generación de conocimiento.

El director del Sistema Nacional de Bienestar Familiar, Julián Moreno Parra, señaló que estos resultados son producto de una construcción colectiva y constituyen una base para continuar avanzando.

«Este legado no es solamente del Gobierno o de sus funcionarios. Es el resultado de lo que se construyó con miles de niñas, niños y adolescentes, con familias, comunidades y entidades. No es un punto final, sino un punto de partida para seguir fortaleciendo la garantía de sus derechos».

Entre los principales resultados se destacó el crecimiento de las Mesas de Participación, que pasaron de 819 mesas activas y una cobertura territorial del 72 % en 2022 a 1.055 mesas y una cobertura del 93 %, lo que representa un aumento cercano al 29 %.

También se presentaron los avances de la estrategia intersectorial Atrapasueños, mediante la cual 783.233 niñas, niños y adolescentes participaron en acciones para el desarrollo de habilidades, vocaciones y talentos, alcanzando un cumplimiento del 223,88 % de la meta del cuatrienio. Las diferentes modalidades de atención llegaron a 535.214 participantes, mientras que Atrapasueños tuvo presencia en 385 de los 426 municipios priorizados en el Plan Nacional de Desarrollo y consolidó 36 Casas Atrapasueños.

A través de la estrategia Juntos por la Niñez, se construyeron 4.947 iniciativas propuestas por niñas, niños y adolescentes, de las cuales 3.000 ya fueron cumplidas, para un avance del 60 % en los planes de desarrollo territoriales.

En materia de control social se realizaron 188 talleres, se formaron 5.900 multiplicadores, se conformaron 152 veedurías ciudadanas y se consolidó una Red de Guardianes del Cuidado con 998 personas inscritas en el país.

El empalme también permitió presentar los 32 planes departamentales de territorialización de políticas públicas, los 96 boletines territoriales de riesgo, el Índice de Riesgo de la Niñez y los productos del Observatorio del Bienestar de la Niñez, entre ellos 41 boletines y notas técnicas y cuatro tableros territoriales.

En representación de las familias, Melisa Herrera, destacó la importancia de acompañar la participación y el liderazgo de las niñas, los niños y adolescentes desde los hogares y las instituciones. «Este es un lugar seguro para que las voces de las infancias y las adolescencias puedan germinar. Como familias debemos apoyar sus procesos y, como institucionalidad, seguir brindando las capacidades y los recursos para que sus propuestas se lleven a la práctica».

El encuentro concluyó con una jornada de trabajo en la que las niñas, los niños y adolescentes analizaron los resultados presentados, compartieron sus experiencias y plantearon los asuntos que consideran necesario mantener y fortalecer en los próximos años.

Con este ejercicio, Bienestar Familiar reafirmó que los logros alcanzados no constituyen un punto final, sino una ruta para que la participación incidente, la protección integral y el reconocimiento de las niñas, los niños y adolescentes como sujetos de derechos continúen siendo una prioridad para el país.

Más de 350 madres comunitarias y trabajadoras oficiales llegaron a la sede de Bienestar Familiar para conmemorar la consolidación de los avances alcanzados durante los cuatro años del Gobierno del Cambio, luego de una serie de conversaciones, acuerdos y mediaciones que marcan un antes y un después en la historia del programa de madres comunitarias en Colombia.

Por primera vez en más de cuatro décadas de existencia del programa, el Estado colombiano avanzó en el reconocimiento pleno del trabajo de cuidado que estas mujeres han sostenido durante generaciones. El evento denominado «Cuentas para la vida, un recorrido por la memoria y la dignificación laboral de las madres comunitarias en Colombia» fue el escenario para reconocer avances históricos como la vinculación de 2.353 madres comunitarias como trabajadoras oficiales, en el marco de la reforma laboral.

Asimismo, se destacó el fortalecimiento del subsidio pensional, una medida que hoy beneficia a más de 17.000 mujeres que dedicaron su vida al cuidado, la protección y la formación de niñas y niños en todo el territorio nacional. Con ello, se cumple el compromiso de dignificar el trabajo de cuidado, promover la equidad de género y consolidar un sistema de protección que reconozca plenamente el valor económico y social de quienes cuidan la infancia en Colombia.

La directora general, Astrid Cáceres, le envió un mensaje a las organizaciones de las madres comunitarias: «Lo más importante es la unidad y lo esencial no es la venta de migajas, de cositas, de regalitos, no. Lo esencial es la vinculación laboral que quedó establecida en la reforma laboral. Quedó estipulada y el país tiene que hacer el esfuerzo económico para lograrlo. Y recuerden: lo más importante, el corazón de esto es los niños».

Este hito es el resultado de décadas de lucha de las madres comunitarias por el reconocimiento de su trabajo como una labor esencial para el cuidado y la protección de la niñez colombiana.

El encuentro fue un espacio de reflexión, música, tejido, colores, arte y juegos, en el que cada participante pudo expresar sus emociones y sentimientos desde su rol de madre comunitaria. La directora de Primera Infancia, Julie Pauline Trujillo, y el subdirector de Operación de la Atención a la Primera Infancia, Juan Felipe Valencia, también resaltaron los logros alcanzados durante estos años de trabajo conjunto con las madres comunitarias, destacando avances históricos en materia de dignificación laboral.

El Gobierno del Cambio les cumplió a las madres comunitarias.

#ConDignidadCumplimos

La construcción de este modelo fue un proceso progresivo que evolucionó a partir de un piloto implementado por el Bienestar Familiar y enriquecido mediante 72 diálogos genuinos, en los que participaron 862 comunidades wayuu de La Guajira. Sus aportes dieron origen a la Guía Operativa del Modelo de Atención Integral al Pueblo Wayuu, una apuesta construida de manera conjunta con las comunidades que reconoce el papel de las autoridades tradicionales y ancestrales, fortalece la participación y el diálogo genuino, y consolida un enfoque diferencial, étnico, intercultural y territorial.

Posteriormente, en un ejercicio autónomo de participación, el pueblo wayuu convocó a seis asambleas generales en los cuatro municipios priorizados por la Sentencia T-302 de 2017: el Coliseo San José y Nortechón, en Uribia; la comunidad San Judas, en Maicao; Siria, en Manaure; y Paraíso y Urraichi, en Riohacha. En estos espacios, las comunidades construyeron de manera colectiva los Mandatos Wayuu entregados al Bienestar Familiar como expresión de su gobierno propio. Los aportes fueron acogidos para fortalecer la resolución y consolidar un modelo de atención construido desde los territorios.

Lea la guía aquí: https://www.icbf.gov.co/system/files/procesos/GO2.MT1_.LM12.PP%20Guía%20Operativa%20MAI%20Pueblo%20Wayuu%20v1.pdf

La directora general del Bienestar Familiar, Astrid Cáceres, entregó la resolución a representantes del pueblo wayuu y destacó que este instrumento constituye uno de los principales legados de un proceso construido junto con las comunidades, orientado a garantizar la continuidad de una atención integral con enfoque diferencial.

«La vida se protege; que nunca se olvide que lo destinado a las niñas y los niños debe cuidarse con transparencia, responsabilidad y un profundo sentido de lo público», expresó la directora general.

Durante su intervención recordó que el modelo nació del diálogo permanente con las comunidades y que la resolución recoge los mandatos construidos en los territorios para orientar el camino que deberá seguir la atención integral en los próximos años: «Recogimos sus mandatos y hoy les entregamos la resolución para que puedan guiar el camino que aún falta por recorrer».

Por su parte, la lideresa wayuu, Matilde López, calificó la entrega de la resolución como un hecho histórico para el pueblo wayuu, al reconocer los mandatos construidos por las comunidades como expresión de su autonomía y libre determinación.

«Por primera vez contamos con una resolución que acoge un mandato construido por las comunidades indígenas. Este documento será nuestra carta de navegación y reconoce que nuestras decisiones son legítimas y constitucionales. Es un paso histórico en la relación entre el Estado y el pueblo wayuu», afirmó la lideresa.

Al cierre de su intervención, Astrid Cáceres hizo un llamado a proteger los recursos destinados a la niñez y a preservar los avances alcanzados durante este proceso.

«Me voy con el deber cumplido, profundamente orgullosa de las niñas y los niños que se han salvado aquí. Nadie nos puede decir que hemos hecho mal por entregar agua, por entregar comida a un pueblo que lo necesitaba o por salvar sus vidas», concluyó la directora.

(fin/scs/aas)

«La trata de niñas, niños y adolescentes con fines de mendicidad ajena constituye una grave vulneración de los derechos humanos y una forma de explotación que no puede confundirse con situaciones de pobreza o exclusión social. Precisamente, uno de los propósitos de este simposio es generar herramientas que permitan identificar oportunamente estos casos, fortalecer la coordinación entre las instituciones y validar una guía para la respuesta interinstitucional frente a esta modalidad de trata de personas», precisó Adriana Tierradentro, directora de Protección Especial del ICBF.

De acuerdo con los registros de la Dirección de Protección Especial del ICBF, entre 2022 y junio de 2026 ingresaron 107 niñas, niños y adolescentes a Procesos Administrativos de Restablecimiento de Derechos por trata de personas. De estos casos, 93 correspondieron a explotación sexual; 7, a trata con fines de mendicidad ajena; 5, a trabajo forzado; 1, a servidumbre, y 1, a matrimonio servil. Estas cifras evidencian la necesidad de continuar fortaleciendo la capacidad institucional para identificar todas las modalidades de este delito, especialmente aquellas que permanecen invisibilizadas.

«La pobreza no puede criminalizarse. El reto está en identificar cuándo una niña, un niño o un adolescente está siendo instrumentalizado para obtener beneficios económicos o de otra naturaleza en favor de un tercero. Esa es la diferencia fundamental y allí debe concentrarse la respuesta institucional», señaló Tierradentro.

El simposio también contó con la participación activa de niñas, niños y adolescentes, cuyas experiencias y propuestas hicieron parte de la reflexión sobre los retos que enfrenta el país para proteger sus derechos. Asimismo, representantes de entidades públicas, organizaciones sociales y organismos internacionales intercambiaron experiencias y formularon recomendaciones para fortalecer la articulación institucional frente a esta problemática.

Además, se desarrolló la estrategia «Voces que Previenen», una iniciativa del Bienestar Familiar enfocada en la protección y promoción de los derechos de la niñez y la adolescencia, con especial énfasis en la prevención de la Explotación Sexual Comercial de Niñas, Niños y Adolescentes (ESCNNA), la trata de personas y otras formas de violencia.

Ángela Cabrera, subdirectora de Prevención Integral del ICBF, afirmó: «La prevención comienza mucho antes de que se configure el delito. Cuando fortalecemos las capacidades de las familias, las comunidades y las instituciones para reconocer las señales de alerta y actuar oportunamente, estamos protegiendo a las niñas, niños y adolescentes frente a las distintas formas de explotación. Ese es el propósito de “Voces que Previenen”: convertir la información y la corresponsabilidad en herramientas de protección».

Con esta iniciativa, el ICBF y la Fundación Renacer reafirman su compromiso con la prevención de la trata de personas, la protección integral de las niñas, niños y adolescentes y la construcción de respuestas articuladas que permitan garantizar sus derechos y prevenir cualquier forma de explotación.

Bienestar Familiar presentó este sábado Memorias vivas de la tragedia socionatural de Armero, una investigación que reconstruye la respuesta institucional brindada a las niñas, niños y adolescentes afectados por la tragedia de 1985 y documenta la transformación de la entidad durante las últimas cuatro décadas.

El informe es resultado de dos años de investigación, escucha y diálogo con sobrevivientes, organizaciones sociales, organismos de primera respuesta, exfuncionarias y exfuncionarios, y niñas, niños y adolescentes, así como el resultado del análisis de prensa y fuentes bibliográficas. Es la primera vez que Bienestar Familiar promueve un proceso de reconstrucción de la memoria de Armero con participación de voces internas y externas a la entidad.

En el cierre del Gobierno del Cambio, la investigación representa un legado institucional: reconoce los esfuerzos y las limitaciones de la atención prestada en 1985, abre el diálogo para posibilitar la consulta y acceso a información histórica a la ciudadanía, fortalece la búsqueda de información para contribuir al reencuentro de vínculos familiares y transforma las lecciones de Armero en acciones para proteger a la niñez antes, durante y después de una emergencia.

«Abrimos la búsqueda de lazos familiares y para nosotros este es un hito histórico del Cambio; si no tenemos instituciones al servicio de la comunidad, si no tenemos instituciones al servicio de la memoria histórica, ¿cómo vamos a reconstruir este país?», afirmó la directora general de Bienestar Familiar, Astrid Cáceres Cárdenas, el 13 de noviembre de 2025, durante la entrega del Libro Rojo al Archivo General de la Nación.

Una transformación institucional de cuatro décadas

Cuando ocurrió la tragedia de Armero, el país no contaba con un sistema de gestión del riesgo comparable con el actual. Bienestar Familiar activó las regionales Tolima, Bogotá, Cundinamarca, Caldas y Huila y posteriormente puso en marcha la denominada «Operación Reencuentro Familiar», en un contexto sin protocolos especializados para emergencias, sistemas integrados de información ni herramientas tecnológicas para registrar y seguir cada caso.

La investigación reconstruye cómo funcionarias y funcionarios atendieron a niñas y niños con los recursos disponibles, realizaron estudios sociofamiliares y buscaron su reunificación con las familias. También reconoce las dificultades producidas por la desorganización de la emergencia, la dispersión de las personas rescatadas y la inexistencia de mecanismos suficientes de identificación y trazabilidad.

Desde entonces, Colombia avanzó de un modelo que consideraba a las niñas y niños como «menores» bajo tutela del Estado hacia un sistema de protección integral que los reconoce como sujetos plenos de derechos.

Esta transformación comprende la adopción de nuevos marcos legales, el fortalecimiento de la gestión documental, el robustecimiento de los procesos de adopción, la creación de sistemas de información, la consolidación de la Búsqueda de Orígenes y el desarrollo de herramientas para atender a la niñez y la adolescencia en contextos de emergencia.

Entre 2024 y 2026, el Gobierno del Cambio profundizó este proceso mediante el Proyecto de Recuperación de la Memoria Institucional de Armero, construido con enfoque restaurativo y de acción sin daño.

El Libro Rojo: de un registro guardado a patrimonio documental

Uno de los documentos centrales de la investigación es el Libro Rojo, elaborado a mano por diferentes defensoras de menores y compilado por Teresa Sabogal. Allí se reúne información y registros de acciones institucionales asociadas a las niñas, niños y adolescentes sobrevivientes de Armero que fueron atendidos por la Regional Tolima del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar tras los acontecimientos del 13 de noviembre de 1985.

En septiembre de 2025, el documento fue trasladado desde la Regional Tolima a la Dirección General de Bienestar Familiar para adelantar acciones de conservación. El 13 de noviembre del mismo año, la directora Astrid Cáceres lo entregó oficialmente al Archivo General de la Nación.

El Libro Rojo hoy es parte del patrimonio documental e histórico de Colombia y representa uno de los procesos archivísticos y de memoria histórica más relevantes para el país en los últimos años. 
 

Durante ese acto, la directora pidió perdón público a los armeritas por los vacíos históricos y los «40 años de silencio», y puso la capacidad institucional de la entidad al servicio de la memoria y de las familias buscadoras.

El Libro Rojo no contiene registros de procesos de adopción. Su contenido está relacionado principalmente con la atención brindada y la entrega de niñas y niños a sus familias.

Evidencia documental frente a las preguntas de las familias

Durante cuatro décadas han circulado versiones sobre posibles sustracciones, tráfico de niñas y niños o adopciones irregulares después de la tragedia.  En la investigación se revisaron y analizaron distintas fuentes documentales entre ellas: archivos de prensa previos y posteriores al 13 de noviembre de 1985, fuentes secundarias, archivos documentales y testimoniales.

De igual manera, se cruzaron registros del Libro Rojo, el Sistema de Información Misional (SIM), el inventario de transferencias de las Instituciones Autorizadas para Adelantar el Programa de Adopciones (IAPAS) de Bogotá al ICBF, con los casos entregados por la Fundación Armando Armero para responder con evidencia; así mismo se recogieron testimonios de sobrevivientes, integrantes de organismos de primera respuesta y exfuncionarias y exfuncionarios.

En las fuentes consultadas no se identificó evidencia de que Bienestar Familiar hubiera desarrollado o facilitado una práctica sistemática de separación familiar, tráfico de niñas y niños o «adopciones irregulares». Sin embargo, la entidad reconoce que no conoció todos los casos, debido a que no todas las niñas, niños y adolescentes rescatados llegaron a estar bajo su atención.

Por esta razón, Bienestar Familiar mantiene su disposición de acudir ante las autoridades competentes si se comprueba la participación de alguna persona servidora pública en hechos que hubieran contribuido a la separación familiar o a la vulneración de derechos.

La investigación también establece que desde la Regional Tolima se tramitaron menos de diez adopciones relacionadas con la tragedia. Estas se realizaron mediante sentencia judicial por parte de jueces de familia, y después de adelantar las actuaciones correspondientes para la búsqueda de familiares.

Un Gobierno que abrió caminos para la búsqueda

El 12 de noviembre de 2025, Bienestar Familiar suscribió un memorando de entendimiento con la Fundación Armando Armero. Este acuerdo estableció una ruta formal de articulación para revisar información de casos y divulgar los canales de búsqueda.

Como resultado de las mesas de trabajo, la entidad desarrolló una metodología para cruzar información en dos sentidos: familias que buscan a quienes eran niñas, niños o adolescentes cuando ocurrió la tragedia y sobrevivientes que buscan a sus familias de origen.

El 19 de mayo de 2026, Bienestar Familiar entregó los resultados del cruce de 223 registros: 152 correspondían a reportes de niñas, niños y adolescentes buscados por sus familiares y 71 a personas sobrevivientes que buscan información sobre sus familias biológicas.

La verificación incluyó bases institucionales históricas, el Sistema de Información Misional, los registros del equipo de Búsqueda de Orígenes y la matriz digitalizada del Libro Rojo. Estos resultados no cierran las búsquedas, pero permiten establecer una base verificable para continuar el proceso.

La ciudadanía puede presentar solicitudes relacionadas con sobrevivientes y vínculos familiares mediante el correo info.armero@icbf.gov.co y el formulario dispuesto por la entidad.

Cinco voces que reconstruyen la actuación institucional

El informe publica los testimonios de Teresa Sabogal, Nidia Rozo, Edilma González, Graciela García y Yesid Arciniegas, defensoras(es) de menores (denominado así en la época) quienes participaron desde Bienestar Familiar en la atención posterior a la tragedia.

Sus relatos permiten comprender cómo actuó la entidad en medio de la emergencia, los procedimientos utilizados para identificar y proteger a niñas y niños, las dificultades para documentar cada actuación y los esfuerzos realizados para lograr los reencuentros familiares.

La investigación también recoge la historia de Leandro Martínez, quien tenía tres años cuando quedó separado de su familia y fue identificado inicialmente como «el pequeño John». Su testimonio muestra la incertidumbre que vivieron numerosas familias y la importancia que tuvieron los medios de comunicación en algunos procesos de identificación y reencuentro.

Las lecciones de Armero para proteger a la niñez

Memorias vivas de Armero concluye que la gestión del riesgo debe comenzar mucho antes de una emergencia. Por ello, plantea cinco líneas de acción para el Estado:

1.   Fortalecer la toma de decisiones con información actualizada sobre las amenazas, las condiciones de vulnerabilidad y la ubicación de niñas, niños y adolescentes.  

2.   Incorporar riesgos naturales, climáticos, sociales, digitales y aquellos asociados al conflicto armado y otras violencias.  

3.   Consolidar la gestión integral del riesgo escolar y garantizar la continuidad educativa durante las emergencias.  

4.   Establecer respuestas diferenciales según la edad, el territorio, la pertenencia étnica y las condiciones de discapacidad.  

5.   Fortalecer la articulación entre las instituciones, los organismos de primera respuesta, las entidades territoriales, las comunidades, las familias y la niñez.  

El informe también recomienda garantizar sistemas robustos de identificación y trazabilidad, evitar la separación de niñas y niños de sus cuidadores, identificar a la familia como sujeto de atención en los contextos de emergencia, incorporar el acompañamiento psicosocial y reconocer su participación en la prevención y la preparación frente a emergencias.

Memoria para proteger la vida

La presentación del informe estuvo acompañada del documental Armero, 40 años, producido por Bienestar Familiar, y del conversatorio Construyamos memoria para la protección integral y la gestión del riesgo con enfoque de niñez, con participación de sobrevivientes, nuevas generaciones de armeritas, representantes institucionales y el Archivo General de la Nación.

Memorias vivas de Armero no representa el cierre de la búsqueda ni de la reconstrucción histórica. Es un punto de partida para continuar escuchando, contrastando información y convirtiendo la memoria en una herramienta de prevención, reparación simbólica y garantía de no repetición.

Este es el legado que entrega el Gobierno del Cambio: una institución que pasó del silencio a la escucha; de los archivos guardados a la información al servicio de las familias; y de una respuesta sin protocolos a una gestión del riesgo que reconoce a niñas, niños y adolescentes como sujetos de derechos y protagonistas de su propia protección.

Con dignidad, cumplimos.

Respaldada por la evidencia científica y el saber ancestral de las comunidades, la lactancia previene la mortalidad infantil y aporta beneficios nutricionales que se extienden hasta la edad adulta. Asimismo, protege la salud de la mujer o persona lactante, fortalece la economía de los hogares y contribuye a la preservación del medio ambiente.

La lactancia es el primer acto de soberanía y autonomía alimentaria. Debe ser una decisión informada de las mujeres y sus familias, que permite ofrecer a las niñas y los niños un alimento natural, solidario y sostenible; un alimento que no genera residuos ni contaminación y que, además, aporta todo lo necesario para su óptimo crecimiento y desarrollo.

Al hablar de ella, debemos verla más allá de lo biológico. Su ejercicio reúne emociones, sentimientos, pensamientos y voluntad. Está influenciada por el contexto social, cultural y económico de cada territorio. Es tradición, es cultura y es transmisión de saberes y afectos de generación en generación. Por eso decimos que la lactancia es parte de nuestra identidad como especie.

El rol del hombre o compañero cada vez cobra mayor importancia. Cada vez más comunidades reconocen que la lactancia no es solo responsabilidad de la mujer. El acompañamiento cercano, el apoyo emocional y la transformación de los roles tradicionales son esenciales para mantener esta práctica a lo largo del tiempo y fortalecer la decisión de la mujer o persona lactante de ofrecer su leche, sintiéndose acompañada y apoyada.

La lactancia también hace parte de los derechos reproductivos de las mujeres y personas lactantes. Por ello, incide directamente en las políticas públicas al reconocer sus particularidades, necesidades y expectativas, así como las de sus familias y comunidades, promoviendo la igualdad, la equidad y la no discriminación.

El Bienestar Familiar se vincula a la campaña de la Semana Mundial de la Lactancia (SMLM), que se celebra desde 1992 y fue reconocida oficialmente por la Organización Mundial de la Salud en 2018, con el propósito de generar conciencia pública y fortalecer el apoyo a la lactancia. La Semana Mundial de la Lactancia se conmemora oficialmente hasta el 7 de agosto. 

Este año, el Bienestar Familiar se suma al lema de 2026: «Lactancia: un inicio sostenible en cualquier circunstancia». 

Las y los invitamos a reflexionar, acompañar y apoyar esta práctica trascendental. Todas y todos tenemos un papel que desempeñar en su protección y promoción. Es una práctica que involucra a toda la sociedad: familias, comunidades, instituciones y el Estado.

 (Fin/mjm/pu/aas)