Regional

La jornada hizo parte del plan de actividades pedagógicas de la modalidad Comunitaria, que atiende a 28.952 niñas y niños en la ciudad. En esta oportunidad, el objetivo fue fortalecer las capacidades de las representantes legales y madres comunitarias de las Unidades de Servicio —Hogares Comunitarios de Bienestar (HCB) y Jardines Comunitarios (JC)— frente a la identificación, atención y activación de rutas ante posibles situaciones de violencia o vulneración de derechos.

«Es de vital importancia que nuestras madres comunitarias, agentes educativas y personal administrativo se formen en las distintas temáticas de los servicios de Primera Infancia. Esto garantiza que nuestras niñas y niños crezcan en entornos seguros y se consoliden acciones preventivas en los espacios familiares», destacó Gladis Cristina Osorio Ossa, directora encargada de Bienestar Bogotá.

Con estas capacitaciones, Bienestar Familiar fortalece los procesos pedagógicos que promueven el desarrollo integral de las niñas y niños, al tiempo que forma al personal de las Unidades de Servicio que cuidan la vida desde la prevención de las violencias dentro de las familias y comunidades.

(Fin/arn)

La adolescente ya se encuentra bajo protección del ICBF para la verificación integral y restablecimiento de sus derechos, brindando el acompañamiento psicosocial y jurídico en el marco de la ruta especializada por violencia sexual.

Desde el momento en el que el caso fue conocido, Bienestar Familiar activó las rutas de protección y cuidado en articulación con la Fiscalía General de la Nación, autoridades y lideresas de comunidades y organizaciones indígenas, con el objetivo promover la investigación inmediata para la identificación de la víctima, con el objetivo de restablecer sus derechos.

Bienestar Familiar condena toda forma de violencia basada en género contra las niñas, niños y adolescentes, reafirmando el compromiso con la prevención y erradicación de todas las expresiones de vulneración que atenten contra su dignidad, integridad y ejercicio de sus derechos.

El Instituto hace un llamado a la ciudadanía y a los medios de comunicación a abstenerse de reproducir, compartir o difundir material audiovisual o información que permita identificar a la víctima, ya que esto constituye una grave forma de revictimización y vulnera sus derechos humanos, la dignidad y la reserva legal que protege a niñas, niños y adolescentes.

Finalmente, el ICBF como rector y coordinador del Sistema Nacional de Bienestar Familiar exhorta a las entidades y autoridades para garantizar el acceso efectivo a la justicia de la víctima, la judicialización y sanción a los responsables, como medio efectivo para el restablecimiento de los derechos y la prevención de nuevas situaciones de violencia.

El Bienestar Familiar fue la primera entidad en conocer la situación y, de manera inmediata, activó la ruta de atención integral para estos casos, con el propósito de garantizar el restablecimiento de los derechos de la niña y brindar el acompañamiento especializado y humano que requiere.

Desde el Centro Zonal Soacha Centro, un equipo interdisciplinario se desplazó para atender de forma prioritaria a la menor de edad y a su familia, ofreciendo apoyo psicosocial, orientación y acompañamiento continuo en cada etapa del proceso.

De igual manera, el Bienestar Familiar abrió un proceso administrativo de restablecimiento de derechos (PARD) para asegurar su protección integral y garantizar que reciba toda la atención necesaria en un entorno seguro.

En articulación con la Alcaldía de Soacha, las autoridades judiciales y los sectores de Salud y Educación, el Bienestar Familiar coordina las acciones que permitan una atención integral y oportuna, siempre con el enfoque de restituir derechos y prevenir nuevas vulneraciones.

El Instituto reitera su rechazo tajante a toda forma de violencia contra niñas, niños y adolescentes y reafirma su compromiso permanente con la protección, el cuidado y el restablecimiento de sus derechos, priorizando siempre su bienestar físico y emocional.

El Bienestar Familiar hace un llamado a la ciudadanía para que denuncie cualquier situación que ponga en riesgo a la niñez y la adolescencia a través de la Línea 141, disponible las 24 horas del día, los siete días de la semana.

Este encuentro permitió avanzar en el diálogo entre las instituciones y los representantes de las víctimas, y las discusiones estuvieron orientadas hacia la construcción de políticas más justas y centradas en la protección de los derechos de la niñez y la adolescencia.

Durante la jornada, el Bienestar Familiar acompañó a los delegados de la Mesa Nacional, brindando asistencia técnica para fortalecer su liderazgo y su capacidad de gestión en los territorios. A través de este trabajo se busca garantizar que las voces de las niñas, niños y adolescentes víctimas sean escuchadas y que sus necesidades específicas sean tenidas en cuenta en la implementación de programas y acciones de atención integral.

El trabajo articulado entre las entidades del Estado, los representantes de las víctimas y las organizaciones sociales constituye un paso fundamental para avanzar hacia una reparación efectiva, basada en la participación, el reconocimiento y la dignidad. Esta labor conjunta contribuye a consolidar una sociedad más incluyente, donde los derechos de las familias y las comunidades afectadas por la violencia sean plenamente garantizados.

De esta manera Bienestar Familiar Casanare reitera el compromiso con la protección y el bienestar de la niñez y la adolescencia, promoviendo espacios donde las víctimas puedan incidir en las decisiones que transforman sus vidas, trabajando con convicción para que cada niña, niño y adolescente crezca protegido, con oportunidades y esperanza.  

 

#ConDignidadCumplimos

(Fin/lcv/)

El evento, realizado en La Mojana sucreña, reunió a productores de los municipios de Guaranda, Majagual, Sucre-Sucre y San Marcos, junto con operadores de servicios del ICBF y entidades como la Gobernación de Sucre y la DIAN. Este espacio fue clave para fortalecer el vínculo entre los productores locales y las instituciones, facilitando el acceso a información técnica y normativa necesaria para participar en procesos de contratación pública.

«Este encuentro fue muy satisfactorio. Me reuní con la DIAN, resolví dudas y amplié mis conocimientos. Muchas organizaciones desconocen temas como la factura electrónica. Nosotros, como pequeños productores, sí podemos venderle al Estado lo que cultivamos», afirmó Marina González Benítez, integrante de la Asociación de Familias Agropecuarias y Piscicultores del San Jorge (Asofafan) en San Marcos, y vicepresidenta municipal de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC).

Por su parte, Celinda Cáceres Guzmán, miembro de la Asociación de Pequeños Productores Agropecuarios de la vereda Puerto Pastrana en Majagual (Asopropasma), destacó que, aunque su organización aún no cumple con todos los requisitos para concretar acuerdos comerciales, el Encuentro fue una oportunidad valiosa para adquirir conocimientos. «Somos 17 familias que cultivamos arroz, yuca, plátano y criamos gallinas ponedoras. Este espacio nos orienta para empezar a venderle al Estado», señaló.

Durante el evento también se expusieron los retos que enfrentan los operadores del ICBF al momento de adquirir productos de pequeños productores. Desde la Asociación Gestora y Asesora para el Desarrollo Social Comunitario (Asendemos), entidad que ya suministra alimentos al Instituto, se destacó que muchos de estos productores no cumplen con requisitos como el registro Invima, lo cual limita su participación en los procesos de compra.

Frente a esta situación, Ramiro Rojas Guerra, coordinador pedagógico de Asendemos, recogiendo el sentir de las comunidades campesinas, hizo un llamado a revisar y modificar las normas de contratación. Asimismo, propuso flexibilizar los requisitos con el propósito de facilitar la participación de proveedores locales en los procesos de compras públicas.

Este Encuentro reafirma el compromiso del Bienestar Familiar con el fortalecimiento de la economía local y la promoción de la seguridad alimentaria a través de la inclusión de pequeños productores en la cadena de abastecimiento institucional.

El aula se llenó de colores y palabras que se entrelazaron como piezas de un gran rompecabezas, culminando en la creación colectiva de un mural que representa a la comunidad como centro de la construcción de paz territorial. 

Durante el proceso, las niñas y los niños también reconocieron las violencias cotidianas que ocurren en la escuela, por lo que se comprometieron con acciones concretas como «respetar a los demás», «no decir groserías», «no pelear» y «mantener limpia la escuela». De esta manera, desde su propia voz, dieron valor a las prácticas que fortalecen la convivencia escolar.

Bienestar Familiar continúa acompañando a las instituciones educativas del Catatumbo en su consolidación como entornos protectores para las niñas, niños y adolescentes. Esta actividad contó con el apoyo de la Casa de la Cultura de El Tarra y el programa «Jóvenes en Paz» del Ministerio de Igualdad y Equidad.

En este asentamiento habitan más de 2.000 personas de la etnia wayuu, muchas de las cuales enfrentan serias dificultades para acceder a derechos fundamentales debido a las condiciones del territorio. En esta oportunidad, Bienestar Familiar focalizó su atención en niñas, niños y madres gestantes en situación de vulnerabilidad, con el propósito de contribuir a la prevención de la desnutrición y garantizar el bienestar integral. 

De manera articulada se trabajó con el sector salud, en la identificación de posibles casos de riesgo y activación de rutas de atención para generar respuestas oportunas y efectivas, en defensa del derecho a la salud y la vida de la niñez.

May Belliny Badillo Brito, directora regional encargada de Bienestar Familiar en La Guajira, reiteró el compromiso de la entidad con las comunidades más vulnerables del departamento e hizo un llamado a la corresponsabilidad ciudadana: «Si conocen casos de niñas o niños en riesgo de desnutrición, por favor comuníquense a la línea de WhatsApp 317 436 7714. Un mensaje puede salvar una vida».

La jornada, orientada al fortalecimiento del acceso a derechos fundamentales contó con articulación del Sistema Nacional de Bienestar Familiar, fue liderada por la Secretaría de Salud Departamental y también participaron la Fundación Ancla Colombia, la Fuerza Aeroespacial Colombiana, el Ejército Nacional y otros aliados estratégicos.

Los municipios donde se desarrollará esta iniciativa son: Neiva, Santa María, Palermo, Campoalegre, Baraya, Tello, Guadalupe, Suaza, La Plata, La Argentina, Paicol, Gigante, Pitalito y San Agustín. El programa tendrá un enfoque especial en las zonas rurales, donde se busca fortalecer el acceso a oportunidades pedagógicas, recreativas y culturales.

Un total de 22 organizaciones sociales, aliadas del Bienestar Familiar en la protección de los sueños de la niñez, liderarán las Experiencias Comunitarias en sus respectivos territorios. A través del arte, la cultura, el deporte, la recreación, la comunicación y las narrativas, se promoverán los derechos de niñas, niños y adolescentes, al tiempo que se previenen los riesgos presentes en sus entornos.

Las familias y comunidades serán protagonistas esenciales de este proceso, reafirmando su rol como cuidadores y facilitadores de espacios seguros, afectivos y protectores. Estas experiencias permitirán tejer redes de cuidado colectivo y acompañamiento, contribuyendo al crecimiento de una Generación para la Paz que disfrute y ejerza plenamente sus derechos.

Experiencias Comunitarias representa un compromiso real con la transformación social desde lo comunitario, priorizando la escucha, la participación y el protagonismo de niñas, niños y adolescentes como agentes de cambio en sus territorios.

¡Con dignidad, cumplimos!