Regional

El encuentro permitió visibilizar la necesidad de escuchar las voces de niñas, niños, adolescentes y jóvenes sobrevivientes de explotación sexual y trata de personas, reconociendo sus experiencias como fundamentales para transformar las rutas de atención, fortalecer los procesos de protección y avanzar hacia garantías reales de acceso a la justicia.

Durante la agenda académica, la subdirectora general, Adriana Velásquez, realizó una ponencia sobre el papel de los funcionarios en relación con la responsabilidad que tienen frente a la niñez en el marco de la debida diligencia en los procesos judiciales, donde se destacó la importancia de fortalecer el trabajo conjunto entre las entidades del Sistema Nacional de Bienestar Familiar (SNBF) para responder de manera integral frente a las distintas formas de violencia contra la niñez y la adolescencia. 

 

«Hablar de debida diligencia frente a las violencias contra niñas, niños y adolescentes significa entender que detrás de cada caso hay una vida que necesita ser protegida con humanidad, articulación institucional y respuestas oportunas», puntualizó la subdirectora general.

En el espacio se reiteró que actuar con debida diligencia implica responder a tiempo, evitar la revictimización y garantizar procesos de atención que reconozcan la dignidad, la voz y los derechos de niñas, niños y adolescentes. 

Asimismo, la directora de Protección Especial de la entidad, Adriana Tierradentro, participó en el diálogo intergeneracional sobre prevención y acceso a la justicia, un espacio que reunió a jóvenes sobrevivientes, representantes de entidades nacionales e internacionales y organizaciones sociales para reflexionar sobre la importancia de construir respuestas institucionales más humanas, oportunas y centradas en las víctimas. 

 

«No podemos normalizar ninguna forma de explotación o violencia contra la niñez. El compromiso institucional debe ser actuar de manera coordinada para garantizar protección, acceso a la justicia y restablecimiento de derechos», precisó Tierradentro.

El Primer Encuentro Nacional de la UENNA reunió a representantes de la Fiscalía General de la Nación, Fundación Renacer, organismos internacionales, Policía Nacional y entidades del orden nacional y territorial, en una agenda orientada a fortalecer capacidades institucionales, intercambiar experiencias y avanzar en la prevención de la explotación sexual comercial y la trata de niñas, niños y adolescentes en el país.

Los municipios intervenidos fueron priorizados tras un análisis detallado de las bases de datos de diferentes instituciones educativas y de las cifras relacionadas con el índice de riesgo de trabajo infantil, permitiendo focalizar las acciones en los territorios con mayores alertas y activando rutas de identificación, caracterización, atención, asistencia y orientación a las familias de los niños, niñas y adolescentes encontrados en estas condiciones.

Durante esta intervención, se realizaron jornadas de búsqueda activa y sensibilización dirigidas a la comunidad, con el propósito de generar conciencia sobre las consecuencias del trabajo infantil y la importancia de garantizar entornos protectores. Así mismo, durante el mes de abril, el Equipo Móvil de Protección Integral desarrolló espacios pedagógicos y seis jornadas de identificación de posibles casos en el departamento, fortaleciendo el trabajo articulado con las familias y actores territoriales.

Como resultado del proceso, se construyó un plan de fortalecimiento familiar con compromisos establecidos por parte de los cuidadores y familias de las niñas, niños y adolescentes, orientados a promover entornos protectores y a garantizar la protección integral de sus derechos. De igual modo, el equipo EMPI realizará los respectivos seguimientos para verificar el cumplimiento de los compromisos y continuar brindando acompañamiento a familias.

Bienestar Familiar continuará brindando acompañamiento profesional y seguimiento a cada caso, reafirmando su compromiso con la protección integral, la garantía de derechos y la construcción de entornos seguros que permitan a la niñez crecer alejada del trabajo infantil y de situaciones de vulnerabilidad.

 (Fin/lcv/aas)

El sector Salud activó de manera oportuna la ruta de atención médica, a fin de salvaguardar su vida, su salud y su integridad.

Bienestar Familiar activó la ruta de protección y dispuso la intervención de la Defensoría de Familia, iniciando el Proceso Administrativo de Restablecimiento de Derechos (PARD) y asegurando las medidas de restablecimiento de derechos necesarias para garantizar la atención integral de la niña.

Así mismo acompañará de cerca cada etapa de su evolución médica y estará atento a cualquier medida adicional que su recuperación y bienestar requieran, articulando con todos los sectores vinculados en la ruta de atención, en el marco de la protección integral que como Estado se debe garantizar.

El Instituto hace un llamado a las autoridades competentes para que adelanten las investigaciones con celeridad y se impongan sanciones ejemplares a los responsables de estos hechos.

Asimismo, el Instituto convoca a la ciudadanía a denunciar de manera inmediata cualquier situación que ponga en riesgo a niñas, niños y adolescentes, a través de los canales oficiales de atención y protección.

Reiteramos que cualquier forma de violencia contra la niñez es inadmisible y continuaremos actuando con toda la capacidad institucional para garantizar la protección integral de la niña y el restablecimiento de sus derechos.

El Bienestar Familiar participó en la segunda sesión del Comité Departamental del Sistema Nacional de Coordinación de Responsabilidad Penal para Adolescentes (SNCRPA), un espacio orientado al fortalecimiento del trabajo interinstitucional para la atención integral de adolescentes vinculados al Sistema de Responsabilidad Penal en el departamento.

La jornada contó con el acompañamiento de asesoras del Ministerio de Justicia y del Derecho y de la Subdirección de Responsabilidad Penal del Bienestar Familiar, permitiendo avanzar en el análisis de estrategias y acciones encaminadas a consolidar procesos de atención, protección y garantía de derechos para los adolescentes vinculados al Sistema.

Durante la sesión fue aprobado el Plan de Acción Bianual 2026–2027, construido de manera participativa y conjunta, iniciando la implementación de acciones orientadas al fortalecimiento institucional, la prevención y el acompañamiento integral en el territorio, con el propósito de continuar garantizando la protección y el restablecimiento de derechos de los adolescentes vinculados al Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes.

El Bienestar Familiar y las entidades territoriales reafirman su compromiso con la construcción de estrategias que permitan avanzar hacia un sistema más eficiente, preventivo e integral, bajo la premisa de actuar juntos y llegar a tiempo para garantizar procesos de atención, protección y restablecimiento de derechos de los adolescentes vinculados al Sistema en Arauca.

(Fin/lcv/aas)

Durante el espacio niñas, niños y adolescentes reflexionaron sobre las ocho realizaciones de la política pública de infancia y adolescencia: familias y redes de cuidado, salud y alimentación, educación y formación, identidad y diversidad; deporte, arte y cultura; participación, protección y autoprotección, y sexualidad y autonomía.

A través de metodologías participativas y adaptadas, las y los participantes compartieron cómo perciben estas realizaciones en sus entornos y construyeron propuestas orientadas a fortalecer la integración, la participación, la protección y el bienestar de la niñez migrante.

«Mi propuesta para tener una buena salud sexual, reproductiva y autonomía es que nosotros como jóvenes aprendamos a tomar nuestras propias decisiones; que nadie puede tocar nuestro cuerpo porque es nuestro y saber prevenir a través de los métodos anticonceptivos», expresó Fraidelimar, una de las adolescentes participantes. Por su parte, Estefany señaló: «Yo propongo que ningún niño pase hambre y que todos puedan estudiar».

El propósito de este ciclo deliberativo fue generar un diálogo participativo para identificar los principales desafíos, riesgos, necesidades y oportunidades que enfrentan niñas, niños y adolescentes en contextos de migración internacional, permitiendo que sus perspectivas y recomendaciones sean tenidas en cuenta en la formulación del CONPES Migratorio 2026–2036.

La jornada fue liderada por el Viceministerio de Asuntos Migratorios, Consulares y Protección Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, coliderada por Bienestar Familiar, y contó con el apoyo del Ministerio de Igualdad y Equidad y la Gobernación de La Guajira, en articulación con entidades del orden nacional y territorial.

Con este ejercicio, Bienestar Familiar continúa fortaleciendo espacios donde la niñez y adolescencia participan activamente en las decisiones que impactan sus vidas, promoviendo entornos de escucha, reconocimiento y garantía de derechos.

A través de los Centros de Apoyo a la Inclusión – Atención Itinerante continuamos impulsando estrategias orientadas a promover entornos más inclusivos, participativos y protectores para niñas, niños y adolescentes del distrito.

Mediante jornadas de acompañamiento, orientación y fortalecimiento técnico, se brindó apoyo al talento humano de instituciones educativas distritales y unidades de servicio del Instituto, promoviendo prácticas pedagógicas, sociales y comunitarias con enfoque diferencial, de derechos e inclusión.

Estas acciones también permitieron fortalecer redes de apoyo, espacios de participación y procesos comunitarios que reconocen las particularidades culturales, sociales y personales de cada niño, niña y adolescente, promoviendo la inclusión como una responsabilidad compartida entre instituciones, comunidades y familias.

Con estos avances, el Bienestar Familiar Regional Magdalena reafirma su compromiso con la garantía de derechos, el bienestar integral y la construcción de territorios más inclusivos para la niñez y adolescencia en el departamento.

Con el propósito de avanzar en una atención más integral, segura, confidencial y libre de revictimización para niñas, niños y adolescentes sobrevivientes de violencia sexual, el Bienestar Familiar, como rector del Sistema Nacional de Bienestar Familiar, en alianza con UNICEF, realiza la apertura del Curso de Atención a Niñas, Niños y Adolescentes Sobrevivientes de Violencia Sexual.

Este proceso formativo busca fortalecer las capacidades técnicas e institucionales de profesionales, equipos de atención, autoridades administrativas y entidades responsables de la protección integral de niñas, niños y adolescentes. Su propósito es brindar herramientas conceptuales, metodológicas y prácticas para responder de manera oportuna, segura, coordinada y centrada en los derechos de la niñez.

El curso fue adaptado para Colombia y se basa en la metodología de Caring for Child Survivors of Sexual Abuse de UNICEF, que se ha implementado por más de una década en múltiples países del mundo, actualizándose con aprendizajes, evidencias y recomendaciones de profesionales que atienden a las niñas, niños y adolescentes sobrevivientes de violencia sexual y sus familias.

Esto representa una apuesta estratégica para consolidar respuestas institucionales más efectivas frente a las violencias sexuales contra niñas, niños y adolescentes. Su enfoque propone pasar de una mirada centrada únicamente en el daño a una perspectiva centrada en las personas sobrevivientes, sus capacidades, su participación y sus procesos de recuperación integral.

Para su implementación se realizó la formación de 60 profesionales del sistema de protección nacional, que replicarán la metodología con los equipos de las defensorías y comisarías de Familia de todo el país.

Durante la apertura se presentó el enfoque conceptual y metodológico del curso, así como sus principales componentes para fortalecer la gestión de casos, la evaluación, la planificación, la implementación, el seguimiento, el cierre y la derivación segura hacia servicios especializados. De igual forma, se abordaron principios fundamentales para la atención, como la seguridad física y emocional, la confidencialidad, el consentimiento informado, la escucha activa, la participación y la no discriminación.

El evento finalizó con un panel de expertos titulado «Garantías y desafíos en la atención integral de niñas, niños y adolescentes sobrevivientes de violencia sexual», que permitió abordar los avances, retos y oportunidades institucionales para garantizar respuestas articuladas entre los sectores de protección, justicia, salud, seguridad y cooperación internacional.

En este espacio participaron representantes del Ministerio de Justicia y del Derecho, la Policía de Infancia y Adolescencia, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Medicina Legal y la Fiscalía General de la Nación, y contó con la moderación de Julián Moreno Parra, director del Sistema Nacional de Bienestar Familiar, y Paola Franchi, especialista de Protección de UNICEF Colombia.

Esta iniciativa también impulsa una transformación en el lenguaje institucional, al promover el uso del término «sobreviviente» en lugar de «víctima», como una forma de reconocer la resiliencia, la capacidad de recuperación y el derecho de niñas, niños y adolescentes a reconstruir sus proyectos de vida con dignidad.

Las y los participantes resaltaron que proteger a niñas, niños y adolescentes requiere un compromiso colectivo y sostenido, en el que instituciones, familias, comunidades y cooperación internacional trabajen de manera coordinada para construir entornos seguros, protectores y libres de violencias.

Este curso constituye un paso estratégico para fortalecer un sistema de protección que  responde ante el daño y además acompaña activamente los procesos de recuperación, resiliencia y construcción de futuro de cada niña, niño y adolescente sobreviviente de violencia sexual en Colombia.

Actualmente, este proceso cuenta con algunos desafíos como: la dependencia de procedimientos manuales, la confidencialidad de la información, el seguimiento y control, la unificación de la información y la falta de automatización para articular la información a nivel nacional de una manera oportuna y precisa.

Para abordar estos desafíos el Bienestar Familiar, desde la Oficina de Inspección, Vigilancia y Control y Calidad de Servicios, con el apoyo de la Dirección de  Tecnologías de la Información, ha lanzado un proyecto busca revolucionar la manera en la que se gestionan los trámites de personería jurídica. La clave de este proyecto radica en la implementación de soluciones tecnológicas avanzadas que automatizarán y optimizarán cada paso del proceso.

Una de las principales innovaciones es el desarrollo de una solución de gestión de trámites que permitirá una mejor organización y seguimiento de las solicitudes. Esta herramienta no solo facilitará la administración de los trámites, sino que también reducirá significativamente los tiempos de procesamiento. Además, la integración de herramientas de inteligencia artificial permitirá el análisis y la extracción de documentos de manera eficiente, minimizando los errores humanos y mejorando la precisión de los datos.

El impacto de este proyecto será transformador. Al mejorar la eficiencia, el Bienestar Familiar no solo logrará una gestión más efectiva, sino que también aumentará la satisfacción de la ciudadanía. Los beneficios de esta transformación serán evidentes en la rapidez, precisión y claridad con la que se otorgarán las personerías jurídicas, lo que a su vez fortalecerá la confianza en el sistema. 

Además, se podrá contar con más aliados estratégicos que le permitirán al Instituto cumplir con su misionalidad en el marco de un enfoque territorial y así garantizar los derechos fundamentales de niños, niñas, adolescentes y familias.

Esta es una iniciativa visionaria que nos prepara para enfrentar los desafíos del futuro y ofrecer un servicio de calidad que responda a las necesidades ciudadanas. 

El objetivo de estos encuentros es construir un documento con recomendaciones orientadas a fortalecer la protección de la niñez y adolescencia en el entorno digital, el cual será presentado en un encuentro virtual interamericano, el próximo 26 de mayo, convocado por el Instituto Interamericano del Niño, la Niña y Adolescentes (IIN/OEA) y el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), México.

Igualmente, este espacio contará con la participación de la representante especial del secretario general de las Naciones Unidas sobre la Violencia contra la Niñez; la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI), entre otros actores internacionales.

Como resultado de la jornada con países de América Latina y el Caribe, las propuestas de niñas, niños y adolescentes se integrarán al Informe Regional sobre el Uso de Redes Sociales y a la Declaración Interamericana dirigida a gobiernos, empresas de tecnología y otros actores clave de países de la región.

En Colombia, los encuentros son coordinados por el Bienestar Familiar y cuentan con la participación de niñas, niños y adolescentes entre los 10 y 17 años, quienes hacen parte de mesas de participación departamentales y municipales, así como de programas misionales de la entidad.

Los conversatorios, denominados «Lo digital es mi territorio de paz», se desarrollan en tres bloques temáticos mediante una metodología participativa basada en preguntas orientadoras que permiten profundizar sobre los distintos tipos de violencia digital, las emociones asociadas a estas experiencias, sus impactos en la vida cotidiana y la responsabilidad compartida entre familias, Estado, plataformas tecnológicas y sociedad.

La problemática de las violencias en entornos digitales ha aumentado en los últimos años. Así lo evidencia el estudio Disrupting Harm, presentado por UNICEF, ECPAT International e INTERPOL, el cual reveló que el 21 % de las niñas, niños y adolescentes usuarios de internet en Colombia, entre los 12 y 17 años, reportaron haber sido víctimas de explotación y abuso sexual facilitados por la tecnología durante un año, entre otras cifras relevantes sobre riesgos digitales.

Se espera que las recomendaciones contribuyan al fortalecimiento de estrategias institucionales, educativas y tecnológicas para la prevención de las violencias digitales en la región, así como a la promoción de entornos digitales seguros, protectores y respetuosos para las infancias y las adolescencias.

Actualmente, este proceso cuenta con algunos desafíos como: la dependencia de procedimientos manuales, la confidencialidad de la información, el seguimiento y control, la unificación de la información y la falta de automatización para articular la información a nivel nacional de una manera oportuna y precisa.

Para abordar estos desafíos el Bienestar Familiar, desde la Oficina de Inspección, Vigilancia y Control y Calidad de Servicios, con el apoyo de la Dirección de  Tecnologías de la Información, ha lanzado un proyecto busca revolucionar la manera en la que se gestionan los trámites de personería jurídica. La clave de este proyecto radica en la implementación de soluciones tecnológicas avanzadas que automatizarán y optimizarán cada paso del proceso.

Una de las principales innovaciones es el desarrollo de una solución de gestión de trámites que permitirá una mejor organización y seguimiento de las solicitudes. Esta herramienta no solo facilitará la administración de los trámites, sino que también reducirá significativamente los tiempos de procesamiento. Además, la integración de herramientas de inteligencia artificial permitirá el análisis y la extracción de documentos de manera eficiente, minimizando los errores humanos y mejorando la precisión de los datos.

El impacto de este proyecto será transformador. Al mejorar la eficiencia, el Bienestar Familiar no solo logrará una gestión más efectiva, sino que también aumentará la satisfacción de la ciudadanía. Los beneficios de esta transformación serán evidentes en la rapidez, precisión y claridad con la que se otorgarán las personerías jurídicas, lo que a su vez fortalecerá la confianza en el sistema.

Además, se podrá contar con más aliados estratégicos que le permitirán al Instituto cumplir con su misionalidad en el marco de un enfoque territorial y así garantizar los derechos fundamentales de niños, niñas, adolescentes y familias.

Esta es una iniciativa visionaria que nos prepara para enfrentar los desafíos del futuro y ofrecer un servicio de calidad que responda a las necesidades ciudadanas.