Misional

1. Evaluar la situación de vida de la infancia y la adolescencia en cuanto a si se han garantizado o restablecido los derechos de las niñas, niños y adolescentes, y cómo se ha ejecutado el gasto público dirigido a esta población.

2. Verificar el grado de cumplimiento de los acuerdos nacionales e internacionales en materia de la garantía de derechos de las niñas, niños y adolescentes.

3. Comparar la situación de vida de diferentes grupos de niñas, niños y adolescentes, y el grado de avance y cumplimiento de sus derechos en las regiones, desde un enfoque poblacional, diferencial, sectorial y territorial.

4. Visibilizar a las niñas, niños y adolescentes como sujetos de derechos.

5. Reflexionar sobre los factores de riesgo y las prioridades de atención, así como la situación de los menores de edad para que la sociedad civil analice su actuación y la pertinencia de sus acciones.

1. Se fortalece el conocimiento de los precandidatos (ciudadanos interesados en postularse como gobernantes a alcaldías y gobernaciones) en su relación con la importancia de realizar acciones para la primera infancia, infancia, adolescencia y fortalecimiento familiar.   

2. Se sensibiliza a los candidatos oficiales sobre la responsabilidad compartida frente a la protección integral y la prevención de las vulneraciones de derechos en la niñez, adolescencia y familias en los territorios.

3. Se realiza un empalme con los mandatarios electos con el propósito de garantizar la continuidad de los avances y el sostenimiento de las buenas prácticas que benefician a la niñez, adolescencia y familias del país.   

4. Se fortalecen las capacidades de inclusión de los temas de primera infancia, infancia, adolescencia y familias en los planes de desarrollo territoriales, para este caso en el periodo 2020 - 2023, con los gobernantes en ejercicio. 

• Garantizar la protección integral.
• Gestionar políticas públicas de infancia y adolescencia en todos los ámbitos.
• Lograr que la infancia y la adolescencia sean una prioridad social, política, técnica y financiera.
• Fortalecer el ejercicio de la participación y movilización social, y evaluar y hacer seguimiento de la realización de los derechos de la niñez, adolescencia y familias.

1. Mejora las acciones públicas. Toda acción del Estado que incorpore la visión de las niñas, niños y adolescentes será más legítima y pertinente.

2. Fortalece el ejercicio de otros derechos, como el desarrollo de la autonomía, la protección, el ejercicio de la exigibilidad de la salud y la educación, entre otros.

3. Potencia el desarrollo individual y territorial -algo que a su vez fortalece la democracia-, pues favorece la capacidad de reflexión personal y colectiva, estimula el reconocimiento y mejora la capacidad para interesarse y actuar en asuntos públicos, es decir, contribuye al desarrollo de la ciudadanía.

Esta concepción ha permitido que se oriente la atención integral a la primera infancia y su relación con la forma de comprender a las niñas y niños en este ciclo vital, su desarrollo y el papel que cumple el Estado en los diferentes entornos donde transcurren sus vidas. Por eso la política «De Cero a Siempre» cambió la forma de atender a la primera infancia y ubicó al menor de edad de 0 a 6 años en el centro de sus acciones para generar cambios en su vida y promover su desarrollo integral.

En este escenario también vale la pena destacar la Política Nacional de Infancia y Adolescencia que tiene como finalidad contribuir al desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes y del compromiso del Estado en generar las condiciones sociales, humanas y materiales que se requieran para favorecerlo. Esta misión se logra a través del reconocimiento de los menores de edad como sujetos prevalentes de derechos sobre quienes recaen las acciones estatales para lograr su realización como seres humanos.
 
En esta lógica, las políticas públicas que implementa el Estado para beneficiar a las niñas, niños y adolescentes se construyen a partir de las necesidades que tienen los menores de edad. Por eso, su formulación se define teniendo en cuenta aspectos de tipo social y humano.
 
Por otra parte, para lograr el reconocimiento de los menores de edad como sujetos de derechos, el Estado es responsable de definir las políticas públicas destinadas para ellos con un enfoque que se deriva de la concepción del ser humano integral y holístico, y cuya finalidad esencial es la de proteger los derechos, indispensables para el desarrollo integral de cada individuo.
 
Vale la pena resaltar que en la construcción de las políticas públicas que benefician a las niñas, niños y adolescentes está incluido el concepto de «autonomía» en tres niveles: autonomía funcional del individuo en sus capacidades cognitivas, motoras, sensoriales y relacionales, entre otras; autonomía social y económica que implica la capacidad del individuo de interactuar de manera positiva y constructiva con la oferta institucional para forjar su proyecto de vida; y la autonomía política como sujeto.
 
Finalmente, para la construcción de las políticas públicas se tienen en cuenta los derechos que comprenden los principios universales, el reconocimiento del compromiso estatal de la garantía y el carácter integral de los seres humanos en lo individual y colectivo, atendiendo a sus capacidades de desarrollo. Allí, tanto la niñez como la adolescencia deben ser reconocidas con la promoción de su desarrollo integral y la prevención de la vulneración de sus derechos de la que hace parte la garantía y su restablecimiento.