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“Desde el ICBF emprenderemos todas las acciones a fin de prevenir vulneraciones asociadas a los prejuicios, a los imaginarios y a los estereotipos alrededor de la población LGTBIQ+, sobre todo si son niñas, niños y adolescentes", manifestó Adriana Velásquez.

Además, dijo que se han venido acompañando diálogos con sectores que impulsan una agenda de diversidad para que la violencia contra esta población no se presente más en el país.

“Identificamos una agenda de cualificación y de reconocimiento del modelo de enfoque diferencial de derechos, fortaleciendo una perspectiva de género en los servicios de protección y prevención del ICBF y trabajando con nuestros defensores de familia, pero creemos que no basta, que tenemos que hacer más y mejores acciones por estas agendas que son tan importantes para el nuevo Gobierno”, puntualizó la subdirectora general del ICBF.

Durante su recorrido por departamento del Atlántico, la subdirectora visitó el Centro de Atención Especializada El Oasis, conociendo el modelo de atención para los adolescentes del sistema de responsabilidad penal. Así mismo, acudió el Centro de Desarrollo Infantil Mundo de Talentos del municipio de Soledad, donde 255 niños y niñas son atendidos integralmente.

"Este acto es la manifestación del profundo respeto con el que hoy exalto la grandeza del pueblo Wayúu, la majestuosidad de su desierto y de la Serranía de Macuira. Un espacio para ofrecer reparación y dar mi palabra de la intención de hacer las cosas diferentes", dijo Astrid Cáceres, al reconocer que como Estado se les ha fallado al ejecutar prácticas o modelos que han acrecentado las diferentes problemáticas, pero que intenta unir a la nación Wayúu y al gobierno nacional en una sola causa.

El Auto 305 de 2023 de la Corte Constitucional que insta al ICBF a educar sobre la cultura Wayúu y eliminar conceptos estereotipdos y prejuiciosos coincide con la firme intención que tiene el instituto por iniciar una relación distinta con el pueblo Wayúu e implementar acciones concertadas que permitan, a través de la articulación intersectorial, la garantía de derechos para niños, niñas, adolescentes, jóvenes y familias mediante un diálogo genuino y horizontal.

"Yo no vengo a salvar a La Guajira, yo vengo a tejer un puente y a poner puntadas en un camino que debe recorrer el pueblo Wayúu y el Gobierno nacional. Vengo a iniciar un proceso de reparación que nos toca construir entre todos", destacó la directora general del ICBF.

Además, señaló que el ICBF implementará en los próximos meses el modelo de atención integral en 52 zonas de La Guajira que será construido en colectivo, planteando una política pública que promueva la seguridad y soberanía alimentaria, la salud y protección. Esto se logrará con un ejercicio colectivo y comunitario que incluye círculos de la palabra por territorios, a partir de un diálogo genuino, proceso que se surtirá en los meses de junio y julio.

El Acto estuvo acompañado de dos espacios de armonización en territorios sagrados que pusieron de manifiesto la nueva relación que entablará el ICBF con las comunidades.

Esta es una de las principales conclusiones del Estudio de caracterización de niñez desvinculada del conflicto armado entre 2013 y 2022 presentado hoy en Bogotá por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), el cual analizó la situación de 2.181 niños, niñas y adolescentes víctimas de reclutamiento, atendidos por el Programa de Atención Especializada del ICBF entre 2013 y 2022. Estas cifras no son una expresión de la magnitud del reclutamiento, pero sí permiten hacer una caracterización que aborda causas, perfiles y condiciones de vinculación a los grupos, para proponer políticas públicas que atiendan la situación.

“Todo reclutamiento de niñas, niños y adolescentes por parte de un grupo armado es forzado. La niñez reclutada por grupos armados ilegales sufre graves vulneraciones a sus derechos y son siempre víctimas. Ni una sola niña o niño debería ser reclutado o usado para la guerra y todos los grupos armados deberían liberar de inmediato a aquellos que tienen en sus filas”, aseguró Astrid Cáceres, directora general del ICBF.  

Por su parte, la representante de UNICEF en Colombia, Tanya Chapuisat, resaltó que cuando no hay garantía de los derechos básicos para los niños, niñas y adolescentes -como acceso a la educación, protección, salud, recreación o a vivir con sus familias y en hogares sin violencia-, aumenta su vulnerabilidad y el riesgo de ser reclutados o utilizados por los grupos armados organizados.  

“Las niñas y niños deben estar en sus colegios, jugando, aprendiendo y en entornos protectores con sus familias, jamás en la guerra: garantizar el acceso a derechos a la niñez más vulnerable que habita principalmente las zonas rurales y urbanas con presencia de grupos armados ilegales y fomentar la consolidación de estos entornos protectores, son necesidades sentidas, abordarlas ayudará a prevenir que el reclutamiento, uso y utilización sigan en aumento”, aseguró Chapuisat.
 
Principales hallazgos: el reclutamiento está afectando diferencialmente a mujeres y a la niñez indígena y afrocolombiana

El estudio incluye el análisis de la situación de los 2.181 niñas, niños y adolescentes desvinculados del conflicto armado y atendidos en el Programa de Atención Especializada del ICBF: muestra tendencias y cambios con relación a uno anterior realizado entre 2007 y 2013.

Entre los hallazgos más destacados, el estudio registra un aumento en el ingreso al programa de desvinculados de niñas, niños y adolescentes de comunidades étnicas, pasando de un 14% a un 34% en población indígena y de un 12% a un 17% a población afrocolombiana, entre ambas caracterizaciones.

Según el estudio realizado con niñez desvinculada, los departamentos que más registraron casos de reclutamiento en este período fueron: Antioquia (13,94%), Chocó (13,25%), Cauca (12,93%), Nariño (10,82%), Caquetá (8,48%), Arauca (5,87%), Meta (5,59%) y Putumayo (5,14%). En términos de municipios, Tumaco, en Nariño, fue el lugar donde más se registraron reclutamientos, seguido de Cáceres (Antioquia) y Tadó (Chocó).

El informe señala la existencia de entornos que propician el reclutamiento, ligados a pobreza, necesidades básicas insatisfechas, falta de oportunidades y medios de subsistencia, violencia en el hogar, consumo de sustancias psicoactivas, entre otras. Sobre el grado educativo, se identificó que el 4,86% de los niños no tenía ningún tipo de estudio al ingresar al Programa del ICBF; el 55,5% estaba en primaria, el 39,02% en algún grado de educación básica secundaria o media, mientras solo el 0,18% ya era bachiller.

La edad promedio de reclutamiento es de 14,08 años. La edad reportada se concentró entre los 13 y 17 años en el 80% de los casos, en los hombres es de 14,2 años, mientras que de las mujeres es de 13,8 años.  En el período anterior, la edad promedio de vinculación fue de 13,9 años.

Igualmente, el estudio menciona que el 65,4% de los participantes indicaron haber realizado actividades relacionadas con su uso y utilización por parte de los grupos armados organizados, ya fuera involucrándose en la cosecha o transformación de cultivos de uso ilícito, llevar razones, mensajes o mercancías y otras labores de inteligencia o vigilancia.

Durante la presentación de resultados, las autoridades, la comunidad internacional, el ICBF y UNICEF reafirmaron su compromiso en la prevención del reclutamiento, uso y utilización. Las organizaciones resaltaron la urgencia de unir esfuerzos para lograr que los niños, niñas y adolescentes en Colombia, sin importar el lugar en donde se encuentren, gocen de una vida sana, sin violencia, con sus familias y puedan acceder a su educación, a su vida en comunidad, protegidos y sin miedo.

Durante su presentación, la directora general destacó los siguientes ejes prioritarios:

1. Más oportunidades para la primera infancia: el ICBF busca fortalecer y ampliar la cobertura de la atención integral a cerca de 2.700.000 niñas y niños, priorizando 400 municipios en los que es crítico ser niño y niña. 

2. Prevención articulada de las violencias contra niñas, niños y adolescentes: se trabajará en estrecha colaboración con otras entidades y organizaciones para implementar la estrategia Atrapasueños y brindar atención a las familias. 

3. Protección y atención a las vulneraciones: garantizar la protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes en situaciones de vulnerabilidad. 

4. Reducción de la desnutrición y garantía de derechos humanos a la alimentación: el ICBF intensificará sus esfuerzos para combatir la desnutrición infantil en Colombia. Se realizará investigación alimentaria, se crearán zonas de recuperación alimentaria y mecanismos para alcanzar la soberanía alimentaria.

La directora general del ICBF enfatizó que estos ejes serán implementados de manera integral y articulada con otras entidades del Estado y los territorios. Sin embargo, habrá un capítulo especial para La Guajira. 

Además, hizo un llamado a todos los actores involucrados en la protección y bienestar de la niñez y adolescencia para sumarse a estos esfuerzos y trabajar juntos en la construcción de un futuro prometedor para todas las niñas y niños en el país. 

El Consejo Nacional de Política Social se compromete a llevar a cabo estas acciones con determinación y dedicación, siempre con el objetivo de garantizar los derechos y el bienestar de la niñez y la adolescencia en Colombia.

El acto que estará en cabeza de la directora general del ICBF, Astrid Cáceres, se da en cumplimiento del Auto 305 de 2023 de la Corte Constitucional y contará con la presencia de las autoridades, familias, voceros, accionantes y líderes indígenas de los cuatro municipios (Uribia, Manaure, Maicao y Riohacha) donde se declaró el Estado de Cosas Inconstitucionales por la vulneración de los derechos de la niñez señalados en la Sentencia T-302 de 2017.

"Este será un escenario de restauración entre el ICBF, como representante de la institucionalidad, y el pueblo wayúu. Estamos comprometidos en generar cambios estructurales que incluyen el reconocimiento del otro, el diálogo y la construcción de modelos integrales de atención que garanticen derechos", destacó la directora Astrid Cáceres.

El pronunciamiento del máximo tribunal señala que en dicho acto se deberá expresar la hoja de ruta o actividades que adelanta o espera adelantar el ICBF para vencer expresiones prejuiciosas, estereotipadas o irrespetuosaa entre sus empleados, operadores, agentes y directivos acerca del mundo social y cultural de esta etnia.

La nueva directora de Protección tiene estudios en Derecho y es magister en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la Universidad Católica de Colombia y especialista en Derecho Constitucional de la Universidad Externado. 

Diana Carolina Baloy cuenta con una experiencia de más de 11 años en el sector público, siendo contratista del ICBF y asesora en temas para la defensa de los derechos de la infancia, la adolescencia, la familia y las mujeres en la Procuraduría General de la Nación. 

Una de sus principales apuestas como directora de Protección es que la felicidad y el bienestar sean el principal indicador de gestión en la niñez y adolescencia que se encuentra bajo protección del ICBF, y junto a su equipo de trabajo tejerá la transformación de las diferentes modalidades de atención de la Dirección como las de acompañamiento familiar; el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes y los procesos de adopción, esto con la convicción de restablecer oportunamente los derechos a los menores de edad en el país. 

La hija del ICBF y nueva directora de Protección es una caleña que llegó a sus cinco años de edad a Madrid, Cundinamarca, estuvo bajo protección del ICBF durante más de 11 años y desde su egreso se empeñó en consolidar su proyecto de vida, convirtiéndose en una referente de resiliencia y lucha para los demás, niños, niñas, adolescentes y jóvenes  que se encuentran declarados en adoptabilidad en el ICBF.

“Estamos aquí para escucharlos para conocer sus necesidades, inquietudes y propuestas de mejora. A través de estos círculos de diálogo queremos que sepan que los adolescentes del Sistema de Responsabilidad Penal hacen parte del cambio y buscan romper barreras para que el sistema sea más humano”, sostuvo Adriana Velásquez, subdirectora general del ICBF. 

Durante la jornada de diálogo participaron 432 adolescentes y jóvenes masculinos de los dos Centros de Atención, y 26 mujeres del Valle del Lili, quienes le comentaron a la subdirectora general, la subdirectora de Responsabilidad Penal, Magally Macías y el equipo técnico de la sede nacional, 
las situaciones que se presentan al interior de las unidades.

“La atención que deben recibir debe responder a sus necesidades para reconstruir sus proyectos de vida y aportar a una justicia restaurativa”, precisó Velásquez. 

El equipo realizó verificación a los procesos de atención que tienen los adolescentes y jóvenes vinculados al sistema para plantear alternativas de seguridad y mejorar las condiciones de vida. Además de brindar acompañamiento y realizar las intervenciones a casos específicos que requieren intervención inmediata.

La directora general del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), Astrid Cáceres, hizo un recorrido para constatar las iniciativas sobre la producción de nuevos alimentos a base de almidón de yuca, harina de arroz, harina de quinua y sacha Inchi (semilla) como alternativas de producción nacional que contribuyan en la reducción de la desnutrición en Colombia.

“Lo que queremos es tener otras alternativas más focalizadas en la producción local con el componente de producción integrada con los campesinos para que se vinculen también a la producción industrializada de los alimentos de alto valor nutricional y que no sea solo la Binestarina, sino nuevos alimentos con los que el país tenga toda una dinámica alimentaria”, recalcó la directora general del ICBF.

Se conoció además que los prototipos de alimentos de alto valor nutricional son evaluados por los integrantes de la Comisión Intersectorial de Seguridad Alimentaria y Nutricional (CISAN).

De otra parte, la asesora del Grupo Gerencia Hambre Cero de la Presidencia de la República, Valerin Saurith, señaló que el propósito de su visita a la planta era conocer de primera mano cómo es la distribución de la Bienestarina y toda la cadena de producción. Además saber de dónde vienen las materias primas.

"Estamos en conjunto con varios actores en el país repensando la situación para buscar aportes a la soberanía alimentaria y el aporte del derecho humano a la alimentación”, dijo.

El ICBF reveló que este año, con corte al mes de abril, se han entregado en el departamento del Atlántico 270 toneladas de Bienestarina de un total de 5.293 toneladas distribuidas a nivel nacional y se tiene proyectado entregar en la vigencia 2023, 18.000 toneladas de este producto.

De acuerdo con las cifras del Instituto, mensualmente se entregan en el país 1.568 toneladas de Bienestarina. Las regiones que requieren mayor demanda son Antioquia, Bogotá, La Guajira, Valle del Cauca y Bolívar.

En la visita oficial, participaron equipos técnicos del ICBF, el Programa Mundial de Alimentos, Hambre Cero de la Presidencia de la República, la Universidad del Atlántico y la empresa Monómeros.

"Esta atención permite enlazar el desarrollo familiar y productivo. Sin embargo, es necesario que busquemos la forma de sumarle la atención de los otros ciclos vitales como infancia y adolescencia para que haya un enriquecimiento real frente a los pueblos que tenga la integralidad en las coberturas", manifestó la directora general.

Durante el encuentro en Caracolí, dialogó con el gobernador y miembros de este pueblo, incluyendo niños, niñas y adolescentes, quienes realizaron propuestas para el fortalecimiento de la atención que garantice sus derechos.

Además, las familias hicieron una muestra de los emprendimientos que han logrado gracias al desarrollo del acompañamiento del ICBF en el territorio.

En el departamento del Atlántico, 630 familias hacen parte de la atención en territorios étnicos, 60 de ellas están en el municipio de Malambo.

En terreno, la funcionaria dialogó con la comunidad; el padre Cyrillus Swinne, líder del barrio La Paz, así como con María Poulisse, directora general de la Fundación Centro Educativo de Habilitación y Rehabilitación Integral San Camilo, quienes han trabajado por el bienestar de las comunidades más vulnerables de la zona.

Según cifras del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en este asentamiento conocido como Villa Caracas existen 854 casas en las que viven 2.866 habitantes (369 niños y niñas, 859 adolescentes, 1.482 adultos y 156 de la tercera edad).

El asentamiento es un punto continuo de flujo migratorio, debido a que las familias van y vuelven desde y hacia el vecino país.