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En este programa de la Presidencia de la República la directora general habló de su vida, sus proyectos para la entidad y la situación actual de los niños, niñas y adolescentes en el país.

● Reafirmar que el Estado colombiano reconoce que todo reclutamiento, uso y utilización de niñas, niños y adolescentes es forzoso y constituye una grave vulneración a sus derechos humanos que afecta de manera generalizada su desarrollo integral. 
 
● Hacer un llamado a todos los actores armados para que detengan inmediatamente el reclutamiento y otras formas de vinculación y violencia sexual de niñas, niños y adolescentes y desvincular a quienes estén todavía en sus filas como muestra de su compromiso con la política del Gobierno Nacional, de construcción de la Paz Total. 
 
● Actualizar la Línea de Política Pública de Prevención y Protección de niños, niñas y adolescentes, frente al Reclutamiento, Utilización, Uso y Violencia Sexual, para la protección de sus derechos frente a las dinámicas actuales del conflicto armado y de manera diferenciada a nivel territorial, poblacional, étnica, de mujer y género. 
 
● Acoger el avance del plan de acción de la Declaración sobre Escuelas Seguras a la cual se adhirió Colombia en noviembre del 2022, y aportar a su desarrollo e implementación. 
 
● Trabajar en articulación con las entidades territoriales, con la sociedad civil, las organizaciones sociales e internacionales y los procesos comunitarios para fortalecer las capacidades de prevención y protección integral de los niños, niñas y adolescentes en los territorios frente a las acciones de los actores armados que desconocen las normas del DIH, y amenazan y vulneran los DDHH de los niños, niñas y adolescentes con acciones concretas, eficaces, eficientes, efectivas y pertinentes. 
 
● Instar a las demás entidades del Estado, la sociedad y las familias a fomentar la protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes en el territorio nacional independientemente de su país de origen. 
 
El Gobierno nacional reitera su compromiso con las niñas, niños y adolescentes del país, para trabajar de manera permanente, integral e integradora con el propósito de garantizar que crezcan como la generación de la paz.

“Empezaremos a trabajar en la reparación del tejido social con la población que se encuentra en el sistema de responsabilidad penal. Estas jornadas de escucha buscan romper las barreras para hacer un sistema de responsabilidad más humano, que responda a las necesidades de la población que se atiende y reconstruir sus proyectos de vida, en el marco de la justicia restaurativa”, sostuvo la directora general del ICBF, Astrid Cáceres.
 
El piloto de esta estrategia se puso en marcha en el Centro de Atención Especializada (CAE) Los Robles, ubicada en el municipio de Piedecuesta en Santander donde se presentó una alteración del normal funcionamiento de la unidad. En razón a ello, se desplazó una comisión del orden nacional para brindar acompañamiento y realizar las intervenciones con los adolescentes y jóvenes cumpliendo con los protocolos de Derechos Humanos, así como definir el mecanismo de conversación con las familias.
 
“El Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente les debe oportunidad y cambio. Tenemos una deuda para que no lleguen y otra en escucharlos cuando llegan. Lo que pasó en Piedecuesta iniciará un diálogo con adolescentes y jóvenes en todo el país. Que su voz haga el cambio”, dijo Astrid Cáceres.
 
Además, reiteró que “el ICBF está trabajando para restablecer y garantizar los derechos de los adolescentes y jóvenes, con ellos se debe consolidar la generación para la paz, basada en la pedagogía y en las oportunidades que brindemos como Estado apoyándonos en las iniciativas comunitarias”.
 

De igual manera, a través de un equipo interdisciplinario, el ICBF se articuló con el sector salud y la Comisión Nacional de Mujeres Indígenas para identificar los casos reportados y realizar asistencia técnica a las Comisarías de Familia de los municipios que tienen a cargo los casos de mutilación genital femenina por competencia territorial. 

“Para nosotros la mutilación genital femenina es una vulneración a los derechos de las niñas indígenas y por lo tanto, nos vemos en la obligación de protegerlas y aperturar los procesos para garantizarles sus derechos. Estamos trabajando con la comisaría de familia y el sector salud para brindarles atención inmediata a las víctimas", recalcó la subdirectora general del ICBF, Adriana Velásquez. 

Añadió que "el ICBF promueve el diálogo genuino y el trabajo en conjunto con las comunidades indígenas para construir acciones que tengan arraigo cultural pero que vayan en línea del cuidado y protección de los niños, niñas y adolescentes y prevenga este tipo de violencia sexual”.

El ICBF hace un llamado a las autoridades indígenas y a la articulación del sistema de justicia propia con el de justicia ordinaria para garantizarle a las niñas indígenas sus derechos sexuales y reproductivos.

Así lo expresó la directora general del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), Astrid Cáceres, en Maicao, durante el acto de cierre de la Inspección realizada por la Corte Constitucional para verificar las medidas adoptadas encaminadas a suministrar a las comunidades acceso al agua potable, alimentación y salud, y superar así el Estado de Cosas Inconstitucionales.

"Este trabajo, que implicó recorrer el departamento, llegar a las comunidades y dialogar con ellas nos dejó un importante mensaje. No
podemos seguir trabajando de manera aislada, tenemos que llegar a ofrecer atención integral, eso implica articular acciones para garantizar salud, alimentación, educación, vías, todo lo que implica garantía de derechos para las familias", señaló la Directora general.

El recorrido permitió reiterar la importancia de promover entornos protectores con enfoque diferencial, de tal manera que el impacto en las comunidades incluya a la primera infancia, la infancia, los adolescentes, los jóvenes y en general a la familia. Los espacios de educación, por ejemplo, promueven también seguridad alimentaria y prevención de violencias.

Por último, la directora Astrid Cáceres resaltó la puesta en marcha de las zonas de recuperación nutricional, donde se contará con los Centros de Atención Primaria que estarán en cabeza del Ministerio de Salud; la promoción de iniciativas autosostenibles con apoyo del Ministerio de Agricultura para alcanzar la soberanía alimentaria; y la implementación de mecanismos de seguimiento con acompañamiento de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres.

El recorrido incluyó la visita a más de 15 comunidades de los municipios vinculados en la Sentencia: Uribia, Manaure, Riohacha y Maicao. En estos territorios, el ICBF rindió cuentas sobre la atención que ha brindado a la primera infancia, a través de las Unidades Comunitarias de Atención (UCA), las Unidades Móviles, las Unidades de Búsqueda Activa y todos los servicios destinados a promover y garantizar los derechos de la niñez.

Este también fue un escenario donde el ICBF le presentó a la Corte Constitucional y a las comunidades, el nuevo modelo de atención integral y las zonas de recuperación nutricional, que empezarán a operar desde el mes de octubre, previo a unas jornadas de diálogo y concertación con la comunidad, y donde se plantean soluciones estructurales como la seguridad alimentaria, a través de la soberanía alimentaria, una mayor articulación con el sector salud y un trabajo interinstitucional con los ministerios de Educación, Deporte, Cultura, entre otras entidades del gobierno nacional y departamental.

La revisión incluyó, entre otros temas, el análisis de medidas para suministrar a las comunidades acceso al agua potable, alimentación y salud, por lo cual participaron entidades vinculadas como los ministerios del Interior, Salud, Agricultura, Justicia, así como las secretarías municipales, alcaldías locales; y en representación de la comunidad asistieron los entes de control: Defensoría del Pueblo, Procuraduría, Veeduría Nacional, entre otros.

En materia de Derechos Humanos, dijo la funcionaria, siempre habrá aspectos que mejorar, circunstancias que analizar y por supuesto, todas las recomendaciones de estas instancias de las Naciones Unidas, resultan ser un respaldo y un lugar de profunda reflexión y de trabajo común.
 
La subdirectora general entregó un balance de las acciones y cifras en la atención de niñas, niños y adolescentes migrantes, el trabajo que se adelanta para prevenir el reclutamiento y el programa del ICBF para atender a las víctimas de este flagelo, que en los últimos tres años ha permitido acompañar y apoyar a 724 menores de edad.
 
De igual forma, Adriana Velásquez anunció que se trabaja en la construcción de una ruta binacional para el restablecimiento de derechos de las niñas, niños y adolescentes migrantes, a raíz de la reactivación de las relaciones con la entidad homologa del ICBF en Venezuela.
 
En cuanto al tema de responsabilidad penal sostuvo que en el último año han ingresado 8.149 menores de edad, algunos de ellos indígenas y afrocolombianos, y que el propósito de este Gobierno es fortalecer las medidas que tienen mayor potencial restaurativo en lugar de las modalidades privativas de la libertad.
 
Adriana Velásquez cerró su intervención declarando que el Gobierno de Colombia firmó un propósito para cerrar las brechas y afianzar las tareas de equidad y justicia, para que los circuitos de guerra, pobreza y exclusión que afectan a las niñas, niños y adolescentes se cierren y esta sea una generación para la vida y la Paz.

“Resaltamos el trabajo que se ha venido realizando en esta materia y sobre todo como ICBF tomamos debida diligencia y trabajo colectivo para que podamos identificar nuestras oportunidades de mejora, tanto en materia de equidad de género, responsabilidad penal para adolescentes y atención a la población migrante”, puntualizó.

La comitiva del Gobierno Nacional estuvo integrada por representantes de 13 entidades. El propósito fue presentar ante Comité Contra la Tortura las acciones realizadas antes la sugerencia de organismo por un informe presentado por Colombia en el 2019 y responder los interrogantes que tenían los integrantes del organismo.

“Esta Comisión tiene un reto muy grande y es el de acompañar la atención que se brinda a niñas, niños y adolescentes, por eso esperamos de ella el apoyo en el cumplimiento de nuestra labor", afirmó la Directora General del ICBF.

En este sentido, destacó los cuatro ejes estratégicos en los que el Estado, en conjunto con sus instituciones, debe trabajar para acompañar las apuestas que necesitan niñas, niños y adolescentes del país como son: universalización de la ruta integral de atención en los 400 municipios más afectados por la violencia en la niñez; el fortalecimiento del Sistema de Justicia Familiar; la prevención y acompañamiento a las trayectorias educativas de los menores de edad; las 
acciones articuladas entre todas las instituciones para mitigar la desnutrición en todas las zonas críticas del país.

“Reiteramos nuestro compromiso con la garantía de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, mediante la prevención, la protección y el trabajo conjunto e intersectorial como parte de la responsabilidad que tenemos todos con el país", señaló Astrid Cáceres.

En el acto de instalación de esta instancia de articulación legislativa para la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, participaron además el Ministerio de Salud, Ministerio de Educación, Defensoría del Pueblo, Procuraduría General de la Nación y organizaciones de la sociedad civil.

Así lo expresó la subdirectora general del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Adriana Velásquez, en el marco del Día Internacional de la Niñez en Calle, quien se refirió a los Equipos Móviles de Protección Integral (EMPI) que realizaron jornadas de prevención de niños, niñas y adolescentes en situación de alta permanencia en calle. 


El trabajo en equipo, la buena articulación con las entidades del Sistema Nacional de Bienestar Familiar y la comunidad, dio como resultado la focalización, seguimiento y atención a niños, niñas, adolescentes y sus familias, a quienes se les brindó asistencia y asesoría en prevención de trabajo y violencias, deserción escolar y otros temas relacionados con su protección integral.


La jornada liderada por los EMPI estuvo acompañada por la Policía de Infancia y Adolescencia, Integración Social y Alcaldías quienes recorrieron puntos críticos de los departamentos identificando a niños y niñas que estuvieran expuestos a la vulneración de sus derechos por su permanencia en calle.
 

“Desde la dirección de Primera Infancia se ha orientado la adecuación del servicio a raíz de este fenómeno natural. La atención no se ha interrumpido y se puede brindar de forma remota, telefónica, a través de videollamadas, encuentros presenciales y visitas al domicilio de los usuarios por parte de los agentes educativos”, sostuvo la directora general del ICBF, Astrid Cáceres. Vale la pena resaltar, que una vez se supere esta situación de alerta, se retomarán los servicios de forma presencial con el fin de garantizar el acceso a la atención integral de los beneficiarios.

En total son 22.911 las niñas, niños y madres gestantes atendidos por el ICBF, ubicados en los departamentos con riesgo: Tolima, Caldas, Risaralda y Cundinamarca. Al respecto, la directora general del ICBF señaló que desde el mismo momento en que se conoció la situación de emergencia, equipos de profesionales del Instituto trabajan arduamente para garantizar la seguridad y el bienestar de la niñez y adolescencia de las comunidades en riesgo. Por lo tanto, de ser necesario y acorde con la minuta establecida para situaciones de emergencia, podrán entregarse raciones para preparar a los beneficiarios de las modalidades de Primera Infancia.

Así mimo, desde la entidad, se han adelantado mesas técnicas internas de trabajo e interinstitucionales con el fin de establecer un permanente seguimiento, recomendaciones y una hoja de ruta preventiva ante la emergencia. 

Lo anterior, previo a la instalación de la Mesa Interna de Crisis del ICBF por parte de la directora general, en donde participarán los directores y jefes de oficina de la Sede Nacional, directores regionales, coordinadores de centros zonales y los enlaces del Sistema Nacional del Bienestar Familiar. En este espacio se socializarán las acciones realizadas hasta el momento y se planteará un plan de acción articulado ante una eventual emergencia, en los 22 municipios que componen el área de afectación por la erupción del volcán.