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Durante su intervención, la subdirectora indicó que en la vigencia 2022, el ICBF atendió un total de 108.098 niños, niñas, adolescentes y jóvenes migrantes venezolanos a nivel nacional en los servicios de prevención, 15.993 de ellos en Antioquia y 542 en Chocó.

"Para atender a esta población, el ICBF ha garantizado que se mantenga la cobertura y la atención en los centros zonales, fortaleciendo la capacidad institucional a través del aumento de coberturas; además ha puesto en funcionamiento nuevos equipos especializados en atención a la población migrante y ha fortalecido a los equipos técnicos", indicó la subdirectora.

A partir del 2021, ante la emergencia migratoria que se presentó en la región del Urabá y el Darién, el ICBF dispuso Unidades Móviles y un equipo EMPI para atender a la niñez y familias migrantes. Para el departamento del Chocó desplegó los profesionales del Grupo de Asistencia Técnica del Centro Zonal Riosucio para brindar apoyo cuando los derechos de los niños, niñas o adolescentes han sido amenazados o vulnerados.

Finalmente, Adriana Velásquez destacó que para seguir garantizando los derechos de niños, niñas, adolescentes y familias migrantes, el ICBF ha gestionado recursos con el Banco Interamericano de Desarrollo para implementar un modelo de educación inicial integral, flexible, itinerante y oportuno denominado Tejiendo Caminos.

Durante la participación virtual, la directora del ICBF se refirió a las principales estrategias gubernamentales dirigidas a la protección y el desarrollo integral de los niños y niñas en Colombia,  en el marco del Plan Nacional de Desarrollo, Colombia Potencia de la Vida.

“Trazamos un mapa de los lugares donde es más difícil ser niño en Colombia para articularnos como Estado y así poder desarrollar cuatro ejes para la protección y desarrollo integral que están trazados en más oportunidades para la primera infancia en los territorios, protección articulada contra las violencias hacia niños, niñas y adolescentes; la protección y atención a las vulneraciones y la reducción de la desnutrición infantil”, sostuvo la funcionaria.

En términos de oportunidades para la primera infancia, Astrid Cáceres destacó que el ICBF se enfocará en mejorar y expandir la cobertura de atención integral intersectorial para 2.7 millones de niños y niñas en 400 municipios alejados del país.

Durante la presentación también subrayó que “los avances en la implementación de la Estrategia Intersectorial y la atención a las familias en la prevención de la violencia contra niños, niñas y adolescentes se basa en una ruta que cuente con diversos modelos pedagógicos territoriales, con centros de referencia de calidad, con colectivo pedagógico y con centros de recursos municipales”.

Respecto a la protección articulada contra las violencias, la directora agregó “nosotros entendimos que como gobierno no solo el ICBF debe actuar contra las violencias, porque también están ligadas a las familias, a la pobreza y a otros factores que son determinantes en la transformación social, por eso trabajamos con una sola estrategia intersectorial que pretende llegarle a 1.600.000 de niños y niñas en donde podamos combinar todas las acciones del Estado territorialmente”.

Y en cuanto a la protección y atención a las vulneraciones destacó que “en colaboración con el Ministerio de Justicia, presentamos la prioridad de organizar la respuesta y la acción prioritaria para proteger a los niños, niñas y adolescentes en situaciones de vulnerabilidad, mejorando la coordinación entre las defensorías y comisarías de familia en el marco del nuevo Sistema de Justicia Familiar”.

Por último, respecto a la reducción de desnutrición indicó que “tenemos tres grandes apuestas para reducir la desnutrición: investigaciones alimentarias que permitan obtener nuevos productos, teniendo en cuenta la cultura; la creación de zonas de recuperación alimentaria y soberanía alimentaria que incluye a las familias”.

Sobre estos cuatro ejes, recalcó la directora general del ICBF, se basa el sistema de cuidado infantil para poder tener una operación en territorio más centrada, organizada y con verdadero impacto.

El balance de los compromisos fue presentado por la subdirectora general del ICBF, Adriana Velásquez, luego de participar en el Consejo de seguridad, al señalar que el instituto continuará brindando acompañamiento psicosocial e  interdisciplinario a las familias de los cuatro menores de edad asesinados que permita la reparación del tejido social tanto en los núcleos familiares como en la comunidad.

Adicionalmente, el ICBF participará en el taller interdepartamental que organizará la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario, y desde su papel como Secretaría técnica de la Comisión intersectorial para la prevención del reclutamiento, utilización, uso y violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes (CIPRUNNA), trabajará en la activación y fortalecimiento de rutas comunitarias para la prevención y protección de la niñez y adolescencia en riesgo.

Finalmente, el ICBF reitera su llamado a los grupos armados organizados que el Derecho Internacional Humanitario prohíbe el reclutamiento y utilización de la niñez y los invita a demostrar su compromiso con la Política de Paz Total para que pueda crecer la generación de la paz.

Así lo señaló la subdirectora general del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), Adriana Velásquez, quién participó este domingo en el Consejo de seguridad realizado en Florencia, a raíz del asesinato de cuatro menores de edad pertenecientes al pueblo Murui, en el departamento de Caquetá.

"Hemos llegado al territorio para trabajar de manera articulada con la población, la Defensoría, las Comisarías de Familia y todas las instituciones pertenecientes a la Comisión Intersectorial para la Prevención del Reclutamiento, el Uso y Utilización contra  Niños, Niñas y Adolescentes (CIPRUNNA). Este lamentable hecho es una clara violación al Derecho Internacional Humanitario. El Gobierno Nacional y las autoridades locales estamos operando para que acompañemos a las comunidades", destacó la subdirectora Velásquez.

La instrucción dada por el Presidente de la República, Gustavo Petro, de instalar este Consejo busca aclarar la situación y tomar las medidas necesarias para atender las necesidades de la comunidad. El espacio estuvo liderado por el Ministerio del Interior y acompañó el ICBF, la Gobernación de Caquetá, la Fiscalía General de la Nación, la Defensoría del Pueblo, la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia, entre otras entidades.

Así mismo, la subdirectora señaló que el complejo escenario en Caquetá, donde se reconoce la presencialidad de actores armados al margen de la ley, requiere de una participación de la población para denunciar cualquier hecho que represente una violación a los derechos de la niñez y adolescencia.

. La búsqueda y ubicación de Lesly, Soleiny, Tien Noriel y Cristin, desaparecidos tras el accidente del HK 2803, no se detiene. Esta mañana, un grupo de 35 hombres de las Fuerzas Especiales se incorporaron al área de búsqueda, consolidando así un esfuerzo de cerca de 150 hombres entre unidades de las Fuerzas Militares, Fuerza Aérea Colombiana, grupo SAR de la Aerocivil y demás organismos de socorro. En las próximas horas, desde Antioquia, llegarán a San José del Guaviare cerca de 50 Comandos de Fuerzas Especiales para apoyar la búsqueda de los cuatro menores de edad desaparecidos desde el pasado primero de mayo.

En la noche de ayer jueves y la madrugada de hoy viernes, en helicópteros del Ejército Nacional y la Fuerza Aérea Colombiana se realizaron labores de perifoneo que buscan orientar a los niños extraviados. En tierra, los comandos usan megáfonos, pitos y otros elementos tácticos para reforzar la incansable labor de ubicar a los cuatro hermanos.

Es de resaltar la participación y acompañamiento permanente de las comunidades indígenas, quienes apoyan activamente las labores de búsqueda, con hombres y mujeres en tierra e información que pueda llevar a la ubicación de los niños.

Por su parte, la directora general del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), Astrid Cáceres, lidera el Puesto de Mando Unificado en Villavicencio, con acompañamiento a las familias de los menores de edad extraviados.

Desde allí se coordinan las acciones y procedimientos necesarios para la protección y restablecimiento de sus derechos, y la atención a las familias de las tres víctimas fatales del accidente.

Así mismo, la Aerocivil ha dispuesto de acompañamiento sicológico, dentro del apoyo de la Sanidad Aeroportuaria de Villavicencio, para apoyar los esfuerzos del Puesto de Mando Unificado. Finalmente, un equipo de expertos de la Dirección Técnica de Investigación de Accidentes de la Aeronáutica Civil adelanta la recolección de evidencias para determinar las causas del accidente de la aeronave.

En la tarde de este 17 de mayo, en medio de las tareas de búsqueda de sobrevivientes del accidente el avión HK 280, ocurrido en los límites entre Caquetá y Guaviare, se recibió información proveniente de territorio que asegura el contacto con los cuatro niños y niñas que hacían parte de las personas que se transportaban en la aeronave. Dicho reporte manifestó que habían sido hallados con vida y que también gozan de buen estado de salud. 
 
Enterados de esta novedad, y con conocimiento de reportes hechos por comunidades indígenas en la zona, el ICBF —en contacto con su regional en Caquetá— asumió el hallazgo de los menores y activó los procedimientos institucionales para establecer contacto con otras entidades gubernamentales e iniciar la ruta de restablecimiento de derechos. De inmediato, esta información también fue transmitida a la Presidencia de la República para que el señor Presidente le comunicara la noticia al país. 
 
Sin embargo, las Fuerzas Militares aún no han podido establecer contacto oficialmente debido a las difíciles condiciones meteorológicas y a las dificultades del terreno, por lo que, de manera incansable, continúan con las labores de búsqueda que han arrojado varios hallazgos en la zona y que permitirían corroborar la información recibida por el ICBF desde varias fuentes. 
 
Estaremos informando, a través de los canales institucionales, sobre el avance de la búsqueda y el ICBF estará en completa disposición para iniciar el procedimiento de restablecimiento de derechos y el acompañamiento psicosocial respectivo. El ICBF es consciente de que, si bien hay pasos firmes que nos acercan a ellos, en este momento la prioridad no debe ser ninguna que la de hallarlos lo más pronto posible y lograr el retorno con sus familiares. 
 
(//jmf) 
 

“Desde el ICBF emprenderemos todas las acciones a fin de prevenir vulneraciones asociadas a los prejuicios, a los imaginarios y a los estereotipos alrededor de la población LGTBIQ+, sobre todo si son niñas, niños y adolescentes", manifestó Adriana Velásquez.

Además, dijo que se han venido acompañando diálogos con sectores que impulsan una agenda de diversidad para que la violencia contra esta población no se presente más en el país.

“Identificamos una agenda de cualificación y de reconocimiento del modelo de enfoque diferencial de derechos, fortaleciendo una perspectiva de género en los servicios de protección y prevención del ICBF y trabajando con nuestros defensores de familia, pero creemos que no basta, que tenemos que hacer más y mejores acciones por estas agendas que son tan importantes para el nuevo Gobierno”, puntualizó la subdirectora general del ICBF.

Durante su recorrido por departamento del Atlántico, la subdirectora visitó el Centro de Atención Especializada El Oasis, conociendo el modelo de atención para los adolescentes del sistema de responsabilidad penal. Así mismo, acudió el Centro de Desarrollo Infantil Mundo de Talentos del municipio de Soledad, donde 255 niños y niñas son atendidos integralmente.

"Este acto es la manifestación del profundo respeto con el que hoy exalto la grandeza del pueblo Wayúu, la majestuosidad de su desierto y de la Serranía de Macuira. Un espacio para ofrecer reparación y dar mi palabra de la intención de hacer las cosas diferentes", dijo Astrid Cáceres, al reconocer que como Estado se les ha fallado al ejecutar prácticas o modelos que han acrecentado las diferentes problemáticas, pero que intenta unir a la nación Wayúu y al gobierno nacional en una sola causa.

El Auto 305 de 2023 de la Corte Constitucional que insta al ICBF a educar sobre la cultura Wayúu y eliminar conceptos estereotipdos y prejuiciosos coincide con la firme intención que tiene el instituto por iniciar una relación distinta con el pueblo Wayúu e implementar acciones concertadas que permitan, a través de la articulación intersectorial, la garantía de derechos para niños, niñas, adolescentes, jóvenes y familias mediante un diálogo genuino y horizontal.

"Yo no vengo a salvar a La Guajira, yo vengo a tejer un puente y a poner puntadas en un camino que debe recorrer el pueblo Wayúu y el Gobierno nacional. Vengo a iniciar un proceso de reparación que nos toca construir entre todos", destacó la directora general del ICBF.

Además, señaló que el ICBF implementará en los próximos meses el modelo de atención integral en 52 zonas de La Guajira que será construido en colectivo, planteando una política pública que promueva la seguridad y soberanía alimentaria, la salud y protección. Esto se logrará con un ejercicio colectivo y comunitario que incluye círculos de la palabra por territorios, a partir de un diálogo genuino, proceso que se surtirá en los meses de junio y julio.

El Acto estuvo acompañado de dos espacios de armonización en territorios sagrados que pusieron de manifiesto la nueva relación que entablará el ICBF con las comunidades.

Esta es una de las principales conclusiones del Estudio de caracterización de niñez desvinculada del conflicto armado entre 2013 y 2022 presentado hoy en Bogotá por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), el cual analizó la situación de 2.181 niños, niñas y adolescentes víctimas de reclutamiento, atendidos por el Programa de Atención Especializada del ICBF entre 2013 y 2022. Estas cifras no son una expresión de la magnitud del reclutamiento, pero sí permiten hacer una caracterización que aborda causas, perfiles y condiciones de vinculación a los grupos, para proponer políticas públicas que atiendan la situación.

“Todo reclutamiento de niñas, niños y adolescentes por parte de un grupo armado es forzado. La niñez reclutada por grupos armados ilegales sufre graves vulneraciones a sus derechos y son siempre víctimas. Ni una sola niña o niño debería ser reclutado o usado para la guerra y todos los grupos armados deberían liberar de inmediato a aquellos que tienen en sus filas”, aseguró Astrid Cáceres, directora general del ICBF.  

Por su parte, la representante de UNICEF en Colombia, Tanya Chapuisat, resaltó que cuando no hay garantía de los derechos básicos para los niños, niñas y adolescentes -como acceso a la educación, protección, salud, recreación o a vivir con sus familias y en hogares sin violencia-, aumenta su vulnerabilidad y el riesgo de ser reclutados o utilizados por los grupos armados organizados.  

“Las niñas y niños deben estar en sus colegios, jugando, aprendiendo y en entornos protectores con sus familias, jamás en la guerra: garantizar el acceso a derechos a la niñez más vulnerable que habita principalmente las zonas rurales y urbanas con presencia de grupos armados ilegales y fomentar la consolidación de estos entornos protectores, son necesidades sentidas, abordarlas ayudará a prevenir que el reclutamiento, uso y utilización sigan en aumento”, aseguró Chapuisat.
 
Principales hallazgos: el reclutamiento está afectando diferencialmente a mujeres y a la niñez indígena y afrocolombiana

El estudio incluye el análisis de la situación de los 2.181 niñas, niños y adolescentes desvinculados del conflicto armado y atendidos en el Programa de Atención Especializada del ICBF: muestra tendencias y cambios con relación a uno anterior realizado entre 2007 y 2013.

Entre los hallazgos más destacados, el estudio registra un aumento en el ingreso al programa de desvinculados de niñas, niños y adolescentes de comunidades étnicas, pasando de un 14% a un 34% en población indígena y de un 12% a un 17% a población afrocolombiana, entre ambas caracterizaciones.

Según el estudio realizado con niñez desvinculada, los departamentos que más registraron casos de reclutamiento en este período fueron: Antioquia (13,94%), Chocó (13,25%), Cauca (12,93%), Nariño (10,82%), Caquetá (8,48%), Arauca (5,87%), Meta (5,59%) y Putumayo (5,14%). En términos de municipios, Tumaco, en Nariño, fue el lugar donde más se registraron reclutamientos, seguido de Cáceres (Antioquia) y Tadó (Chocó).

El informe señala la existencia de entornos que propician el reclutamiento, ligados a pobreza, necesidades básicas insatisfechas, falta de oportunidades y medios de subsistencia, violencia en el hogar, consumo de sustancias psicoactivas, entre otras. Sobre el grado educativo, se identificó que el 4,86% de los niños no tenía ningún tipo de estudio al ingresar al Programa del ICBF; el 55,5% estaba en primaria, el 39,02% en algún grado de educación básica secundaria o media, mientras solo el 0,18% ya era bachiller.

La edad promedio de reclutamiento es de 14,08 años. La edad reportada se concentró entre los 13 y 17 años en el 80% de los casos, en los hombres es de 14,2 años, mientras que de las mujeres es de 13,8 años.  En el período anterior, la edad promedio de vinculación fue de 13,9 años.

Igualmente, el estudio menciona que el 65,4% de los participantes indicaron haber realizado actividades relacionadas con su uso y utilización por parte de los grupos armados organizados, ya fuera involucrándose en la cosecha o transformación de cultivos de uso ilícito, llevar razones, mensajes o mercancías y otras labores de inteligencia o vigilancia.

Durante la presentación de resultados, las autoridades, la comunidad internacional, el ICBF y UNICEF reafirmaron su compromiso en la prevención del reclutamiento, uso y utilización. Las organizaciones resaltaron la urgencia de unir esfuerzos para lograr que los niños, niñas y adolescentes en Colombia, sin importar el lugar en donde se encuentren, gocen de una vida sana, sin violencia, con sus familias y puedan acceder a su educación, a su vida en comunidad, protegidos y sin miedo.

Durante su presentación, la directora general destacó los siguientes ejes prioritarios:

1. Más oportunidades para la primera infancia: el ICBF busca fortalecer y ampliar la cobertura de la atención integral a cerca de 2.700.000 niñas y niños, priorizando 400 municipios en los que es crítico ser niño y niña. 

2. Prevención articulada de las violencias contra niñas, niños y adolescentes: se trabajará en estrecha colaboración con otras entidades y organizaciones para implementar la estrategia Atrapasueños y brindar atención a las familias. 

3. Protección y atención a las vulneraciones: garantizar la protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes en situaciones de vulnerabilidad. 

4. Reducción de la desnutrición y garantía de derechos humanos a la alimentación: el ICBF intensificará sus esfuerzos para combatir la desnutrición infantil en Colombia. Se realizará investigación alimentaria, se crearán zonas de recuperación alimentaria y mecanismos para alcanzar la soberanía alimentaria.

La directora general del ICBF enfatizó que estos ejes serán implementados de manera integral y articulada con otras entidades del Estado y los territorios. Sin embargo, habrá un capítulo especial para La Guajira. 

Además, hizo un llamado a todos los actores involucrados en la protección y bienestar de la niñez y adolescencia para sumarse a estos esfuerzos y trabajar juntos en la construcción de un futuro prometedor para todas las niñas y niños en el país. 

El Consejo Nacional de Política Social se compromete a llevar a cabo estas acciones con determinación y dedicación, siempre con el objetivo de garantizar los derechos y el bienestar de la niñez y la adolescencia en Colombia.