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En un trabajo realizado entre la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República y el ICBF, se identificaron registros de personal en nóminas reportadas al instituto por un valor más alto que el pagado a los colaboradores, proyectos que se debían ejecutar en un lapso específico y lo realizaban en uno menor para evitar el pago a proveedores y cobrar más de lo correspondiente. 

“Encontramos contratos de operadores que tristemente han tenido mayor cantidad de casos de muertes de niñas y niños asociados a la desnutrición. Con estas instituciones el ICBF ha dejado de contratar, promoviendo el control a la veeduría ciudadana.Además, organizaciones o fundaciones con contratos para la atención de la niñez que han tenido relación directa con clanes políticos”, reveló la directora general. 

Estas acciones responden al llamado del presidente, Gustavo Petro, quien ha insistido en la necesidad de frenar la corrupción que por años ha afectado a los niños y a las niñas, y que ha señalado, el ICBF tiene una gran responsabilidad en la veeduría de los recursos destinados a la primera infancia. “La corrupción que indudablemente aún existe, y el manejo de contratistas debe ser vigilado al extremo para que la comida de verdad llegue a la niñez”, ha indicado el mandatario. 

El ICBF está implementando un nuevo modelo de contratación que prioriza organizaciones de base comunitaria como aliados para garantizar los derechos de las niñas y los niños. El 49.9% de las organizaciones aliadas para garantizar los derechos de la niñez son comunidades indígenas, asociaciones de padres y madres, y juntas de acción comunal,fortaleciendo procesos de contratación democráticos y que contribuyen a la justicia social
A la fecha, 786 organizaciones de base comunitarias han sido escogidas para atender a los niños y las niñas en Colombia, 67 de ellas son de grupos étnicos como: Cabildos, Autoridades Tradicionales Indígenas y con poblaciones Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras, minimizando la tercerización en la contratación estatal y fortaleciendo lo público.

El ICBF está fortaleciendo la atención integral a la primera infancia, a través de un nuevo modelo de contratación que promueve el mejoramiento de las condiciones de calidad, oportunidad y pertinencia bajo un enfoque territorial e intercultural. Además, ha sido claro con los aliados responsables de la atención a la niñez, indicando que la contratación con el instituto es una responsabilidad, NO un negocio, y que los niños y niñas son vidas y no cupos. 
 

Previo a ello, Astrid Cáceres expuso la forma como hasta ahora en Colombia se ha prestado el servicio de atención a la primera infancia.

Para lograr el propósito del Gobierno, dijo la funcionaria, es necesario cambiar el esquema financiero, el cual se basa en el modelo canasta-cupo-niño, lo que hace perder la importancia de la atención a las niñas, niños y adolescentes, convirtiéndolo en un negocio. Para realizar el cambio se requieren acciones especiales y generar un sistema de cuidado comunitario con las poblaciones.

El otro ajuste que se requiere es llegar a las comunidades de manera diferenciada, teniendo en cuenta, por ejemplo, que en el país hay 115 pueblos indígenas, 64 lenguas y hay comunidades que con la atención se enfrentan a un choque cultural. Se requiere de  un modelo de educación inicial apropiado para sus costumbres y que se construya con ellos mismos.

La meta con la universalización es llegar a 400 municipios afectados por la pobreza y donde existen mayores brechas de acceso y garantía de derechos de las niñas y los niños y a 26 donde se desarrolla el proceso de Paz.

Para concluir la presentación, la directora general del ICBF comentó que el trabajo con la primera infancia en Colombia inició con la organización de las comunidades, en donde surgieron las madres comunitarias. En el país existen más 40.000 personas dedicadas a esta labor. Hay un plan de formalización y profesionalización fuerte, en su mayoría son técnicas en Primera Infancia, hay más de 2000 licencias y seis con maestría. Se está trabajando para que ellas sean trabajadoras del Estado.

(Fin/dgp/pup)

El Gobierno nacional, a través del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), presentó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) las tres acciones estratégicas para lograr una transformación en los territorios indígenas, permitiendo construir las condiciones para la prevención del reclutamiento y la atención a la desvinculación de niños, niñas y adolescentes del conflicto armado.

Durante la 189 sesión de la CIDH realizada en Washington que abordó el reclutamiento forzado de niñas, niños y adolescentes indígenas en el conflicto armado del Cauca, la directora general del ICBF Astrid Cáceres, señaló que la primera acción permite reconocer las circunstancias emocionales, sociales, políticas y económicas de las familias de los niños, niñas y adolescentes desvinculados. “Esta comprensión de lo que pasa antes y durante el reclutamiento, y posteriormente en el proceso de desvinculación, forma parte de un estudio realizado conjuntamente con Unicef que ha permitido identificar factores que determinan que el reclutamiento termina siendo una opción para muchos adolescentes, naturalizando acciones violatorias de los derechos humanos”.

Otra de las acciones es la materialización del Acuerdo A-025 en 2023, que busca la implementación de la línea de política para la prevención del reclutamiento, uso y prevención de la violencia sexual de niños, niñas y adolescentes, acorde a la diversidad cultural de los pueblos indígenas, producto de la Mesa Permanente de Concertación Nacional Indígena y la Comisión Nacional de Mujer Indígena. “Se ha impactado a 15 departamentos con acciones colectivas para la prevención del reclutamiento desde las mismas comunidades indígenas que lo estaban viviendo”, destacó Astrid Cáceres.

La tercera acción entre ICBF y Unicef está relacionada con el diálogo solicitado por el Consejo Regional Indígena del Cauca, CRIC, para el desarrollo de la propuesta Enraizando nuestras semillas para la defensa de la vida y la armonía del tejido familiar, comunitario y territorial, propuesta para la desatención de las desarmonías por reclutamiento forzado de la niñez y adolescencia en el conflicto armado en ese departamento. Una vez concluyan estos diálogos se dará inicio al trabajo conjunto que permita configurar un escenario de restablecimiento de derechos con el énfasis cultural que han pedido las comunidades.

Además, dijo que el ICBF adelanta en los territorios con mayor injerencia de los actores armados, una estrategia de prevención del reclutamiento y desarrollo de oportunidades para la niñez y la adolescencia. Se denomina Atrapasueños y tiene como objetivo lograr que las esperanzas de niños y niñas no se pierdan y que sus sueños de un proyecto de vida marquen el camino de oportunidades, la estrategia permite acercar actividades culturales, artísticas, científicas, deportivas, ambientales y lúdicas como herramientas para la promoción de sus derechos, logrando la identificación de riesgos o amenazas, la prevención de vulneraciones, la consolidación de sus sentidos de vida y la construcción de Paz.

Durante 2023 se logró vincular a Atrapasueños a 48.210 niños, niñas y adolescentes en el país, 1.700 de ellos en el departamento del Cauca.
 
“Queremos enfatizar que para este Gobierno y para el ICBF es imperante continuar avanzando de mano de las comunidades indígenas en sus territorios para lograr hacer acciones de prevención del reclutamiento y atención a la niñez y la adolescencia desvinculadas; es imperante que todo el trabajo colectivo siga enfocando sus esfuerzos en lograr que el reclutamiento así como el uso y utilización de niños, niñas y adolescentes, sea una eje central de las negociaciones de la paz total como se ha solicitado de manera reiterada en las mesas de diálogo y que la comunidad internacional acompañe este pedido para que por fin el círculo del conflicto armado se cierre con las nuevas generaciones y tengamos una Generación para la Vida y la Paz como lo hemos consagrado en nuestro Plan de Desarrollo Colombia, potencia mundial de la vida”, puntualizó su intervención la directora general del ICBF.

El anuncio fue hecho por la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, y la directora general del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), Astrid Cáceres, quienes destacaron el rol que han cumplido las madres comunitarias con la primera infancia.
 
La titular de la cartera laboral explicó que esta propuesta reafirma la importancia que para el Gobierno tienen la niñez y los programas de madres comunitarias. 
 
“Además de ser un estímulo, es un reconocimiento a la lucha de estas organizaciones que han estado trabajando durante más de 50 años para que se reconozcan sus relaciones laborales”, indicó la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez.
 
Por su parte, la directora general del ICBF, Astrid Cáceres, afirmó que “se establecerá un régimen especial para que puedan trabajar como empleadas oficiales del Estado. Esto es por lo que vamos a luchar”.
 
Con esta vinculación se busca que las madres comunitarias tengan todas las garantías laborales como trabajadoras del Estado y se dignifique su labor.

“Este es el inicio de un camino que debe construirse con las comunidades de base y que va desde el cuidado de los niños y niñas, hasta la forma en que se manejan los recursos destinados en su educación y alimentación”, insistió la directora general.
 
Las Unidades Comunitarias de Atención (UCA) donde trabajará la asociación Eirruku están ubicadas en Cachaca I y Cachaca II, y hacen parte de las nuevas sedes que entregó la directora general en el 2023, en el marco del Gobierno con el Pueblo en el departamento de La Guajira. En este espacio se brindará atención a más de 160 niños y niñas de la primera infancia con un modelo que respeta los usos y costumbres y promueve entornos protectores con herramientas educativas que estimulan la política del amor.
 
En el marco de este escenario, la ministra de Vivienda, Catalina Velasco, llegó a las comunidades de Puerto Caracol, El Arroyo, Marbacella y La Cachaca I, en el corregimiento de Camarones, anunciando la rehabilitación de infraestructuras para garantizar el acceso al agua potable de las familias que habitan estos territorios, otra acción que se suma a la atención integral que el Gobierno Nacional se propuso con el objetivo de dignificar la vida de las personas del departamento de La Guajira. 
 
Con la implementación del Pilotaje de atención integral a mujeres gestantes, primera infancia, infancia, adolescencia y familias del pueblo wayuu en territorios ancestrales, el ICBF proyecta llegar a más de 150.000 familias al término del primer semestre el 2024.

En el marco de esta evocación, que busca generar movilización en la sociedad civil para prevenir elreclutamiento, uso y utilización de niñas, niños y adolescentes en la guerra, la subdirectora General, Adriana Velásquez, hizo un llamado a toda la sociedad para que las niñas, niños y adolescentes estén en los entornos seguiros que les corresponde y alejados de los efectos de la guerra.  
 
“A los niños los necesitamos en las escuelas, en los parques, en entornos culturales y deportivos, tenemos zonas del país de alto riesgo de vinculación; por eso, la sociedad debe concentrar esfuerzos para cumplir los protocolos facultativos que nos ha dado la convención internacional de derechos de las niñas y niños. Ningún reclutamiento es voluntario, todo tipo está relacionado a formas de constreñimiento, seducción, de vinculación, pero que está muy lejos de la voluntad de las niñas, niños y adolescentes, la violencia nunca debe ser aceptada como un entorno favorable para el desarrollo de la niñez y adolescencia”, destacó la subdirectora. 
 
Actualmente, 210 niñas, niños y adolescentes hacen parte del Programa de atención especializada. Los de departamentos con mayor atención respecto a este tema son Antioquía, Cauca, Meta, Caqueta, Nariño, Chocó, Arauca, Tolima, Valle del Cauca y Putumayo. Bajo este programa han sido atendido 7.544, niñas y niños y adolescentes desde su creación en 1999
 
Para el ICBF es imperante continuar avanzando y fortaleciendo la implementación de acciones y estrategias contundentes en el marco de la prevención y protección de los derechos de la niñez y la adolescencia en un ejercicio de construcción territorial para lograr que la acción sea pertinente y sostenible en el tiempo.

De igual manera, se encuentra en proceso de contratación directa los servicios integrales para más de 270.000 niñas y niños, que a la fecha cuenta con un avance del 73%. Así mismo, a través de la invitación pública 008, avanza el proceso para la atención de más de 780.000 menores de cinco años, el cual finalizará los próximos días.

 

¨Se busca democratizar la participación, desconcentrarla en muy pocas manos y hacer que cada vez los contratos sean más pequeños, dirigidos a comunidades, más puntuales y donde ellas directamente se encarguen del cuidado y la protección de las niñas y los niños” aseguró María Mónica Martínez, directora de primera infancia del ICBF.

 

La directora también hizo énfasis en lo relevante que ha sido la implementación de la modalidad propia e intercultural, que busca que las niñas y los niños con identidad étnica, indígena, afrodescendiente, palenquera, raizal, rom y negra puedan recibir una educación diferencial respetando sus usos y costumbres.

«Esta fase tres permitirá que se brinde atención integral a más de 2.000 comunidades que quieren participar en el pilotaje y que podrán ser atendidas por asociaciones de autoridades tradicionales, juntas de acción comunal,  fundaciones o uniones temporales que cumplan con la idoneidad solicitada en el marco de la invitación pública», indicó la directora general del ICBF, Astrid Cáceres.

La directora también hizo énfasis en reconocer el rol protagónico de las comunidades con este proceso que busca mejorar la calidad en la atención y avanzar en la construcción de un modelo de atención propia para el pueblo wayuu.

Es importante aclarar que los hogares comunitarios se encuentran funcionando y se están adjudicando contratos también para prestar atención en centros de desarrollo infantil, hogares infantiles y en aquellos territorios donde se dará continuidad a la modalidad Propia e Intercultural.

En la segunda fase del pilotaje se adjudicaron contratos para brindar atención a más de 1.000 comunidades que han aceptado la implementación de esta nueva forma de atención. Con estos contratos será posible atender a 37.000 nuevas familias que se suman a las 20.000 que fueron adjudicadas en la primera fase.

Diana Carolina Baloy, directora de Protección explicó:“hemos encontrado que algunas infraestructuras no son adecuadas, ni tienen las condiciones dignas para que los adolescentes y jóvenes cumplan su sanción. En este sentido, y dando cumplimiento al Plan Nacional de Desarrollo “Colombia, potencia mundial de la vida”, y en atención a las normas internacionales como a las reglas de vida, se busca privilegiar las modalidades que no son privativas de la libertad en los diferentes departamentos”.
 
Precisamente, dijo la funcionaria, atendiendo las normas de orden nacional e internacional se hace imprescindible vincular a los mandatarios locales y departamentales para la inclusión dentro de los Planes Territoriales de Desarrollo de programas, proyectos, metas y actividades que contribuyan directamente a la implementación y apoyo a los adolescentes vinculados al SRPA, debido al alto potencial social y comunitario que contienen las medidas no privativas de la libertad.
 
“Invitamos a todos los alcaldes y gobernadores para que, en el marco de la colaboración armónica y la corresponsabilidad, se sumen con nosotros a que los adolescentes y jóvenes tengan infraestructuras dignas para que puedan cumplir con su proceso y sanción, con un modelo pedagógico-restaurativo y lograr su inclusión a la sociedad colombiana, aquella que le ha negado oportunidades para que ellos crezcan en un ambiente libre y sano”, reiteró la directora de Protección.
 
(Fin/jaa/pup)

Una vez evaluada la documentación cargada por cada uno de los aspirantes en el aplicativo destinado por la Universidad Nacional de Colombia, contrastándolos con los requisitos mínimos establecidos en el Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales, y realizado el análisis integral y de forma completa, se puede consultar el listado de admitidos, no admitidos y rechazados de plano en el proceso de selección en el siguiente link https://bit.ly/42twqYu

Las personas que decidan presentar reclamaciones en contra de los resultados preliminares de la etapa de Verificación de Requisitos Mínimos únicamente podrán hacerlo desde el perfil de usuario personal, para lo cual contarán con dos (2) días siguientes a la presente publicación de resultados, es decir, entre las 00:00 horas del día 5 de febrero hasta las 23:59 horas del día 6 de febrero de 2024. Se precisa que, las reclamaciones allegadas por un medio distinto NO serán tenidas en cuenta.