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Desde este municipio del Urabá, la subdirectora general del ICBF anunció el diseño de una estrategia para atender de manera itinerante a las familias, a los niños, niñas y adolescentes que están en condición de tránsito migratorio, pero también atender diferencialmente a la población migratoria.

Además, dijo que se firmará un convenio con la Agencia de Cooperación Española que favorecerá a niñas, niños y adolescentes venezolanos con procesos administrativos de restablecimiento de derechos abiertos en los 11 municipios de esta región antioqueña. Los recursos donados para la protección migrante permitirán la búsqueda familiar con fines de reubicación en cada caso.

La funcionaria sostuvo que “el Gobierno nacional llevó ante los países del Parlamento Andino la petición de una ruta segura enfocada en la prevención de vulneración de derechos de niñas, niños y adolescentes, teniendo en cuenta el impacto humanitario de este fenómeno, sobre todo en la región del Darién donde se presenta el paso migratorio más grande y complejo de la actualidad”.
 
De otra parte, la subdirectora general informó sobre la apertura, a partir del mes de abril, de una nueva Unidad Local en Necoclí donde operará un equipo de Defensoría de Familia con un enfoque en temas migratorios. La unidad funcionará en un espacio entregado por la Sociedad de Activos Especiales, SAE, y se espera que diferentes cooperantes aporten con donaciones para su fortalecimiento.

La subdirectora general Adriana Velásquez realizó el recorrido acompañada del Ministerio Público, el Grupo Interagencial sobre Flujos Migratorios Mixtos (GIFMM), Migración Colombia, Secretaría de Inclusión Social, Secretaría de Gobierno y profesionales de los Equipos Móviles de Protección del ICBF.
 
“Como Gobierno Nacional estamos comprometidos con la garantía de derechos y nos unimos para atender con dignidad las necesidades de la población migrante”, puntualizó la subdirectora general del ICBF.

El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), líder del Sistema Nacional de Bienestar Familiar y en cumplimiento de la Sentencia T-302, ha efectuado un proceso de socialización con el pueblo wayuu y las autoridades afrodescendientes en relación con la instauración de la Comisión Asesora Científica de La Guajira. El objetivo primordial de dicha comisión es investigar y dilucidar las causas que condujeron a la mortalidad infantil por desnutrición en la región y proporcionar herramientas que favorezcan la toma de decisiones orientadas a asegurar los derechos de los niños y niñas wayuu. 
 
“Lo ocurrido en el contexto de la instauración de la Comisión Científica es un ejemplo de unidad que nos ha brindado el pueblo wayuu. Es la prueba de que es posible hallar un propósito compartido para que, unidos, salvemos a la niñez y reconozcamos nuestra historia, para así evitar repetir errores y tomar decisiones más acertadas de ahora en adelante”, resaltó Julián Moreno Parra, director del Sistema Nacional de Bienestar Familiar.
 
Con la instauración de esta Comisión, el ICBF está dando cumplimiento al plan de acción estipulado en el Auto 1290 de 2023, en el contexto de la Sentencia T-302 de 2017. Dicha entidad trabajará en cuatro ejes temáticos: clínico y de salud; socioeconómico; cultural y étnico; y ambiental y territorial. Contará además con el soporte técnico de la comunidad internacional, entidades nacionales y territoriales y, por supuesto, con la comunidad wayuu.
 
La creación de esta Comisión surge con el fin de potenciar las dinámicas para superar las vulnerabilidades de las familias wayuu y concretar los cambios propuestos por el Gobierno Nacional, de modo que se fomente el crecimiento generacional en un entorno de justicia social.
 

Desde el 11 hasta el 22 de marzo se están entregando los montos correspondientes al pago del mes de enero y febrero del 2024, junto con el retroactivo de julio a diciembre de 2023.
 
 Se les invita a las ex madres comunitarias a acercarse al centro zonal o regional más cercano a su lugar de residencia para conocer más acerca del pago.
 
Con este reconocimiento económico se reglamenta el artículo 139 del Plan Nacional de Desarrollo.
 
Con este subsidio se busca mejorar la calidad de vida de las personas que prestaron sus servicios en favor de la primera infancia.

El anuncio fue hecho por directora de Primera Infancia del ICBF, María Mónica Martínez, al señalar que dicha atención se realiza a través de las modalidades Propia e Intercultural, Centros de Desarrollo Infantil, Hogares Comunitarios, Jardines Infantiles, entre otras.
 
Para el 2024, dijo la funcionaria, el ICBF tiene como meta la atención de 1.675.000 niños y niñas, en razón a ello los próximos días estarán abiertos los servicios pendientes, culminando así el proceso de contratación en el país.
 
Vale la pena destacar que el ICBF implementó un nuevo modelo de contratación que priorizó a las organizaciones de base como asociaciones de padres y madres de familia, juntas de acción comunal, consejos comunitarios, organizaciones indígenas y campesinas como aliadas para atender de manera integral a la primera infancia, generando un sistema de cuidado comunitario con las poblaciones.

Durante el debate de control político, Astrid Cáceres dejó claro que trabajar con el ICBF no es un negocio. “Hemos diseñado un plan de transformación para democratizar la contratación, de esta manera, las comunidades garantizarán que los recursos estén dirigidos exclusivamente al cuidado de nuestra razón de ser: la niñez.
 
De igual forma, la funcionaria celebró que los parlamentarios se interesen por la niñez y que este interés sea absolutamente legítimo y de “cómo podemos 50 millones de colombianos atender a 15 millones de niños, tarea que nos corresponde a todos y a todas”.
 
Acto seguido, Astrid Cáceres señaló que los debates de control político le ayudan a entender a la ciudadanía cuál es la transformación que se necesita, cual fue el ICBF que se recibió y el que se quiere para las niñas y niños. “Contar con ICBF público es un reto que tiene este Gobierno y en ese reto vamos a tener el acompañamiento de muchas otras entidades públicas. Vamos a demostrar la posibilidad que existe para que la entidad recupere su carácter público”, dijo.
 
La intervención de la directora general del ICBF ante los integrantes de la Comisión VII también incluyó temas como la anticorrupción, las estrategias de prevención contra diferentes riesgos que afectan a las niñas, niños y adolescentes; los retos en materia de universalización de la educación inicial, particularmente en 426 municipios colombianos; las acciones en materia de prevención de la desnutrición y los significativos avances para la atención a la primera infancia durante esta vigencia.

La jornada se desarrolló con total normalidad en la Universidad Nacional y en condiciones de igualdad para todas las personas que acudieron a la presentación de la prueba.
 
El ICBF y la UNAL invitan a todos los interesados en el proceso de selección de directores regionales, a consultar los resultados preliminares de las pruebas escritas a partir de las 00:01 horas del día 20 de marzo de 2024, en el sitio web destinado para el concurso https://meritocracia-unal.co.
 
De igual manera, se informa que las reclamaciones contra los resultados citados podrán ser interpuestas únicamente mediante el aplicativo del concurso, entre las 00:01 horas del 21 de marzo hasta las 11:59 horas del 22 de marzo de 2024.
 
La Directora General del ICBF encabezará un equipo que, junto a funcionarios especializados de la Función Pública, realizará las entrevistas correspondientes para la conformación de las ternas que serán presentadas a los gobernadores para que seleccionen a los nuevos directores regionales.

En un trabajo realizado entre la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República y el ICBF, se identificaron registros de personal en nóminas reportadas al instituto por un valor más alto que el pagado a los colaboradores, proyectos que se debían ejecutar en un lapso específico y lo realizaban en uno menor para evitar el pago a proveedores y cobrar más de lo correspondiente. 

“Encontramos contratos de operadores que tristemente han tenido mayor cantidad de casos de muertes de niñas y niños asociados a la desnutrición. Con estas instituciones el ICBF ha dejado de contratar, promoviendo el control a la veeduría ciudadana.Además, organizaciones o fundaciones con contratos para la atención de la niñez que han tenido relación directa con clanes políticos”, reveló la directora general. 

Estas acciones responden al llamado del presidente, Gustavo Petro, quien ha insistido en la necesidad de frenar la corrupción que por años ha afectado a los niños y a las niñas, y que ha señalado, el ICBF tiene una gran responsabilidad en la veeduría de los recursos destinados a la primera infancia. “La corrupción que indudablemente aún existe, y el manejo de contratistas debe ser vigilado al extremo para que la comida de verdad llegue a la niñez”, ha indicado el mandatario. 

El ICBF está implementando un nuevo modelo de contratación que prioriza organizaciones de base comunitaria como aliados para garantizar los derechos de las niñas y los niños. El 49.9% de las organizaciones aliadas para garantizar los derechos de la niñez son comunidades indígenas, asociaciones de padres y madres, y juntas de acción comunal,fortaleciendo procesos de contratación democráticos y que contribuyen a la justicia social
A la fecha, 786 organizaciones de base comunitarias han sido escogidas para atender a los niños y las niñas en Colombia, 67 de ellas son de grupos étnicos como: Cabildos, Autoridades Tradicionales Indígenas y con poblaciones Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras, minimizando la tercerización en la contratación estatal y fortaleciendo lo público.

El ICBF está fortaleciendo la atención integral a la primera infancia, a través de un nuevo modelo de contratación que promueve el mejoramiento de las condiciones de calidad, oportunidad y pertinencia bajo un enfoque territorial e intercultural. Además, ha sido claro con los aliados responsables de la atención a la niñez, indicando que la contratación con el instituto es una responsabilidad, NO un negocio, y que los niños y niñas son vidas y no cupos. 
 

Previo a ello, Astrid Cáceres expuso la forma como hasta ahora en Colombia se ha prestado el servicio de atención a la primera infancia.

Para lograr el propósito del Gobierno, dijo la funcionaria, es necesario cambiar el esquema financiero, el cual se basa en el modelo canasta-cupo-niño, lo que hace perder la importancia de la atención a las niñas, niños y adolescentes, convirtiéndolo en un negocio. Para realizar el cambio se requieren acciones especiales y generar un sistema de cuidado comunitario con las poblaciones.

El otro ajuste que se requiere es llegar a las comunidades de manera diferenciada, teniendo en cuenta, por ejemplo, que en el país hay 115 pueblos indígenas, 64 lenguas y hay comunidades que con la atención se enfrentan a un choque cultural. Se requiere de  un modelo de educación inicial apropiado para sus costumbres y que se construya con ellos mismos.

La meta con la universalización es llegar a 400 municipios afectados por la pobreza y donde existen mayores brechas de acceso y garantía de derechos de las niñas y los niños y a 26 donde se desarrolla el proceso de Paz.

Para concluir la presentación, la directora general del ICBF comentó que el trabajo con la primera infancia en Colombia inició con la organización de las comunidades, en donde surgieron las madres comunitarias. En el país existen más 40.000 personas dedicadas a esta labor. Hay un plan de formalización y profesionalización fuerte, en su mayoría son técnicas en Primera Infancia, hay más de 2000 licencias y seis con maestría. Se está trabajando para que ellas sean trabajadoras del Estado.

(Fin/dgp/pup)

El Gobierno nacional, a través del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), presentó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) las tres acciones estratégicas para lograr una transformación en los territorios indígenas, permitiendo construir las condiciones para la prevención del reclutamiento y la atención a la desvinculación de niños, niñas y adolescentes del conflicto armado.

Durante la 189 sesión de la CIDH realizada en Washington que abordó el reclutamiento forzado de niñas, niños y adolescentes indígenas en el conflicto armado del Cauca, la directora general del ICBF Astrid Cáceres, señaló que la primera acción permite reconocer las circunstancias emocionales, sociales, políticas y económicas de las familias de los niños, niñas y adolescentes desvinculados. “Esta comprensión de lo que pasa antes y durante el reclutamiento, y posteriormente en el proceso de desvinculación, forma parte de un estudio realizado conjuntamente con Unicef que ha permitido identificar factores que determinan que el reclutamiento termina siendo una opción para muchos adolescentes, naturalizando acciones violatorias de los derechos humanos”.

Otra de las acciones es la materialización del Acuerdo A-025 en 2023, que busca la implementación de la línea de política para la prevención del reclutamiento, uso y prevención de la violencia sexual de niños, niñas y adolescentes, acorde a la diversidad cultural de los pueblos indígenas, producto de la Mesa Permanente de Concertación Nacional Indígena y la Comisión Nacional de Mujer Indígena. “Se ha impactado a 15 departamentos con acciones colectivas para la prevención del reclutamiento desde las mismas comunidades indígenas que lo estaban viviendo”, destacó Astrid Cáceres.

La tercera acción entre ICBF y Unicef está relacionada con el diálogo solicitado por el Consejo Regional Indígena del Cauca, CRIC, para el desarrollo de la propuesta Enraizando nuestras semillas para la defensa de la vida y la armonía del tejido familiar, comunitario y territorial, propuesta para la desatención de las desarmonías por reclutamiento forzado de la niñez y adolescencia en el conflicto armado en ese departamento. Una vez concluyan estos diálogos se dará inicio al trabajo conjunto que permita configurar un escenario de restablecimiento de derechos con el énfasis cultural que han pedido las comunidades.

Además, dijo que el ICBF adelanta en los territorios con mayor injerencia de los actores armados, una estrategia de prevención del reclutamiento y desarrollo de oportunidades para la niñez y la adolescencia. Se denomina Atrapasueños y tiene como objetivo lograr que las esperanzas de niños y niñas no se pierdan y que sus sueños de un proyecto de vida marquen el camino de oportunidades, la estrategia permite acercar actividades culturales, artísticas, científicas, deportivas, ambientales y lúdicas como herramientas para la promoción de sus derechos, logrando la identificación de riesgos o amenazas, la prevención de vulneraciones, la consolidación de sus sentidos de vida y la construcción de Paz.

Durante 2023 se logró vincular a Atrapasueños a 48.210 niños, niñas y adolescentes en el país, 1.700 de ellos en el departamento del Cauca.
 
“Queremos enfatizar que para este Gobierno y para el ICBF es imperante continuar avanzando de mano de las comunidades indígenas en sus territorios para lograr hacer acciones de prevención del reclutamiento y atención a la niñez y la adolescencia desvinculadas; es imperante que todo el trabajo colectivo siga enfocando sus esfuerzos en lograr que el reclutamiento así como el uso y utilización de niños, niñas y adolescentes, sea una eje central de las negociaciones de la paz total como se ha solicitado de manera reiterada en las mesas de diálogo y que la comunidad internacional acompañe este pedido para que por fin el círculo del conflicto armado se cierre con las nuevas generaciones y tengamos una Generación para la Vida y la Paz como lo hemos consagrado en nuestro Plan de Desarrollo Colombia, potencia mundial de la vida”, puntualizó su intervención la directora general del ICBF.

El anuncio fue hecho por la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, y la directora general del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), Astrid Cáceres, quienes destacaron el rol que han cumplido las madres comunitarias con la primera infancia.
 
La titular de la cartera laboral explicó que esta propuesta reafirma la importancia que para el Gobierno tienen la niñez y los programas de madres comunitarias. 
 
“Además de ser un estímulo, es un reconocimiento a la lucha de estas organizaciones que han estado trabajando durante más de 50 años para que se reconozcan sus relaciones laborales”, indicó la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez.
 
Por su parte, la directora general del ICBF, Astrid Cáceres, afirmó que “se establecerá un régimen especial para que puedan trabajar como empleadas oficiales del Estado. Esto es por lo que vamos a luchar”.
 
Con esta vinculación se busca que las madres comunitarias tengan todas las garantías laborales como trabajadoras del Estado y se dignifique su labor.