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El convenio fue firmado por la subdirectora general del ICBF, Adriana Velásquez, y el alcalde de Tierralta, Jesús David Contreras, en un encuentro que contó con la  participación de las niñas, niños y adolescentes de la institución educativa Fe y Alegría, contigua al terreno donde se construirá la casa Atrapasueños, así como de miembros de las comunidades que se beneficiarán con el proyecto.
 
Por su parte, la directora de Adolescencia y Juventud del ICBF, Naya Gutiérrez, explicó que la estrategia intersectorial Atrapasueños busca, a través de alianzas, llegar a la niñez y la adolescencia con atención integral para el desarrollo de sus habilidades.

“Esta nueva forma en la que las niñas, niños y adolescentes recibirán atención a través del arte, la cultura, el deporte, la ciencia, y los saberes propios, es la gran apuesta del Gobierno del Cambio para que los sueños de la generación de la Paz no se pierdan y sean potenciados a través de una construcción con las comunidades”, dijo la funcionaria.
 
El ICBF en Tierralta atiende a 500 niñas, niños y adolescentes a través de la modalidad  comunitaria Atrapasueños, es decir, en espacios dispuestos por la comunidad como bibliotecas, canchas de futbol, casas de la cultura, entre otras. 

“El propósito es fortalecer sus capacidades para generar ambientes cuidadores que permitan el desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes, la garantía de los derechos individuales y colectivos, la construcción de tejidos social y cultural, la protección integral y el buen vivir, a partir del reconocimiento de sus saberes, tradiciones, intereses, usos y costumbres, aportando en la pervivencia y salvaguarda de las poblaciones étnicas y campesinas”, sostuvo la directora de Familias y Comunidades del ICBF, Haidy Duque.
 
Las familias  indígenas que estarán atendidas por el ICBF son: Sambdui, Beguido, Nawa Nuevo, Kiparado, Amborromía, Kredo, Nawa, Kapupudo y Mongaratatado, ubicadas en el municipio de Tierralta, asentado en los límites del Parque Natural Nacional Nudo del Paramillo.
 
En este mismo espacio y mediante un diálogo abierto y colaborativo que contó con la participación de la subdirectora general del ICBF, Adriana Velásquez, las lideresas expresaron las necesidades de la comunidad para que la entidad identifique y priorice las áreas que requieren atención.
 
La funcionaria les manifestó que las organizaciones sociales, étnicas, campesinas de padres y madres de familia, entre otras, pueden postularse como aliados en la operación de servicios, para que de esa forma ayuden no solo a cuidar a las niñas y los niños, sino también los recursos públicos destinados para dicha atención.
 
(Fin/dgp/pup)

Una de las inquietudes reiteradas de las madres comunitarias transitadas de los municipios de San Benito, La Unión, San Marcos, Morroa, Sincé, Sincelejo y de la región de La Mojana estuvo relacionada con las dificultades de salud que presentan algunas de ellas y les impide desarrollar a plenitud sus actividades y otras que, aun teniendo edad para retirarse, no lo hacen porque no cuentan con pensión.

Como respuesta a las diferentes situaciones expuestas, la directora general del ICBF le reiteró a las madres comunitarias que el Gobierno del Cambio viene trabajando en dos acciones para amparar a las madres. La primera es un estudio con la Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC) para la creación del cargo de madre comunitaria, como también se sigue insistiendo en un régimen especial para ellas dentro de la reforma laboral; y como segunda acción se abrirá un link permanente para que las madres se inscriban para acceder al bono pensional, se empezarán a evacuar los cupos con las madres comunitarias que tienen discapacidad o que tienen la edad de retiro y que han pedido voluntariamente ser tenidas en cuenta.

En la conversación con las madres comunitarias, Astrid Cáceres Cárdenas, insistió en la necesidad de despolitizar la atención a la primera infancia.

(Fin/jca/pup)
 

El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), líder del Sistema Nacional de Bienestar Familiar y en cumplimiento de la Sentencia T-302, ha efectuado un proceso de socialización con el pueblo wayuu y las autoridades afrodescendientes en relación con la instauración de la Comisión Asesora Científica de La Guajira. El objetivo primordial de dicha comisión es investigar y dilucidar las causas que condujeron a la mortalidad infantil por desnutrición en la región y proporcionar herramientas que favorezcan la toma de decisiones orientadas a asegurar los derechos de los niños y niñas wayuu.
 
“Lo ocurrido en el contexto de la instalación de la Comisión Científica es un ejemplo de unidad que nos ha brindado el pueblo wayuu. Es la prueba de que es posible hallar un propósito compartido para que, unidos, salvemos a la niñez y reconozcamos nuestra historia, para así evitar repetir errores y tomar decisiones más acertadas de ahora en adelante”, resaltó Julián Moreno Parra, director del Sistema Nacional de Bienestar Familiar.
 
Con la instauración de esta Comisión, el ICBF da cumplimiento al plan de acción estipulado en el Auto 1290 de 2023, en el contexto de la Sentencia T-302 de 2017. Dicha instancia trabajará en cuatro ejes temáticos: clínico y de salud; socioeconómico; cultural y étnico; ambiental y territorial. Contará además con el soporte técnico de la comunidad internacional, entidades nacionales y territoriales y, por supuesto, con la comunidad wayuu.
 
La creación de la Comisión Científica surge con el fin de potenciar las dinámicas para superar las vulnerabilidades de las familias wayuu y concretar los cambios propuestos por el Gobierno Nacional, de modo que se fomente el crecimiento generacional en un entorno de justicia social.
 
 

Desde este municipio del Urabá, la subdirectora general del ICBF anunció el diseño de una estrategia para atender de manera itinerante a las familias, a los niños, niñas y adolescentes que están en condición de tránsito migratorio, pero también atender diferencialmente a la población migratoria.

Además, dijo que se firmará un convenio con la Agencia de Cooperación Española que favorecerá a niñas, niños y adolescentes venezolanos con procesos administrativos de restablecimiento de derechos abiertos en los 11 municipios de esta región antioqueña. Los recursos donados para la protección migrante permitirán la búsqueda familiar con fines de reubicación en cada caso.

La funcionaria sostuvo que “el Gobierno nacional llevó ante los países del Parlamento Andino la petición de una ruta segura enfocada en la prevención de vulneración de derechos de niñas, niños y adolescentes, teniendo en cuenta el impacto humanitario de este fenómeno, sobre todo en la región del Darién donde se presenta el paso migratorio más grande y complejo de la actualidad”.
 
De otra parte, la subdirectora general informó sobre la apertura, a partir del mes de abril, de una nueva Unidad Local en Necoclí donde operará un equipo de Defensoría de Familia con un enfoque en temas migratorios. La unidad funcionará en un espacio entregado por la Sociedad de Activos Especiales, SAE, y se espera que diferentes cooperantes aporten con donaciones para su fortalecimiento.

La subdirectora general Adriana Velásquez realizó el recorrido acompañada del Ministerio Público, el Grupo Interagencial sobre Flujos Migratorios Mixtos (GIFMM), Migración Colombia, Secretaría de Inclusión Social, Secretaría de Gobierno y profesionales de los Equipos Móviles de Protección del ICBF.
 
“Como Gobierno Nacional estamos comprometidos con la garantía de derechos y nos unimos para atender con dignidad las necesidades de la población migrante”, puntualizó la subdirectora general del ICBF.

El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), líder del Sistema Nacional de Bienestar Familiar y en cumplimiento de la Sentencia T-302, ha efectuado un proceso de socialización con el pueblo wayuu y las autoridades afrodescendientes en relación con la instauración de la Comisión Asesora Científica de La Guajira. El objetivo primordial de dicha comisión es investigar y dilucidar las causas que condujeron a la mortalidad infantil por desnutrición en la región y proporcionar herramientas que favorezcan la toma de decisiones orientadas a asegurar los derechos de los niños y niñas wayuu. 
 
“Lo ocurrido en el contexto de la instauración de la Comisión Científica es un ejemplo de unidad que nos ha brindado el pueblo wayuu. Es la prueba de que es posible hallar un propósito compartido para que, unidos, salvemos a la niñez y reconozcamos nuestra historia, para así evitar repetir errores y tomar decisiones más acertadas de ahora en adelante”, resaltó Julián Moreno Parra, director del Sistema Nacional de Bienestar Familiar.
 
Con la instauración de esta Comisión, el ICBF está dando cumplimiento al plan de acción estipulado en el Auto 1290 de 2023, en el contexto de la Sentencia T-302 de 2017. Dicha entidad trabajará en cuatro ejes temáticos: clínico y de salud; socioeconómico; cultural y étnico; y ambiental y territorial. Contará además con el soporte técnico de la comunidad internacional, entidades nacionales y territoriales y, por supuesto, con la comunidad wayuu.
 
La creación de esta Comisión surge con el fin de potenciar las dinámicas para superar las vulnerabilidades de las familias wayuu y concretar los cambios propuestos por el Gobierno Nacional, de modo que se fomente el crecimiento generacional en un entorno de justicia social.
 

Desde el 11 hasta el 22 de marzo se están entregando los montos correspondientes al pago del mes de enero y febrero del 2024, junto con el retroactivo de julio a diciembre de 2023.
 
 Se les invita a las ex madres comunitarias a acercarse al centro zonal o regional más cercano a su lugar de residencia para conocer más acerca del pago.
 
Con este reconocimiento económico se reglamenta el artículo 139 del Plan Nacional de Desarrollo.
 
Con este subsidio se busca mejorar la calidad de vida de las personas que prestaron sus servicios en favor de la primera infancia.

El anuncio fue hecho por directora de Primera Infancia del ICBF, María Mónica Martínez, al señalar que dicha atención se realiza a través de las modalidades Propia e Intercultural, Centros de Desarrollo Infantil, Hogares Comunitarios, Jardines Infantiles, entre otras.
 
Para el 2024, dijo la funcionaria, el ICBF tiene como meta la atención de 1.675.000 niños y niñas, en razón a ello los próximos días estarán abiertos los servicios pendientes, culminando así el proceso de contratación en el país.
 
Vale la pena destacar que el ICBF implementó un nuevo modelo de contratación que priorizó a las organizaciones de base como asociaciones de padres y madres de familia, juntas de acción comunal, consejos comunitarios, organizaciones indígenas y campesinas como aliadas para atender de manera integral a la primera infancia, generando un sistema de cuidado comunitario con las poblaciones.

Durante el debate de control político, Astrid Cáceres dejó claro que trabajar con el ICBF no es un negocio. “Hemos diseñado un plan de transformación para democratizar la contratación, de esta manera, las comunidades garantizarán que los recursos estén dirigidos exclusivamente al cuidado de nuestra razón de ser: la niñez.
 
De igual forma, la funcionaria celebró que los parlamentarios se interesen por la niñez y que este interés sea absolutamente legítimo y de “cómo podemos 50 millones de colombianos atender a 15 millones de niños, tarea que nos corresponde a todos y a todas”.
 
Acto seguido, Astrid Cáceres señaló que los debates de control político le ayudan a entender a la ciudadanía cuál es la transformación que se necesita, cual fue el ICBF que se recibió y el que se quiere para las niñas y niños. “Contar con ICBF público es un reto que tiene este Gobierno y en ese reto vamos a tener el acompañamiento de muchas otras entidades públicas. Vamos a demostrar la posibilidad que existe para que la entidad recupere su carácter público”, dijo.
 
La intervención de la directora general del ICBF ante los integrantes de la Comisión VII también incluyó temas como la anticorrupción, las estrategias de prevención contra diferentes riesgos que afectan a las niñas, niños y adolescentes; los retos en materia de universalización de la educación inicial, particularmente en 426 municipios colombianos; las acciones en materia de prevención de la desnutrición y los significativos avances para la atención a la primera infancia durante esta vigencia.

La jornada se desarrolló con total normalidad en la Universidad Nacional y en condiciones de igualdad para todas las personas que acudieron a la presentación de la prueba.
 
El ICBF y la UNAL invitan a todos los interesados en el proceso de selección de directores regionales, a consultar los resultados preliminares de las pruebas escritas a partir de las 00:01 horas del día 20 de marzo de 2024, en el sitio web destinado para el concurso https://meritocracia-unal.co.
 
De igual manera, se informa que las reclamaciones contra los resultados citados podrán ser interpuestas únicamente mediante el aplicativo del concurso, entre las 00:01 horas del 21 de marzo hasta las 11:59 horas del 22 de marzo de 2024.
 
La Directora General del ICBF encabezará un equipo que, junto a funcionarios especializados de la Función Pública, realizará las entrevistas correspondientes para la conformación de las ternas que serán presentadas a los gobernadores para que seleccionen a los nuevos directores regionales.