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“Este es el inicio de un camino que debe construirse con las comunidades de base y que va desde el cuidado de los niños y niñas, hasta la forma en que se manejan los recursos destinados en su educación y alimentación”, insistió la directora general.
 
Las Unidades Comunitarias de Atención (UCA) donde trabajará la asociación Eirruku están ubicadas en Cachaca I y Cachaca II, y hacen parte de las nuevas sedes que entregó la directora general en el 2023, en el marco del Gobierno con el Pueblo en el departamento de La Guajira. En este espacio se brindará atención a más de 160 niños y niñas de la primera infancia con un modelo que respeta los usos y costumbres y promueve entornos protectores con herramientas educativas que estimulan la política del amor.
 
En el marco de este escenario, la ministra de Vivienda, Catalina Velasco, llegó a las comunidades de Puerto Caracol, El Arroyo, Marbacella y La Cachaca I, en el corregimiento de Camarones, anunciando la rehabilitación de infraestructuras para garantizar el acceso al agua potable de las familias que habitan estos territorios, otra acción que se suma a la atención integral que el Gobierno Nacional se propuso con el objetivo de dignificar la vida de las personas del departamento de La Guajira. 
 
Con la implementación del Pilotaje de atención integral a mujeres gestantes, primera infancia, infancia, adolescencia y familias del pueblo wayuu en territorios ancestrales, el ICBF proyecta llegar a más de 150.000 familias al término del primer semestre el 2024.

En el marco de esta evocación, que busca generar movilización en la sociedad civil para prevenir elreclutamiento, uso y utilización de niñas, niños y adolescentes en la guerra, la subdirectora General, Adriana Velásquez, hizo un llamado a toda la sociedad para que las niñas, niños y adolescentes estén en los entornos seguiros que les corresponde y alejados de los efectos de la guerra.  
 
“A los niños los necesitamos en las escuelas, en los parques, en entornos culturales y deportivos, tenemos zonas del país de alto riesgo de vinculación; por eso, la sociedad debe concentrar esfuerzos para cumplir los protocolos facultativos que nos ha dado la convención internacional de derechos de las niñas y niños. Ningún reclutamiento es voluntario, todo tipo está relacionado a formas de constreñimiento, seducción, de vinculación, pero que está muy lejos de la voluntad de las niñas, niños y adolescentes, la violencia nunca debe ser aceptada como un entorno favorable para el desarrollo de la niñez y adolescencia”, destacó la subdirectora. 
 
Actualmente, 210 niñas, niños y adolescentes hacen parte del Programa de atención especializada. Los de departamentos con mayor atención respecto a este tema son Antioquía, Cauca, Meta, Caqueta, Nariño, Chocó, Arauca, Tolima, Valle del Cauca y Putumayo. Bajo este programa han sido atendido 7.544, niñas y niños y adolescentes desde su creación en 1999
 
Para el ICBF es imperante continuar avanzando y fortaleciendo la implementación de acciones y estrategias contundentes en el marco de la prevención y protección de los derechos de la niñez y la adolescencia en un ejercicio de construcción territorial para lograr que la acción sea pertinente y sostenible en el tiempo.

De igual manera, se encuentra en proceso de contratación directa los servicios integrales para más de 270.000 niñas y niños, que a la fecha cuenta con un avance del 73%. Así mismo, a través de la invitación pública 008, avanza el proceso para la atención de más de 780.000 menores de cinco años, el cual finalizará los próximos días.

 

¨Se busca democratizar la participación, desconcentrarla en muy pocas manos y hacer que cada vez los contratos sean más pequeños, dirigidos a comunidades, más puntuales y donde ellas directamente se encarguen del cuidado y la protección de las niñas y los niños” aseguró María Mónica Martínez, directora de primera infancia del ICBF.

 

La directora también hizo énfasis en lo relevante que ha sido la implementación de la modalidad propia e intercultural, que busca que las niñas y los niños con identidad étnica, indígena, afrodescendiente, palenquera, raizal, rom y negra puedan recibir una educación diferencial respetando sus usos y costumbres.

«Esta fase tres permitirá que se brinde atención integral a más de 2.000 comunidades que quieren participar en el pilotaje y que podrán ser atendidas por asociaciones de autoridades tradicionales, juntas de acción comunal,  fundaciones o uniones temporales que cumplan con la idoneidad solicitada en el marco de la invitación pública», indicó la directora general del ICBF, Astrid Cáceres.

La directora también hizo énfasis en reconocer el rol protagónico de las comunidades con este proceso que busca mejorar la calidad en la atención y avanzar en la construcción de un modelo de atención propia para el pueblo wayuu.

Es importante aclarar que los hogares comunitarios se encuentran funcionando y se están adjudicando contratos también para prestar atención en centros de desarrollo infantil, hogares infantiles y en aquellos territorios donde se dará continuidad a la modalidad Propia e Intercultural.

En la segunda fase del pilotaje se adjudicaron contratos para brindar atención a más de 1.000 comunidades que han aceptado la implementación de esta nueva forma de atención. Con estos contratos será posible atender a 37.000 nuevas familias que se suman a las 20.000 que fueron adjudicadas en la primera fase.

Diana Carolina Baloy, directora de Protección explicó:“hemos encontrado que algunas infraestructuras no son adecuadas, ni tienen las condiciones dignas para que los adolescentes y jóvenes cumplan su sanción. En este sentido, y dando cumplimiento al Plan Nacional de Desarrollo “Colombia, potencia mundial de la vida”, y en atención a las normas internacionales como a las reglas de vida, se busca privilegiar las modalidades que no son privativas de la libertad en los diferentes departamentos”.
 
Precisamente, dijo la funcionaria, atendiendo las normas de orden nacional e internacional se hace imprescindible vincular a los mandatarios locales y departamentales para la inclusión dentro de los Planes Territoriales de Desarrollo de programas, proyectos, metas y actividades que contribuyan directamente a la implementación y apoyo a los adolescentes vinculados al SRPA, debido al alto potencial social y comunitario que contienen las medidas no privativas de la libertad.
 
“Invitamos a todos los alcaldes y gobernadores para que, en el marco de la colaboración armónica y la corresponsabilidad, se sumen con nosotros a que los adolescentes y jóvenes tengan infraestructuras dignas para que puedan cumplir con su proceso y sanción, con un modelo pedagógico-restaurativo y lograr su inclusión a la sociedad colombiana, aquella que le ha negado oportunidades para que ellos crezcan en un ambiente libre y sano”, reiteró la directora de Protección.
 
(Fin/jaa/pup)

Una vez evaluada la documentación cargada por cada uno de los aspirantes en el aplicativo destinado por la Universidad Nacional de Colombia, contrastándolos con los requisitos mínimos establecidos en el Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales, y realizado el análisis integral y de forma completa, se puede consultar el listado de admitidos, no admitidos y rechazados de plano en el proceso de selección en el siguiente link https://bit.ly/42twqYu

Las personas que decidan presentar reclamaciones en contra de los resultados preliminares de la etapa de Verificación de Requisitos Mínimos únicamente podrán hacerlo desde el perfil de usuario personal, para lo cual contarán con dos (2) días siguientes a la presente publicación de resultados, es decir, entre las 00:00 horas del día 5 de febrero hasta las 23:59 horas del día 6 de febrero de 2024. Se precisa que, las reclamaciones allegadas por un medio distinto NO serán tenidas en cuenta.

“Con el propósito de garantizar los derechos de 49 niñas y adolescentes que se encuentran bajo protección del ICBF, nos encontramos en la sede de la Fundación EDUCOL para informar al representante legal sobre el proceso de inspección y vigilancia que realizaremos para revisar cada uno de los casos y tomar medidas contundentes sobre la situación presentada”, señaló el director general (E) del ICBF Milton Forero.

Por su parte la subdirectora general del ICBF, Adriana Velásquez, indicó que un equipo del ICBF conformado por la dirección de la regional Bogotá, la Oficina de Aseguramiento a la Calidad y la dirección de Protección, adelantarán todas las medidas de urgencia para atender el caso.

Además, Velásquez añadió que: “ya se ha articulado con la Fiscalía General de la Nación para que se adelanten las decisiones en materia judicial sobre el caso y que desde el ICBF se iniciará un acompañamiento psicológico especializado a las niñas y adolescentes que se encontraban bajo protección en esta institución y a sus familias para dar certeza sobre las acciones en materia de garantía de derechos que se adelantará en favor de las menores de edad”.

Durante la jornada que incluyó un encuentro en la regional Bogotá con las familias de las niñas y adolescentes, el ICBF les comunicó las acciones que se adelantarán y enfatizó que vigilará rigurosamente a todas las instituciones de protección para velar por la garantía de los derechos de las niñas, niños y adolescentes.
 
El ICBF reitera el llamado a los servidores públicos y a las instituciones de Protección de cero tolerancia frente a la vulneración de derechos de los niños, niñas y adolescentes, así como a denunciar a tiempo, como parte de sus funciones y obligaciones, todo hecho que atente contra la integridad de la niñez y la adolescencia.

De igual forma, el ICBF ya inició el proceso de contratación para los servicios en las modalidades Integrales, Familiares y Propias e Interculturales, para garantizar los días de atención establecidos en las manuales de la entidad.

“Nuestro compromiso será siempre atender de manera oportuna y con calidad a 1.675.000 niños y niñas de la primera infancia. Estamos cumpliendo un cronograma para que a cierre de este año sean 210 días de atención, tal y como se encuentra establecido” indicó la subdirectora General del ICBF, Adriana Velázquez. 

Además, agregó que “para las modalidades Integrales, Familiares y Propias e Interculturales en el país, se está democratizando y pluralizando la contratación de primera infancia”. A renglón seguido sostuvo que “hoy, SECOP II es nuestra única plataforma de contratación para quienes quieren presentarse y cumplan las condiciones contractuales de atención a las niñas y los niños de Colombia”. 

La funcionaria dijo que para los dos procesos, en esta oportunidad, se han tenido en cuenta la participación de organizaciones de base como asociaciones de madres comunitarias, grupos étnicos, asociaciones campesinas, entre otros, quienes cuentan con arraigo y reconocimiento comunitario que generen sistemas de cuidado colectivo para garantizar los derechos de las niñas y niños. Se espera que este año, el 75% de los operadores en el país sean organizaciones de base.

Para que los nuevos mandatarios integren políticas que garanticen los derechos de las niñas, niños y adolescentes del país, el Sistema Nacional de Bienestar Familiar, la coalición Niñez Ya y la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP), realizarán el curso virtual gratuito ‘La Niñez en los Planes de Desarrollo Territorial', cuyo plazo de inscripción vence este 30 de enero.
 
El curso, enmarcado en la estrategia Juntos por la Niñez, busca acompañar y orientar la formulación de los planes de desarrollo de los alcaldes y gobernadores, quienes se encuentran formulando los documentos que serán la ruta de acciones durante los próximos cuatro años de gobierno, para presentarlos ante los concejos municipales y asambleas departamentales en el primer semestre del año.
 
El curso se llevará a cabo en dos etapas, la primera del 1 al 29 de febrero y la segunda del 1 al 31 de marzo de 2024. Las inscripciones que estarán abiertas hasta el 30 de enero se pueden realizar en el siguiente enlace
[https://bit.ly/4852rs2].
 
El contenido del curso se dividirá en tres unidades fundamentales:

1. Comienzo fundamental para la Vida, Salud y Nutrición | Educación inicial | Educación preescolar, básica y media.

2. Cuidado y amor para el bienestar de la niñez | Fortalecimiento de la familia, el cuidado y la crianza | Protección frente a cualquier tipo de violencia | Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes.

3. Expresiones del ejercicio ciudadano y la construcción de país: Juego | Participación | Cultura de paz, reconciliación y convivencia.
 
"El curso virtual proporcionará herramientas a los nuevos gobiernos municipales y departamentales para que cumplan con el mandato del artículo 204 de la Ley de la Infancia y la Adolescencia (Ley 1098 de 2006), que insta al diseño del Plan de Desarrollo Territorial con enfoque diferencial y prioritario en infancia y adolescencia. Además, brindará información a la ciudadanía sobre los asuntos impostergables para la niñez con el fin de que pueda aportar en el proceso que se dará en todo Colombia", enfatiza NiñezYa.

A través de la denuncia anticorrupción, radicada con el número 3395 y SIM 1763307712, la Oficina Asesora Jurídica del ICBF tuvo conocimiento de posibles hechos contrarios a la ley relacionados con el contrato 363 de 2021. 
 
Conforme al lineamiento anticorrupción institucional, y en estricto acatamiento al debido proceso y tolerancia cero a los actos de corrupción, se inició la recopilación de la información necesaria y los elementos materiales probatorios, que permitieran promover las denuncias correspondientes. Este proceso culminó el día 2 de febrero del año 2023, fecha en la cual el ICBF instauró denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación, con el radicado número CUI 520016099032202316550.
 
Ahora bien, en relación con los procesos administrativos sancionatorios es importante precisar que estos se encuentran en cabeza de las Direcciones Regionales, como ordenadoras de este gasto, a ellos corresponde la gestión y decisiones de fondo en cada caso. No obstante, y a pesar de que por competencia estos procesos no son adelantados desde el despacho de la Dirección General, esta administración identificó demoras excesivas en su trámite por lo que dispuso mecanismos de acompañamiento logrando así duplicar las sanciones impuestas a los operadores que no cumplieron a cabalidad el objeto para el cual fueron contratados, pasando de 30 sanciones impuestas en 2021 a 70 en 2023.
 
La sanción del contrato 363 de 2021 es una de las identificadas especialmente demorada, sobre la cual el equipo nacional revisó y acompañó a la dirección regional logrando ejecutoriarla el pasado 24 de noviembre de 2023, con una imposición de multa por $1.412.415.137.
 
Frente a la presunta relación de un exconcejal con la unión temporal sancionada, el despacho de la Dirección General solicitó revisión de las bases de contratación para verificar los asociados de la unión temporal que celebró contrato en 2021, identificando que ese nombre figura como revisor fiscal de una de las dos organizaciones que conforman la unión temporal. De igual forma, es preciso informar que esta Administración no ha celebrado contratos con dicha unión temporal ni con sus asociados.
 
Desde la llegada del Gobierno del Cambio al ICBF se han tomado medidas contundentes para contrarrestar posibles escenarios de corrupción, y manejos que puedan presentarse en la selección, operación y ejecución contractual de los servicios. Uno de ellos es la realización de una auditoría de control interno sobre los mecanismos de selección de operadores de Primera Infancia y su eficiencia en la selección. Se concluyó que mecanismos como BETTO, así como la herramienta de seguimiento a la ejecución (IDEAS), no reúnen los requisitos de transparencia necesarios para ser utilizados en la contratación del 2024. Dichas denuncias fueron remitidas en octubre de 2023 a las entidades de control.
 
Esta administración, con el acompañamiento de la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República, conformó un equipo anticorrupción con el propósito de realizar verificaciones especializadas de posibles interrelaciones entre operadores para acumular contratación, y otros factores que al final se traducen en mala atención para los niños y niñas.
 
De igual forma, las nuevas invitaciones públicas fomentan la pluralidad de oferentes, incentivan la participación de nuevos actores con una base comunitaria más sólida, cuyo trabajo territorial permite también un control ciudadano más cercano. Adicionalmente, se han puesto límites a la cantidad de contratos para adjudicar, al número de cupos que puede tener un operador, así como criterios que priorizan la territorialidad de los actores de manera que, además de las mejoras en procesos de supervisión institucional, los controles sociales ayuden a cualificar la atención para los niños y niñas.
 
La revista Cambio señala elementos nuevos no conocidos por el despacho de la Dirección General relacionados con un funcionario del Instituto, ante los cuales, en el marco del respeto por la institucionalidad, se adelantarán las acciones a que haya lugar.
 
La Dirección General considera que la tarea periodística por develar nexos entre actores políticos e irregularidades en la contratación es una labor que le permite al país conocer más a fondo realidades regionales que afectan al interés público, y en este caso particular la revista aporta valiosos elementos a situaciones que previamente el ICBF puso en conocimiento de las autoridades competentes.
 
El ICBF en su compromiso por la tolerancia cero frente a hechos de corrupción invita a denunciar cualquier hecho irregular en los canales de denuncia dispuestos como: línea gratuita nacional ICBF: 01 8000 91 80 80, disponible lunes a viernes 8:00 am a 5:00 pm.; la línea Anticorrupción: 01 8000 91 80 80, opción 4, la línea 141, correo Atención al Ciudadano: atencionalciudadano@icbf.gov.co