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La norma no exige que haya constreñimiento, intimidación o cualquier forma de coacción para que se configure el delito. De hecho, el eventual consentimiento dado por la víctima no exonera de la responsabilidad penal, siendo un agravante que la conducta es cometida por un turista y las víctimas son menores de (14) años de edad.

De otra parte, y una vez se tuvo conocimiento de los hechos, el ICBF designó equipos especializados de Defensorías de Familia para brindar acompañamiento a las niñas, quienes se encuentran en centros hospitalarios recibiendo atención en salud y psicosocial. 

Sobre las actuaciones de la administración del ‘Hotel Gotham’, debió primar el sentido de corresponsabilidad y debida diligencia en la protección de las niñas víctimas; según la Ley1336 de 2009 todos los establecimientos que prestan servicios turísticos deben establecer un código de conducta para la prevención de la explotación sexual comercial de niñas, niños y adolescentes.

Así mismo, la Resolución 3840 de 2009 que fija las reglas para la implementación efectiva de este código establece la obligación de “Impedir el ingreso de niñas, niños y adolescentes a los hoteles o lugares de alojamiento y hospedaje… con fines de explotación o abuso sexual”; también obliga a “denunciar ante el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y demás autoridades competentes, los hechos de que tenga conocimiento, así como la existencia de lugares, relacionados con explotación sexual de niños, niñas y adolescentes. Por otra parte, la empresa debe contar con protocolos y canales internos para la denuncia.

En consecuencia, la responsabilidad de la empresa no es solo impedir el ingreso de las niñas víctimas, sino también denunciar las situaciones presentadas que, de no ser por un reporte ciudadano, quizá no se hubiesen conocido.

Para la Fundación Renacer, organización colombiana que lleva 36 años trabajando por la prevención, atención e investigación de este delito, casos como este son una muestra de la necesidad urgente de continuar fortaleciendo su prevención, identificación y judicialización, involucrando a las empresas del sector de los viajes y el turismo en la transformación de prácticas que normalizan la violencia contra la niñez mientras se protege la seguridad de los turistas, ocultando la demanda, que es la verdadera causante de estas situaciones.

Según la información reportada en el Sistema de Información Misional SIM del ICBF, desde enero de 2023 a 29 de febrero de 2024 se tiene un reporte de 313 casos de violencia sexual, 48 de los cuales corresponden a Antioquia, 39 a Bogotá e igual número a Bolívar y 37 en Valle del Cauca.

De acuerdo con las cifras históricas del ICBF, las regiones con mayores ingresos a procesos de restablecimiento de derechos por motivos de violencia sexual en contra de la niñez y la adolescencia entre los años 2020 al 2024 son Bogotá y Cundinamarca con 58.221; Valle del Cauca 27.300 y Antioquia con 14.592.

En un panorama de este delito en Medellín, de acuerdo con información de la Fiscalía General de la Nación, solo entre 2020 y 2023, en Medellín se cometieron 885 delitos de explotación sexual contra niños, niñas y adolescentes. La Fundación Renacer atendió junto al ICBF 342 niñas, niños y adolescentes victimas de explotación sexual, trata con fines sexuales y violencia sexual durante 2023 en Colombia.

Tanto el ICBF como la Fundación Renacer aplauden la conducta del ciudadano/a que alertó a las autoridades e insta a la ciudadanía en general para que reporte todo posible caso de trata y explotación sexual a la línea 123 de Policía, 122 de la Fiscalía o la línea nacional 141 del ICBF.

Finalmente, la Fundación Renacer, pone a disposición de las empresas, la herramienta internacional The Code, código de conducta contra la explotación sexual comercial en el contexto de viajes y turismo, que, en el marco de la debida diligencia de empresas y derechos humanos, consolida herramientas para la protección de las niñas, niños y adolescentes.

Para más información https://www.fundacionrenacer.org/se-parte-del-codigo/

“Escuchar la voz de las niñas y los niños, saber qué les gusta, pero también que les hace falta, qué necesitan y qué debemos cambiar en la atención, es una prioridad para el ICBF, y ese es el objetivo de las jornadas que se adelantarán a lo largo de este mes, en las instituciones de protección, centros de desarrollo infantil, hogares comunitarios, jardines infantiles”, entre otros , sostuvo la directora general del ICBF, Astrid Cáceres.

Además, dijo que desde el ICBF se sigue trabajando por la niñez colombiana y por garantizar sus derechos, tarea fundamental para el Gobierno del Cambio.

Como se recordará, en el año 2001 se hizo realidad la institucionalización de la Celebración del Día de la Niñez y la Recreación en Colombia, con la Ley 724, la cual establece que cada año será dedicado el tercer sábado del mes de abril a homenajear a la niñez.

Recuperar la capacidad para comprar de manera directa los alimentos que entrega en sus programas el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) permitirá que los niños y las niñas reciban raciones completas, que coman bien y lo que requieren para su desarrollo integral.
 
Así se lo expuso la directora general del ICBF, Astrid Cáceres, al presidente de la República Gustavo Petro durante la jornada del Gobierno con el Pueblo Caribe, recalcando que esa compra de alimentos de manera directa se puede hacer a través de la nueva Agencia Nacional Agroalimentaria. “Cómo garantizamos que la comida llegue completa, sea comprada localmente y que los niños la coman bien?, pues comprándola directamente y estableciendo una veeduría y un control ciudadano, que quién decida cómo estamos operando sean las mamás de los niños”, señaló la directora general del ICBF.
 
Otro de los anuncios realizados por el ICBF en San Onofre fue el relacionado con el estudio que se adelanta en conjunto con la Comisión Nacional del Servicio Civil para que, en dos o tres meses, esté creado el cargo de madre comunitaria. “Si ellas vuelven a tener ese trabajo directo con nosotros, como lo tuvieron alguna vez, recuperamos de una vez un ICBF con poder directo”, dijo Astrid Cáceres.

El tercer compromiso adquirido por el ICBF con las comunidades de Sucre y Córdoba está relacionado con la contratación directa de los profesionales del territorio para que brinden acompañamiento psicosocial a la población que se encuentra entre los 6 y 14 años.
 
Durante su intervención en la jornada, Astrid Cáceres, se refirió a la mesa de trabajo que se adelanta con los indígenas zenú y embera, pueblos en vía de extinción, para crear un modelo propio de cuidado de sus niños. “Si no preservamos la cultura y la vida de esta generación de niños, la humanidad podría estar perdiendo 34 pueblos indígenas”.
 
Finalmente, la directora general del ICBF se comprometió a mostrarle en poco tiempo al presidente Gustavo Petro lo que significa un sistema de cuidado comunitario, lo que significa que un pueblo ame a sus niños.
 
(Fin/pup/jmf)

Por consiguiente, se otorgará el término de 2 días para la interposición de las reclamaciones contra los citados resultados, el cual transcurrirá entre las 00:01 horas del 26 de marzo y las 23:59 horas del 27 de marzo de 2024.
 
Se recuerda que la publicación de los resultados preliminares de las pruebas escritas al igual que la recepción de las reclamaciones, se realizará por medio del aplicativo https://meritocracia-unal.co/.

Con la entrega de más de 5.093  subsidios pensionales a igual número de ex madres comunitarias, el Gobierno del Cambio, a través del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), dignifica la labor de las mujeres que dedicaron su vida al cuidado de la primera infancia en el país.
 

“Estamos felices porque más de 5.000 ex madres comunitarias ya reciben su bono de sustitución pensional gracias a los servicios y trabajo comunitario que, por años, realizaron en favor de las niñas y los niños de Colombia”, sostuvo la directora general del ICBF, Astrid Cáceres Cárdenas, durante su participación en la jornada del Gobierno con el Pueblo Caribe que llega con acciones de Vida y Paz a los departamentos de Antioquia, Bolívar, Sucre y Córdoba.
 
La directora general del ICBF también anunció que durante este año serán entregados otros 10.000 bonos pensionales y para ello, invitó a las ex madres comunitarias a postularse para acceder a este derecho adquirido, en el link que estará habilitado desde este lunes 25 de marzo en la página web del instituto, donde deberán subir todos los documentos que se requieren para iniciar el trámite.
 
Las ex madres comunitarias que se postulen deben haber cumplido 57 años y ejercido como madre comunitaria. Las que hayan laborado por 20 años o más podrán recibir un subsidio hasta del 95% de un salario mínimo legal mensual vigente (SMLMV); las que tengan entre 15 y 20 recibirán hasta el 90% de un SMLMV; y entre 10 y 15 años recibirán el 85% de un SMLMV.
 
“Bienvenidas las ex madres comunitarias a este escenario de dignificación laboral”, reiteró la directora general del ICBF.
 
(Fin/pup/jmf)

El acuerdo de voluntades busca aunar esfuerzos que permitan implementar modelos integrales para incidir en los determinantes sociales de la situación nutricional y contribuir a la garantía del derecho humano a la alimentación.
 
El ICBF destinará más de $770 millones para la construcción del Centro de Recuperación Nutricional Comunitario donde serán atendidos cerca de 300 niños y niñas en riesgo de desnutrición y mujeres gestantes con bajo peso.
 
Durante la firma del Acuerdo, realizada en el marco de las actividades programadas por el Gobierno del Pueblo para impulsar en cambio en el territorio, el ICBF anunció un aumento en el 92% de la atención en la modalidad 1000 Días para Cambiar el Mundo, al pasar de 120 niñas y niños a 230, 150 de los cuales corresponden al  pueblo embera katío.
 
Otra de las acciones del ICBF como parte de la estrategia de prevención de la desnutrición está relacionada con el aumento del periodo de atención de las niñas y niños con riesgo o desnutrición, al pasar de 4 a 6 meses. Este servicio incluye la entrega mensual de un mercado familiar, seguimiento nutricional y actividades pedagógicas con la familia. En el caso de las mujeres gestantes con bajo peso o desnutrición se atenderán desde el momento en que son focalizadas hasta que el bebé cumpla 9 meses de nacido.
 
(Fin/dgp/pup)
 

El convenio fue firmado por la subdirectora general del ICBF, Adriana Velásquez, y el alcalde de Tierralta, Jesús David Contreras, en un encuentro que contó con la  participación de las niñas, niños y adolescentes de la institución educativa Fe y Alegría, contigua al terreno donde se construirá la casa Atrapasueños, así como de miembros de las comunidades que se beneficiarán con el proyecto.
 
Por su parte, la directora de Adolescencia y Juventud del ICBF, Naya Gutiérrez, explicó que la estrategia intersectorial Atrapasueños busca, a través de alianzas, llegar a la niñez y la adolescencia con atención integral para el desarrollo de sus habilidades.

“Esta nueva forma en la que las niñas, niños y adolescentes recibirán atención a través del arte, la cultura, el deporte, la ciencia, y los saberes propios, es la gran apuesta del Gobierno del Cambio para que los sueños de la generación de la Paz no se pierdan y sean potenciados a través de una construcción con las comunidades”, dijo la funcionaria.
 
El ICBF en Tierralta atiende a 500 niñas, niños y adolescentes a través de la modalidad  comunitaria Atrapasueños, es decir, en espacios dispuestos por la comunidad como bibliotecas, canchas de futbol, casas de la cultura, entre otras. 

“El propósito es fortalecer sus capacidades para generar ambientes cuidadores que permitan el desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes, la garantía de los derechos individuales y colectivos, la construcción de tejidos social y cultural, la protección integral y el buen vivir, a partir del reconocimiento de sus saberes, tradiciones, intereses, usos y costumbres, aportando en la pervivencia y salvaguarda de las poblaciones étnicas y campesinas”, sostuvo la directora de Familias y Comunidades del ICBF, Haidy Duque.
 
Las familias  indígenas que estarán atendidas por el ICBF son: Sambdui, Beguido, Nawa Nuevo, Kiparado, Amborromía, Kredo, Nawa, Kapupudo y Mongaratatado, ubicadas en el municipio de Tierralta, asentado en los límites del Parque Natural Nacional Nudo del Paramillo.
 
En este mismo espacio y mediante un diálogo abierto y colaborativo que contó con la participación de la subdirectora general del ICBF, Adriana Velásquez, las lideresas expresaron las necesidades de la comunidad para que la entidad identifique y priorice las áreas que requieren atención.
 
La funcionaria les manifestó que las organizaciones sociales, étnicas, campesinas de padres y madres de familia, entre otras, pueden postularse como aliados en la operación de servicios, para que de esa forma ayuden no solo a cuidar a las niñas y los niños, sino también los recursos públicos destinados para dicha atención.
 
(Fin/dgp/pup)

Una de las inquietudes reiteradas de las madres comunitarias transitadas de los municipios de San Benito, La Unión, San Marcos, Morroa, Sincé, Sincelejo y de la región de La Mojana estuvo relacionada con las dificultades de salud que presentan algunas de ellas y les impide desarrollar a plenitud sus actividades y otras que, aun teniendo edad para retirarse, no lo hacen porque no cuentan con pensión.

Como respuesta a las diferentes situaciones expuestas, la directora general del ICBF le reiteró a las madres comunitarias que el Gobierno del Cambio viene trabajando en dos acciones para amparar a las madres. La primera es un estudio con la Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC) para la creación del cargo de madre comunitaria, como también se sigue insistiendo en un régimen especial para ellas dentro de la reforma laboral; y como segunda acción se abrirá un link permanente para que las madres se inscriban para acceder al bono pensional, se empezarán a evacuar los cupos con las madres comunitarias que tienen discapacidad o que tienen la edad de retiro y que han pedido voluntariamente ser tenidas en cuenta.

En la conversación con las madres comunitarias, Astrid Cáceres Cárdenas, insistió en la necesidad de despolitizar la atención a la primera infancia.

(Fin/jca/pup)
 

El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), líder del Sistema Nacional de Bienestar Familiar y en cumplimiento de la Sentencia T-302, ha efectuado un proceso de socialización con el pueblo wayuu y las autoridades afrodescendientes en relación con la instauración de la Comisión Asesora Científica de La Guajira. El objetivo primordial de dicha comisión es investigar y dilucidar las causas que condujeron a la mortalidad infantil por desnutrición en la región y proporcionar herramientas que favorezcan la toma de decisiones orientadas a asegurar los derechos de los niños y niñas wayuu.
 
“Lo ocurrido en el contexto de la instalación de la Comisión Científica es un ejemplo de unidad que nos ha brindado el pueblo wayuu. Es la prueba de que es posible hallar un propósito compartido para que, unidos, salvemos a la niñez y reconozcamos nuestra historia, para así evitar repetir errores y tomar decisiones más acertadas de ahora en adelante”, resaltó Julián Moreno Parra, director del Sistema Nacional de Bienestar Familiar.
 
Con la instauración de esta Comisión, el ICBF da cumplimiento al plan de acción estipulado en el Auto 1290 de 2023, en el contexto de la Sentencia T-302 de 2017. Dicha instancia trabajará en cuatro ejes temáticos: clínico y de salud; socioeconómico; cultural y étnico; ambiental y territorial. Contará además con el soporte técnico de la comunidad internacional, entidades nacionales y territoriales y, por supuesto, con la comunidad wayuu.
 
La creación de la Comisión Científica surge con el fin de potenciar las dinámicas para superar las vulnerabilidades de las familias wayuu y concretar los cambios propuestos por el Gobierno Nacional, de modo que se fomente el crecimiento generacional en un entorno de justicia social.