Bogotá, D. C.

Los niños menores de 3 años que viven con sus madres reciben los cuidados propios de su edad, la alimentación que equivale al 100 % de su requerimiento nutricional. Además, asisten desde las 8:00 a. m. a 4:00 p. m., a los jardines infantiles del ICBF dotados con espacios de lectura y música, juegos, sala cuna. Allí desarrollan actividades pedagógicas que fomentan habilidades y capacidades para su desarrollo cognitivo, emocional y social.

En los centros de reclusión también cuentan con juegos infantiles al aire libre, cocina exclusiva en la que les preparan los alimentos acordes a la minuta y los requerimientos de los nutricionistas. Para la vigencia 2018, el ICBF destinó para este tipo de atención de niños que viven con sus madres en centros de reclusión más de 622 millones de pesos, 109 millones más que la inversión del 2017.

Los jardines infantiles ubicados en Antioquia, Bogotá, Cauca, Norte de Santander, Risaralda, Santander, Tolima y Valle del Cauca, funcionan mediante contratos de aporte suscritos entre el ICBF establecimientos de reclusión y entidades administradoras del servicio.

El ICBF supervisa permanentemente los servicios brindados a los niños y niñas en cada uno de los jardines infantiles ubicados en los centros de reclusión y de manera regular hace recomendaciones para mejorar el servicio o para que se suplan deficiencias.

La Directora General destacó la resiliencia de los jóvenes de quienes dijo: “ustedes son el ejemplo de superación, tenían todo en contra y alcanzaron sus metas. Sólo fuimos el vehículo de sus sueños”. 

Juan Esteban Tovar, vocero de los jóvenes, y un destacado abogado que trabaja con la Oficina Jurídica del Instituto, aseguró que “queremos devolverle al país todo lo que invirtió en nosotros, no habríamos podido salir adelante y ser profesionales sin el apoyo del ICBF”. 

La reunión con la Directora General fue solo el preámbulo para un encuentro nacional que se realizará el próximo 26 y 27 de octubre, en el cual 90 'hijos' del ICBF brindarán retroalimentación sobre su experiencias de vida para fortalecer los programas de Protección del Instituto.  

En la actualidad, el ICBF financia la educación superior de 1.045 jóvenes beneficiarios del Proyecto Sueños a los que les otorga beneficios de acceso y pagos de matrículas. También el Instituto entrega ayudas económicas para gastos de sostenimiento.

La jornada, que se realizó en el marco de la Semana Andina de Prevención de Embarazo en la Adolescencia, busca visibilizar dicha situación con el fin de movilizar acciones sociales y políticas que permitan disminuir su ocurrencia. 
 
El ICBF, en todo el país, a través de su estrategia de prevención, busca sensibilizar a los menores de edad sobre la importancia de construir un proyecto de vida exitoso, formándolos en salud sexual y reproductiva, para reducir los índices del embarazo a temprana edad.
 
“Como ICBF celebramos el desarrollo de eventos como la Semana Andina de Prevención del Embarazo en la Adolescencia, que permiten el intercambio de experiencias, la identificación de los avances de país, así como las oportunidades de mejora y los retos que tenemos como instituciones, comunidades y familias para ofrecer a las niñas, los niños y adolescentes mejores oportunidades para su desarrollo”, sostuvo María Mercedes Liévano, Subdirectora General del ICBF. 

Igualmente, la Subdirectora General resaltó que el Instituto ha trabajado para fortalecer capacidades y competencias de los defensores de familia, equipos interdisciplinarios, profesionales de servicios y atención, respecto a la activación de la ruta de atención integral a los niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual. Es así como, en lo corrido de 2018, se han restablecido los derechos de 58 menores de 14 años gestantes y en periodo de lactancia.

“Hemos brindado asistencia técnica a 2.694 funcionarios del ICBF, Comisarías de Familia, Policía Nacional, Sector Salud y Educación. Así mismo, trabajamos de manera integral en acciones pertinentes con los sectores salud, justicia y otras entidades del Sistema Nacional de Bienestar Familiar que brinden servicios o adelanten programas tanto de atención como de prevención del embarazo en los adolescentes”, puntualizó la subdirectora General.

La Semana Andina de la Prevención del Embarazo en la Adolescencia se conmemora desde el año 2010 en Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela, como resultado de XXIV reunión Extraordinaria de Ministros de Salud.

El encuentro tuvo como objetivo promover espacios de relación entre los Súper Amigos, para conocerse y fortalecer su confianza, facilitando la expresión e interacción de los participantes a través de actividades artísticas, pedagógicas y recreativas.  

Durante la jornada se dispuso de un espacio para promover la integración e interacción inicial de los participantes, mediante un ejercicio llamado la “Sala de lectura itinerante Tío Mane”, donde se destacó la exploración y disfrute de la literatura, y un paisaje sonoro y de reproducción musical que ambientó este primer momento.

Posteriormente, cada uno de los grupos conformados en la apertura se dirigieron al espacio de encuentro creativo donde interactuaron con actividades pedagógicas como “El resplandor del colibrí” y “Niños del desierto, palabras en la lluvia”. Mientras estas avanzaban, los Súper Amigos recopilaron elementos simbólicos, que al final del evento cobraron sentido, teniendo como eje fundamental el fortalecimiento de vínculos afectivos entre ellos.

El Plan Súper Amigos del ICBF tiene como propósito encontrar referentes afectivos para los niños, niñas y adolescentes con medida de protección, con el fin de que cuenten con una persona que les brinde tiempo, compañía, afecto y apoyo mientras comparten experiencias juntos. Ser un Súper Amigo es un acto voluntario, que no requiere aportes económicos, solo tiempo y amor.

En la Comisión Séptima del Senado, la Directora General del Instituto reveló que la mayoría de niños y adolescentes a los que el ICBF les abrió un PARD, está entre los 12 y 17 años (667 casos). Le siguen los niños entre los 6 y 11 años con 277 casos y niños menores de cinco años de edad con 21 casos. Del total de menores de edad atendidos, 599 eran de sexo masculino y 377 de sexo femenino.

Bolívar es el departamento del país que más reporta PARD por situación en calle de menores de edad con 137 casos, le siguen Bogotá 122, Antioquia 106, La Guajira 91, Risaralda 77, Nariño 68, Valle del Cauca 66, Caldas 50, Cesar 33, Norte de Santander 27, Atlántico 24, Boyacá 24, Cauca 21, Tolima 19, Cundinamarca 17, Magdalena 14, Arauca 11, Meta 11, Huila 8, Santander 8, Casanare 7, Putumayo 7, Córdoba 7, Guaviare 6, Chocó 5, Quindío 4, Caquetá 2, Sucre 2, San Andrés 1 y Vichada 1.

“Como sociedad tenemos un gran reto: acabar con la situación de vida y alta permanencia en calle de niños, niños y adolescentes. Sabemos que en las calles los niños son más vulnerables y pueden terminar siendo víctimas de cualquier forma de violencia, desde el trabajo infantil o la violencia sexual hasta el reclutamiento por grupos al margen de la ley”, señaló la Directora General.

Durante 2017 el Instituto invirtió un poco más de 11.000 millones de pesos para la atención de niños, niñas y adolescentes, y abrió 1.254 cupos en las 12 regiones del país que presentan mayores riesgos para que los menores de edad permanezcan en las calles sin el control de sus padres o cuidadores.

Durante la presentación de su informe al Congreso, la Directora General del ICBF aseguró que acompaña la propuesta del Ministerio de Salud de realizar en octubre una consulta pública de la Política de Habitante de Calle, para culminar el proceso participativo de construcción y concertación territorial, para la posterior expedición de los actos administrativos que permitan su implementación.

Además, reiteró que el país necesita saber cuántas personas se encuentran en situación de calle y cuántos de ellos son niños, niñas y adolescentes. En los últimos tres años, estudios locales en varias ciudades muestran tasas de habitantes de calle por cada 100.000 habitantes que dan una idea de la situación. Bucaramanga (42), Cali (19), Barranquilla (15), Bogotá (12) y Medellín (11).

"Es urgente que el DANE realice el censo nacional de habitantes de calle para contar con información precisa que permita identificar a los niños, niñas y adolescentes en esa situación e implementar la política pública con eficiencia", puntualizó la Directora General del ICBF.

En el centro hospitalario el Equipo de Defensoría adelantó las verificaciones y actuaciones  preliminares con los niños. Así mismo, el equipo psicosocial realiza acompañamiento a la  familia.

De acuerdo con los protocolos de atención, el ICBF contribuye con la Fiscalía y otros organismos judiciales para adelantar las acciones que conduzcan a esclarecer los hechos, recogiendo los elementos de prueba para el proceso penal que se adelanta en contra del posible agresor.

Para el ICBF, casos como este evidencian la necesidad de fortalecer las familias y el entorno protector como actores corresponsables con el Estado en pro del bienestar de los niños, niñas y adolescentes.

La nueva Directora General del ICBF trabajó en el Fondo de Inclusión Social del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en el Banco Mundial y también se desempeñó como directora de Oferta Institucional de la Agencia Nacional para la Superación de la Pobreza Extrema (ANSPE). Así mismo, implementó un modelo de construcción de comunidad en la Fundación Santo Domingo. 
 
Pungiluppi es bogotana, politóloga de la Universidad de los Andes, realizó una maestría en Gestión Política de la Universidad de George Washington y otra en Políticas Públicas de la Universidad de Princeton.

Durante el acto de posesión, el Presidente Duque resaltó la trayectoria profesional de Pungiluppi, pero especialmente su gran sentido social y su experiencia promoviendo el desarrollo de las poblaciones afrodescientes en Colombia y América Latina.

El ICBF indaga las circunstancias relacionadas con el presunto maltrato para determinar la responsabilidad del personal de la institución que presta servicios deProtección especializada en la atención de menores de edad con discapacidad. 

Los profesionales del ICBF encargados del proceso buscan establecer los posibles errores u omisiones en la aplicación de protocolos establecidos para garantizar la adecuada atención de los beneficiaros de este programa. Si se encuentra responsabilidad por la agresión, el ICBF adelantará las sanciones respectivas en contra de los responsables.

La Directora General anunció ajustes en varios programas para mejorar la atención que presta el ICBF a los menores de edad. Uno de los más destacados está relacionado con la Primera Infancia, dónde se fortalecerá el modelo de supervisión a los operadores que prestan la atención integral y con ello, ofrecer una atención eficiente, efectiva y con calidad. 

La Directora General destacó, entre sus retos, la necesidad de capacitar a las madres comunitarias y agentes educativos y ampliar la cobertura del servicio a niños de 0 a 5 años en zonas rurales. Con el Ministerio de Educación, el ICBF articula un plan escalonado para garantizar que los niños y niñas cuenten con atención integral en el grado de Transición.  

Adicionalmente, el Instituto implementará un plan de choque para resolver la situación jurídica de los menores de edad que se encuentran con procesos administrativos de restablecimiento de derechos.

“La aprobación de la Ley 1878 nos puso una presión fuerte, antes del 31 de marzo del 2019 tenemos que tener resueltos todos los casos relacionados con vulneraciones. Será necesario aumentar el número de Defensores de Familia y equipos psicosociales”, señaló la Directora.

Por su parte, la Subdirectora del ICBF, María Mercedes Liévano, resaltó que "son varios los temas que el ICBF debe resolver de inmediato. Entre ellos, la situación de los menores en La Guajira y la migración de familias venezolanas cuyos niños requieren atención oportuna. En la actualidad, el Instituto atiende cerca de 45.000 niños y adolescentes venezolanos".

Finalmente, la Directora aseguró que vendrá un cambio positivo al interior del ICBF. "Quiero hacer mucho énfasis en la cultura organizacional, para que prime la transparencia y la integridad. Acordamos, en la última planeación estratégica con el equipo directivo, que la entidad requiere una modernización tecnológica para que sus procesos más transparentes y eficientes", puntualizó.

En su calidad de invitada especial del Consejo Directivo del ICBF, la Primera Dama de la Nación, María Juliana Ruiz, participó en la primera sesión mensual de esta instancia de decisión, que contó con la participación, entre otros, de la directora para el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, Susana Correa, la Consejera Presidencial para la Primera Infancia, Carolina Salgado, los viceministros de Educación y Salud, la Policía Nacional, la Iglesia Católica, los representantes de Fenalco y Andi, y el vocero en la mesa del sindicato de la CGT.

El ICBF, como ente rector del Sistema Nacional de Bienestar Familiar, activó la ruta de atención, que inició con la revisión de su condición médica por parte del sector salud, y el acompañamiento de la Policía de Infancia y Adolescencia. A la par, un equipo de Defensoría de Familia del ICBF abrió el proceso administrativo para el restablecimiento de sus derechos.

El Defensor de Familia, en su calidad de autoridad administrativa, decidió que la menor de edad permanecerá con su familia, gracias a que se evidenció que ésta es garante de sus derechos. Sin embargo, continuará con el apoyo permanente de funcionarios del ICBF, tanto para la niña como para sus cuatro hermanos, todos menores de 8 años.

La Directora General del ICBF, Juliana Pungiluppi, destacó que, “además del acompañamiento del equipo de Defensoría de Familia, tanto a la niña de cinco años como a sus hermanos se les garantizará acceso a la educación, a través de cupos en nuestras unidades de servicio”.

Finalmente, la Directora General del ICBF les recordó a los padres de familia que son los primeros garantes de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. De la misma forma, deben fortalecer sus pautas de crianza y brindar acompañamiento permanente a los menores de edad, para evitar que sean expuestos a situaciones que pongan en riesgo su integridad.