Bogotá, D. C.

“Con el propósito de garantizar los derechos de 49 niñas y adolescentes que se encuentran bajo protección del ICBF, nos encontramos en la sede de la Fundación EDUCOL para informar al representante legal sobre el proceso de inspección y vigilancia que realizaremos para revisar cada uno de los casos y tomar medidas contundentes sobre la situación presentada”, señaló el director general (E) del ICBF Milton Forero.

Por su parte la subdirectora general del ICBF, Adriana Velásquez, indicó que un equipo del ICBF conformado por la dirección de la regional Bogotá, la Oficina de Aseguramiento a la Calidad y la dirección de Protección, adelantarán todas las medidas de urgencia para atender el caso.

Además, Velásquez añadió que: “ya se ha articulado con la Fiscalía General de la Nación para que se adelanten las decisiones en materia judicial sobre el caso y que desde el ICBF se iniciará un acompañamiento psicológico especializado a las niñas y adolescentes que se encontraban bajo protección en esta institución y a sus familias para dar certeza sobre las acciones en materia de garantía de derechos que se adelantará en favor de las menores de edad”.

Durante la jornada que incluyó un encuentro en la regional Bogotá con las familias de las niñas y adolescentes, el ICBF les comunicó las acciones que se adelantarán y enfatizó que vigilará rigurosamente a todas las instituciones de protección para velar por la garantía de los derechos de las niñas, niños y adolescentes.
 
El ICBF reitera el llamado a los servidores públicos y a las instituciones de Protección de cero tolerancia frente a la vulneración de derechos de los niños, niñas y adolescentes, así como a denunciar a tiempo, como parte de sus funciones y obligaciones, todo hecho que atente contra la integridad de la niñez y la adolescencia.

De igual forma, el ICBF ya inició el proceso de contratación para los servicios en las modalidades Integrales, Familiares y Propias e Interculturales, para garantizar los días de atención establecidos en las manuales de la entidad.

“Nuestro compromiso será siempre atender de manera oportuna y con calidad a 1.675.000 niños y niñas de la primera infancia. Estamos cumpliendo un cronograma para que a cierre de este año sean 210 días de atención, tal y como se encuentra establecido” indicó la subdirectora General del ICBF, Adriana Velázquez. 

Además, agregó que “para las modalidades Integrales, Familiares y Propias e Interculturales en el país, se está democratizando y pluralizando la contratación de primera infancia”. A renglón seguido sostuvo que “hoy, SECOP II es nuestra única plataforma de contratación para quienes quieren presentarse y cumplan las condiciones contractuales de atención a las niñas y los niños de Colombia”. 

La funcionaria dijo que para los dos procesos, en esta oportunidad, se han tenido en cuenta la participación de organizaciones de base como asociaciones de madres comunitarias, grupos étnicos, asociaciones campesinas, entre otros, quienes cuentan con arraigo y reconocimiento comunitario que generen sistemas de cuidado colectivo para garantizar los derechos de las niñas y niños. Se espera que este año, el 75% de los operadores en el país sean organizaciones de base.

Para el ICBF es importante consolidar vínculos con aliados públicos y privados que permitan fortalecer las herramientas orientadas a la promoción de derechos y prevención devulneraciones dirigidas a la niñez y la adolescencia.
 
Por ello, apoya las jornadas de voluntariado que promuevan acciones en favor de los niños, niñas y adolescentes que se encuentran ubicados en las modalidades de protección de la Subdirección de Restablecimiento de Derechos del ICBF.
 
Como parte del compromiso social, la Compañía Nacional de Chocolates promueve el voluntariado para contribuir al desarrollo integral de sus trabajadores, las comunidades donde hacen presencia y aportar, como en este caso, al desarrollo de la educación de los niños, niñas y adolescentes de la Fundación La Esperanza de Amaly,
 
Los kits estaban compuestos por morrales con cuadernos, regla, colores, cuento, cartuchera (lápices, esferos, colbón, borrador, tajalápiz), botilito, plato con tapa para lonchera y frisbee.
 
 

Para que los nuevos mandatarios integren políticas que garanticen los derechos de las niñas, niños y adolescentes del país, el Sistema Nacional de Bienestar Familiar, la coalición Niñez Ya y la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP), realizarán el curso virtual gratuito ‘La Niñez en los Planes de Desarrollo Territorial', cuyo plazo de inscripción vence este 30 de enero.
 
El curso, enmarcado en la estrategia Juntos por la Niñez, busca acompañar y orientar la formulación de los planes de desarrollo de los alcaldes y gobernadores, quienes se encuentran formulando los documentos que serán la ruta de acciones durante los próximos cuatro años de gobierno, para presentarlos ante los concejos municipales y asambleas departamentales en el primer semestre del año.
 
El curso se llevará a cabo en dos etapas, la primera del 1 al 29 de febrero y la segunda del 1 al 31 de marzo de 2024. Las inscripciones que estarán abiertas hasta el 30 de enero se pueden realizar en el siguiente enlace
[https://bit.ly/4852rs2].
 
El contenido del curso se dividirá en tres unidades fundamentales:

1. Comienzo fundamental para la Vida, Salud y Nutrición | Educación inicial | Educación preescolar, básica y media.

2. Cuidado y amor para el bienestar de la niñez | Fortalecimiento de la familia, el cuidado y la crianza | Protección frente a cualquier tipo de violencia | Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes.

3. Expresiones del ejercicio ciudadano y la construcción de país: Juego | Participación | Cultura de paz, reconciliación y convivencia.
 
"El curso virtual proporcionará herramientas a los nuevos gobiernos municipales y departamentales para que cumplan con el mandato del artículo 204 de la Ley de la Infancia y la Adolescencia (Ley 1098 de 2006), que insta al diseño del Plan de Desarrollo Territorial con enfoque diferencial y prioritario en infancia y adolescencia. Además, brindará información a la ciudadanía sobre los asuntos impostergables para la niñez con el fin de que pueda aportar en el proceso que se dará en todo Colombia", enfatiza NiñezYa.

A través de la denuncia anticorrupción, radicada con el número 3395 y SIM 1763307712, la Oficina Asesora Jurídica del ICBF tuvo conocimiento de posibles hechos contrarios a la ley relacionados con el contrato 363 de 2021. 
 
Conforme al lineamiento anticorrupción institucional, y en estricto acatamiento al debido proceso y tolerancia cero a los actos de corrupción, se inició la recopilación de la información necesaria y los elementos materiales probatorios, que permitieran promover las denuncias correspondientes. Este proceso culminó el día 2 de febrero del año 2023, fecha en la cual el ICBF instauró denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación, con el radicado número CUI 520016099032202316550.
 
Ahora bien, en relación con los procesos administrativos sancionatorios es importante precisar que estos se encuentran en cabeza de las Direcciones Regionales, como ordenadoras de este gasto, a ellos corresponde la gestión y decisiones de fondo en cada caso. No obstante, y a pesar de que por competencia estos procesos no son adelantados desde el despacho de la Dirección General, esta administración identificó demoras excesivas en su trámite por lo que dispuso mecanismos de acompañamiento logrando así duplicar las sanciones impuestas a los operadores que no cumplieron a cabalidad el objeto para el cual fueron contratados, pasando de 30 sanciones impuestas en 2021 a 70 en 2023.
 
La sanción del contrato 363 de 2021 es una de las identificadas especialmente demorada, sobre la cual el equipo nacional revisó y acompañó a la dirección regional logrando ejecutoriarla el pasado 24 de noviembre de 2023, con una imposición de multa por $1.412.415.137.
 
Frente a la presunta relación de un exconcejal con la unión temporal sancionada, el despacho de la Dirección General solicitó revisión de las bases de contratación para verificar los asociados de la unión temporal que celebró contrato en 2021, identificando que ese nombre figura como revisor fiscal de una de las dos organizaciones que conforman la unión temporal. De igual forma, es preciso informar que esta Administración no ha celebrado contratos con dicha unión temporal ni con sus asociados.
 
Desde la llegada del Gobierno del Cambio al ICBF se han tomado medidas contundentes para contrarrestar posibles escenarios de corrupción, y manejos que puedan presentarse en la selección, operación y ejecución contractual de los servicios. Uno de ellos es la realización de una auditoría de control interno sobre los mecanismos de selección de operadores de Primera Infancia y su eficiencia en la selección. Se concluyó que mecanismos como BETTO, así como la herramienta de seguimiento a la ejecución (IDEAS), no reúnen los requisitos de transparencia necesarios para ser utilizados en la contratación del 2024. Dichas denuncias fueron remitidas en octubre de 2023 a las entidades de control.
 
Esta administración, con el acompañamiento de la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República, conformó un equipo anticorrupción con el propósito de realizar verificaciones especializadas de posibles interrelaciones entre operadores para acumular contratación, y otros factores que al final se traducen en mala atención para los niños y niñas.
 
De igual forma, las nuevas invitaciones públicas fomentan la pluralidad de oferentes, incentivan la participación de nuevos actores con una base comunitaria más sólida, cuyo trabajo territorial permite también un control ciudadano más cercano. Adicionalmente, se han puesto límites a la cantidad de contratos para adjudicar, al número de cupos que puede tener un operador, así como criterios que priorizan la territorialidad de los actores de manera que, además de las mejoras en procesos de supervisión institucional, los controles sociales ayuden a cualificar la atención para los niños y niñas.
 
La revista Cambio señala elementos nuevos no conocidos por el despacho de la Dirección General relacionados con un funcionario del Instituto, ante los cuales, en el marco del respeto por la institucionalidad, se adelantarán las acciones a que haya lugar.
 
La Dirección General considera que la tarea periodística por develar nexos entre actores políticos e irregularidades en la contratación es una labor que le permite al país conocer más a fondo realidades regionales que afectan al interés público, y en este caso particular la revista aporta valiosos elementos a situaciones que previamente el ICBF puso en conocimiento de las autoridades competentes.
 
El ICBF en su compromiso por la tolerancia cero frente a hechos de corrupción invita a denunciar cualquier hecho irregular en los canales de denuncia dispuestos como: línea gratuita nacional ICBF: 01 8000 91 80 80, disponible lunes a viernes 8:00 am a 5:00 pm.; la línea Anticorrupción: 01 8000 91 80 80, opción 4, la línea 141, correo Atención al Ciudadano: atencionalciudadano@icbf.gov.co

Por espacio de dos días y como parte de los compromisos del Gobierno del Cambio, los profesionales del ICBF adelantaron la caracterización de las familias, distribuyeron 169 unidades de Bienestarina en polvo y 50 cajas cada una con 36 unidades de Bienestarina liquida; 
2 niños en riesgo de desnutrición fueron  remitidos al sector Salud;  26 niños y niñas fueron encontrados sin documento de identificación y 60 sin atención de primera infancia; 8 más sin control de crecimiento, desarrollo y vacunas, así como  8 mujeres  gestantes sin atención.

Una vez identificadas las necesidades de las familias, el ICBF estableció compromisos  para responder a las solicitudes de la comunidad entre ellos, adelantar las remisiones a la Registraduría y a Salud e incluir a las niñas y niños en las modalidades de Primera Infancia y Nutrición para su atención integral.

Así mismo, se realizará nueva jornada de atención por parte de Unidades Móviles a
la comunidad Guamaca en febrero para caracterizar a otras 105 familias, buscando garantizar los derechos de niñas, niños y mujeres gestantes.

A estas acciones se le suma el trabajo permanente y articulado con las autoridades y Cabildo gobernador para la activación de rutas de violencia sexual y restablecimiento de derechos en los casos presentados en la comunidad.

Las autoridades tradicionales de la comunidad le solicitaron al ICBF que sean consideradas hojas de vida de miembros de la comunidad  para los diferentes programas que deben llegar a la misma, así como la ampliación de cupos para primera infancia; la creación de una Unidad Comunitaria de Atención en La Múcura y la presencia de programas de nutrición y  la articulación y activación del Sistema Nacional de Bienestar Familiar para que se garanticen todos los derechos de la ñiñez, adolescencia y comunidad.

Así las cosas, finalizada la etapa de presentación de ofertas, el ICBF publicó la lista de consolidación para iniciar la evaluación de las ofertas, las cuales están contenidas en el anexo 2 de la publicación realizada el 25 de enero de 2024 en la plataforma Secop II.

A partir de las ofertas, que en los distintos órdenes clasificatorios conforman la lista de consolidación, el ICBF con un comité evaluador independiente, inicia a partir de hoy la revisión de los criterios habilitantes de experiencia específica, capacidades financiera, operacional, residual y jurídica, establecidos en las reglas de la invitación CV-PC-008-2023SEN. 

Por lo anterior, una vez revisados y validados los criterios habilitantes se aplicarán los criterios de asignación de puntaje sobre la experiencia específica adicional, talento humano de la zona de la oferta y se validará la ausencia de sanciones impuestas por el ICBF, en el marco de sus funciones de inspección y vigilancia. 

La verificación de las ofertas se fortalece con tres etapas distintas dentro del procedimiento competitivo, en las cuales la ciudadanía podrá conocer y controvertir los informes publicados (lista de consolidación, requisitos habilitantes y requisitos ponderables). Lo anterior, en aplicación de los principios de la contratación y en especial el de transparencia, la consolidación del Modelo de Gestión Territorial, la generación de capacidades locales y el fortalecimiento del talento humano de cada comunidad. Adicionalmente, para este procedimiento competitivo, el ICBF a solicitado acompañamiento preventivo de los entes de control.

Lo mencionado, debe redundar en la garantía de los derechos de las niñas y niños del país, pues no se trata de la contratación de servicios sino de contar con aliados estratégicos con arraigo y reconocimiento comunitario que generen sistemas de cuidado colectivo para garantizar los derechos de ellas y ellos. 

El ICBF agradece a los participantes y de manera particular a las más de 700 asociaciones de madres ypadres y comunitarias, grupos étnicos, consejos comunitarios, juntas de acción comunal, asociaciones campesinas, su interés en participar y continuar generando capacidades en el territorio para colaborar con el Estado en la prestación de servicios a favor de la niñez del país. 

Este proceso de evaluación de las ofertas inicia hoy 26de enero de 2024, por lo que exhortamos a la ciudadanía, a acompañar la revisión de la evaluación y realizar observaciones que fortalezcan el proceso de selección de los contratistas, a través de los mecanismos dispuestos por el Estado para el desarrollo de estas invitaciones.(SECOP II). 
 

Estas capacitaciones se realizan en todas las localidades de Bogotá y están enfocadas en fortalecer los componentes esenciales de salud y nutrición, familia, comunidad y redes, así como los ambientes educativos y de gestión. 
 
El compromiso conjunto que adquieren estos actores en la educación inicial de los niños y las niñas, genera un impacto positivo en su desarrollo integral, asegurando entornos más seguros y enriquecedores desde la protección y el amor. 
 
Las jornadas están enmarcadas en el plan de actividades que desarrollará el ICBF en Bogotá, como ente regulador del Sistema Nacional de Bienestar Familiar (SNBF), articulandosus programas, proyectos y estrategias con diferentes entidades de orden local y nacional para fortalecer y poner en práctica las políticas públicas de infancia y adolescencia.
 
Es así como el Gobierno del Cambio, a través del ICBF reafirma su compromiso con el bienestar de la primera infancia, construyendo entornos seguros que propicien su desarrollo integral y protección.
 

El esfuerzo de las entidades competentes para la identificación temprana y en territorios alejados y con ausencia histórica de servicios públicos de salud, ha generado un aumento en la notificación por desnutrición aguda, moderada y severa, en niños y niñas menores de cinco años, y lograr que esta detección genere la disminución de las muertes es uno de los objetivos de esa articulación.



El análisis de la tendencia de la morbilidad entre los años 2017 y 2023 observa una tendencia al aumento en la identificación de casos nuevos de desnutrición aguda, pasando de 10.641 casos en 2017 (prevalencia de 0,24 %) a 24.226 en 2023 (prevalencia de 0,65 %), obteniendo el mayor impacto en el período posterior a la pandemia por COVID-19. En 2022 se identificaron 21.195 casos (prevalencia de 0,56 %), gracias a diferentes los diferentes territorios, para mejorar la captación de los casos.

✓ La primera es que ha aumentado el número de instituciones de salud que notifican al menos un caso de desnutrición al año: de 2.085, tras la pandemia en 2021, a 2.508 en 2023 (incremento de 20,3 %), con un aumento en la mayoría de las entidades territoriales departamentales y distritales.

✓ La segunda es la mayor participación en la red de notificación de las diferentes modalidades de atención del ICBF que hoy aportan el 4,25 % del total de casos notificados al país, incluso con un mayor aporte en departamentos prioritarios como Chocó (25 %) y Vichada (23 %).
✓ La tercera es la intensificación de la vigilancia hospitalaria, mediante la exigencia de la medición de peso,

talla y perímetro braquial de todos los niños y niñas atendidos, independientemente de su causa. Un ejemplo es el caso en La Guajira que ha significado un aporte de 27,8 % al total de casos (798 de 2.871 casos en 2023).

✓ El despliegue de equipos básicos de atención desde el Ministerio de Salud, las secretarías de Salud y otras instancias, ha permitido una mayor captación de los casos de procedencia rural: de 6.826 en 2022 (prevalencia 0,60 %) a 8.445 en 2023 (prevalencia 0,77 %). A este impacto en la detección se sumará el aumento de casos detectados por agentes comunitarios; estos serán verificados por la red de atención en salud y su aumento se verá reflejado en los datos de 2024.

Al revisar la situación por entidad territorial, las mayores prevalencias en 2023 se observan en los departamentos de Vichada, La Guajira y Chocó, donde se ha concentrado una parte de las actividades de las diferentes instituciones de los órdenes nacional, departamental y de cooperación internacional. Los incrementos han sido superiores al umbral histórico en esos departamentos, y también en Bolívar, Atlántico, Valle del Cauca y Meta.

Por su parte, la mortalidad por desnutrición aguda ha disminuido del pico de 325 casos en 2022 a 246 en 2023 (23 % de disminución). La disminución ha sido mayor en menores de un año, en niños procedentes de zonas rurales e indígenas, lo cual evidencia el impacto de la mayor detección y la intervención oportuna, en especial en los sitios con mayores dificultades. Los departamentos de Chocó y La Guajira muestran una disminución importante de la mortalidad, mientras Vichada registra un aumento, al igual que otros siete departamentos en donde se concentra una tasa de detección mayor. Asimismo, hay dos departamentos que, si bien cuentan con menor detección, presentan un aumento de mortalidad, y es en donde se concentrarán acciones estratégicas para 2024.

Ante el comportamiento de la morbimortalidad que venía presentando el país en 2022, el Ministerio de Salud y Protección Social (MSPS), en articulación con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), el Instituto Nacional de Salud (INS), la Superintendencia Nacional de Salud (SNS) y Prosperidad Social, establecieron el Plan de desaceleración de la mortalidad por desnutrición aguda, cuyo objetivo es establecer acciones que contribuyan a la reducción de muertes por esta causa en los niños y niñas memores de cinco años de edad. En dicho plan se priorizaron doce departamentos: Antioquia, Arauca, Bolívar, Chocó, Cesar, La Guajira, Guainía, Magdalena, Meta, Risaralda, Valle del Cauca y Vichada, a través del fortalecimiento de acciones como:

• Identificación de casos de manera oportuna.

• Seguimiento a la atención en salud por parte de los prestadores y aseguradores.

• Establecimiento del proceso de recuperación de los niños.

En el marco del seguimiento mencionado, en 2023 se conformaron comités de seguimiento a casos de desnutrición aguda. Estos consisten en espacios de reunión con la participación de las secretarías de Salud en el ámbito departamental y municipal, las Entidades Administradoras de Planes de Beneficios de Salud (EAPB), el Ministerio de Salud y Protección Social (MSPS), el Instituto Nacional de Salud (INS), la Superintendencia Nacional de Salud y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, tanto a nivel nacional
como regional. En estos comités se realiza un seguimiento al manejo proporcionado por las IPS en relación con los niños y niñas notificados con desnutrición aguda, y se coordina con otras entidades como el ICBF, para su inclusión en servicios de atención complementaria. En Maicao, ya la operación de servicios de recuperación nutricional poshospitalaria y la búsqueda activa se realiza directamente por el hospital público y el ICBF, sumando recursos de operación y haciendo más cortos los tiempos de respuesta en la atención.

Adicionalmente, desde enero de 2023 se incluyó en la Unidad de pago por capitación (UPC) del sistema de salud, el soporte nutricional para el tratamiento de la desnutrición, con el objetivo de garantizar su entrega oportuna a los niños y niñas en desnutrición aguda. Igualmente, durante 2023, el ICBF logró la recuperación nutricional de 57.957 niñas y niños que ingresaron a sus servicios en estado de desnutrición y de riesgo de desnutrición. En la estrategia de prevención, en el marco de la atención integral a la primera infancia, se logró la alimentación de un total de 1.626.583 niños y niñas en todo el país. La entidad innovó en la preparación de nuevas minutas con aportes diferenciales a las regiones y validó con Invima la producción de alimentos de alto valor nutricional con productos regionales, tales como el sacha inchi y la yuca.

Asimismo, con el objetivo de fortalecer las acciones del Plan de Intervenciones Colectivas (PIC) en 31 departamentos y tres distritos, y aumentar la identificación de niños y niñas con desnutrición aguda para su manejo oportuno, entre otras acciones, el Ministerio de Salud y Protección Social, a través de la Resolución 2788 del 2022, asignó recursos a 163 Empresas Sociales del Estado, con el fin de avanzar en la conformación y operación de 483 equipos en 206 municipios. El monto total asignado para este fin fue de $49.979.874.000 de pesos. Adicionalmente, el 27 de febrero de 2023 se emitió la Resolución 295, la cual modificó varios artículos de la Resolución 518 de 2015, algunos de ellos relacionados con la orientación del Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas para que sean ejecutadas por los Equipos Básicos de Salud. En ese sentido, los recursos asignados a los departamentos, distritos y municipios, a través del Sistema General de Participaciones - Salud Pública para la vigencia 2023, ascendieron a $1.287.159.995.254 ($551.479.292.034 para municipios y $735.680.703.220 departamentos y distritos). Estos recursos contribuyeron a la financiación de los Equipos Básicos de Salud en los territorios priorizados por las entidades territoriales, logrando así la conformación total de 2.452 equipos básicos de salud en 31 departamentos, tres distritos y 1.013 municipios.

Para el Gobierno nacional, desde su Política Nacional de Hambre Cero, el establecimiento de 64 zonas de recuperación nutricional en el cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo, durante 2024, le permite contar con un monitoreo territorializado específico de los determinantes sociales e indicadores, así como seguir articulando una respuesta integrada de la atención en salud. Esta incluye la estabilidad de condiciones de seguridad alimentaria; la incorporación de prácticas de soberanía alimentaria y de recuperación nutricional; la atención prioritaria a mujeres en gestación; el establecimiento de dispensarios o tiendas solidarias para la comercialización a bajo costo, y la distribución gratuita de alimentos de alto valor nutricional, que facilitarán la continuidad en la reducción de la mortalidad por desnutrición en el país.