Bogotá, D. C.

Las cifras son preocupantes, y han ido en aumento. El año pasado se reportaron 432 niños, niñas y adolescentes lesionados por el uso o porte de pólvora. Un incremento del 21 % en comparación con los 357 casos registrados en 2022. Además, en solo dos días de la temporada decembrina, el Instituto Nacional de Salud ya ha reportado 15 casos de menores de edad lesionados con pólvora, ocho de ellos en Antioquia y de a un caso en Bogotá, Atlántico, Cauca, Cesar, Norte de Santander, Tolima y Valle del Cauca.

“La misión de los padres de familia es garantizar entornos de cuidado y protección para los niños, niñas y adolescentes por eso desde la institución reiteramos que la prevención empieza en casa, y el cambio es sin pólvora”, dijo la directora general de Bienestar Familiar, Astrid Cáceres.

Agregó, “los espectáculos pirotécnicos solo pueden ser manejados por profesionales expertos y la mayoría de ellos son gratuitos para el deleite de todos y todas en un ambiente seguro”. 

La funcionaria sostuvo que “enseñar con el ejemplo y optar por actividades artísticas, creativas y responsables fortalece los lazos familiares y garantiza unas festividades tranquilas y libres de accidentes. Hacemos un llamado para que cambiemos la pólvora por sonrisas y cantos”.

Recuerde que, si un niño resulta lesionado con pólvora, se debe acudir de manera inmediata a los centros de salud para que no se agrave su estado. Mientras recibe atención médica evite el uso de remedios caseros.

La entidad, en el año 2023, instauró ocho denuncias penales en contra de padres de familia y cuidadores y abrió 69 procesos de restablecimiento de derechos a favor de niños, niñas y adolescentes lesionados con pólvora.

Esta es la ruta de atención para los casos de niños niñas y adolescentes lesionados por uso o porte de pólvora.

Ruta de Atención

Durante el encuentro la directora de Familias y Comunidades, Haidy Duque, explicó cómo a través de este trabajo el ICBF busca fortalecer las capacidades de las familias étnicas y campesinas para generar comunidades o entornos protectores que permitan el buen vivir de las niñas, niños y adolescentes, la garantía de los derechos individuales y colectivos.

En el intercambio de información se abordaron temas como los relacionados con la sustentabilidad alimentaria y la conservación del medio ambiente, con un especial énfasis en la protección de especies marinas y los cinco tipos de mangle que en el maritorio cumplen una función clave de protección costera. El maritorio es un concepto de área geográfica que conjuga: la comunicabilidad, la riqueza, la adversidad y las energías.

Además, se plantearon estrategias de gobierno y justicia propia para el fortalecimiento de la estructura del Consejo Comunitario con miras al mejoramiento de la articulación institucional que permita acelerar el buen vivir de esta comunidad, ubicada en el archipiélago de San Bernardo del Distrito de Cartagena.

La comunidad de Santa Cruz del Islote, ubicado en el golfo de Morrosquillo​​ y parte del Archipiélago de San Bernardo, quedó con la información necesaria  para presentar propuestas que le permitan contar con el acompañamiento del Bienestar Familiar, a través de la modalidad Tejiendo Interculturalidad, durante la vigencia 2025.
 
 

Por ello, Bienestar Familiar realizó un intercambio de saberes que incluyó la socialización de la labor que se realiza en el país en materia de adopciones, en el marco de la Ley 1098 de 2006 o Código de la Infancia y la Adolescencia, y las demás normas que regulan el tema.
 
Adriana Tierradentro, directora encargada de Protección, señaló que "en Colombia los procesos de adopciones se dan bajo el principio que no existe un derecho a adoptar, el propósito es garantizar el derecho a que las niñas, niños y adolescentes tengan una familia. Por eso, es importante la preparación de las familias que quieran adoptar para que conozcan la trascendencia que esto tiene".
 
Para la presidenta de la Junta de Adopciones de Finlandia, Irene Pärssinen-Hentula, la colaboración es clave en los procesos de adopción, por eso con humildad están dispuestos a aprender de la forma como se realiza en Colombia. En su exposición destacó que en su país existe un apoyo de posadopción y periódicamente se reúnen con adoptados y las familias acogedoras.
 
La comitiva de Finlandia también visitará otras instalaciones del ICBF como la Regional Bogotá y el Centro Zonal Revivir para conocer más detalles e información sobre la labor que realiza el instituto en la garantía del derecho a tener una familia de los niños, niñas y adolescentes.
 
(Fin/dgp/pup)
 

Estas acciones marcan un hito en la creación de las políticas alimentarias nacionales, ya que buscan escuchar, comprender y documentar los saberes ancestrales, tradicionales y territoriales, así como las experiencias de las comunidades, para construir conjuntamente una política pública sobre soberanía alimentaria con un enfoque diferencial.

En la primera fase del convenio se desarrolló un trabajo de campo en tres fases: reconocimiento territorial, diálogo de saberes e historias de vida, en 14 territorios: Manaure (La Guajira), Pueblo Rico (Risaralda), Lloró (Chocó), Tiquisio (Bolívar), Norosí (Bolívar), Chivatá (Boyacá), Páez (Cauca), La Guadalupe (Guainía), El Tarra (Norte de Santander), Pueblo Bello (Cesar), Mapiripán (Meta), Rioblanco (Tolima), Providencia y Bogotá.

Las acciones se desarrollan mediante la metodología de planeación a corto plazo de los objetivos anticipándose a diversos escenarios para resolver los obstáculos de forma inmediata.

Como se recordará las guías alimentarias son un conjunto de orientaciones para la población sobre el consumo de alimentos, con el fin de promover un completo bienestar nutricional y prevenir enfermedades. 

El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y la Universidad de Antioquia unen esfuerzos a través de un convenio interadministrativo en aras de fortalecer la soberanía alimentaria en Colombia. 

Esta alianza cuenta con tres ejes fundamentales, reformular las guías alimentarias para mayores de 2 años, fortalecer la lactancia humana como el primer acto de soberanía alimentaria y construir estrategias educativas con un enfoque diferencial, para las niñas, niños, adolescentes y familias. 

Las acciones se desarrollan mediante la metodología de planeación prospectiva, en la primera fase se visitaron 14 puntos estratégicos del territorio nacional, como: Manaure (La Guajira), Pueblo Rico (Risaralda), Lloró (Chocó), Tiquisio (Bolívar), Norosí (Bolívar), Chivatá (Boyacá), Páez (Cauca), la Guadalupe (Guainía),, El Tarra (Norte de Santander), Pueblo Bello (Cesar), Mapiripán (Meta), Providencia, Rioblanco (Tolima) y Bogotá. En cada una de estas territorialidades se desarrolló un trabajo de campo en tres fases: reconocimiento territorial, diálogo de saberes e historias de vida. 

Estas acciones marcan  un hito en las políticas alimentarias nacionales, ya que busca escuchar, comprender y documentar los saberes (ancestrales, tradicionales y territoriales) y experiencias de las comunidades, para co-construir una política pública con un enfoque diferencial para el país  con énfasis en soberanía alimentaria, para la garantía progresiva del derecho humano a la alimentación adecuada, asegurando una alimentación adecuada, inclusiva y sostenible para  niñas, niños, adolescentes y sus familias.
 
(Fin/mjm/pu)
 

La decisión se toma cumpliendo los compromisos consignados en el arLculo 137 de. Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 con las niñas, los niños, adolescentes, las madres y padres comunitarios, sustitutos transitados y agentes educativos del país.

La ley indica que el Gobierno Nacional, el Ministerio del Trabajo, el Departamento Administrativo de la Función Pública y el ICBF desarrollarán instrumentos norma-vos para la formalización laboral, de manera progresiva y gradual, de las madres y padres comunitarios que se encuentren
laborando en el servicio de Hogares Comunitarios de Bienestar.

La Vicepresidenta y Ministra de Igualdad, Francia Elena Márquez Mina, afirmó que “con la decisión de hoy les cumplimos a las madres comunitarias y respondemos a lo consignado en el Plan Nacional de Desarrollo en la formalización progresiva y gradual de las madres comunitarias.

Este es un paso hacia la jus-cia social y la dignificación de su labor. Hoy debo decirles gracias, gracias por el cuidado de la niñez de este país.” Esta decisión garan-za la formalización a través de una planta temporal, sin perjuicio de la reforma laboral que con-núa avanzando en el Congreso de la República. La decisión se convierte en un hito que reivindica los derechos laborales de miles de mujeres que han dedicado su vida al cuidado amoroso de la niñez y han jugado un papel crucial en el cuidado y desarrollo integral de la primera
infancia en Colombia.

Por su parte la directora del Bienestar Familiar, Astrid Cáceres, sostuvo que la ampliación de la planta de personal del ICBF “refleja el compromiso del Estado con la equidad de género y el reconocimiento de la labor que desempeñan las madres comunitarias, fortaleciendo así el sistema
de atención a la niñez en el país.”

A julio de 2024 en Colombia hay 40.469 mujeres y 109 hombres que se desempeñan como madres y padres comunitarias en 933 municipios atendiendo a 454.531 niñas, niños y adolescentes. Cerca de 28 mil de ellas de graduaron como tecnólogas de SENA en dis-ntas disciplinas.

Los equipos interdisciplinarios realizan recorridos para sensibilizar a las familias sobre el cuidado permanente de los niños y niñas por parte de sus padres o cuidadores, así como la prevención de riesgos en este entorno de ciudad y espacios abiertos.

Así mismo, los equipos realizan la identificación del número de niños, niñas y adolescentes que se encuentran con sus familias para la entrega de alimentos de alto valor nutricional como Bienestarina líquida (una unidad diaria para cada uno) con el fin de evitar alteraciones por el cambio en su alimentación habitual.

A través de diferentes acciones, Bienestar Familiar proporciona acompañamiento constante a las comunidades indígenas, con el objetivo de asegurar el pleno cumplimiento y respeto de sus derechos fundamentales, particularmente de las niñas, niños y adolescentes, y sus normativas internas.

De igual forma, Bienestar Familiar participa junto a las demás entidades convocadas, en el Puesto de Mando Unificado y en el diálogo que con los líderes indígenas de la comunidad Embera Chamí.

La declaración la hizo durante su participación como moderadora del panel sobre violencia sexual en el conflicto armado, realizado durante la 
IV Conferencia Internacional  de PSVI de la organización PSVI (Iniciativa para Prevenir la Violencia Sexual en los Conflictos) de Reino Unido,
evento en el que también participaron Tanya Chapuisat, Representante de UNICEF para Colombia; AjnaJusic, sobreviviente y miembro del Grupo Asesor PSVI; Grace Achan cofundadora de la Women'sAdvocacy Network Uganda (WAN) y Vasfije Krasniqui, activista representante de las víctimas de Kosovo.

“Hoy vamos a hablar del impacto que tiene en la niñez el conflicto armado y cómo sus cuerpos se convierten en botín de guerra”, dijo al iniciar su declaración la funcionaria colombiana. 

Por su parte, la Representante de UNICEF para Colombia, Tanya Chapuisat, dio a conocer cifras reveladoras sobre este fenómeno: “el informe de la Secretaría General de las Naciones Unidas asegura que la violación contra niños alcanzó niveles extremos en 2023 con un aumento del 25% respecto del 2022, es decir 1472 casos de violencia sexual en contra de niños fueron verificadas a nivel global.
En Colombia la violencia sexual ha aumentado desde el 2019 con 75 casos desde ese año. Estas cifras son la punta del Iceberg que nos permite verificar que es un problema de una magnitud enorme”.

La funcionaria también destacó el papel de la Justicia Especial para la Paz (JEP) en la apertura, seguimiento y condena del caso 007 sobre delitos de guerra en el país, “este tribunal recientemente reveló que había un patrón sistemático de reproducción de violencias sexuales contra niños y adolescentes reclutados por las antiguas Farc, contratación forzada, violación, aborto forzado y otros crímenes, el reconocimiento de estos vejámenes representa un paso muy importante para las víctimas”.

Testimonios desgarradores
La participación de las invitadas no solo permitió conocer los desgarradores testimonios de las sobrevivientes, sino también las medidas de reparación que adoptaron sus estados. 
Ajna Jusic, por ejemplo, aseguró que en Bosnia Herzegovina, su país, era muy lamentable que en el colegio fuera señalada como una niña sin padre, “no era solo que mi mamá hubiera sido víctima de violencia sexual, sino además que no tenía padre y la sociedad no me reconocía como un igual. Fue muy difícil que los tomadores de decisiones y la sociedad entendiera que éramos víctimas. Estamos hablando de 50 mil sobrevivientes en mi país”. 

A su turno, Grace Achan, Cofundadora de la Women's Advocacy Network en Uganda, sostuvo que la guerra en su país dejó a muchas mujeres víctimas de los rebeldes, ya que no solo fueron forzadas a hacer parte de esas organizaciones, sino que volvieron con hijos fruto de ese conflicto. 

“Las mamás que llegaban con dos y tres niños víctimas volvieron pensando que sus padres los iban a apoyar, pero terminaban rechazadas por todos. Lo único que quedaba entonces era la tierra, pero los niños fruto de la guerra no tienen identidad, porque no tienen padre, y ahí hay una responsabilidad del Estado”, dijo.

A su turno, Vasfije Krasniqui, activista representante de las víctimas de Kosovo,aseguró que “por mucho tiempo el gobierno no nos reconocía como sobrevivientes, tuvimos que hacer muchas cosas para que en el 2014 nos reconocieran como tal. En el 2018 iniciaron un proceso de reparación, Kosovo nos dio una pensión mensual para los sobrevivientes ese es un muy buen modelo”.

Por último, la Representante de UNICEF para Colombia, Tanya Chapuisat, aseguró que “es posible la reparación de las víctimas, creemos que debemos construir y dar posibilidades para reiniciar la vida, parte del trabajo es que los niños puedan tener el acceso a la comunidad no es solo reconocer los derechos, sino que sean reconocidos como miembros plenos de la sociedad”. Agregó que se disculpa porque UNICEF no pudo estar allí con los niños víctimas, pero sostuvo que seguirá trabajando para que en el futuro eso no vuelva a suceder.

“El sábado estuvimos en La Plata, Huila, en el sepelio de Maurin Alejandra, quien fue secuestrada junto a otra niña que no sabemos dónde está. Ellas son la muestra de un país que no ha entendido que las violencias basadas en género pasan por todas las formas de delito”, dijo la funcionaria en la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. 

Así mismo, Cáceres indicó que solo en 2024 se han abierto cerca de 40 mil procesos de restablecimiento de derechos a menores de edad por diferentes tipos de violencia; 13 mil de esos casos son por posibles violencias basadas en género. Lo más preocupante, según la funcionaria, es que el 87 % de esas violencias se presentan contra niñas de 12 a 18 años.

“Hay que preguntarnos qué pasa con nuestras adolescentes, ¿cómo las acompañamos? y ¿cómo la sociedad deja de verlas como un objeto de deseo?, hay que saber, ¿por qué se ensañan con nuestras niñas?, ¿por qué no las dejamos vivir su adolescencia? Por MaurinAlejandra, por Sofía Delgado, por Juliana Samboní y muchas niñas a las que el patriarcado las mira como objeto de deseo y cuyo poder se ensaña con la debilidad de sus cuerpos, nos unimos en Colombia por una causa común: garantizar que todas las mujeres y niñas vivan libres, seguras y en paz”, dijo la funcionaria en el lanzamiento de la estrategia de cambio social y cultural: Vivir sin Miedo, del Ministerio de la Igualdad y Equidad.

Por último, la directora de Bienestar Familiar destacó ante la vicepresidente y ministra de la Igualdad, Francia Márquez, el trabajo que ha realizado la entidad, como la estrategia de prevención de riesgos Atrapasueños y la estrategia de prevención de Violencias basadas en Género (Binas).

 
Cáceres agregó que “los niños deben crecer en una generación que identifique las violencias basadas en género, que no se quede callada y que pueda denunciar a tiempo y que aquellos que trabajan en eso sepamos verlo a tiempo. Nos falta mucho camino, pero si intervenimos a esos niños y les contamos que no es normal,seguramente van a poder vivir una generación distinta porque todavía nos toca a las mujeres gritar para llegar a ciertos espacios”. 

(Fin/eeb/pup)


 

“Al empezar periodo de contratación inician calumnias, denuncias, repentino interés por los niños, tramitadores y desinformación. La contratación para la prestación o adquisición de servicios de Bienestar Familiar se gestiona en línea a través de la plataforma transaccional SECOP, operación directa y compras alimentarias a campesinado. No paguen a nadie, esto no es negocio”, reiteró la directora general del ICBF.

Además, dijo la funcionaria que hay una red criminal nacional que se acerca a los comerciantes para intentar, a través de correos electrónicos, llamadas telefónicas y líneas de Whatsapp falsas, adquirir bienes y servicios que supuestamente están destinados a la entidad, pero que en realidad terminan en manos de los delincuentes.

Según información de las autoridades personas inescrupulosas, haciéndose pasar por funcionarios del ICBF, contactan comerciantes de todas las regiones del país para supuestamente incluirlos en la adquisición de insumos, elementos y enseres. Una vez los comerciantes despachan la mercancía, los falsos funcionarios no vuelven a aparecer.

Cabe anotar que esta actuación inescrupulosa está tipificada en el Código Penal en los delitos de estafa, falsedad personal y simulación de investidura o cargo. Además, puede acarrear penas de cárcel que van desde los 2 hasta los 8 años. 
 
(Fin/eeb/jmf)
 

La estrategia, plasmada en la reciente infografía presentada por Bienestar Familiar busca:
1. Conocer los riesgos, mediante el monitoreo constante de amenazas.
2. Implementar medidas preventivas, diseñando rutas de acción efectivas.
3. Responder de forma articulada, priorizando a los niños, niñas y adolescentes en la atención.
 
Además, se sugieren acciones concretas y la necesidad de articular esfuerzos entre el Sistema Nacional de Bienestar Familiar y el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo para proteger a los niños, niñas y adolescentes ante situaciones de riesgo. De esta manera, Bienestar Familiar convoca a todas las entidades y ciudadanos a trabajar unidos para enfrentar los desafíos del cambio climático y sus impactos en las poblaciones más vulnerables.
 
Para más información y consulta de materiales como la infografía sobre Gestión del Riesgo con Enfoque de Niñez, visite el link