Santa Marta

“Las niñas y los niños de la primera infancia requieren de adultos sensibles y conocedores de su desarrollo, que los acompañen en los primeros años de vida”. Así lo manifestó Diana Bejarano, subdirectora de Gestión Técnica para la Atención de Primera Infancia del ICBF, durante el conversatorio “Educación infantil: Un compromiso con el futuro nacional”, organizado por la Universidad Cooperativa de Colombia, sede Santa Marta. 

Actualmente, el ICBF trabaja por asegurar la universalización de la educación inicial en el marco de la atención integral en los territorios con mayores desigualdades y con altas necesidades de protección en el país, con una propuesta actualizada de atenciones que van desde el tiempo de la gestación hasta los cinco años. 

“La educación inicial es un derecho impostergable, lo que quiere decir que no da espera. Queremos responder a las necesidades y expectativas de las familias y comunidades, con programas pertinentes y diversos, que tengan en cuenta sus saberes y prácticas, así como los escenarios en los que niños y niñashabitan cotidianamente y donde ocurre su desarrollo. Esto implica considerar que la educación inicial cobra vida en diversas formas de atención, y que se adapta al momento de vida de la primera infancia”, señaló. 

Este evento hizo parte del lanzamiento de la Licenciatura en Educación de la Universidad Cooperativa de Colombia y del panel participó igualmente la Doctora Rebeca Puche Navarro, investigadora emérita de Minciencias, reconocida por sus aportes al estudio del desarrollo infantil.

(Fin/jac/pup)

Desde la Sierra Nevada de Santa Marta en la comunidad Katûnzama, la directora de Primera Infancia del ICBF, María Mónica Martínez, presidió el encuentro con los indígenas quienes han venido construyendo la ruta metodológica para la implementación de este modelo propiode atención.
 
“Nos vamos con la tarea de poner en marcha, en el menor tiempo posible, el modelo propio e intercultural con la comunidad Arhuaca, quegarantice el respeto y el derecho de nuestros pueblos indígenas, gracias al trabajo y diálogo entre la comunidad y Bienestar Familiar”, sostuvo la funcionaria.
 
Durante la jornada se escucharon las voces de la comunidad que compartió sus conocimientos ancestrales y sus expectativas frente al futuro de sus niños, niñas y los demás integrantes del pueblo arhuaco, permitiendo un diálogo intercultural lo que representa un avance significativo en la implementación de los derechos de los pueblos indígenas. 
 
Bienestar Familiar reconoce la importancia de las lenguas originarias, los saberes tradicionales y las prácticas culturales, buscando garantizar que la atención a los pueblos indígenas sea un vehículo para fortalecer la identidad y el sentido de pertenencia de las nuevas generaciones.
 
(Fin/djp/pup)
 

Durante la visita se reunieron con defensores de familia y sus equipos, fiscales, jueces de familia, visitaron las instalaciones del Centro de Servicios Judiciales para Adolescentes (CESPA) y unidades donde son atendidos los adolescentes y jóvenes.
 
Esta acción hace parte del cumplimiento de los compromisos del primer consejo de política social de Santa Marta, en el que el alcalde distrital se comprometió a trabajar de manera articulada para que la implementación de este programa sea una realidad prontamente y que además se encuentra incluido en el plan de desarrollo.
 
La Justicia Juvenil Restaurativa busca que los adolescentes y jóvenes del Sistema de Responsabilidad Penal tengan una reinserción exitosa a la sociedad, garantizando el derecho a la verdad, la justicia y la reparación de la víctima y a la comunidad por los daños generados.
 
“Venimos trabajando desde hace varios meses en conjunto con la Fiscalía, la Rama Judicial y diferentes actores del Sistema Nacional de Bienestar Familiar. Desde el ICBF estamos brindado toda la asistencia técnica necesaria para que la Justicia Juvenil Restaurativa sea una realidad en el Magdalena”, manifestó María del Rosario Blanco, directora regional encargada del Bienestar Familiar en el Magdalena.
 
 
(Fin/jac/jfb)
 

Esta decisión se tomó gracias al compromiso asumido por la Alcaldía de Santa Marta, luego de reuniones técnicas con Bienestar Familiar, Fiscalía General de la Nación, la rama judicial, entre otros. Ahora, esta comisión técnica visitará al departamento del Atlántico donde ya se implementa este programa, con el fin de tomar aprendizajes e iniciar con su pronta implementación en el territorio.

La Justicia Juvenil Restaurativa es una forma de justicia que aborda los conflictos desde un enfoque social, afectivo, pedagógico y de derechos, orientada por los principios de la protección integral, interés superior del adolescente y la corresponsabilidad. Busca el restablecimiento de los derechos del adolescente, la toma de conciencia sobre el daño causado, la garantía de los derechos a la verdad y a la reparación integral de la víctima, el reconocimiento recíproco entre las partes y la reintegración a la sociedad, todo ello por medio de un procedimiento que debe contar con la participación del Estado, la comunidad y las familias.

(Fin/jac/pu)
 

Durante la jornada se firmaron acuerdos para la adquisición de productos como huevos, pollo, naranja, banano, melón, patilla, leche, yogurt, avena, queso, entre otros, por un valor superior a los 700 millones de pesos. 

Alrededor de esta Mesa de compras públicas locales se reunieron compradores y productores del departamento con el fin de generar dinámicas comerciales que permitan optimizar los circuitos cortos de comercialización, fortaleciendo la economía local a través de la compra pública de alimentos para los programas del ICBF.

En un proceso de articulación en el espacio de compras públicas locales participaron además de Bienestar Familiar, entidades como la Agencia de Desarrollo Rural, Sena, Agencia Logística de las Fuerzas Armadas, Gobernación del Magdalena a través de las Secretarías Desarrollo Económico, Salud y de Educación, Unidad Solidaria, Caja de Compensación del Magdalena, entre otras.

(Fin/dpa/pu)

Un ejemplo de esta iniciativa es la huerta construida en el Centro de Desarrollo Infantil (CDI) Pijiño del Centro Zonal Santa Ana que además de servir como aula al aire libre donde niñas y niños aprenden sobre la importancia de la agricultura ecológica, la reforestación y el cuidado del medio ambiente, embellece el entorno que rodea a la primera infancia.
 
A través de actividades lúdicas y pedagógicas, niños y niñas del CDI Pijiño exploran el mundo natural, siembran y cosechan hortalizas, frutas y verduras, y aprenden sobre la importancia de una alimentación sana y nutritiva. La iniciativa de las huertas sostenibles en las unidades de servicio de Bienestar Familiar tiene un gran potencial para ser replicada en otras unidades de servicio a lo largo del país.
 
Bienestar Familiar, a través de la promoción de las huertas sostenibles, empodera  a la primera infancia, brindándole la oportunidad de aprovechar los recursos del medio ambiente para su propio aprendizaje y desarrollo. El consumo de los alimentos cosechados en las huertas sostenibles no solo promueve una alimentación sana, sino que también le enseña sobre el valor de los productos locales y la importancia de un consumo responsable.
 
(Fin/djp/pu)
 
 

Este convenio permite brindar servicios de atención y prevención de la desnutrición a las mujeres en embarazo que presentan bajo peso y/o exceso de peso para la edad gestacional, así como a los niños y niñas menores de 5 años con riesgo de desnutrición aguda, que tienen instaurado el tratamiento ambulatorio para la desnutrición desde el sector salud.
 
La directora encargada de la regional del ICBF en Magdalena, María del Rosario Blanco, sostuvo que a través del convenio se priorizan los servicios en el Distrito de Santa Marta para 81 niños y niñas menores de 5 años con riesgo de desnutrición y 69 mujeres gestantes, mediante equipos básicos conformados por médicos, odontólogos, psicólogos, nutricionistas, trabajadores sociales, entre otros perfiles.
 
En el marco de la firma del convenio se instaló la primera Mesa del comité para la garantía del derecho humano a la alimentación adecuada, cuyo objetivo es establecer acciones específicas para el abordaje integral, mitigación y reducción de las problemáticas asociadas a la desnutrición desde el enfoque de derecho humano.
 
(Fin/djp/pu)
 

La directora encargada de la regional del ICBF en Magdalena, María del Rosario Blanco, presentó los logros resultados durante este periodo como el garantizar derechos a 90.077 niños, niñas, adolescentes y familias con una inversión superior a los 275 mil millones de pesos.

 

En primera infancia se logró una cobertura significativa, brindando atención integral a  78.561 niños, niñas y mujeres gestantes. Se implementaron mejoras en la canasta de servicios, pasando de la categoría Además, se establecieron más de 1.000 comités de control social y veedurías en los servicios destinados a la primera infancia.

 

En apoyo a la infancia y adolescencia , bajo el lema "Pequeñas acciones, grandes transformaciones", se destacó la iniciativa La tienda de tú a tú cuyo objetivo es enseñar a los niños y niñas con discapacidad el manejo del dinero en sus compras diarias. Asimismo, se promovió la prevención de riesgos a través de la estrategia Atrapasueños que llegó a 4.675 niños, niñas y adolescentes.

 

En cuanto a la protección de derechos, se mencionó la creación de la defensoría especializada en adopciones en Santa Marta, así como el apoyo técnico brindado a las alcaldías para la puesta en marcha de los hogares de paso en los municipios de Fundación, Algarrobo, Pijiño del Carmen y Nueva Granada. Además, se logró la adopción de una adolescente de 16 años a una familia, en línea con el objetivo de restablecer el derecho a tener una familia de los niños, niñas y adolescentes  del departamento del Magdalena.

 

María del Rosario Blanco compartió con los presentes que la ejecución presupuestaria alcanzó el 99.99% en la regional en 2023.

 

“Atendiendo a las necesidades del territorio, dando respuesta al Plan Nacional de Desarrollo, pero sobre todo permitiendo que adolescentes y jóvenes vinculados al Sistema de Responsabilidad Penal accedan a procesos y prácticas restaurativas, damos inicio a las nuevas modalidades no privativas de la libertad en el departamento. Esto es para ellos, para potencializar sus proyectos de vida y que se desarrollen en un entorno seguro y de legalidad”, manifestó Magally Macías, subdirectora del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes del ICBF.

Las modalidades no privativas de la libertad del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes tienen un alto potencial social comunitario, enfocándose en la inclusión social y la aplicación de prácticas de justicia restaurativa. Estas modalidades permiten que los adolescentes o jóvenes vinculados al sistema cumplan su sanción en escenarios que contribuyan a su desarrollo cognitivo, emocional y social.

En el departamento de Magdalena se tendrán a disposición 20 cupos para la prestación de servicios a la comunidad y 30 cupos para la internación en medio semicerrado.

(Fin/jaa/pu)

Durante el encuentro denominado Participando ando y mi voz escuchando, el equipo del ICBF escuchó las inquietudes planteadas por la comunidad como el acceso a la atención médica, la educación y los servicios sociales.

"Estamos comprometidos en trabajar junto con el pueblo arhuaco para promover que todos los niños, niñas, adolescentes y sus familias, tengan sus derechos garantizados", dijo María del Rosario Blanco directora encargada de la regional del ICBF en Magdalena.

"Agradecemos al instituto por venir a nuestra comunidad a escuchar nuestras preocupaciones", afirmó un líder arhuaco, quien insistió en que este es un paso positivo en nuestra relación con el ICBF".
 
Por medio de estas iniciativas de diálogo, el ICBF busca acercarse a las comunidades, generando entornos de confianza, que permitan fortalecer los vínculos, una comunicación cercana y fluida para la mejora de los servicios donde crezca la generación para la vida y la Paz.
 
(Fin/djp/pu)