Santa Marta

Esta decisión se tomó gracias al compromiso asumido por la Alcaldía de Santa Marta, luego de reuniones técnicas con Bienestar Familiar, Fiscalía General de la Nación, la rama judicial, entre otros. Ahora, esta comisión técnica visitará al departamento del Atlántico donde ya se implementa este programa, con el fin de tomar aprendizajes e iniciar con su pronta implementación en el territorio.

La Justicia Juvenil Restaurativa es una forma de justicia que aborda los conflictos desde un enfoque social, afectivo, pedagógico y de derechos, orientada por los principios de la protección integral, interés superior del adolescente y la corresponsabilidad. Busca el restablecimiento de los derechos del adolescente, la toma de conciencia sobre el daño causado, la garantía de los derechos a la verdad y a la reparación integral de la víctima, el reconocimiento recíproco entre las partes y la reintegración a la sociedad, todo ello por medio de un procedimiento que debe contar con la participación del Estado, la comunidad y las familias.

(Fin/jac/pu)
 

Durante la jornada se firmaron acuerdos para la adquisición de productos como huevos, pollo, naranja, banano, melón, patilla, leche, yogurt, avena, queso, entre otros, por un valor superior a los 700 millones de pesos. 

Alrededor de esta Mesa de compras públicas locales se reunieron compradores y productores del departamento con el fin de generar dinámicas comerciales que permitan optimizar los circuitos cortos de comercialización, fortaleciendo la economía local a través de la compra pública de alimentos para los programas del ICBF.

En un proceso de articulación en el espacio de compras públicas locales participaron además de Bienestar Familiar, entidades como la Agencia de Desarrollo Rural, Sena, Agencia Logística de las Fuerzas Armadas, Gobernación del Magdalena a través de las Secretarías Desarrollo Económico, Salud y de Educación, Unidad Solidaria, Caja de Compensación del Magdalena, entre otras.

(Fin/dpa/pu)

Un ejemplo de esta iniciativa es la huerta construida en el Centro de Desarrollo Infantil (CDI) Pijiño del Centro Zonal Santa Ana que además de servir como aula al aire libre donde niñas y niños aprenden sobre la importancia de la agricultura ecológica, la reforestación y el cuidado del medio ambiente, embellece el entorno que rodea a la primera infancia.
 
A través de actividades lúdicas y pedagógicas, niños y niñas del CDI Pijiño exploran el mundo natural, siembran y cosechan hortalizas, frutas y verduras, y aprenden sobre la importancia de una alimentación sana y nutritiva. La iniciativa de las huertas sostenibles en las unidades de servicio de Bienestar Familiar tiene un gran potencial para ser replicada en otras unidades de servicio a lo largo del país.
 
Bienestar Familiar, a través de la promoción de las huertas sostenibles, empodera  a la primera infancia, brindándole la oportunidad de aprovechar los recursos del medio ambiente para su propio aprendizaje y desarrollo. El consumo de los alimentos cosechados en las huertas sostenibles no solo promueve una alimentación sana, sino que también le enseña sobre el valor de los productos locales y la importancia de un consumo responsable.
 
(Fin/djp/pu)
 
 

Este convenio permite brindar servicios de atención y prevención de la desnutrición a las mujeres en embarazo que presentan bajo peso y/o exceso de peso para la edad gestacional, así como a los niños y niñas menores de 5 años con riesgo de desnutrición aguda, que tienen instaurado el tratamiento ambulatorio para la desnutrición desde el sector salud.
 
La directora encargada de la regional del ICBF en Magdalena, María del Rosario Blanco, sostuvo que a través del convenio se priorizan los servicios en el Distrito de Santa Marta para 81 niños y niñas menores de 5 años con riesgo de desnutrición y 69 mujeres gestantes, mediante equipos básicos conformados por médicos, odontólogos, psicólogos, nutricionistas, trabajadores sociales, entre otros perfiles.
 
En el marco de la firma del convenio se instaló la primera Mesa del comité para la garantía del derecho humano a la alimentación adecuada, cuyo objetivo es establecer acciones específicas para el abordaje integral, mitigación y reducción de las problemáticas asociadas a la desnutrición desde el enfoque de derecho humano.
 
(Fin/djp/pu)
 

La directora encargada de la regional del ICBF en Magdalena, María del Rosario Blanco, presentó los logros resultados durante este periodo como el garantizar derechos a 90.077 niños, niñas, adolescentes y familias con una inversión superior a los 275 mil millones de pesos.

 

En primera infancia se logró una cobertura significativa, brindando atención integral a  78.561 niños, niñas y mujeres gestantes. Se implementaron mejoras en la canasta de servicios, pasando de la categoría Además, se establecieron más de 1.000 comités de control social y veedurías en los servicios destinados a la primera infancia.

 

En apoyo a la infancia y adolescencia , bajo el lema "Pequeñas acciones, grandes transformaciones", se destacó la iniciativa La tienda de tú a tú cuyo objetivo es enseñar a los niños y niñas con discapacidad el manejo del dinero en sus compras diarias. Asimismo, se promovió la prevención de riesgos a través de la estrategia Atrapasueños que llegó a 4.675 niños, niñas y adolescentes.

 

En cuanto a la protección de derechos, se mencionó la creación de la defensoría especializada en adopciones en Santa Marta, así como el apoyo técnico brindado a las alcaldías para la puesta en marcha de los hogares de paso en los municipios de Fundación, Algarrobo, Pijiño del Carmen y Nueva Granada. Además, se logró la adopción de una adolescente de 16 años a una familia, en línea con el objetivo de restablecer el derecho a tener una familia de los niños, niñas y adolescentes  del departamento del Magdalena.

 

María del Rosario Blanco compartió con los presentes que la ejecución presupuestaria alcanzó el 99.99% en la regional en 2023.

 

“Atendiendo a las necesidades del territorio, dando respuesta al Plan Nacional de Desarrollo, pero sobre todo permitiendo que adolescentes y jóvenes vinculados al Sistema de Responsabilidad Penal accedan a procesos y prácticas restaurativas, damos inicio a las nuevas modalidades no privativas de la libertad en el departamento. Esto es para ellos, para potencializar sus proyectos de vida y que se desarrollen en un entorno seguro y de legalidad”, manifestó Magally Macías, subdirectora del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes del ICBF.

Las modalidades no privativas de la libertad del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes tienen un alto potencial social comunitario, enfocándose en la inclusión social y la aplicación de prácticas de justicia restaurativa. Estas modalidades permiten que los adolescentes o jóvenes vinculados al sistema cumplan su sanción en escenarios que contribuyan a su desarrollo cognitivo, emocional y social.

En el departamento de Magdalena se tendrán a disposición 20 cupos para la prestación de servicios a la comunidad y 30 cupos para la internación en medio semicerrado.

(Fin/jaa/pu)

Durante el encuentro denominado Participando ando y mi voz escuchando, el equipo del ICBF escuchó las inquietudes planteadas por la comunidad como el acceso a la atención médica, la educación y los servicios sociales.

"Estamos comprometidos en trabajar junto con el pueblo arhuaco para promover que todos los niños, niñas, adolescentes y sus familias, tengan sus derechos garantizados", dijo María del Rosario Blanco directora encargada de la regional del ICBF en Magdalena.

"Agradecemos al instituto por venir a nuestra comunidad a escuchar nuestras preocupaciones", afirmó un líder arhuaco, quien insistió en que este es un paso positivo en nuestra relación con el ICBF".
 
Por medio de estas iniciativas de diálogo, el ICBF busca acercarse a las comunidades, generando entornos de confianza, que permitan fortalecer los vínculos, una comunicación cercana y fluida para la mejora de los servicios donde crezca la generación para la vida y la Paz.
 
(Fin/djp/pu)

La funcionaria insistió en que a la fecha no se ha firmado ningún contrato, como se ha manifestado en diferentes escenarios y medios, y que por lo tanto no se puede hablar de una contratación indebida.

“Por el contrario, lo que se viene haciendo es incorporar cada vez más a asociaciones de madres y padres comunitarios y padres de familia para la atención y el cuidado de sus niños y sus niñas. Ellos nos vienen acompañando en estos análisis porque son quienes viven realmente lo que pasa en los hogares comunitarios”, aseguró la funcionaria. 

Así mismo, recalcó que un equipo jurídico de la dirección general acompaña el proceso y se han realizado llamadas de manera aleatoria a padres de familia para conocer su percepción sobre la prestación de los servicios a sus hijos e hijas. 

“Con base en esto cerraremos el ejercicio de contratación. Todo lo que se haga aquí tiene que ver con legalidad, jurídicamente soportable y con la voz de las comunidades que nos avala en este proceso participativo que hemos venido haciendo y esas voces son las que nos ayudan a seleccionar a los mejores operadores”, puntualizó la directora.

Además, dijo que con el equipo técnico, jurídico y financiero de la regional en cabeza de la designada directora encargada, María del Rosario Blanco y en articulación con la dirección general se trabajará durante el fin de semana para finalizar de forma exitosa el proceso de contratación. 

Finalmente, recordó que el ICBF se encuentra en disposición de entregar toda la información que se requiera a los entes de control.

Durante su visita, la directora sostuvo un diálogo con directivas de los sindicatos de madres comunitarias en el departamento, quienes manifestaron sus respaldo al proceso.

De igual forma, la regional Magdalena ha brindado asistencia técnica a estas organizaciones para el cumplimiento de los requisitos con el fin de que puedan habilitarse dentro del proceso de contratación, el cual se surte de acuerdo a la normatividad vigente.

En este momento la operación de los servicios en los Hogares Comunitarios de Bienestar del departamento se encuentra en ejecución con normalidad y se adelanta un proceso de contratación para su continuidad, en el que se prioriza el fortalecimiento territorial y el conocimiento del territorio para atender a los niños y niñas. 

Por lo tanto, no es cierto que hayan direccionamientos indebidos toda vez que los contratos no han nacido a la vida jurídica.

Desde la regional Magdalena y atendiendo estas directrices de la dirección general, se ha brindando apoyo y asistencia técnica a más de 30 asociaciones de padres de familia para su reactivación y se han hecho los análisis financieros, técnicos y jurídicos, que permitan una contratación acorde a estos lineamientos. 

El ICBF aclara que a la fecha NO se ha firmado ningún contrato con entidad alguna en el marco de este nuevo proceso en el departamento de Magdalena y por lo tanto, no son ciertas las afirmaciones sobre un presunto favorecimiento a fundaciones.

Así mismo, el ICBF reitera que los recursos para la atención de la niñez no son un negocio y que contratar con organizaciones de base, además de ser el origen de tales programas, posibilita un mejor desarrollo de estos ya que son las mismas comunidades beneficiarias las encargadas de la atención.

(Fin/jac/pup)