Santa Marta

La funcionaria insistió en que a la fecha no se ha firmado ningún contrato, como se ha manifestado en diferentes escenarios y medios, y que por lo tanto no se puede hablar de una contratación indebida.

“Por el contrario, lo que se viene haciendo es incorporar cada vez más a asociaciones de madres y padres comunitarios y padres de familia para la atención y el cuidado de sus niños y sus niñas. Ellos nos vienen acompañando en estos análisis porque son quienes viven realmente lo que pasa en los hogares comunitarios”, aseguró la funcionaria. 

Así mismo, recalcó que un equipo jurídico de la dirección general acompaña el proceso y se han realizado llamadas de manera aleatoria a padres de familia para conocer su percepción sobre la prestación de los servicios a sus hijos e hijas. 

“Con base en esto cerraremos el ejercicio de contratación. Todo lo que se haga aquí tiene que ver con legalidad, jurídicamente soportable y con la voz de las comunidades que nos avala en este proceso participativo que hemos venido haciendo y esas voces son las que nos ayudan a seleccionar a los mejores operadores”, puntualizó la directora.

Además, dijo que con el equipo técnico, jurídico y financiero de la regional en cabeza de la designada directora encargada, María del Rosario Blanco y en articulación con la dirección general se trabajará durante el fin de semana para finalizar de forma exitosa el proceso de contratación. 

Finalmente, recordó que el ICBF se encuentra en disposición de entregar toda la información que se requiera a los entes de control.

Durante su visita, la directora sostuvo un diálogo con directivas de los sindicatos de madres comunitarias en el departamento, quienes manifestaron sus respaldo al proceso.

De igual forma, la regional Magdalena ha brindado asistencia técnica a estas organizaciones para el cumplimiento de los requisitos con el fin de que puedan habilitarse dentro del proceso de contratación, el cual se surte de acuerdo a la normatividad vigente.

En este momento la operación de los servicios en los Hogares Comunitarios de Bienestar del departamento se encuentra en ejecución con normalidad y se adelanta un proceso de contratación para su continuidad, en el que se prioriza el fortalecimiento territorial y el conocimiento del territorio para atender a los niños y niñas. 

Por lo tanto, no es cierto que hayan direccionamientos indebidos toda vez que los contratos no han nacido a la vida jurídica.

Desde la regional Magdalena y atendiendo estas directrices de la dirección general, se ha brindando apoyo y asistencia técnica a más de 30 asociaciones de padres de familia para su reactivación y se han hecho los análisis financieros, técnicos y jurídicos, que permitan una contratación acorde a estos lineamientos. 

El ICBF aclara que a la fecha NO se ha firmado ningún contrato con entidad alguna en el marco de este nuevo proceso en el departamento de Magdalena y por lo tanto, no son ciertas las afirmaciones sobre un presunto favorecimiento a fundaciones.

Así mismo, el ICBF reitera que los recursos para la atención de la niñez no son un negocio y que contratar con organizaciones de base, además de ser el origen de tales programas, posibilita un mejor desarrollo de estos ya que son las mismas comunidades beneficiarias las encargadas de la atención.

(Fin/jac/pup)

La dotación que incluye más de 10 mil elementos entre los que se encuentra material pedagógico, equipos antropométricos, mobiliario, elementos de cocina, aseo y cuya cifra se acerca a los $2.000 millones, beneficia a 740 niños y niñas en el municipio magdalenense donde el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) les garantiza la educación inicial. 
 
Obras por Impuestos es un mecanismo tributario, mediante el cual las empresas tienen la posibilidad de pagar hasta el 50 % de su impuesto sobre la renta y complementarios, a través de la ejecución directa de proyectos de inversión en las zonas más afectadas por la violencia y la pobreza.
 
Para ello, se priorizaron doce sectores en los que los contribuyentes pueden invertir: agua potable y saneamiento básico, energía, salud, educación pública, infraestructura de transporte, infraestructura productiva, infraestructura cultural, infraestructura deportiva, bienes públicos rurales, pago por servicios ambientales, tecnologías de la información y comunicaciones, y adaptación al cambio climático y gestión del riesgo. 
 
En esta forma, el Gobierno del Cambio reafirma su compromiso con el cambio social a través de la educación y la garantía de un país más equitativo, e invita a los aliados para que la inversión social contribuya a consolidar mejores condiciones de vida y bienestar para los colombianos en todas las regiones del país y para que crezca la generación para la vida y la Paz.

A través de un campamento de emprendimiento e innovación se busca formar a los adolescentes en liderazgo, mercadeo, creatividad, ideas de negocio y comunicación, con el fin que potencialicen sus habilidades y brindarles herramientas que les permitan su participación en las dinámicas sociales de sus comunidades.

Con esto se contribuye a la finalidad pedagógica y restaurativa del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes, así como a las dimensiones de inclusión y transformación social y se genera un impacto positivo en la reinserción familiar, económica y comunitaria.

Los elementos suministrados entre los que se encontraban pijamas, zapatos, ropa, colonias, entre otros, se distribuyeron en 34 hogares sustitutos, en los cuales se desarrolla un proceso de atención interdisciplinario con el niño, niña o adolescente para superar situaciones de vulneración de derechos.
 
Los apoyos que recibe el ICBF de la empresa privada y otras entidades del Estado para el bienestar de la niñez y adolescencia contribuyen a lograr el cambio que requiere Colombia, para que crezca la generación de la paz.

La decisión se toma en el marco un proceso administrativo sancionatorio con todas las garantías del debido proceso, en el que se visibilizó una afectación grave y directa a la ejecución del contrato, implicando la no atención desde el pasado 7 de  de julio a la fecha de 1.980 niños y niñas en 165 unidades de servicio, quienes debían recibir un componente de alimentación correspondiente al 70% de los requerimientos nutricionales diarios, atención en pedagogía, acompañamiento familiar.

Adicionalmente, se evidenciaron retrasos en el pago de las obligaciones al talento humano contratado para la atención de la niñez en las unidades de servicio.

Como consecuencia de esto, se declaró la caducidad del contrato que conlleva a la terminación inmediata del mismo, con los efectos legales que esto implica, y se hace efectiva una cláusula penal pecuniaria ordenada a la Fundación y a la póliza aseguradora del contrato. La Fundación para el Desarrollo Integral Sostenible Energía Vital podrá ejercer su derecho a la reposición. 

El ICBF estudia las alternativas técnicas y jurídicas que garanticen lo más pronto posible la continuidad en la prestación del servicio a los niños y niñas.

A la fecha se ha bridado asistencia técnica y apoyo a los entes territoriales sobre las fases 1 y 2 de este proceso, que hace parte de la estrategia Hechos y Derechos, como un mecanismo de transparencia y apoyo en el fortalecimiento de las capacidades para atender, proteger y promover la garantía de derechos de la niñez y la adolescencia.

Durante el segundo semestre del año, el equipo del Sistema Nacional de Bienestar Familiar continuará con su labor de asistir a los territorios para que cumplan con la niñez y la adolescencia, incluyendo diálogos con grupos poblacionales, la audiencia pública de rendición de cuentas y un proceso de evaluación y retroalimentación.
 
El Sistema Nacional de Bienestar Familiar tiene la responsabilidad de gestionar políticas públicas de infancia y adolescencia en los ámbitos nacional, departamental y municipal para dar cumplimiento a la protección integral de las niñas, niños y adolescentes en los territorios.

Las unidades son un servicio que busca fortalecer la identificación, captación y gestión oportuna de niñas y niños con desnutrición aguda o riesgo y de mujeres gestantes con bajo peso, para la activación de rutas de atención con las entidades del Sistema Nacional de Bienestar Familiar y de esta manera, mejorar el estado nutricional, a través de las diferentes ofertas institucionales. Así mismo, a las niñas y niños identificados con riesgo de desnutrición aguda se les suministraron sobres de alimento listo para el consumo.
 
Estas unidades han estado en más de 15 municipios del departamento y el Distrito de Santa Marta, incluyendo a las comunidades Kogui ubicadas en la Sierra Nevada de Santa Marta en los municipios de Ciénaga y Aracataca.

Este convenio permitirá que estudiantes de esta institución de educación realicen sus prácticas académicas en el ICBF, en el marco de los programas de atención a la primera infancia en el municipio de Ciénaga, aportando al desarrollo integral de niñas y niños menores de cinco años.  
 
Así mismo, que se identifiquen las necesidades de fortalecimiento técnico dirigidas a agentes educativos que hacen parte de estos servicios en la regional Magdalena del ICBF, así como investigación y el intercambio de material técnico y académico.
 
En Ciénaga el ICBF brinda atención a más de 8.800 niñas y niños, así como mujeres gestantes y en periodo de lactancia, para garantizar un desarrollo integral con una atención pedagógica, nutricional y familiar.