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«Necoclí es hoy un punto clave para la protección de la niñez en contextos de movilidad humana. Con este Centro de Emergencia fortalecemos nuestra capacidad de respuesta en el territorio, articulando equipos especializados para actuar de manera inmediata y garantizar que cada niña, niño y adolescente reciba protección, acompañamiento y una respuesta institucional oportuna. Este es un paso fundamental para consolidar una presencia efectiva del Estado donde la niñez enfrenta mayores riesgos», afirmó la directora general de Bienestar Familiar, Astrid Cáceres. 

Esta modalidad tiene como propósito garantizar la ubicación inicial de la niñez y la adolescencia con Proceso Administrativo de Restablecimiento de Derechos (PARD), mientras la autoridad administrativa define la medida de restablecimiento más adecuada, conforme al principio del interés superior del niño y la niña.

Los Centros de Emergencia están diseñados para recibir, acoger y atender a niñas, niños y adolescentes entre los 6 y los 18 años durante las 24 horas del día, los 7 días de la semana, y brindar cuidado, atención integral y acompañamiento especializado mientras se define su situación jurídica y se adoptan las medidas de protección necesarias.

El fortalecimiento de esta modalidad en Necoclí responde a las dinámicas migratorias que presenta este territorio, considerado un punto estratégico en los flujos migratorios de la región del Darién, donde confluyen población con vocación de permanencia, en tránsito y en flujo migratorio inverso. En este contexto, el Bienestar Familiar avanza en la consolidación de servicios que permitan atender de manera oportuna a la niñez y la adolescencia en situación de riesgo.

Este servicio se articula con las acciones que el Instituto desarrolla en territorios con alta movilidad humana, donde entre 2023 y 2025 los equipos especializados han identificado riesgos de protección, activado rutas de atención y brindado acompañamiento psicosocial a niñas, niños y adolescentes migrantes y sus familias, reafirmando el compromiso institucional con la garantía de sus derechos. 

El Bienestar Familiar avanza en la consolidación de respuestas oportunas para garantizar la protección, el restablecimiento de derechos y la atención integral de la niñez y la adolescencia, en articulación con las autoridades territoriales y el Sistema Nacional de Bienestar Familiar.

En el encuentro con madres comunitarias formalizadas como trabajadoras oficiales del Estado, la directora general del Bienestar Familiar, Astrid Cáceres, presentó los avances de la transformación institucional que reorganiza el modelo de atención en los territorios y fortalece el Sistema del Cuidado.

El presidente Gustavo Petro, quien asistió al encuentro junto con el ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, destacó que la educación pública comienza desde la primera infancia: «Hoy son 2.300 trabajadoras oficiales que, por primera vez en la historia, son servidoras públicas del Bienestar Familiar».

El mandatario subrayó que la dignificación de las madres comunitarias representa un cambio profundo en la forma como el Estado asume el cuidado: «Durante décadas el cuidado de la niñez recayó sobre mujeres que trabajaban sin el reconocimiento pleno del Estado. 


Hoy las reconocemos como servidoras públicas porque el cuidado de la vida es una responsabilidad pública». Añadió que «la educación parte desde el vientre y continúa en los primeros años. Si queremos una Colombia en paz, debemos cuidar a nuestras niñas y niños con calidad, con presencia del Estado y con dignidad para quienes los acompañan».

«Estamos saldando una deuda histórica con miles de mujeres que durante décadas sostuvieron la política de primera infancia sin derechos laborales plenos. El proceso de vinculación se desarrollará de manera gradual y proyecta la formalización de entre 40.000 y 60.000 personas antes de 2029», manifestó el ministro Sanguino durante su intervención.

Por su parte, la directora Astrid Cáceres subrayó que este paso marca un punto de inflexión en la historia de la entidad: «Hemos hecho posible lo que durante décadas se consideró imposible. Este es el primer paso de una transformación más profunda del sistema de atención».

Actualmente, 35.000 madres y padres comunitarios acompañan la atención de 430.916 niñas y niños en hogares comunitarios, articulados con otras estrategias que permiten alcanzar a más de 2,1 millones de niñas y niños en todo el país.

Cáceres explicó que el Instituto avanzó hacia un modelo con mayor gestión directa en los territorios, donde el 72 % de los servicios operan bajo un esquema público comunitario y se proyecta que en 2026 más de 45.000 unidades de servicio funcionen con mayor gestión directa en 30 departamentos. «Ahora son las propias organizaciones comunitarias quienes gestionan sus recursos», señaló.

En materia de soberanía alimentaria, resaltó que 181 organizaciones campesinas proveen alimentos a 283.631 niñas, niños, adolescentes y familias, integrando producción local y compras públicas territoriales. En territorios priorizados, las muertes asociadas a desnutrición disminuyeron más del 40 %, y en La Guajira se redujeron a menos de la mitad.

El Bienestar Familiar consolida su papel fortaleciendo el bienestar de las familias y las comunidades como base de la protección integral. La garantía de derechos comienza cuando el Estado llega a tiempo y acompaña de manera sostenida a niñas, niños y adolescentes en sus territorios.

En el marco del Encuentro por la Dignificación Laboral de las Madres Comunitarias, realizado en Ciudad Bolívar, el Gobierno Nacional destacó los avances en la implementación del artículo 68 de la Ley 2466 de 2025 (Reforma Laboral) que establece la vinculación progresiva de madres comunitarias, madres sustitutas y trabajadoras(es) de hogares infantiles a la planta del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar como trabajadoras oficiales.

Se trata de un proceso de formalización laboral que se extenderá hasta el año 2029, en armonía con la disponibilidad presupuestal y el Marco Fiscal de Mediano Plazo, y que fue reglamentada con el Decreto 1398 de 2025 que creó 2.353 cargos de trabajadores oficiales en la planta del Bienestar Familiar.

El ministro del Trabajo, Antonio Sanguino,afirmó que este proceso representa un cambio estructural en el reconocimiento del trabajo de cuidado en Colombia: «Estamos saldando una deuda histórica con miles de mujeres que durante décadas sostuvieron la política de primera infancia sin derechos laborales plenos. El proceso de vinculación se desarrollará de manera gradual y proyecta la formalización de entre 40.000 y 60.000 personas antes de 2029. Con la implementación del artículo 68 de la Reforma Laboral, el Estado reconoce que cuidar también es trabajar, y garantiza estabilidad, seguridad social y dignidad laboral. Con el salario vital que defenderemos hasta el último suspiro podemos decirles que con dignidad cumplimos».

Mediante el Decreto 0586 de 2025, el Gobierno del Cambio reconoció oficialmente la labor delas madres comunitarias como empleo público de nivel asistencial, permitiendo su vinculación progresiva mediante contrato a término indefinido y con remuneración equivalente, como mínimo, a un salario mínimo mensual legal vigente.

Durante el evento, convocado por el ICBF, se resaltó que la formalización fortalece la política pública de cuidado, consolida la justicia laboral y mejora las condiciones de vida de miles de hogares, al garantizar acceso pleno a seguridad social, prestaciones y estabilidad contractual.

«Hoy el Estado colombiano reconoce que el trabajo de cuidado no es voluntariado ni informalidad: es empleo digno. Con la implementación del artículo 68 de la Ley 2466 de 2025 estamos transformando una labor históricamente invisibilizada en el trabajo oficial del Estado, con estabilidad, seguridad social y garantías plenas. Esta formalización no solo dignifica a las madres comunitarias, sustitutas y trabajadoras de hogares infantiles; también fortalece la calidad de la atención a la primera infancia y consolida una política pública de cuidado con enfoque de derechos», resaltó ladirectora general del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Astrid Eliana Cáceres Cárdenas.

El Ministerio del Trabajo continuará acompañando las mesas de seguimiento y articulación institucional junto con la Procuraduría General de la Nación y las organizaciones sindicales, asegurando que la implementación avance conforme a la ley y al Plan Nacional de Desarrollo.

Actualmente, el 72 % de los servicios operan bajo el modelo público comunitario y más de 45.000 unidades de servicio funcionan con mayor gestión directa en 30 departamentos. En territorios priorizados se registra la reducción superior al 40 % en muertes por desnutrición y caída del trabajo infantil de 3,4 % a 2,9 %, quereflejan avances sostenidos en protección integral.

Con este proceso, el Gobierno del Cambio reafirma su compromiso con la dignificación del trabajo de cuidado, la equidad de género y la consolidación de un sistema de protección social que reconozca plenamente el valor económico y social de quienes cuidan la infancia en Colombia.

El Festival nace del compromiso de escuchar a la niñez y la adolescencia y reconocer su papel protagónico en la transformación de sus familias, colegios, barrios y comunidades. Mediante videos cortos grabados con celular, las y los participantes podrán narrar —desde la ficción, el documental o una mezcla de ambos formatos— cómo imaginan un presente y un futuro con más cuidado, respeto, naturaleza, arte y convivencia.

La convocatoria busca visibilizar las voces de las nuevas generaciones frente a temas como la vida en familia y comunidad, la protección del entorno natural, los futuros posibles que sueñan y las expresiones artísticas y culturales que fortalecen la paz.

Podrán participar de manera individual o colectiva en dos categorías: Pumas: de 6 a 13 años y Jaguares: de 14 a 17 años. Los reels deberán grabarse en formato vertical, con celular, y tener una duración máxima de 1 minuto y 30 segundos.

Los videos seleccionados serán proyectados en pantalla grande durante el festival público que se realizará en Bogotá en mayo de 2026, y harán parte de los canales digitales institucionales para amplificar sus mensajes a nivel nacional.

Las y los interesados podrán enviar sus creaciones hasta el viernes 27 de marzo de 2026 a las 11:59 p. m., acompañadas de la autorización de padres, madres o personas cuidadoras.

Con esta iniciativa, el Gobierno del Cambio reafirma su compromiso con el derecho a la participación, la expresión y la construcción colectiva de paz desde la niñez y la adolescencia.

Consulta más información aquí:

https://www.icbf.gov.co/system/files/FESTIVAL%20DE%20REELS..pdf

En el Día de las Manos Rojas, el Bienestar Familiar hizo un llamado a la sociedad a asumir la corresponsabilidad y fortalecer el Compromiso País para prevenir el reclutamiento, uso y utilización de niñas, niños y adolescentes, destacando que la protección integral de la niñez exige la acción conjunta de familias, comunidades, instituciones y sociedad civil.

Esta fecha conmemora la entrada en vigor, en 2002, del Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño, que prohíbe el reclutamiento y la utilización de personas menores de 18 años en conflictos armados, y reafirma el compromiso del Estado colombiano con la garantía de sus derechos.

La jornada, desarrollada en distintos territorios puso en el centro la voz de niñas, niños y adolescentes como herramienta para transformar narrativas frente a la violencia. A través de espacios culturales, pedagógicos y comunitarios, se promovieron conversaciones colectivas sobre la importancia de actuar a tiempo para evitar la vinculación a grupos armados y fortalecer entornos protectores.

Uno de los momentos más representativos fue la proyección del cortometraje Un nuevo atardecer, realizado por jóvenes de la vereda Mesetas (Villavicencio, Meta), que permitió abrir escenarios de diálogo sobre sus experiencias y visiones de paz. Estas acciones hicieron parte de una apuesta pedagógica orientada a reconocer a niñas, niños y adolescentes como protagonistas en la construcción de soluciones frente al reclutamiento infantil.

La jornada también impulsó iniciativas que invitan a la ciudadanía a asumir compromisos colectivos, promover mensajes de prevención y fortalecer la participación comunitaria desde el arte, la cultura y la expresión social. De manera articulada, se promovió la participación en espacios académicos de reflexión intersectorial sobre el fenómeno del reclutamiento, abordando factores de riesgo y retos institucionales desde un enfoque integral.

Estas acciones se enmarcan en la estrategia nacional «¡Alto ahí! La niñez y la adolescencia no van a la guerra», que busca salvaguardar la vida, la integridad y la dignidad de niñas, niños y adolescentes; garantizar el goce efectivo de sus derechos; fortalecer entornos protectores desde familias, escuelas y comunidades; promover el juego, el arte, la cultura y el deporte; respetar saberes comunitarios y avanzar en la prevención temprana de las violencias.

En línea con los esfuerzos de construcción de paz total, el Bienestar Familiar reiteró que la prevención del reclutamiento infantil es una responsabilidad compartida que requiere acciones tempranas, articulación institucional y participación de la ciudadanía.

Cifras clave de prevención (2023-2025)

Entre 2023 y 2025:

·       524.130 niñas, niños y adolescentes han sido atendidos en acciones de prevención.

·       1.233 organizaciones sociales han sido estimuladas.

·       Se desarrollaron 127 experiencias muralistas con la participación de 3.175 niñas, niños y adolescentes y 381 docentes.

·       1.260 funcionarios, colaboradores y agentes comunitarios fueron fortalecidos en rutas de prevención en 41 municipios.

·       Más de 10.000 niñas, niños y adolescentes participaron en campañas de movilización social.

·       Más de 4.000 funcionarios y colaboradores territoriales participaron en comunidades de aprendizaje sobre rutas de prevención.

·       Se impulsaron 15 iniciativas comunitarias con pueblos indígenas en 11 departamentos y 17 municipios.

Cifras de protección y restablecimiento de derechos (2023–2025)

En materia de protección y respuesta institucional:

·       370 casos de amenaza inminente de reclutamiento por grupos armados.
 

·       547 amenazas contra la vida por grupos armados.

·       951 niñas, niños y adolescentes víctimas de reclutamiento desvinculados de grupos armados.

·       826 víctimas de uso y utilización.

·       467 familias atendidas mediante Unidades de Cuidado Mutuo.

Además, se fortalecieron los mecanismos de respuesta inmediata, incluyendo un equipo nacional de acción 24/7 y herramientas de gestión de casos urgentes.

«Hoy el país tiene que volver a comprender que la paz es el único camino para proteger a niñas, niños y adolescentes de la guerra. Desde el Bienestar Familiar trabajamos para que cada familia, cada comunidad y cada institución asuma su responsabilidad en la prevención del reclutamiento infantil, porque ninguna estrategia institucional será suficiente si no actuamos juntos y llegamos a tiempo para cuidar la vida y la dignidad de la niñez», señaló la directora general del Bienestar Familiar, Astrid Cáceres.

«Con la estrategia “¡Alto ahí! La niñez y la adolescencia no van a la guerra” y con iniciativas como “Aquí crece una generación para la paz”, estamos movilizando voces desde los territorios para que las escuelas, las comunidades y los espacios donde crecen niñas y niños sean entornos protectores. Nuestro llamado también es directo a quienes aún los tienen en sus filas: devuelvan a los niños y niñas, porque protegerlos es una obligación ética, jurídica y humanitaria que no admite excusas» recalcó la directora.

El llamado final es a fortalecer el Compromiso País por la niñez: actuar juntos y llegar a tiempo, entendiendo que prevenir el reclutamiento infantil es una tarea colectiva para garantizar que niñas, niños y adolescentes crezcan en entornos seguros, libres de violencias y con oportunidades para construir sus proyectos de vida.

Este logro colectivo materializa el Decreto 1398 de 2025 y la Ley 2466 de 2025, normas orientadas al fortalecimiento de la educación inicial pública y a la dignificación del trabajo comunitario. Igualmente, es un paso histórico con el que las madres comunitarias se integran al Bienestar Familiar con mayores garantías, y se avanza de forma gradual y progresiva hacia la eliminación de la vinculación tercerizada.

Al respecto, la directora de Bienestar Familiar, Astrid Cáceres, explicó que, «poco a poco estamos logrando lo que nos propusimos y es que el Bienestar Familiar sea una entidad que garantiza los derechos con profesionales de planta sin necesidad de la tercerización. Hoy, más de dos mil madres están vinculadas de manera permanente y definitiva al Instituto».

Esta decisión reafirma el compromiso del gobierno del presidente Gustavo Petro quien, con voluntad, ha impulsado esta iniciativa para reconocer el trabajo de madres y padres comunitarios quienes con su cuidado han atendido y protegido a niñas y niños por décadas.

Este gran hito del Gobierno del Cambio no solo contribuye al mejoramiento de condiciones de vida de las madres comunitarias sino al fortalecimiento de la educación inicial en todo el territorio nacional.