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Sin embargo, el ejercicio de estos derechos debe desarrollarse dentro del marco de la ley y con respeto por los derechos de los demás. En consecuencia, el ICBF no permitirá vías de hecho que impidan el ingreso a las sedes regionales o centros zonales, de los servidores públicos y colaboradores que libremente decidan cumplir con sus funciones.

De igual manera, no se permitirá impedir o restringir el ingreso de los usuarios a las instalaciones del Instituto, ni realizar acciones dirigidas a obstaculizar, interrumpir o entorpecer la prestación de los servicios a cargo del ICBF.

Nuestra prioridad es garantizar la atención y protección de los derechos de la niñez y la adolescencia y continuar brindando los servicios del Instituto en todo el territorio nacional.

El ICBF mantendrá abiertos los canales de diálogo y concertación, con absoluto respeto por los derechos sindicales y por el derecho a la protesta pacífica, pero actuará para garantizar igualmente los derechos de los usuarios, de los servidores públicos y la adecuada prestación del servicio.

En la denuncia se solicita a la Fiscalía investigar integralmente la secuencia de hechos y establecer si la difusión de un video publicado por el senador Duvalier Sánchez Arango, que, según la denuncia, fue editado de manera que alteró el contexto y sentido de las palabras pronunciadas por la directora durante la sesión, pudo contribuir a desencadenar la reacción hostil que posteriormente se produjo en redes sociales.

Como soporte, fueron entregados a la Fiscalía el registro original de la sesión, el video posteriormente difundido en redes sociales, las transcripciones correspondientes y una reconstrucción cronológica que identifica los cortes y diferencias entre ambos contenidos, con el propósito de que sea la autoridad competente la que determine su alcance y eventual relevancia dentro de la investigación.

La denuncia también documenta los mensajes que comenzaron a circular después en distintas plataformas. Entre ellos se encuentran comunicaciones intimidantes y publicaciones abiertas en las que terceros divulgaron la ubicación de la directora general y manifestaron su intención de acercarse a ella o verla personalmente.

«Se divulga el lugar preciso en el que me encontraba y se anuncia, primero por una persona y luego por otra, la intención de acercarse a mí o de verme personalmente. Esa información, difundida ante miles de usuarios en medio de una reacción hostil, me lleva a temer por mi seguridad», señaló Restrepo Cañavera en la denuncia.

La directora solicitó a la Fiscalía que investigue los hechos en su conjunto y determine si existe relación entre la difusión y tergiversación que denuncia respecto de su intervención en el Senado y la posterior escalada de mensajes hostiles, intimidaciones y publicaciones relacionadas con su ubicación.

Asimismo, pidió que, a través de policía judicial, se identifique e individualice a quienes administran los perfiles desde los cuales fueron emitidos los mensajes incorporados como evidencia y se establezca si existe responsabilidad penal por cualquiera de los hechos puestos en conocimiento de la autoridad.

La directora general y su equipo jurídico entregaron a la Fiscalía los elementos documentales disponibles para que sea el ente investigador, con plena autonomía, el que establezca las circunstancias en que ocurrieron los hechos, sus posibles conexiones y las responsabilidades individuales a que haya lugar.

La directora general reconoció la importancia de fortalecer las alianzas estratégicas con el sector privado para mejorar la atención a la niñez, y recalcó que estos apoyos son clave porque fundaciones como United Way Colombia cuentan con el conocimiento necesario para actuar con rapidez. 

La líder de la fundación también se refirió a la necesidad de articular esfuerzos entre los sectores público y privado. Robayo señaló que este encuentro con la directora del ICBF resignifica un vínculo que, además, permitirá apoyar la reconstrucción de la infraestructura del CDI. 
 

La alianza entre el ICBF y la fundación permitirá adelantar una evaluación técnica de los daños y definir cómo financiar las reparaciones. 

Durante su recorrido por el Valle del Cauca, la directora general ha visitado varias unidades de servicio, entre ellas un Centro de Atención Especializada (CAE) y la planta de Bienestarina en Cartago. Además, se reunió con la gobernadora del departamento, Dilian Francisca Toro. 

 

En ese mismo espacio, la directora Restrepo explicó que el Instituto participará, junto con la Gobernación, en el Sistema de Cuidado, «una iniciativa maravillosa que le apuesta a la reconstrucción del tejido social. Apoya a las mujeres, a la familia, a la niñez y a la adolescencia y, en general, a toda la sociedad. Eso es lo que necesitamos: unirnos como un todo», resaltó.

Los anuncios se conocieron en el marco de una agenda maratónica que emprendió la directora general del ICBF con su equipo, en un recorrido adelantado por el departamento del Valle del Cauca para identificar alertas y consolidar apuestas que benefician a la niñez y la adolescencia.

La jornada inició en horas de la mañana con el Comité Regional de Gestión y Desempeño en el que los coordinadores misionales de la regional del ICBF expusieron los avances, logros, necesidades y desafíos que actualmente enfrentan en el desarrollo de su gestión.

De igual manera, la directora Restrepo realizó un recorrido por las instalaciones de la regional, conversó con algunos colaboradores, escuchó sus consideraciones y reafirmó su compromiso para fortalecer la gestión regional y atender las necesidades de la niñez y la adolescencia en el departamento.

El itinerario continuará este martes por los centros zonales de la ciudad de Cali y durante toda la semana se realizará el desplazamiento por algunos municipios del Valle del Cauca.


 

Durante la jornada, cada uno los representantes expuso las líneas de programas que realizan, la experiencia de su labor en Colombia, antecedentes de labores con el ICBF y nuevas propuestas para trabajar en equipo.

El encuentro también permitió revisar los avances de la cooperación que actualmente se desarrolla entre el ICBF y las agencias participantes, así como identificar oportunidades para fortalecer las acciones y estrategias que se vienen implementando.

La directora general del ICBF destacó la importancia del trabajo con este organismo dentro del marco de los lineamientos del Gobierno del presidente Abelardo De la Espriella.

La reunión contó también con la participación del jefe de Oficina Coordinación Residente de la ONU en Colombia y de los representantes de UNICEF, ACNUR, OPS/OMS, FAO, PMA, UNFPA, PNUD, OIM y UNODC.

El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar destaca la condena, en primera instancia, interpuesta por el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Ibagué contra siete personas vinculadas con la Fundación Peces Vivos por el delito de tortura agravada. Las penas impuestas oscilan entre 15 y 17 años de prisión, además de multas e inhabilidades.

El proceso se relaciona con hechos ocurridos durante 2016 y 2017 en las instalaciones de la mencionada fundación, organización que atendía a la niñez, la adolescencia y personas mayores de edad con discapacidad, quienes hacían parte de procesos de restablecimiento de derechos.

Participación del ICBF en el proceso

El ICBF intervino en calidad de víctima y solicitó sentencia condenatoria. En sus alegatos de conclusión, sostuvo que las pruebas practicadas demostraban que las inmovilizaciones examinadas no correspondían a medidas terapéuticas legítimas, sino a actos de sometimiento incompatibles con la obligación de cuidado asumida por el operador.

Como pruebas se presentaron videos, registros internos de la fundación, declaraciones de familiares y comunicaciones legalmente interceptadas.

La entidad enfatizó en que la contratación de un servicio de atención especializada imponía a sus directivos y trabajadores un especial deber de protección. La sentencia, de primera instancia, admite recurso de apelación ante la Sala Penal del Tribunal Superior de Ibagué.

El ICBF reafirma su rechazo a toda forma de violencia contra la niñez y las personas con discapacidad. Ninguna práctica de cuidado puede convertirse en un mecanismo de castigo o sometimiento.

Prevenir el reclutamiento de la niñez y la adolescencia, fortalecer las redes de protección y ampliar las oportunidades de educación y empleo para los jóvenes, fueron algunos de los principales temas abordados durante un encuentro entre la directora general del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), Carolina Restrepo Cañavera, y la defensora del pueblo, Iris Marín Ortiz.

Durante la reunión se destacó la importancia de anticiparse a los riesgos que afectan a la niñez y la adolescencia, mediante acciones de prevención que permitan identificar las situaciones de vulnerabilidad y actuar de manera oportuna.

El reclutamiento de los menores de edad fue uno de los asuntos centrales de la conversación. En este sentido, se planteó la necesidad de fortalecer el trabajo conjunto entre el ICBF, la Defensoría del Pueblo, la Fuerza Pública y otros sectores, como la academia y la empresa privada. Lo anterior, con el propósito de desarrollar estrategias que permitan llegar antes a los territorios y prevenir este tipo de vulneraciones.

Como parte de esta articulación, las dos funcionariasy sus equipos analizaron la posibilidad de impulsar una campaña nacional de prevención del reclutamiento que permita fortalecer las capacidades de las comunidades y las instituciones para identificar señales de riesgo y activar oportunamente las rutas de protección.

Más oportunidades para los jóvenes

La reunión también puso sobre la mesa la necesidad de fortalecer las redes de apoyo para los jóvenes, especialmente mediante alianzas con universidades, empresas y otros sectores de la sociedad.

El propósito es generar mayores y mejores oportunidades de acceso a la educación, formación y empleo, como parte de una estrategia de prevención y protección que contribuya a que los jóvenes puedan construir sus proyectos de vida.

«Nos preocupan la niñez y la adolescencia y queremos trabajar de la mano con universidades, empresas y otros sectores para fortalecer redes de apoyo y ofrecerles mejores oportunidades de estudio y trabajo», aseguró la directora general del ICBF.

Otro de los temas abordados tuvo que ver con acciones articuladas para prevenir el suicidio en la niñez, la adolescencia y la juventud, mediante acciones integrales que permitan fortalecer la salud mental y prevenir el acoso escolar y el ciberacoso, entre otras situaciones.

El encuentro reafirmó la voluntad de ambas entidades de continuar trabajando de manera articulada para poner en el centro la protección integral a la niñez y la adolescencia, con especial énfasis en la prevención, la generación de oportunidades y el cuidado de los recursos públicos destinados a garantizar sus derechos.

En su primera participación en el Congreso de la República, la directora general del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), Carolina Restrepo Cañavera, aseguró que 11.9 billones de pesos son suficientes para atender a la niñez y adolescencia en 2027.

La directora señaló ante la Comisión Séptima de Senado: «No vengo a pedir plata, porque no la necesito; cuando uno tiene plata y hace las cosas bien, no es ninguna gracia; pero cuando de pronto uno no tiene la suficiente y hace las cosas, ahí es donde entra uno a gerenciar verdaderamente que es lo que yo llegué a hacer al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar».

A los senadores de la Comisión encargada de debatir y aprobar temas sociales y laborales, la directora les dijo que en el anteproyecto se presentó un presupuesto alterno por 21.3 billones de pesos; sin embargo, negó que fuera a solicitar ese recurso.

«El presupuesto que nosotros vamos a tener este año va a ser de casi $12 billones, $ 9 billones menos. Con ese recurso, haré lo que se proyectó y más (...) Con la plata que hay, tenemos mucho por hacer».

El ICBF identificó las principales necesidades de inversión en 2027, entre ellas, la atención de 2.1 millones de niños de la primera infancia. La apuesta de la administración también va en la vía de la modernización tecnológica y el fortalecimiento institucional. Para la vigencia 2027 la entidad solicitó una asignación presupuestal de 1.1 billones de pesos que serán invertidos en la actualización de servicios obsoletos y fortalecimiento de la operación por medio de tecnologías de la información.   

Al final de la sesión reiteró el mensaje sobre que los operadores y contratistas que trabajen por la niñez se mantendrán. «Los operadores no van a cogobernar. No van a coadministrar. Si usted es bueno, ¿qué problema va a tener? Si usted es buen profesional, ¿qué problema va a tener? Los buenos operadores van a seguir (...) Vamos a darle la alimentación nosotros, en nuestros centros, a los niños. Lo que está ahora, no funciona. Tenemos que innovar. Tenemos que cambiar. Vamos a mejorar», puntualizó.

Nota aclaratoria: en el comunicado enviado por la entidad unas horas antes, indicamos que «para la vigencia, la entidad solicitó una asignación presupuestal de 468.464 millones de pesos para la formalización laboral de 12.266 madres y padres comunitarios y trabajadores de hogares infantiles». No obstante, el ICBF se permite informar que: «la asignación para recursos de funcionamiento no permite el cumplimiento de lo normado».
 

Con este memorando las dos entidades unen su experiencia, equipo humano y recursos para la prevención, atención y protección integral de la niñez y adolescencia en riesgo de reclutamiento, en contextos de movilidad humana, en territorios con condiciones de vulnerabilidad, entre otras acciones.

De acuerdo con la directora general del ICBF, Carolina Restrepo Cañavera: «Este va a hacer un trabajo ejecutivo en el cual tendrán una partición relevante las autoridades locales y otras instancias». También destacó la importancia de sumar capacidades y esfuerzos.

Por su parte Juan Francisco Espinosa, director regional designado de la OIM para América Latina y el Caribe, manifestó que: «La niñez y adolescencia son lo primero. Tenemos que promover entornos protectores con las familias y escuelas, y trabajar desde la prevención, frente al reclutamiento, uso y utilización de los niños para cualquier forma de criminalidad».

De esta forma, el ICBF fortalece alianzas orientadas a la prevención de situaciones que pongan en riesgo los derechos de la niñez, la adolescencia y sus familias, especialmente en territorios y contextos que requieren una respuesta institucional articulada.