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El Caribe campesino dio un paso histórico. Por primera vez, organizaciones campesinas de la región participaron en un ejercicio de comercialización directa con programas públicos de alimentación, avanzando en una apuesta del Gobierno del Cambio para fortalecer la economía campesina, reducir la intermediación y conectar al campo colombiano con la alimentación de niñas, niños y familias.

La rueda de negocios dejó como resultado 15 acuerdos comerciales concretados por valor de $100.153.952 entre asociaciones campesinas del departamento de Sucre y operadores de suministro de alimentos de Bienestar Familiar y la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (USPEC). Los acuerdos permitirán abastecer programas de atención a la niñez operados por Bienestar Familiar en el departamento.

La jornada se realizó en el corregimiento Laguna Flor de Sincelejo durante el Encuentro Campesino del Caribe por el Derecho a la Alimentación, liderado por Bienestar Familiar, la Agencia de Desarrollo Rural (ADR) y la Asociación de Pequeños Productores Campesinos de Sucre (ACAPROSIN).

La directora general de Bienestar Familiar, Astrid Cáceres, señaló que la apuesta del Gobierno está en fortalecer las asociaciones campesinas y avanzar en compras públicas que permitan que los alimentos lleguen directamente del campo a los programas del Estado.

«La transformación arranca por la tierra. De allí nacen los alimentos con los que crecen niñas y niños sanos y felices. Estamos cumpliendo un mandato del presidente Gustavo Petro: que las instituciones del Estado le compren directamente al campesinado», afirmó.

Más de 500 asistentes, entre asociaciones campesinas, mujeres rurales, jóvenes productores, organizaciones afro, cocineras tradicionales, operadores y entidades públicas, participaron en una jornada que puso al campo en el centro de la conversación sobre alimentación, producción local y bienestar.

La jornada hizo parte de las apuestas del Gobierno del Cambio para fortalecer la Reforma Agraria y las compras públicas locales, reconociendo al campesinado como actor fundamental en la producción de alimentos y en la transformación de los territorios.

En este proceso, Bienestar Familiar aporta a la Reforma Agraria desde su misionalidad, incorporando compras públicas locales para que alimentos producidos por organizaciones campesinas lleguen directamente a programas de atención para niñas, niños y familias en los territorios.

La directora general de Bienestar Familiar y la representante de la Presidencia del Banco Agrario, Yelena Fuentes Urzola, anunciaron la entrega de créditos por $641 millones para la asociación campesina ACAPROSIN, integrada por 48 campesinas y campesinos del corregimiento Laguna Flor.

Los recursos serán destinados a fortalecer procesos productivos y agrícolas de las familias campesinas de la región.

«Queremos decirles a los campesinos y agricultores que asociarse sí genera impacto y transforma los territorios cuando se trabaja de manera conjunta», señaló la asesora presidencial.

El presidente de ACAPROSIN, Héctor Villalba, aseguró que este tipo de acuerdos representan esperanza para las comunidades rurales. «Hoy el campesinado tiene esperanza y piensa en el futuro», afirmó.

Con este encuentro, el campesinado del Caribe comenzó a ocupar un lugar directo en la alimentación pública del país. Lo que históricamente estuvo en manos de intermediarios empieza hoy a conectar directamente al campo colombiano con los programas que alimentan a niñas, niños y familias. Bienestar Familiar fortalece así una apuesta del Gobierno del Cambio para que la Reforma Agraria también se construya desde las compras públicas, la producción campesina y la dignificación de quienes durante décadas sostuvieron la alimentación del país desde los territorios.

El Bienestar Familiar destaca el reconocimiento internacional obtenido por Colombia en el informe «Out of the Shadows 2026», considerado uno de los estudios más importantes del mundo sobre prevención y respuesta frente a las violencias sexuales contra niñas, niños y adolescentes.

El informe fue elaborado por Economist Impact, división de análisis e investigación de The Economist Group, organización reconocida globalmente por sus estudios sobre desarrollo social y políticas públicas, junto a Together for Girls, alianza internacional que trabaja con gobiernos, organismos multilaterales y organizaciones sociales para erradicar las violencias contra la niñez.

La medición evaluó a 60 países, donde vive cerca del 83 % de la niñez del planeta, y analizó la capacidad de los Estados para prevenir las violencias, fortalecer rutas de atención, garantizar acceso a la justicia y consolidar sistemas de protección efectivos.

Colombia ocupó el puesto 8 a nivel mundial, el segundo lugar en América Latina y el primer lugar entre los países de ingreso medio-alto, alcanzando una calificación general de 69,7 sobre 100.

Uno de los resultados más relevantes del estudio es que Colombia obtuvo el mejor puntaje del mundo en el componente de prevención, con una calificación de 83,3 sobre 100, destacándose por sus avances en fortalecimiento institucional, prevención de violencias, protección integral y acciones orientadas a garantizar entornos seguros para niñas, niños y adolescentes.

El informe resaltó avances importantes del país, como la eliminación de la prescripción para delitos sexuales contra menores de edad, la prohibición del castigo físico, la prohibición del matrimonio infantil, el fortalecimiento de acciones de prevención y la realización en Bogotá de la Conferencia Ministerial Global contra la Violencia hacia la Niñez en 2024.

Asimismo, el estudio destacó que Colombia es uno de los pocos países del mundo que exige formación específica sobre violencia sexual infantil para profesionales del sector salud, una medida considerada fundamental para fortalecer la detección temprana y la atención integral de las víctimas.

La directora general del ICBF, Astrid Cáceres, aseguró que este reconocimiento internacional «demuestra que como país y como gobierno hemos avanzado en la construcción de una sociedad más consciente frente a la protección de la niñez. Aunque aún existen desafíos, hoy hay una mayor capacidad institucional, más prevención y una visión que entiende que cuidar a niñas, niños y adolescentes debe estar en el centro de las decisiones».

La funcionaria agregó que «nos enorgullece seguir impulsando transformaciones que contribuyen a desnaturalizar las violencias y fortalecer entornos seguros y protectores para la niñez. Este avance refleja el compromiso del Gobierno del Cambio con una política basada en el amor, la dignidad y la garantía de derechos para todas las niñas, niños y adolescentes del país».

Para el Bienestar Familiar, este resultado representa un impulso para seguir fortaleciendo la prevención, las rutas de atención y el trabajo articulado con las comunidades, las entidades territoriales y las instituciones del Estado.

Con dignidad, cumplimos.

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En el marco de Cuentas para la Vida, Bienestar Familiar anunció la construcción de la Casa Atrapasueños en Tierralta, un espacio pensado para convertirse en el corazón de la niñez del municipio y en un escenario de protección, cultura y construcción de paz.

La Casa Atrapasueños tendrá capacidad para atender a 330 participantes, entre niñas, niños y adolescentes, quienes, a través del arte, la cultura, la ciencia, el deporte y la participación, fortalecerán sus proyectos de vida y contarán con espacios seguros para el desarrollo de sus talentos, capacidades y sueños.

El proyecto se desarrollará en convenio con la Alcaldía de Tierralta, que aportará el terreno para la construcción, mientras que el Gobierno del Cambio, a través de Bienestar Familiar, liderará la ejecución de la obra. Esta articulación institucional es resultado de la estrategia Atrapasueños, cuyo propósito es unir esfuerzos entre entidades nacionales y territoriales para llevar oportunidades integrales a la niñez y adolescencia en los territorios.

La entidad destacó que esta iniciativa se desarrolla en el marco de la estrategia Atrapasueños, con la que se busca seguir consolidando espacios seguros, protectores y de bienestar para la infancia y la adolescencia en territorios históricamente afectados por la violencia y las brechas sociales.

Durante el anuncio, Bienestar Familiar reiteró que Tierralta se ha convertido en un territorio prioritario para avanzar en acciones de protección integral, construcción de tejido social y fortalecimiento de oportunidades para niñas, niños y adolescentes.

La Casa Atrapasueños estará orientada a consolidar procesos comunitarios y de acompañamiento para la infancia, en una apuesta por construir paz desde los territorios y garantizar que las nuevas generaciones crezcan lejos de cualquier forma de violencia.

(Fin/mvm/aas)

En un hecho sin precedentes para la política social y alimentaria del país, el Gobierno del Cambio reunió por primera vez a organizaciones campesinas de distintas regiones de Colombia con entidades del Estado para conectar directamente la producción rural con la alimentación de niñas, niños y adolescentes beneficiarios de programas públicos.

El primer «Encuentro Campesino por el Derecho a la Alimentación de la niñez, adolescencia, sus familias y comunidades» se realizó en el Centro de Biotecnología Agropecuaria del SENA, en Mosquera, Cundinamarca, y reunió a organizaciones campesinas, entidades públicas, operadores, aliados estratégicos y comunidades en torno a la soberanía alimentaria, las compras públicas locales y el consumo de alimentos producidos en los territorios. El espacio fue posible gracias a la articulación entre Bienestar Familiar, FEDECUNDI, la Agencia de Desarrollo Rural (ADR), el SENA, la Gobernación de Cundinamarca, alcaldías municipales y múltiples actores territoriales comprometidos con la garantía del Derecho Humano a la Alimentación.

Durante la jornada participaron más de 630 personas entre productores campesinos, organizaciones de la Agricultura Campesina, Familiar, Étnica y Comunitaria (ACFEC), operadores de programas de alimentación, entidades nacionales y representantes territoriales.  

Como parte de esta estrategia impulsada por el Gobierno del Cambio, Bienestar Familiar avanza en una transformación estructural de su modelo de abastecimiento, pasando de un enfoque centrado únicamente en seguridad alimentaria hacia una apuesta basada en soberanía alimentaria, producción territorial y garantía efectiva de derechos.

En 2026, la entidad ya cuenta con 187 contratos de provisión de alimentos con organizaciones rurales y campesinas, con los que moviliza $236.778 millones en compras locales,fortalece circuitos cortos de comercialización, dinamizaingresos rurales y abre el mercado institucional a productores históricamente excluidos.

«El Gobierno del Cambio entendió que garantizar el derecho a la alimentación también significa reconocer al campesinado como protagonista del desarrollo del país. Avanzamos en un modelo que conecta directamente la producción campesina con la alimentación de niñas y niños, fortaleciendo economías locales y dignificando los saberes del territorio», aseguró Astrid Cáceres, directora general de Bienestar Familiar.

La estrategia busca que los recursos públicos fortalezcan las economías campesinas, familiares, étnicas y comunitarias, conectando directamente la producción local con la alimentación de la niñez colombiana.

Bienestar Familiar fortalece las compras públicas campesinas y transforma el abastecimiento alimentario

Durante la jornada se desarrolló una “Feria Viva” con más de 30 módulos campesinos y espacios de diálogo sobre biodiversidad alimentaria, cocina tradicional, alimentación real y abastecimiento institucional.  

 

El evento contó además con la participación de entidades como Prosperidad Social, el Ministerio de Igualdad y Equidad, el Banco Agrario, la Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar (UApA), Fedepapa y Asohofrucol.  

 

Uno de los espacios centrales fue el conversatorio «Compras públicas y economía campesina», enfocado en fortalecer la articulación entre el Estado y los pequeños productores rurales para ampliar la participación campesina en el abastecimiento institucional.  

 

Además, Bienestar Familiar avanza en la transformación de la matriz de abastecimiento de alimentos de alto valor nutricional, incorporando materias primas nacionales como yuca, sacha inchi y chontaduro en productos como la Bienestarina, con el propósito de fortalecer la producción nacional y reducir importaciones.

Gracias a esta estrategia, en 2025 la entidad logró reducir las importaciones de maíz en 48 %, trigo en 17 % y soya en 2 %, generando una reactivación económica territorial cercana a los $67.000 millones.

«Este encuentro demostró que el campesinado sí puede ser aliado estratégico del Estado. Se abrieron caminos para que pequeños productores lleguen directamente a los programas institucionales y para que la economía campesina tenga un papel central en la garantía del derecho a la alimentación», afirmó Jaime García, director de FEDECUNDI.

Productores asistentes destacaron que el modelo representa una oportunidad histórica para organizaciones que durante años permanecieron por fuera de los grandes procesos de contratación pública.

«Para nosotros esto representa una oportunidad real. Antes muchas veces el campesino quedaba por fuera de estos procesos; hoy nuestros productos llegan directamente a la alimentación de niñas y niños», señaló un productor lechero participante del encuentro.

Bienestar Familiar también realizó un acto simbólico donde se reflexionó sobre las relaciones de confianza entre actores a la hora de producir, comercializar y consumir alimentos.

Uno de los anuncios principales del encuentro fue la próxima puesta en marcha y lanzamiento del «Sello Pedagógico de Confianza», una estrategia impulsada por Bienestar Familiar para fortalecer las relaciones entre comunidades campesinas, productores locales e institucionalidad alrededor de la alimentación adecuada, la transparencia y la soberanía alimentaria.  

 

El acto simbólico «Tejiendo confianza desde el territorio»congregó a organizaciones campesinas que aportaron semillas, productos y elementos representativos de sus regiones para construir colectivamente un símbolo alrededor de la identidad alimentaria, la corresponsabilidad y el vínculo entre territorio y Estado.  

 

La jornada también fortaleció la promoción de la «Guía de Alimentación para la población colombiana basada en biodiversidad y alimentación real», una herramienta orientada a incentivar el consumo de alimentos propios de los territorios, rescatar las memorias alimentarias y promover modelos de alimentación culturalmente pertinentes.  

 

El mensaje central del encuentro fue que la transformación del campo también pasa por garantizar bienestar, arraigo territorial y oportunidades para las niñas, niños, adolescentes y familias rurales, entendiendo que no hay reforma rural sostenible sin garantía de derechos.

Con este primer encuentro nacional, el Gobierno del Cambio consolidó una apuesta institucional orientada a fortalecer las economías campesinas, reducir la intermediación y avanzar hacia un modelo de abastecimiento público basado en la soberanía alimentaria y el derecho humano a la alimentación.

Actuar juntos y llegar a tiempo.

Desde el municipio de Santa Rosa de Lima, la lideresa campesina Rosario Oquendo expresó su agradecimiento: «De verdad que estábamos tan escondidos, tan arrinconados, que hoy le damos gracias al Bienestar Familiar, en cabeza de la directora Astrid, y a todo el gobierno que ha puesto el corazón para que esto sea una realidad. Primero, porque nuestros hijos e hijasy todas las generaciones tengan el derecho a la alimentación».

Al respecto, la directora general del Bienestar Familiar, Astrid Cáceres, respondió que «esto es algo que soñamos, es una lucha social que heredamos de nuestras familias, que sí nos dijeron cuál era el valor del campesino y qué valor tenía el alimento que llegaba a la mesa». 

Bolívar es uno de los territorios priorizados por el Gobierno del Cambio y una de las regiones donde el Bienestar Familiar ha realizado mayores inversiones para fortalecer la soberanía alimentaria y el desarrollo rural, vinculando al campesinado en la entrega de alimentos en sus procesos de atención.

Gracias a esta apuesta, 23 asociaciones campesinas de Bolívar han logrado suministrar productos frescos, nutritivos y de calidad a las diferentes unidades de servicio, mediante contratos que superan los 18.782 millones de pesos, un hecho que contribuye al fortalecimiento de la reforma agraria, dinamiza la economía campesina y beneficia a 45.574 niñas, niños, familias y comunidades del departamento.

Actualmente, en Colombia, 185 asociaciones campesinas abastecen con productos locales y de origen campesino a las unidades de servicio en todo el país, mediante contratos que superan los 224.487 millones de pesos. Esta articulación entre el sector campesino y los programas de atención a la primera infancia fortalece las compras directas, rompe cadenas de intermediarios y consolida la soberanía alimentaria para 282.381 niñas, niños y familias.

La directora de Bienestar Familiar reiteró que la tierra pertenece a quien la trabaja y señaló quela entidad logró romper un esquema de contratación concentrado en monopolios que había desplazado y acorralado al campesinado:«Hoy estamos de parte de él. Hoy puedo decir con mucho orgullo, y luego de una lucha también interna de tres años, que son ustedes los que ponen los alimentos en la mesa de nuestros niños y niñas».

Está jornada de «Cuentas para la Vida» en el departamento de Bolívar contó con el seguimiento y participación del equipo de la dirección y Subdirección general; Protección Especial, Primera Infancia; Infancias y Adolescencias; Familias, Comunidades y Pueblos y otras dependencias que escucharon las voces de niñas, niños, adolescentes y comunidad para conocer de primera mano fortalezas y desafíos presentes en sus entornos alrededor de los cambios que nos permiten hablar de Bienestar Familiar.

En la ceremonia de grado, la directora general del Bienestar Familiar, Astrid Cáceres, exaltó la entrega, la vocación y el compromiso permanente de las maestras con su formación académica. «Nunca dejamos de aprender cuando se trata de transformar vidas. Esta es una oportunidad para que continúen cualificándose y así fortalezcamos la atención integral de la generación que Crece para la Paz, garantizando mejores oportunidades para las niñas, los niños y sus familias», señaló.

A lo largo de un trimestre, las maestras se capacitaron en temas como los derechos de las niñas y los niños antes, durante y después de la gestación; los cambios emocionales y biológicos propios de esta etapa; y las buenas prácticas para asumir la maternidad, la paternidad y el cuidado integral en los primeros años de vida.

En el marco del Gobierno del Cambio y de los Fondos en Administración suscritos entre el Bienestar Familiar y el ICETEX, un total de 32.000 maestras, madres comunitarias y talento humano se han beneficiado del fortalecimiento académico para la educación inicial. En esta ocasión, 432 madres comunitarias de Bolívar, Atlántico, Nariño y Valle del Cauca recibieron su grado en un acto de reconocimiento a quienes culminaron satisfactoriamente su proceso formativo.

El encuentro también contó con la participación de la directora de Primera Infancia, Julie Pauline Trujillo; la directora regional de Bolívar, Rosmira Beltrán; el rector de la Universidad Libre, Armando José Noriega; y el director del proyecto de la sede Pereira de la Universidad Libre, Jonathan Duque.

Con iniciativas como esta, fortalecemos las capacidades de quienes están en el centro de la atención integral: las agentes educativas y madres comunitarias que cada día construyen entornos protectores para la primera infancia.

Por primera vez, 91 profesionales de todo el país, integrantes de los equipos itinerantes de los Centros de Apoyo a la Inclusión, se reúnen para intercambiar experiencias y recibir fortalecimiento técnico que permita avanzar en la garantía de los derechos de niñas, niños y adolescentes con discapacidad en los territorios. 

Los equipos, provenientes de las 33 regionales del país y reunidos en Bogotá, tienen el reto diario no solo de identificar a las niñas, niños y adolescentes con discapacidad, sino también de reconocer y eliminar las barreras que impiden el disfrute de los derechos, entre ellos, educación, salud y recreación. Se calcula que en Colombia hay alrededor de 190.000 niñas, niños y adolescentes con discapacidad. 

En el Encuentro Nacional de Centros de Apoyo a la Inclusión los equipos reciben herramientas para la gestión de casos en los territorios y para el acompañamiento a las familias. 

La directora general de Bienestar Familiar, Astrid Cáceres, se reunió con los equipos y enfatizó que el reto está en gestionar los casos uno a uno: «La lucha es difícil, la lucha es contra los mitos que existen sobre las personas con discapacidad. Esto se trata de particularizar cómo se eliminan las barreras». 

El encuentro se realiza en el marco la alianza con Unicef y Asdown, organizaciones que apoyan con el fortalecimiento técnico de los equipos. Carolina Cuevas, coordinadora del área de Inclusión Social de Unicef, señaló que esta estrategia es importante porque «permite que los niños con discapacidad, sus familias y cuidadores, puedan acceder a los servicios sociales en los territorios previniendo la institucionalización. Esperamos que esta sea una apuesta que cada vez crezca más».

La directora de Asdown, Mónica Cortés, fue enfática en decir que los Centros de Apoyo a la Inclusión de Bienestar Familiar: «deben mantenerse independientemente del cambio de gobierno; deben fortalecerse y mantenerse debido a la importancia que tienen para movilizar la inclusión de niñas, niños y adolescentes con discapacidad». 

Los equipos estarán en Bogotá entre el 5 y el 8 de mayo. Una de las tareas es la creación de una comunidad en redes que funcione como un espacio para resolver casos, compartir herramientas y fortalecer la gestión territorial inclusiva.

Desde los territorios y a través de conexiones en vivo con comunidades, familias, entidades del Gobierno nacional y equipos de trabajo, Bienestar Familiar realizó el lanzamiento de «Cuentas para la Vida», un espacio de diálogo y rendición de cuentas que permitió mostrar cómo avanzan las acciones para garantizar los derechos de niñas, niños y adolescentes en Colombia.

El especial reunió experiencias de La Guajira, Caquetá, Meta, Santander, Norte de Santander, Chocó, Nariño, Risaralda y Amazonas, evidenciando cómo las acciones del Gobierno del Cambio se materializan en los territorios a través del trabajo articulado entre comunidades, entidades e instituciones.

Durante la jornada participaron representantes de los ministerios de Salud, Educación, Culturas, Justicia e Igualdad, así como directivos y equipos territoriales del Bienestar Familiar, quienes dialogaron sobre los avances alcanzados en primera infancia, salud, alimentación, protección, fortalecimiento familiar, prevención de violencias y acompañamiento comunitario.

La directora general del Bienestar Familiar, Astrid Cáceres, destacó que estos avances reflejan una apuesta por actuar juntos y llegar a tiempo a los territorios históricamente excluidos, fortaleciendo la presencia institucional y el trabajo conjunto con familias y comunidades.

«Las niñas, niños y adolescentes no son sujetos pasivos, son actores del cambio. Como actores del cambio, la Generación que crece para la Vida y la Paz requiere de condiciones especiales para su desarrollo», señaló la directora general del Bienestar Familiar. 

 

Más oportunidades para crecer desde la primera infancia

Uno de los temas centrales de la transmisión especial en vivo fue el fortalecimiento de la atención integral a la primera infancia. En 2025, Bienestar Familiar atendió a 2.070.660 niñas, niños y personas gestantes mediante servicios de educación inicial y atención integral con enfoque territorial, diferencial e inclusivo. 

 

Desde Caquetá y Bogotá se presentaron experiencias relacionadas con hogares comunitarios, espacios pedagógicos y procesos liderados por madres comunitarias, evidenciando el fortalecimiento de entornos protectores y de aprendizaje para niñas y niños.

Asimismo, durante el especial se destacó el reconocimiento y fortalecimiento del trabajo de las madres comunitarias como actoras fundamentales en el cuidado, la educación inicial y la construcción de tejido social en los territorios.

Además, 103 colectivos pedagógicos avanzan en el territorio como una estrategia de formación que reivindica el saber de las maestras, su capacidad de innovación y trabajo cooperativo para encontrar formas territorializadas de vivir el derecho a la educación inicial.

Más vida y alimentación para la niñez

Durante la emisión de «Cuentas para la Vida» también se destacaron los avances alcanzados en salud, que permitieron reducir la mortalidad asociada a desnutrición en menores de 5 años entre 2022 y 2025. Además, desde La Guajira se mostraron las acciones desarrolladas en unidades de recuperación nutricional y los avances del Modelo Integral de Atención para comunidades wayuu.

En materia de alimentación, Bienestar Familiar también destacó el fortalecimiento de las compras públicas locales y el trabajo articulado con organizaciones campesinas para garantizar la seguridad alimentaria y fortalecer las economías territoriales.

«El Bienestar Familiar promovió las compras locales de alimentos, bienes y servicios como estrategias y también la construcción del proyecto de ley que tenemos para la Ley 2046. Esto fortalece esa seguridad alimentaria y nuestra misionalidad de trabajar con las organizaciones campesinas», afirmó el director de Comercialización de la Agencia de Desarrollo Rural, Edwin Insuasti.

Entre agosto de 2022 y diciembre de 2025 se entregaron 65.161 toneladas de Bienestarina y más de 2.077.623 niñas, niños y sus familias recibieron complementos alimenticios de alto valor nutricional. 

Actuar juntos y llegar a tiempo

El especial también permitió visibilizar estrategias para prevenir violencias y acompañar las trayectorias de vida de niñas, niños y adolescentes.

Entre 2022 y 2025, 67.863 niñas, niños y adolescentes dejaron de estar en situación de trabajo infantil y se registraron 36.870 nacimientos menos en adolescentes entre 15 y 19 años. Asimismo, el Gobierno nacional reportó una reducción del 13,2 % en los casos de violencia contra niñas, niños y adolescentes entre 2022 y 2025. 

 

Desde Meta, Risaralda, Nariño y Norte de Santander se compartieron experiencias relacionadas con Casas Atrapasueños, prevención de violencias, protección frente a fenómenos migratorios, fortalecimiento comunitario y acompañamiento a adolescentes del Sistema de Responsabilidad Penal.

La estrategia Atrapasueños fue presentada como uno de los principales avances del cuatrienio, beneficiando a más de 515.000 niñas, niños y adolescentes mediante procesos artísticos, culturales, deportivos y tecnológicos. 

«Cuentas para la Vida» también visibilizó experiencias de prevención del reclutamiento, fortalecimiento comunitario y acompañamiento a niñas, niños y adolescentes afectados por fenómenos migratorios y contextos de violencia, evidenciando el trabajo articulado entre comunidades e instituciones para construir entornos protectores.

Familias y comunidades que transforman vidas

El recorrido también evidenció experiencias de adopción, reunificación familiar y fortalecimiento comunitario desde Santander y Chocó.

En fortalecimiento familiar y comunitario, Bienestar Familiar superó anticipadamente la meta del Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 al atender a 456.579 familias mediante estrategias como Somos Familia, Somos Comunidad; Presencia y Tejiendo Interculturalidad. 

 

«Cuentas para la Vida» se convirtió en una conversación de país sobre la niñez, donde los territorios fueron protagonistas. Comunidades, familias y entidades mostraron cómo el trabajo articulado ha permitido proteger la vida, garantizar derechos y construir nuevas oportunidades para niñas, niños y adolescentes.

Porque cuando el Estado, las comunidades y las familias actúan juntos y llegan a tiempo, la vida cambia en los territorios.

Así crece una Generación para la Vida y la Paz. Somos Bienestar Familiar. Con dignidad, cumplimos.

 
Los invitamos a ver la transmisión completa de “Cuentas para la Vida”, un especial de Bienestar Familiar a través de nuestro canal de YouTube y conozca estas historias, experiencias y logros construidos junto a los territorios.

https://www.youtube.com/live/355n7_A7W2U?si=viTida_D5wnDEMnv

La directora también llamó la atención sobre la responsabilidad de las compañías digitales que obtienen ganancias al facilitar la exposición de niñas, niños y adolescentes a contenidos perjudiciales. En ese sentido, aseguró que está de acuerdo con establecer prohibiciones, «pero no sobre el consumo, sino sobre la manera en que se producen y operan los algoritmos».

Durante su intervención, la directora Cáceres explicó que los hallazgos de la investigación, denominada Disrupting Harm, evidencian que existen múltiples escenarios para la comisión de estos delitos y que la tecnología se ha convertido en un vehículo que acelera y facilita las agresiones.

«El delito puede moverse por cualquier canal, desde un aviso pegado en una pared hasta una red social. La tecnología hace más rápida la posibilidad de cometer estos delitos», señaló.

La directora de Bienestar Familiar insistió en la necesidad de acompañar el desarrollo moral y emocional de niñas, niños y adolescentes, y no dejar esta responsabilidad en manos de empresas que producen o difunden materiales perjudiciales. Asimismo, resaltó la importancia de orientar la construcción de identidad durante la adolescencia, especialmente entre los 14 y los 17 años, para evitar que esta se vincule con referentes o identidades falsas.

Al cierre de su intervención reiteró la importancia de proteger integralmente a la niñez y adolescencia. «Nadie debe tocar el cuerpo de una niña o un niño, ni tampoco afectar su mente con imágenes que vulneren su desarrollo moral y ético. Quien lo haga debe ser judicializado con celeridad y de manera ejemplarizante, para enviar un mensaje claro sobre la importancia del respeto por su integridad», afirmó.

De acuerdo con la investigación, en un solo año, uno de cada cinco adolescentes en Colombia sufrió abuso o explotación sexual facilitada por la tecnología. Los resultados se basan en una encuesta nacional representativa realizada a 999 adolescentes entre los 12 y 17 años y sus familias, además de entrevistas con especialistas del sector.

Disrupting Harm es una iniciativa global lanzada en 2019 que busca visibilizar cómo las tecnologías digitales son utilizadas para explotar y abusar sexualmente de niñas, niños y adolescentes, así como proporcionar a los países evidencia para fortalecer las acciones de prevención, protección y judicialización frente a esta violencia.