Comunicado a la opinión pública

Frente a las inquietudes expresadas, el ICBF considera necesario precisar los principios que orientan las decisiones de la entidad y el proceso de RENOVACIÓN que hemos anunciado.

Las cosas van a cambiar en el ICBF y la renovación implica fortalecer la calidad de los servicios, exigir resultados, prevenir la corrupción y ejercer con responsabilidad las competencias de la institución. Nuestro deber es garantizar que cada decisión, contrato y recurso estén al servicio de los derechos y el bienestar de la niñez, los adolescentes y las familias colombianas.

Reconocemos el aporte de las madres comunitarias y la importancia de su trabajo,  y sus derechos deben ser respetados. También reconocemos el derecho de los sindicatos a representar a sus afiliados y ejercer sus funciones. Ese reconocimiento debe acompañarse de una claridad institucional: ni las madres comunitarias ni los sindicatos son coadministradores del ICBF. La interlocución y la participación no les otorgan la facultad de escoger operadores, exigir su permanencia o vetar las decisiones de contratación.

La selección y el cambio de operadores corresponden a las instancias competentes de la entidad y se realizan con sujeción al manual de contratación, a los procedimientos aplicables y a las leyes. Son decisiones que están sustentadas, documentadas y abiertas al control de las autoridades competentes.

La procedencia de un operador de un departamento distinto no constituye, por sí sola, una irregularidad ni demuestra un perjuicio. La evaluación debe concentrarse en su idoneidad, su capacidad para prestar el servicio, el cumplimiento de los requisitos y las condiciones efectivas de atención.

La independencia frente a intereses locales también es un criterio relevante. Cuando existan riesgos de conflictos de interés, favorecimiento o captura de las decisiones institucionales, contar con directivos u operadores de otras regiones contribuye a prevenirlos. La procedencia geográfica, por sí sola, no garantiza ni desvirtúa la integridad de nadie. Sin embargo, tampoco puede convertirse en una barrera para adoptar decisiones necesarias. Cuando corresponda y dentro del marco legal aplicable, seguiremos recurriendo a personas y organizaciones de otras regiones.

Las denuncias sobre cortes en la contratación requieren precisar qué contratos están involucrados, qué decisiones se adoptaron y cuáles son sus efectos. Es necesario distinguir entre cambios de operador, terminaciones contractuales y eventuales interrupciones de la atención. Cada situación exige una respuesta sustentada en los hechos y medidas acordes con lo que se establezca.

El estándar será el mismo para todos. Todos nuestros funcionarios, sin distingo, y todos nuestros operadores y contratistas deberán acreditar idoneidad, integridad, capacidad y resultados. Vamos a exigir excelencia y a verificarla en la prestación de los servicios. La antigüedad, las relaciones personales, la cercanía política o la presión de cualquier sector no reemplazan esos requisitos. No hay derechos adquiridos.

Escucharemos los reclamos, explicaremos las decisiones a las autoridades y corregiremos cuando se identifiquen errores o irregularidades. Esa disposición al diálogo es parte de nuestra responsabilidad institucional, al igual que lo es tomar las decisiones que exige el cumplimiento de la misión del ICBF.

La continuidad y la calidad de la atención, junto con el respeto de los derechos de quienes trabajan por la niñez, orientan este proceso. Los recursos tienen una finalidad que todos estamos obligados a proteger.

La niñez se merece lo mejor. Por eso vamos a trabajar para que el ICBF cuente con los mejores funcionarios, los mejores operadores y los mejores contratistas, seleccionados con criterios objetivos y sujetos a una exigencia permanente de integridad y resultados. Ese es nuestro compromiso y así vamos a actuar.